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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-08-2010

A propsito del ex Presidente lvaro Uribe y la Corte Penal Internacional

Enrique Santiago Romero
Rebelin


La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todava Presidente de Colombia por complicar an mas las relaciones diplomticas de su pas con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la nica intencin de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto busc -incluso con la instalacin de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consigui en sus 8 aos de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de lvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del da 7 de agosto de 2010, corresponder hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurdicas -respecto a la prdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todava Presidente colombiano. No exageraramos si dijramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos das ante la opinin publica internacional, sealando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetracin de crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chvez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.

Por lo que a continuacin expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusacin del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurdico alguno, sino que ms bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscala de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

lvaro Uribe Vlez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigacin en materia de narcotrfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor qumico clave necesario en la manufactura de cocana.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigan a Medelln (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Qumicos. Las 50 toneladas del precursor qumico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocana, con un valor en la calle de 15.000 millones de dlares. Segn el reporte de la DEA, el dueo de GMP Productos Qumicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaa y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todava Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego poltico de Uribe durante y despus de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medelln- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Segn el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el ms grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo pblico del entonces joven licenciado en Derecho lvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisin Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relacin entre Uribe y Pablo Escobar: segn la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medelln, sin las cuales jams habran podido hacer sus inmensos envos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qu el primo de Escobar, Jos Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a Csar Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. ste ltimo fue sentenciado a 5 aos de prisin por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeronutica qued tambin de manifiesto cuando la polica y el ejrcito colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformacin de cocana encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemsticamente "Tranquilandia" (Operacin Yar). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpi en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodrguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto lvaro Uribe alega que ese helicptero haba sido previamente vendido y que se le olvid documentar dicha compraventa.

lvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la nmero 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qu dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La informacin contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribucin, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos pases, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son adems contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos ()

82. lvaro Uribe Vlez. Poltico colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medelln a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medelln y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. l (Uribe) ha participado en la campaa poltica de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los polticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradicin (de Colombia con los Estados Unidos) ()"

Uribe ha sido sealado de participar habitualmente en el diseo y ejecucin de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, segn relata el peridico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edicin del 6 de agosto de 2009, el mismsimo lvaro Uribe, plane la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudi personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" haban asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos conden a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apstoles" habra tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vlez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscala en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsin y asesinato cometidos por "Los doce apstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Lus Camilo Osorio confirm que el hermano del mandatario s haba sido objeto de una investigacin oficial en 1999, pero tambin indic que se haba declarado "un auto inhibitorio a favor del seor Uribe Vlez y se orden el archivo definitivo" ese mismo ao. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogot, el Presidente Uribe Vlez debi admitir que su hermano s fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", sealada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un ao, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archiv el caso por considerar "que no haba pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vlez Ochoa, Juan Diego Vlez Ochoa y Mario Vlez Ochoa, (tambin son familiares del clan Ochoa, capos del narcotrfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de lvaro Uribe, est acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el nico parlamentario de la mayora uribista en esa situacin. Ms de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cmaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cmaras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos polticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrtica y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, contina habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaos en el Congreso de la Repblica... Se imagina el lector el escndalo que supondra que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "sealador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtindolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobr en esta otra actividad habitual en l, fue Jess Mara Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Hctor Abad Gmez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medelln. Varios das antes, el entonces Gobernador de Antioquia, lvaro Uribe Vlez, haba mencionado en una intervencin pblica a Jess Maria Valle, sealndolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparndolos a viles terroristas y situndolos sistemticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -segn se ha confirmado a la vista del escndalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe Vlez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombr a Jorge Noguera, su director de campaa electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Despus de salvarlo de su primera detencin, Uribe lo design cnsul en Miln. Actualmente Noguera paga condena en la crcel por concierto para delinquir por vnculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la Repblica) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscala General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue tambin protagonista del reciente escndalo de las "chuzadas" telefnicas, operaciones ilegales de intervencin de las comunicaciones personales y seguimiento de polticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminacin a la hora de espiar a cualquiera de sus crticos. El Presidente los espa y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La poltica de "Seguridad Democrtica" de lvaro Uribe ha dado lugar al escndalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pblica colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la nica intencin de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misin Internacional de Observacin sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misin Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no slo ha dado por vlidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemtico criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el pas del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemtica y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiacin por las oligarquas terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los ms de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayora han sido provocados para consolidar la apropiacin ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 aos de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de vctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa comn descubierta en Amrica Latina con cadveres "NN". Ms de 2.500, segn las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondera victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejrcito colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, lleg a utilizar -emulando la "solucin final" del nazismo alemn- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "mvil", en Bogot.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesin del oficial de la polica nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osada del todava presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de lvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangn en la historia contempornea de Amrica Latina, tras la desaparicin de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurdico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomticas con Colombia como reaccin a la campaa de descalificaciones que contra Venezuela inici Uribe, una vez conocido quin sera su sucesor el prximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empee su ltimo mes de mandato en provocar con tanto ahnco un conflicto blico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convoc al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, includo el Presidente Hugo Chvez Fras. Algunos peridicos han publicado estos das que fueron los mximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de lvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentacin sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habran utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunci a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crmenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar ms de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selvticas o montaosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chvez, nada ms y nada menos que por "crmenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la ltima "pataleta" poltica del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, ntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional nicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carcter complementario con las jurisdicciones penales de los pases donde hayan ocurrido los hechos. as se establece en el artculo 1 del Estatuto de la CPI:

"() La Corte () estar facultada para ejercer su jurisdiccin sobre personas respecto de los crmenes ms graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendr carcter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "crmenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendra competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"() a) El crimen de genocidio; b) Los crmenes de lesa humanidad; c) Los crmenes de guerra; ()".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposicin de una accin penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artculos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podr ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crmenes a que se refiere el artculo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artculo 14, una situacin en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crmenes; ()"

y 14 del estatuto:

"Remisin de una situacin por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podr remitir al Fiscal una situacin en que parezca haberse cometido uno o varios crmenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situacin a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisin de tales crmenes a una o varias personas determinadas."

necesariamente debera fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemtica, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto ltimo, en trminos jurdicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del pas donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artculo 1 del estatuto, la jurisdiccin de la C.P.I. "tendr carcter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"

El artculo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deber seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la informacin remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigacin respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la informacin recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitucin de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir informacin -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que ste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigacin preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mnimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigacin, () lo notificar a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la informacin disponible, ejerceran normalmente la jurisdiccin sobre los crmenes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podr informar a la Corte de que est llevando o ha llevado a cabo una investigacin en relacin con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdiccin respecto a actos criminales que puedan constituir crmenes contemplados en el artculo 5 y a los que se refiera la informacin proporcionada en la notificacin a los Estados.

"A peticin de dicho Estado, el Fiscal se inhibir de su competencia en favor del Estado en relacin con la investigacin sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a peticin del Fiscal, autorizar la investigacin.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigacin o al menos simultneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debera dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposicin de dicha denuncia y esperar una contestacin de Venezuela, siendo posible que la contestacin de Venezuela sea precisamente la ms evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscala de la C.P.I. debera inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendra poco recorrido jurdico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuacin de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podran ser considerados crmenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entender por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportacin o traslado forzoso de poblacin; e) Encarcelacin u otra privacin grave de la libertad fsica en violacin de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violacin, esclavitud sexual, prostitucin forzada, embarazo forzado, esterilizacin forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecucin de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos polticos, raciales, nacionales, tnicos, culturales, religiosos, de gnero definido en el prrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexin con cualquier acto mencionado en el presente prrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparicin forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carcter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fsica o la salud mental o fsica.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definicin del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningn organismo internacional o de derechos humanos mnimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parmetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligacin de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra as como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccin de las victimas de los conflictos armados sin carcter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicacin material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicacin, se aplicar a todos los conflictos armados que no estn cubiertos por el artculo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccin de las vctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la direccin de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicar a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espordicos y aislados de violencia y otros actos anlogos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestndose de forma ininterrumpida en el pas desde finales del siglo XIX hasta nuestros das, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejrcitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejrcitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unin Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carcter ilegal, tambin incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unin Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisin de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipottica responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparicin de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los aos 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pjaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresin del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"estn ejerciendo los legtimos derechos de rebelin y autodeterminacin de los pueblos, luchan por la construccin de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberana y por los derechos fundamentales de la mayora de los colombianos."

En el posterior devenir histrico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidndose como una organizacin ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografa nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicacin al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas vctimas entre la poblacin civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos ms reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, segn el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compaa de Jess: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situacin de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. stos son vulnerados sistemticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmacin de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemticos crmenes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando mtodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmacin, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnista Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los guilas Negras, mantenindose los informes que sealan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano lvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, seala en la seccin 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pblica, as como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculacin entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escndalo de la parapoltica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inici investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 estn en prisin. Tambin se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuradura destituy e inhabilit por 18 aos al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupcin. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltracin paramilitar en el Estado a travs de alianzas con polticos y con el sostn de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vnculos de paramilitares con miembros de instituciones pblicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de vnculos pudieron ser constatadas por la Misin de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organizacin de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca cmo la impunidad sigue siendo la norma en la mayora de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinacin de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, segn el informe 2007 de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilizacin de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH contina recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pblica continan involucrados en la comisin de crmenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la poblacin civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

Igualmente, durante 2007 la CIDH constat el alto nmero de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pblica, tal y como ya hemos relatado en este artculo, destacando ahora lo que nos interesa: "los ms de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuacin diseados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran nmero de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vlez y la Fiscala de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difcilmente puede afirmarse que los crmenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el perodo 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crmenes.

No se pierda de vista en el anlisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus ms que probables nexos con las mafias del narcotrfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su pas por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de lvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a Amrica Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurdicos del Instituto de Estudios Polticos para Amrica Latina y frica (IEPALA)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR




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