Portada :: Opinin
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-08-2010

El derecho a la ciudad
Dar forma a la ciudad que nos conforma

Sara Carrasco
Revista Amauta

Traducido para Rebelin por Ricardo Garca Prez


Lefebvre describi el derecho a la ciudad como la sntesis de otros derechos fundamentales, incluido el derecho a no ser marginado de los espacios de la vida cotidiana ni privado de los bienes sociales, econmicos y polticos de la ciudad (Mitchell y Villanueva, 667). La lucha por el derecho a la ciudad pretende incrementar la autonoma de quienes viven hoy da incapacitados por una jerarqua de derechos donde el derecho a la propiedad privada y la tasa de beneficio desbancan cualquier otra concepcin de los derechos inalienables (Harvey 2003, 940). La necesidad de priorizar se deriva de las contradicciones [intrnsecas] del paquete de derechos capitalistas (Harvey 2003, 941) y obliga al sistema legal a escoger entre fomentar los actuales derechos derivados (como el derecho a recibir un trato digno y a un puesto de trabajo [y] un nivel de vida razonable) y el derecho a la propiedad privada y a obtener beneficios. Por el momento, el calendario global est claro: la propiedad privada derrota a los denominados derechos derivados, acaba con el derecho al trabajo, a la vivienda y a la obtencin de unas rentas que satisfagan el mnimo vital. En la mente de muchos es preciso alterar sin duda este orden de prioridades.

Curiosamente, quienes trabajan para preservar privilegios tradicionales y quienes se esfuerzan por capacitar a los tradicionalmente desposedos utilizan el mismo trmino en sus esloganes: Libertad. Un bando habla de libertad para la acumulacin infinita de capital y, el otro, de libertad frente a la dominacin resultante de una concentracin de capital y de poder polarizadas. Yo opto por estos ltimos. Como indican las palabras de Leroi Jones, la adquisicin de riqueza tiene, al menos a mi juicio, muy poco que ver con la autodeterminacin o la libertad (Leroi Jones 1966, 79), entendiendo por autodeterminacin el derecho a escoger un camino propio. El derecho a ser exactamente lo que uno se cree capaz de ser (Leroi Jones 1966, 70). Aunque, en teora, la autodeterminacin puede ser independiente de la riqueza que se posea, la correlacin de fuerzas actual logra hacer exactamente eso: los ms pobres se ven obligados a trabajar en exceso y con salarios bajos, a dedicar su tiempo y su energa para alcanzar a cambio slo los niveles de subsistencia ms elementales, lo que les obliga a ceder el tiempo y la energa de forjar sus propias creaciones.

El programa poltico general subyacente al derecho a la ciudad tiene consecuencias econmicas que nacen de la crtica de un mundo en el que el valor de cambio del espacio urbano viene a prevalecer sobre el valor de uso (Mitchell y Villanueva, 670). Esto acaba por privar a los pobres de sus derechos despojndolos de autonoma, desde del derecho a intervenir en los procesos que acaban por modelar sus vidas hasta, por utilizar las palabras de Escobar, su derecho a vivir al margen del sistema neoliberal (Escobar 2001). Adems, de su situacin se hacen cargo programas polticos de contencin de la marginacin y de criminalizacin de las consecuencias (las externalidades negativas del capitalismo: personas sin vivienda, desempleo...) a las que conduce el orden de prioridades que se impone; es decir, favorecer la necesidad de escasez del capitalismo y facilitar la acumulacin infinita de capital (Harvey 2003, 941). El derecho a la ciudad exige cambios en ambos planos: el de los procesos estructurales que producen literalmente una poblacin empobrecida y sin derechos, y el de aquellos otros procesos que dan forma a los espacios pblicos fsicos.


EL ESPACIO PBLICO: EL OBSEQUIO DEL CONFLICTO

Para entender los procesos mediante los cuales se libra el combate del derecho a la ciudad es esencial comprender el esencial papel que desempean los espacios pblicos fsicos en el desarrollo del cambio social. Dicho de forma ms sencilla, lo que otorga tanto valor a los foros pblicos es que no son privados. Los propietarios de los espacios privados tienen derecho a ser los reyes de su reino per se, pues tienen autoridad para excluir e imponer normas abiertamente tirnicas si as lo desean. Esto no significa que haya que menoscabar el derecho a los espacios privados, pues son sin duda los lugares donde con tanta frecuencia se forman y estructuran sistemas de gobierno y donde tienen autorizado reflexionar y mantener debates polticos sin sufrir hostigamiento. Sin embargo, yuxtapuestos a los espacios privados se encuentran los foros pblicos, construidos sobre la base de que sirven por igual a todos los electores, lo que los convierte en los nicos espacios en los que, en teora, no se puede imponer la tirana. Es decir, los nicos espacios con potencial para ser autnticamente democrticos, donde los ciudadanos y los sectores no representados del pblico pueden realizar reivindicaciones colectivas sobre su uso, forma y normativa aplicable; reivindicaciones que, si se legitiman, pueden servir para tender puentes que conduzcan a una mayor democratizacin de los espacios privados.

Los espacios pblicos sirven de territorio de experimentacin en donde la sociedad puede, y a veces no le queda otra alternativa que hacerlo, confrontar sus divisiones internas. Los conflictos que se plantean en ellos son un obsequio a travs del cual el conjunto de la sociedad se ve obligado a reconocer las diferencias fsicas, culturales e ideolgicas que alberga. Eclipsar estos conflictos y exigir orden y comodidad en los espacios pblicos se ha convertido en una herramienta destacada y poderosa para impedir que se aborden los males sociales y para mantener estructuras que refuerzan la injusticia; pues vuelven invisibles los conflictos y favorecen el desconocimiento de su existencia por parte del pblico en general.

Es en los foros pblicos donde se tiene la sensacin de ser pblico en general, ms all de la burbuja social en que cada uno vivimos, y ms all de los conceptos ya consolidados mediante referencias que pueden ser opcionales. No obstante, hay quien cree que existe el derecho a vivir protegido, incluso en pblico, frente a experiencias no deseadas, lo que lleva implcita la idea de que los enfrentamientos sociales siempre seran ms bien voluntarios (Mitchell 2005, 78). Este tipo de argumentacin legitima para los espacios pblicos la expansin de actitudes que son adecuadas en la vida privada (como exigir el derecho a estar solo) y sostiene que las eliminacin de perturbaciones sirve de fundamento lo bastante slido para frustrar la comunicacin no deseada con los dems (Kohn 2004, 42). En una sentencia vergonzosa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirm un estatuto de un estado que converta en delito acercarse de forma deliberada a menos de dos metros y medio de otra persona, a menos que esta otra persona consienta, con la intencin de entregarle un folleto o una octavilla, para mostrarle una pancarta o entablar con esa persona en la va pblica o en una zona peatonal actos de protesta, educativos o informativos ( Paul Schenk contra Pro Choice Network 1997; Judy Madsen contra Womens Health Center 1994 , referidos en Kohn 2004, 42). Eso quiere decir que el extrao debe autorizar con antelacin la aproximacin poltica, y que muy probablemente se impedir mediante normativa sobre el volumen de la voz capaz de determinar con facilidad que levantar la voz desde dos metros y medio de distancia es alteracin del orden pblico.

Cuando Rudolph Giuliani afirm que en el espacio pblico exista el derecho a no ser molestados [ni] agitado [...] por otros (Miller, 2007, 1) y desarroll la normativa sobre espacios pblicos con la intencin de eliminar esas fuentes de perturbacin y agitacin, arremeta de hecho contra esos elementos propios del espacio pblico que lo vuelven tan especial: la accesibilidad, la imposibilidad de eleccin y, en tantos aspectos, la mala utilizacin. La combinacin de los tres elementos es lo que permite que los foros pblicos arrojen luz sobre problemas sociales y estructurales que, de lo contrario, no se manifestaran en pblico. Sencillamente, no es lo mismo ver a una persona sin hogar concreta orinando en un trozo de hierba donde uno estaba sentado que ver una protesta sobre las personas sin hogar, y mucho menos leer al respecto. Es en el espacio pblico donde los males sociales no abordados se vuelven visibles para el pblico en general, donde mediante el mal uso, deliberado o no, o el acercamiento intencionado, al pblico en general no le queda otra alternativa que ver lo que tiene ante sus ojos y, a su vez, responder: la reaccin ms pasiva es fingir no darse cuenta.

La regulacin de la actividad construye la ciudad segregada donde los individuos sin techo, y quienes desean (frente a necesitan, en el caso de los sin techo) utilizar los espacios pblicos para algo ms que transitar, no nos conducirn a unos espacios urbanos en los que se imponga de forma ms estricta la normativa sobre obstaculizacin de calzadas, dormir en pblico o, simplemente, caminar sin rumbo, pues se solapa con los mbitos que protagonizan la vida de los ms ricos. Lo que estos procesos reflejan es un orden de prioridades ntido en el que los derechos a transitar, al orden, al confort, [...] a la recreacin y a comprar sin restricciones (Mitchell 1997, 321) prevalecen sobre el derecho a utilizar los espacios pblicos para la sociabilidad, la protesta y el compromiso polticos o, simplemente, como el bien comn que se supone que son.


LA DOCTRINA TRADICIONAL DEL FORO PBLICO: SILENCIAR LAS VOCES DISIDENTES

La efectividad y la prctica de la intervencin pblica organizada se ve amenazada por la doctrina del foro pblico tradicional, que sustenta el sistema de autorizaciones que permite al gobierno regular el tiempo, el lugar y la modalidad de intervencin pblica y le otorga el poder de impedir con facilidad que se escuchen determinadas voces y, en ocasiones, impedir incluso por completo el ejercicio del derecho a intervenir en pblico. Ha actuado as asignando lugares poco transitados, momentos en que estn menos frecuentados y ocultando el nmero real de participantes limitando el nmero de personas que puede asistir a un evento (Miller 2007, 14). Al hacerlo, niega el recurso de la ciudad como un espacio de comunicacin, lo despojan de su capacidad de reflejar los males sociales y, de hecho, despojan a los individuos del derecho a plantear demandas al pblico en general.

La doctrina del foro pblico tradicional que se supone que protege la libertad de expresin es intrnsecamente defectuosa, pues la propia sentencia que la establece alude al derecho a la libertad de expresin como un privilegio, lo que menoscaba su condicin de derecho en s. Afirma incluso que se debe ejercer de forma subordinada a la comodidad y convenencia general [...] en paz y en orden (Staeheli y Mitchell 2008, 5), ignorando de plano el hecho de que los mensajes de liberacin que combaten la opresin perturban por naturaleza la comodidad y conveniencia general de la mayora ya satisfecha. Adems, otorga al gobierno el poder de prohibir el discurso en los casos en los que la funcin principal de la propiedad se viera perturbada por la actividad expresiva, lo que le deja un amplio margen para prohibir simplemente designando una finalidad para un espacio y se podra extender a las calles y parques, puesto que los parques estn concebidos para la recreacin y las calles [...] estn concebidas para facilitar la circulacin de peatones y automviles (Kohn 2004, 50).

De hecho se ha traducido precisamente en eso. En respuesta a las protesta de 1999 contra la Organizacin Mundial del Comercio, la ciudad de Seattle estableci una zona de 25 manzanas del centro de la ciudad excluida de protestas, lo que permita ingresar libremente en esa rea a comerciantes y trabajadores pero impeda el acceso a quienes llevaban pancartas o portaban eslganes contra la OMC, y en 2001 la ciudad de Quebec lleg de hecho a alzar una alambrada de 3,8 metros de altura y 4 kilmetros de longitud para impedir que accedieran al centro de la ciudad los 30.000 manifestantes que se esperaba que acudieran (Kohn 2004, 38). En la ciudad de Nueva York, la prohibicin de celebrar eventos en la Plaza del Ayuntamiento [City Hall Plaza] slo est limitada por una lista de excepciones entre las que se encuentra que el acto sea de un inters pblico extraordinario y singularmente apropiado para el Ayuntamiento (Miller 2007, 15)... lo que quiera que eso signifique. Resulta que las mismas personas que instauran las medidas contra las que se protesta son quienes deciden lo que es inters pblico; al parecer, quin es ese pblico y qu quieren escuchar es una cuestin a la que pueden responder por cuenta propia.


EL ESPACIO PBLICO NO ES DEL PBLICO

Es una ingenuidad creer que el gobierno pondr fin a la prohibicin arbitraria de intervenir en pblico mientras siga siendo titular de los foros pblicos fsicos, pues ha denegado una y otra vez que se gestionen y utilicen como espacios comunitarios; y no da muestras de pretender hacerlo. Lo que la propiedad del gobierno lleva implcita es que actuar como hacendado que gestiona su propiedad en inters de todos, pero su titularidad le otorga la capacidad de recurrir sin problemas a conceptos abstractos de lo pblico y la comunidad que ocultan las diferencias y refuerzan los privilegios (Staheli y Mitchell 2008, 124-125). Hasta el momento, eso le ha dado el poder de obligar al pblico a requerir autorizacin incluso para aparecer en l (Staeheli y Mitchell 2008, 1) y para convertir la [l]ibertad de expresin en lo que es hoy, expresin autorizada (Staeheli y Mitchell 2008, 7).

Si el derecho a la ciudad debe convertirse autnticamente en un derecho y no en un privilegio; si nadie debe tener derecho a excluir, ni siquiera el gobierno, entonces los espacios pblicos tradicionales se deben convertir en espacios comunes donde todo individuo conserve el derecho a no ser excluido de la utilizacin ni de los beneficios del recurso (Blackmar 2006, 51, tal como aparece citado en Staeheli y Mitchell 2008, 129). Pues mientras el gobierno conserve la titularidad de los foros pblicos tradicionales, conservar el derecho a excluir... ya que la propiedad se define precisamente como el derecho a excluir (Staeheli y Mitchell 2008, 128).


DECISIONES REALES: EL GRITO Y LA DEMANDA DE DAR FORMA A LA CIUDAD

En trminos ms generales, el derecho a la ciudad versa sobre la democratizacin del proceso a travs del cual las ciudades adquieren forma. No consiste slo en que todos tomemos parte en la creacin de las estructuras socioeconmicas y fsicas de la ciudad, sino de que lo hagamos mediante decisiones reales. Como seala Harvey, todos nosotros ya hacemos la ciudad (Harvey 2003, 939), de manera que qu es lo que se pide en realidad con ese grito y demanda, tal como lo calificaba Lefebvre?

No cabe duda de que las ciudades adquieren forma mediante la accin de todos, incluso de los visitantes ms efmeros y pasivos. Pensemos, por ejemplo, en una mujer desempleada que viaja de una ciudad a otra para asistir a una entrevista de trabajo. Aparte de la influencia que pueda ejercer su interaccin social, con su decisin de transporte, alimento y cobijo influir en la produccin del mercado y participar en un proceso que llevar a algunas empresas a triunfar y a otras, a la quiebra. Se podra decir que sus decisiones manifiestan sus deseos y preferencias, y supongamos que, tomando prestada la expresin de Park, ella da forma efectiva a la ciudad siguiendo los deseos de su corazn (Park, tal como aparece citado en Harvey 2003, 939). Pero la transformacin fsica de la ciudad desencadenada por la produccin del mercado no reflejar si sus decisiones constituyeron una decisin real. Lo que pretendo decir con real es que debera tener capacidad para cumplir, al menos, una de las alternativas amparadas por la ley; es decir, pagara por todo lo que utilizara. Ms concretamente, lo que quiero decir es que si las decisiones que toma constituyen las nicas alternativas que se puede permitir pagar, entonces no son decisiones reales en modo alguno.

Las ciudades s adquieren su forma mediante la accin de todos nosotros, pero cada uno participa en la creacin y transformacin de la ciudad desde posiciones socioeconmicas distintas, y la cantidad de riqueza que poseemos adquirir un papel esencial en la determinacin de si estamos influyendo en la ciudad tal como deseamos. Adems, no se trata slo que construimos la ciudad, sino de que a cambio, la ciudad nos construye (Harvey 2003, 939) y, por consiguiente, de que el derecho a dar forma a la ciudad, el derecho a modelarla, es una reivindicacin del derecho a moldearnos a nosotros mismos. Vivir bajo el capitalismo supone aceptar o someterse a ese manojo de derechos necesarios para la acumulacin infinita de capital (Harvey 2003, 940). Para los ms pobres significa que deben aceptar la condicin de ciudadanos de segunda clase, pues su pobreza impone limitaciones rigurosas a la satisfaccin de sus derechos humanos y cvicos, que estn sometidos a quienes ya poseen poder y capital, y que su xito y salida de la pobreza y, por tanto, su capacidad de ejercer significativamente sus derechos depende de su capacidad de satisfacer las demandas de quienes ocupan el poder, aquellos que poseen el capital.

As pues, lo que el grito y la demanda del derecho a la ciudad piden es el fin del recuento de dlares ms que de votos, democracia real y no este escaparate... y autonoma: decisiones reales para todos .


Bibliografa:

Harvey, David (2003), The Right to the City, en International Journal of Urban and Regional Research , vol. 27, 4 de diciembre de 2003, pp. 939-41 2.

Jones, Leroi (1966), Tokenism: 300 Years for Five Cents, en Social Essays by Leroi Jones , New York, William Morrow & CO., INC.

Kohn, Margaret (2004), Weapons of the Wobblies: The Street-Speaking Fights, en Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space , Nueva York, Routledge, pp. 23-46.

Kohn, Margaret (2004), The Public Forum Doctrine, en Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space , Nueva York: Routledge, pp. 47-68

Miller, Kristine (2007), Designs on the Public: The Private Lives of New Yorks Public Spaces, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Mitchell, D. (1997), The Annihilation of Space by Law: The Roots and Implications of Anti-Homeless Laws in the United States, Antipode 29, pp. 303-325.

Paul Schenck v. Pro Choice Network 34 F. 3rd 130 (1997).

Judy Madsen v. Womens Health Center 512 U.S. 753 (1994).

Staeheli, Lynn y Don Mitchell (2008), The Peoples Property?: Power, Politics, and the Public, Nueva York, Routledge.

* Ilustracin: Surreal, by Marcus A Jansen

Fuente: http://revista-amauta.org/2010/08/the-right-to-the-city-shaping-the-city-that-makes-us/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter