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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-07-2011

Operacin "borrado"
Quin da cuenta del racismo y la xenofobia en Espaa?

Arturo Borra
Rebelin


a) La invisibilidad de una problemtica

Aunque decir que no conocemos la situacin del racismo y la xenofobia en Espaa sea una exageracin, no es un asunto menor que no exista ninguna publicacin de datos estadsticos oficiales relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio espaol. Semejante operacin de borrado es una cuestin de primer orden, porque pone en juego, precisamente, la posibilidad de una convivencia intercultural satisfactoria.

La aproximacin a esta problemtica dista de ser sencilla, empezando por la propia delimitacin de lo que constituye una prctica racista o xenfoba. En segundo lugar, las fuentes, precisamente por ser plurales, tambin implican algunas variaciones en lo que conceptualizan bajo estas categoras. Entre esas fuentes hay que tomar en consideracin los informes anuales elaborados por el Observatorio Espaol del Racismo y la Xenofobia, dependiente de la Direccin General de Integracin de los Inmigrantes y los informes elaborados por diferentes entidades sociales: entre algunos otros, el Informe Raxen (del Movimiento contra la Intolerancia), el informe El racismo en el estado espaol (de SOS Racismo), y el Informe de Derechos Humanos (de Amnista Internacional). En conjunto, constituyen materiales imprescindibles para disponer de una aproximacin diagnstica confiable aunque limitada- a una de las cuestiones ms dramticas en nuestro presente, esto es, para reconstruir un mapa de la cuestin sobre racismo y xenofobia en Espaa.

Apenas hace falta decir que una problemtica como el racismo y la xenofobia, ms que remitirse a unas abstractas constantes antropolgicas, debe reenviarse a las condiciones materiales del capitalismo avanzado, donde millones de personas son arrojados fuera de sus comunidades locales ante las fluctuaciones de los mercados de trabajo globales. En ese contexto, se producen asimismo respuestas sociales defensivas y retrgradas ante lo que algunos grupos sociales perciben como amenazas externas a sus formas de vida o sus condiciones de trabajo. La migracin, sin embargo, no es reductible a una cuestin econmica: simultneamente, se producen reagrupamientos familiares, una creciente movilidad cultural y desplazamientos forzosos en masa.

En esas condiciones, es claro que estamos ante un problema poltico de primer orden. La extensin del racismo y la xenofobia exigen un debate pblico pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad que se autoconsidere democrtica. Salvo excepciones en sentido contrario, reclama por parte de los agentes polticos, econmicos e institucionales un grado de implicacin radicalmente distinto al que muestran en el presente. No se trata slo de indiferencia o reticencia; tambin asistimos al creciente uso demaggico de ciertos tpicos y prejuicios sedimentados sobre la inmigracin en discursos de tinte xenfobo y racista y, en ltima instancia, a una cierta connivencia con consecuencias imprevisibles.

b) Dos iniciativas abiertas

Como punto de partida hay que constatar la escasa difusin pblica de informacin cualitativa y cuantitativa cuando la hay- sobre casos de racismo y xenofobia, reforzado por un sistema judicial que no slo tiende a desestimar las denuncias sino que adems slo de forma excepcional aplica la agravante de motivacin racista contenida en el cdigo penal. La falta de notoriedad pblica no es un mero descuido o una omisin inocente: es una forma de borrar una problemtica de la agenda pblica, esto es, un modo de minimizar estos problemas graves y recurrentes tanto en el contexto nacional como mundial.

A pesar de las denuncias crnicas contra la falta de implicacin del estado espaol en la lucha contra el racismo y la xenofobia, la pasividad estatal ante estos delitos persiste en el presente: el estado espaol no ha desplegado ni despliega los medios necesarios para transformar una situacin en la que el racismo y la xenofobia en sus mltiples formas han crecido de forma indudable.

Doble problema entonces: 1) la carencia de informacin estadstica oficial sobre este tipo de delitos y la falta de notoriedad pblica de la informacin oficial relativa a racismo y xenofobia y 2) la falta de actuaciones en mltiples frentes que combatan de forma eficaz estas actitudes y prcticas en sectores sociales que desbordan la categora de la ultraderecha, aunque sus rasgos criminales la tornen especialmente peligrosa y, por tanto, susceptible de medidas especiales inmediatas.

En sntesis, a pesar de la relevancia de ese doble problema en la vida democrtica, la actual poltica de estado mantiene su opacidad informativa, reforzada con la obstruccin judicial y policial a la investigacin de este tipo de delitos de odio. Ni siquiera los lazos entre ultraderecha y terrorismo de pequea escala han modificado este bloqueo informativo que forma parte de las verdades (vergonzantes) de estado. Que a la fecha sigan considerndose las agresiones de este tipo como delitos comunes reafirma una permisividad estatal que hay que seguir cuestionando.

La reciente aprobacin (27 de mayo de 2011), en el Consejo de Ministros, del Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminacin -pendiente todava de discusin y aprobacin parlamentaria- es producto de esos cuestionamientos recurrentes y de presiones constantes de sectores e instituciones de la sociedad civil. Dicho proyecto constituye una innovacin jurdica relevante en un contexto donde las obligaciones de los poderes pblicos al respecto siguen incumplindose. En particular, la obligacin de promover las condiciones y remover los obstculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva sigue constituyendo una deuda persistente del estado espaol: forma parte de los dficits democrticos que afectan a la sociedad en su conjunto.

Aunque es improbable que dicho proyecto de ley resuelva por s solo la discriminacin instalada tanto a nivel social como institucional, no deja de ser un paso valioso y necesario entre tanto inmovilismo. Con todo, en la medida en que esas prcticas sociales e institucionales se reproduzcan, no hay razones para no seguir incidiendo sobre unas demandas de justicia insatisfechas, as como en la demanda de visibilizar una problemtica pblicamente relegada. Las irresoluciones persisten desde luego. Por seguir incidiendo en la produccin de informacin oficial sobre casos de racismo y xenofobia: si bien el proyecto mencionado contempla la elaboracin de estudios y estadsticas al respecto (1) no deja de suscitar interrogantes el hecho de que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes deban recabar los datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias cursadas y deban procesarlos en los correspondientes sistemas estadsticos de seguridad (Artculo 34, Inciso 2), habida cuenta del componente discriminatorio omnipresente en dichas fuerzas y cuerpos. Seguramente, sin planes de formacin y supervisin efectivos destinados a la polica, los obstculos a la produccin de sistemas estadsticos vlidos sern mltiples.

Por su parte, el despliegue del proyecto Red Antena (Red de Centros de atencin a vctimas de discriminacin por origen racial o tnico), iniciado en 2009 y del que forman parte diferentes ONG (2) no hace sino ratificar lo dicho: la necesidad de desplegar dispositivos pblicos que permitan conocer y atacar estos problemas en toda su magnitud. Se trata sin dudas de una iniciativa intersectorial valiosa, en la que cabe prever la produccin de informacin sobre casos de discriminacin a nivel nacional, aunque sus logros hasta el presente sean escasos. Es demasiado pronto para saber si esta red contribuir a corregir efectivamente estas falencias diagnsticas y contribuye a desarrollar intervenciones antidiscriminatorias eficaces.

Aunque la tarea sea difcil de dimensionar, debera formar parte de esas intervenciones, una reestructuracin del propio aparato militar y policial espaol. La hiptesis justificada de que el aparato represivo montado en el perodo franquista sigue parcialmente activo dcadas despus no debera sorprender a nadie (y no slo en lo referido al derecho de estas minoras, sino tambin en lo referido al respeto de los derechos humanos en todos los casos [3]). El cambio requerido, sin embargo, es ampliamente mayor: supone una revisin radical tanto del sistema poltico-judicial -en el que las rmoras autoritarias siguen operativas- como de las instituciones educativas, sanitarias, sindicales, religiosas, mediticas y empresariales que han naturalizado, en cierta medida, la discriminacin del otro.

En suma, en una formacin social como la presente, que acenta los procesos de normalizacin, la diversidad sociocultural es vivida (mayoritariamente?) como amenaza de lo propio o riesgo de autodisolucin. Subestimar la dimensin de este problema ms que una negligencia es un acto de absoluta irresponsabilidad: deja va libre a un deseo irreconocido de supremaca que da lugar al fascismo.

(c) Un mapa de la cuestin

Ninguna poltica de integracin social puede ser efectiva sin un diagnstico sistemtico al respecto. Lo que es peor: ninguna poltica antidiscriminatoria puede ser mnimamente acertada sin un debido conocimiento acerca del mapa de la cuestin. La operacin de borrado no suprime el problema, pero evita que adquiera notoriedad pblica. Que esa operacin no pueda eliminar las huellas reales de unas prcticas de segregacin/ inferiorizacin de otros colectivos no niega su eficacia: impide que se conozca su verdadera magnitud, sus ramificaciones e implicaciones profundas, contribuyendo a su reproduccin.

Si bien las estrategias oficiales pasan por recluir la cuestin en una ultraderecha minoritaria que tolera de varias maneras, dichas estrategias son falaces, en tanto minimizan retricamente lo que amenaza con magnificarse en nuestra realidad social. El problema no se restringe desde luego a Espaa: Los crmenes de odio se han convertido en un fenmeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por desgracia, la escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difcil evaluar el verdadero alcance y la naturaleza del problema (Informe Raxen 2010, pg. 92). En cualquier caso, el aumento de este populismo neofascista europeo es una conclusin corroborada. Nada seala que esta ofensiva racista y xenfoba (incluyendo la islamofobia, la gitanofobia y el antisemitismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los prximos aos, como no sea con un giro de las polticas pblicas comunes.

Para el caso, me limitar a repasar, de forma somera, lo que sabemos sobre esta situacin en Espaa. El conocimiento reducido sobre delitos dirigidos contra colectivos como inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas se lo debemos principalmente a los informes de la Red Europea de Informacin sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN). En total, dicha red contabiliza unos 4000 casos de agresiones racistas al ao distribuidas por todas las comunidades autnomas, propiciadas por miembros de la nueva ultraderecha, aunque dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del problema y no estn confirmados oficialmente (4). No hay dudas que los delitos de este tipo son significativamente ms numerosos que los registrados, lo que significa que en Espaa, cada da, al menos 10 personas sufren una agresin fsica o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (sin contar los que son vctimas de la homofobia, el sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las ms de 200 webs xenfobas que funcionan en territorio espaol, 23 conciertos racistas durante 2009, ms de 10.000 ultras y neonazis y al menos 80 personas asesinadas desde 1992, vctimas del odio (5). Los ms de 100000 votos que obtuvo la ultraderecha en las elecciones autonmicas y municipales del 22 de mayo sealan que se trata de una fuerza poltica activa y en ascenso.

Por lo dems, el Informe Racismo 2010 (6) de la DGII, desde una perspectiva conceptual ms amplia y no circunscripta a actos delictivos sino en general a las actitudes de la poblacin espaola, nos permite hacer una lectura ms extensiva al respecto. Las conclusiones no son alentadoras. A pesar de la desaceleracin de los flujos migratorios debido a la crisis econmica, () la percepcin valorativa de la presencia inmigratoria se mantiene en parecidos niveles a los de 2008 (con un 46% de encuestados autctonos que consideran excesivo el nmero de inmigrantes en Espaa) (pg. 359). Asimismo, un 42% considera que las leyes inmigratorias son demasiado tolerantes y un 32% ms bien tolerantes (pg. 68), lo que en conjunto seala que 6 de cada 10 espaoles consideran que las leyes (juzgadas por la mayora como muy permisivas) deben endurecerse. Por otra parte, 4 de cada 10 encuestados considera que deben expulsarse a los inmigrantes en paro (pg. 359), y 2 de cada 3 considera que debe haber, especialmente en el mbito laboral, preferencia de los nacionales frente a los forneos. A los inmigrantes se les sigue viendo como el colectivo ms protegido, que perciben ms de lo que aportan, que acaparan las ayudas escolares (aunque algo menos las sanitarias). Al igual que se les sigue atribuyendo responsabilidad en el deterioro de la calidad de la atencin sanitaria y de la educacin. Imgenes estereotpicas que, lejos de aminorarse, se han consolidado en este ltimo ao (pgs. 360-361). Finalmente, el informe seala que el 36% de los 2.836 encuestados en 2009 quedan clasificados como reacios a la inmigracin, un 35% como tolerantes y el 29% como ambivalentes. En conjunto, aunque desde 2008 se han estabilizado estas tendencias, los resultados son muy preocupantes. El 64% de la poblacin, en diferentes grados, no slo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigracin sino que, en medidas variables, considera que la desigualdad entre nacionales y forneos es legtima.

Ahora bien, no es precisamente ese principio de desigualdad, esto es, la creencia etnocntrica en la propia superioridad, lo que est en la base de todo acto discriminatorio, incluso si no asumiera formas manifiestamente violentas? Aunque hay muchas aristas para indagar al respecto, la sospecha de que el racismo y la xenofobia ms o menos abiertos (segn nos desplacemos en el arco poltico hasta la ultraderecha) forman parte de la cultura hegemnica espaola tiene cada vez un anclaje emprico ms ntido.

Ante la afirmacin de que el estado espaol ha dado algunos pasos para mejorar la convivencia igualitaria entre nacionales y forneos y mitigar una discriminacin que opera en todos los mbitos (desde lo laboral hasta lo educativo), no tenemos ms remedio que replicar: cuando se est al borde del abismo, dar un paso adelante no slo es una obligacin poltica bsica sino tambin una forma de no despearse. Puesto que Espaa es uno de los pases europeos menos comprometidos con estas luchas, transformar esa situacin inicial es apremiante (7). Dicho de forma ms rotunda: puesto que () el estado espaol se encuentra entre los cuatro nicos pases de la UE que no tienen un rgano nacional de igualdad que publique datos estadsticos sobre denuncias de racismo (Informe 2010 SOS Racismo, pg. 233/234 [8]), no hay razones para no seguir exigiendo la modificacin de facto deesas falencias graves.

Por lo dems, son las propias polticas de estado las que cabe cuestionar de forma radical, empezando por su poltica de asilo restrictiva, sus polticas de detencin y deportacin y su poltica migratoria en conjunto, que tiende a criminalizar a los inmigrantes irregulares, a instalar y a refrenar las vas para la regularizacin (a partir de una nueva ley de extranjera que endurece las condiciones de acceso y estancia en Espaa). Por tanto, es el propio estado quien debe rendir cuenta de su propia contribucin activa a este mapa de xenofobia y racismo social e institucional y, en particular, a la legitimacin de la desigualdad entre ciudadanos de distintas procedencias. Es esa legitimacin poltica y jurdica la que habilita, asimismo, a negar siquiera el estatuto de ciudadano a cientos de miles de personas irregulares que sobreviven en la economa sumergida (de la sobreexplotacin).

En ese sentido, para que ese camino no se convierta en una apora, los cambios institucionales deben empezar por una nueva visibilidad de la problemtica. Dar cuenta del racismo y la xenofobia supone, en primer lugar, informar a la poblacin de una realidad social que amenaza en convertirse en hegemnica. Es, asimismo, responder ante el Otro, asumir una responsabilidad y un compromiso en la erradicacin de estos problemas endmicos que se agravan con la crisis. Recluir esa problemtica en la ultraderecha es una estrategia tranquilizadora, que tiende a desconocer a una masa creciente de personas que por motivos raciales, tnicos y culturales considera legtima la desigualdad, aunque no necesariamente lo manifieste de forma expresa o no est dispuesta a asumir de manera abierta todas las consecuencias de esa consideracin.

Eso no niega, desde luego, las resistencias activas que diferentes sujetos colectivos ponen en acto: desde un tejido asociativo ms o menos heterogneo hasta grupos de activistas de derechos humanos y otros movimientos ciudadanos que perciben en este imaginario suprematista el retorno del fascismo. En esas luchas democrticas est cifrada nuestra esperanza poltica, en unas condiciones histrico-sociales que encarnan, probablemente, una de las peores regresiones europeas tras el 45.

Notas:

(1) http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Noticia_FA&cid=1244651502608&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Noticia_FA%2FCND_detalle&title=El+Consejo+de+Ministros+aprueba+el+proyecto+de+Ley+Integral+para+la+Igualdad+de+Trato+y+la+no+Discriminaci%C3%B3n. El inciso 1 del artculo 34 de dicho proyecto de ley incluye la produccin de informacin al respecto: 1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y en la legislacin especfica en materia de igualdad de trato y no discriminacin, los poderes pblicos debern introducir en la elaboracin de sus estudios, memorias o estadsticas, siempre que se refieran o afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, los indicadores y procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensin, evolucin, naturaleza y efectos de la discriminacin por razn de las causas previstas en esta Ley. Queda pendiente evaluar metodolgicamente las herramientas diagnsticas desplegadas, as como los logros conseguidos en este nivel de actuacin, requisito indispensable para el desarrollo de polticas pblicas que favorezcan la integracin social e institucional y penalicen las prcticas discriminatorias.

(2) http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005879295&language=cas_ES&nodepath=Red+de+oficinas&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_mapaOficinas

(3) El incumplimiento de los DDHH por parte del estado espaol es mltiple y ha sido denunciado por Amnista Internacional: denuncias de tortura, restriccin del derecho de asilo, aplicacin del rgimen de incomunicacin a ciertos colectivos de presos, proteccin inadecuada ante la violencia de gnero y la trata de personas, escasos avances en la investigacin del franquismo, medidas insuficientes ante el racismo, entre otros. Al respecto, Amnista Internacional, Informe de derechos humanos 2010, pg. 179.

(4) Al respecto, el director de Amnista Internacional en Espaa, Esteban Beltrn, en 2008 sealaba: "Cmo es posible que en el Reino Unido se documenten oficialmente 50.000 ataques racistas al ao y en Espaa la Guardia Civil registre entre 10 y 20 casos y la Polica Nacional entre 80 y 100?". Su conclusin, que no cabe ms que ratificar en el contexto presente, es que Espaa es de los pases europeos ms rezagados en las luchas contra estas formas de discriminacin (http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo//espana_no_se_implica_en_la_lucha_contra_el_racismo.html)

(5) El informe completo puede consultarse en http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp

(6) http://www.oberaxe.es/files/datos/4e20230088dc8/INFORME%20RACISMO%202010.pdf

(7) Para graficar lo dicho remito al lector al documental espaol elaborado en 2011 Ojos que no ven (http://youtu.be/y7CytqYLHQY).

(8) El informe puede consultarse en http://federacionsosracismo.wordpress.com/informe-anual/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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