En la Parte III de este Dossier abordaremos el incremento del uso del aparato judicial como arma de guerra contra la población, incluyendo la persecución política allende las fronteras, el aumento de capturas masivas en zonas de alto interés económico, los montajes judiciales bajo los cuales son encarcelados los presos políticos, y la gravedad de lo que aparece como “ secuestro carcelario ”.

1. Contexto de continuidad de represión y exterminio

Amanece el 2012 en Colombia con la continuidad de una política represiva que mantiene a la población en la miseria y el terror, a la par que beneficia los intereses de grandes empresas y latifundios: “ La organización agraria de Sumapaz, nuevamente adolorida ante los crímenes atroces cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil , denuncia que el martes 10 de enero de 2012, es torturado y asesinado por las tropas oficiales del ejercito nuestro compañero y familiar Víctor Manuel Hilarión Palacios (…) El cadáver con signos visibles de tortura muestra la capacidad criminal de los miembros de la fuerza pública, amparados por la nefasta política de esta institución con las ejecuciones extra judiciales mal llamadas “Falsos Positivos”. Era padre de una menor y protector de su madre, agricultor (…) ayer objeto de montajes y detenciones (…) hoy pretenden hacerlo ver como otro ‘caído en combate’ para entregarlo como trofeo macabro para las tropas que llenan de fuego, sangre y terror al país.” [1]

En los primeros días de enero es empujado a la muerte un preso en la cárcel del Pesebre por tortura de denegación de asistencia médica [2]; a mediados de enero denuncian que otro preso político y de guerra fallece en la cárcel: Franklin Morales muere en medio de la impunidad total para estas muertes[3].

Al momento de escribir este texto son varios los presos políticos en situación crítica; por nombrar sólo dos casos de presos políticos que están siendo empujados a la muerte por tortura de denegación de asistencia médica: Rolando Gradados Hernández que“ debido a sus heridas se encuentra en un estado deplorable y tiene destruidas las piernas y los brazos. No puede caminar, ni comer solo, además sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica lo que pone en riesgo su vida. (…)” [4] ; y Luis Alberto Jaimes García, abandonado en una celda sin agua, cuando padece cáncer colorrectal y presenta: “ vómito fecaloide, ausencia de deposiciones (…) su estado de salud se deteriora cada día; es notoria la pérdida de su masa muscular. Señalamos categóricamente que no está recibiendo el tratamiento adecuado para contener el cáncer, lo cual se suma a las indignas condiciones de reclusión. (...) El padecimiento que afronta no es un hecho aislado, por el contrario, constituye una práctica sistemática, que ha originado en varios casos la muerte” [5].  

El accionar de las herramientas represivas continúa el exterminio del movimiento sindical, desarticulando la organización social y empujando al naufragio del dolor a las familias. El 17 de enero fue asesinado el sindicalista Mauricio Arredondo junto con su esposa: les sobreviven 5 hijos. Las reivindicaciones son impedidas por las multinacionales mediante el exterminio sindical, como denuncia la USO: “La llegada de la locomotora minero-energética con el sofisma del desarrollismo, trae consigo una serie de impactos sociales, territoriales, ambientales, violaciones de derechos humanos ” [6].

Fue un asesinato instigado por el linchamiento mediático contra el sindicato:   “El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa,   con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar la misma ” [Ibíd. ]. El Sindicato Petrolero del Putumayo, denunció: “La comunidad y sus organizaciones sociales no están de acuerdo en la forma como las empresas petroleras explotan el territorio, y ello ha originado una agresión contra los líderes: amenazas, intimidaciones y judicializaciones” [7].

En noviembre 2011 fue denunciado que   40 sindicalistas fueron asesinados desde que Santos llegó al poder en Agosto 2010 [8]: en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo . El 26 de enero es asesinado otro sindicalista: Ramón Paublott Gómez, padre de 7 niños [9]. El 15 de febrero es asesinado Efraín Amezquita, el quinto sindicalista asesinado en los primeros 45 días del 2012 [10]. Bajo el mandato de Santos continúa intensificándose el exterminio contra la oposición política. “ Entre julio 2010 y mayo 2011, 255 defensores de derechos humanos han sido objeto de agresiones, 54 fueron asesinatos” [11 ]. A solo 90 días de iniciado el mandato de Santos ya 50 opositores políticos habían sido asesinados [12 ] .  En su informe de septiembre 2011 el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que la situación: “se viene agravando durante el período presidencial de Santos. Existe una Campaña de Exterminio contra el MOVICE  (…) 85 agresiones ocurrieron durante el primer año del mandato de Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es decir, hay aumento de 44% de agresiones contra el MOVICE en el gobierno de Santos comparado con el último año de gobierno de Uribe, en el cual se registraron 59 casos.” [13 ]. Los asesinatos y agresiones contra sindicalistas, opositores y defensores de DDHH siguen incrementándose, con el sistematismo y constancia propios de un patrón de comportamiento estatal basado en el exterminio de la reivindicación social, que constituye una guerra sucia permanente contra la población colombiana. Una guerra desde el estado que impide la participación política y el desarrollo social, dado que la participación tiene como coste el exterminio físico, el destierro o la cárcel.



2. Detenciones arbitrarias y montajes judiciales se incrementan en zonas de alto interés económico y contra reivindicaciones fundamentales

Se intensifica el uso del aparato judicial como un arma de guerra contra la oposición política : “ Los montajes judiciales basados en testimonios falsos han continuado e incluso aumentado durante el gobierno de Santos. Varios integrantes del MOVICE se encuentran encarcelados, entre ellos, David Ravelo y Príncipe Gabriel; otros se encuentran con procesos abiertos en su contra, entre ellos, Harry Caicedo, Carmelo Agámez y Winston Gallego.” [14 ]

Entre las innumerables víctimas de montajes judiciales, podemos nombrar a Carolina Rubio Esguerra, detenida tras su presentación del informe sobre los primeros 75 días del Gobierno de Santos en el que constan asesinados al menos 22 activistas [15 ]. Otra víctima fue Marisela Uribe García (denunciante de la mayor fosa común de Latinoamérica): fue arrestada con más de 5 meses de embarazo de gemelos y perdió sus 2 bebés por torturas del estado colombiano [16 ]. Fueron igualmente detenidos, entre otros muchos, Luís Alfredo Fernández del CPDH [17], Yira Bolaños [18 ], y Yuri Neira, el defensor de derechos humanos cuyo hijo Nicolás Neira, fue asesinado con sevicia por la Policía [19] .

Varios sindicalistas han sido víctimas de encarcelamientos arbitrarios en el 2011, como es el caso de Aracely Cañaveral [20]. Igualmente han sido perseguidos mediante montajes judiciales varios periodistas, abogados, sociólogos, maestros, líderes agrarios, indígenas; decenas de estudiantes como es el caso, entre otros, de los tres miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jorge Eliécer Gaitán, Camilo Escudero y Omar Marín que “enfrentan un grueso montaje judicial con cargos de ‘administración de recursos con fines terroristas, concierto para delinquir y rebelión’”   [21].

La represión es tan absoluta que se abate incluso contra poetas, como Angye Gaona [22]. Para eliminar el más mínimo retoño de empatía social, el estado asesta l as acusaciones de "concierto para delinquir agravado” y ‘delito de narcotráfico y rebelión’; pero son en realidad versos como estos los que desatan la ira de un estado que busca el ostracismo: 

“ Suenan las preguntas,   chasquidos en los tímpanos oficiales. Se recuerdan los nombres hostigados, los desmembrados insepultos, ocultos bajo lodo impune. Se avivan los nombres en las voces; pueden derruirse los muros de las prisiones,   pueden tomarse los tronos, se diluyen las fronteras, si se invocan esos nombres. Ningún arma, ninguna injuria, nada, habrá de replicar esos nombres calcinantes” [23].

Hay una correlación entre los montajes judiciales y la necesidad de las multinacionales de eliminar la reivindicación ante el despojo: asistimos a judicializaciones de líderes sindicales de la resistencia obrera contra la multinacional Pacific Rubiales, a judicializaciones de activistas contra la represa del Quimbo por la multinacional Endesa, a judicializaciones de líderes de la minería artesanal, a judicializaciones y encarcelamientos masivos de estudiantes, e incluso asistimos a modificaciones legales que permiten mayores facilidades para la privación de libertad: como la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigencia el 24 de junio 2011 [24], y permite una mayor criminalización de la protesta social. El CSPP denuncia detenciones y torturas: “Siete personas privadas de libertad van a ser judicializadas con la ley 1453 de Seguridad Ciudadana, en Puerto Gaitán, han denunciado ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por la policía. Fueron encerrados en una celda en la que previamente habían estallado pipetas de gas y una vez dentro, [los policías] dispararon más gases, los cuales impactaron en el cuerpo de uno de los detenidos, causándole lesiones en su abdomen. Los hechos son constitutivos de tortura con fines de castigo, en represalia contra las manifestaciones que adelantan trabajadores de la Empresa Petrolera Pacific Rubiales, en el marco del conflicto laboral en exigencia al respeto a las garantías laborales. (…) exigir al Estado colombiano garantías reales de protección al ejercicio legítimo a la protesta y al derecho de asociación sindical.” [25].

La comunidad de Arauca hizo un impresionante paro cívico en el 2011 exigiendo el cese de los encarcelamientos arbitrarios y la liberación de los 5 líderes agrarios y de los dirigentes indígenas ( Ismael Uncacía, Verónica Solís, Álvaro Leal Tolosa ) detenidos por su oposición al saqueo multinacional : “Estamos levantados en solidaridad con todos aquellos compañeros que están presos. El estado colombiano en cabeza del presidente y sus grandes socios industriales han saqueado todos los recursos del país, y ahora buscan los recursos de los resguardos (…) la región de Arauca es un objetivo para ellos y esta es la razón por la cual encarcelan a los líderes populares: nosotros lo llamamos secuestro estatal”. Así lo expresó el líder indígena Víctor Chivadaquia. [26 ]

Varios líderes campesinos y de la minería artesanal, de las regiones más codiciadas para la megaminería multinacional y el agro industrial, han sufrido montajes judiciales y encarcelamientos arbitrarios. La Mesa de Acompañamiento de los Montes de María, denuncia:"Nuevamente se cierne una oleada de capturas sobre los sobrevivientes que no han aceptado desplazarse ni venderle a menos precio sus tierras a los testaferros de los inversionistas. Einer Martínez, Edgar Berrocal y Manuel Pérez, son tres de los dirigentes que nuevamente tienen orden de captura por parte de la fiscalía del Carmen de Bolívar, producto de los testimonios falsos recaudados por las tropas de la Infantería de Marina de la zona entre paramilitares y delincuentes de la región a quienes ofrecen beneficios judiciales y recompensas por sus dichos." [27 ] . Es imposible aquí nombrar a todas las víctimas de montajes judiciales bajo el mandato de Santos; reseñamos sólo algunos casos. Además de las judicializaciones en territorio colombiano, se agudiza la persecución política allende las fronteras.




3. Montajes judiciales y “testigos” pagados fundamentan secuestro carcelario

En Colombia miles de mujeres y hombres sufren juicios políticos en los que reiteradamente el estado recurre a montajes judiciales para encarcelar al pensamiento crítico y compromiso social [28 ]. Miles de personas son privadas de la libertad, en parodias de juicios con ‘ testigos’ pagados o con falsas 'pruebas' que la acusación militar aduce hallar en materiales informáticos supuestamente ‘incautados’ a los fallecidos comandantes guerrilleros. Hay un fenómeno alarmante de “secuestros carcelarios”. Algunos presos políticos son incluso encarcelados durante años sin pruebas, como es el caso de la socióloga Liliany Obando [29]: más de 3 años y 7 meses encarcelada ilegalmente. O como el profesor Miguel Án gel Beltrán que pasó años preso de manera arbitraria: “ El propósito del régimen al mantenerme privado de la libertad, pese a que se ha puesto al descubierto la ilegalidad de las pruebas, es enviar un mensaje a los académicos críticos: 'cuídense de estudiar el conflicto social y armado con una perspectiva diferente a la oficial, porque miren lo que les puede suceder.’”   [30 ]. Otro ejemplo es el periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado ilegalmente por Venezuela [31 ]: está preso sin pruebas desde abril 2011 [32 ], dado que la Corte Suprema declaró nulidad de los "computadores mágicos" que le endilgan los militares al fallecido Raúl Reyes [33 ].

Estas aducidas “pruebas” fueron declaradas nulas: hubo violación al DIH consistiendo en el bombardeo al Ecuador y el asesinato a quemarropa de los sobrevivientes heridos como lo demostraron las autopsias y testimonios de las 3 sobrevivientes; hubo igualmente ruptura de la cadena de custodia, y archivos con fecha de creación posterior a la muerte de Raúl Reyes.

Sin pruebas, el periodista Joaquín Pérez Becerra está hoy secuestrado por el estado colombiano, como miles más de presos políticos. Los abogados del periodista expresaron que librarlo del montaje podría tardar entre uno y 10 años, en una lucha constante por desmantelar las trampas de un juicio político. Los perseguidos están a la merced del poderío de un estado y sus procederes ilícitos, como lo señala el abogado Rodolfo Ríos:

" Desafortunadamente es una práctica de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de investigación del país, que éstos intentan obtener pruebas ilícitas; y por qué digo pruebas ilícitas: por el hecho de obtener informantes. Los tratados internacionales y la constitución política definen que toda prueba debe ser legal, oportuna, sin ningún tipo de contaminación que afecte el debido proceso y el derecho de defensa (...) y aquí tenemos en contra de Joaquín a 4 informantes que ha preparado la Fiscalía General de la Nación, como una manera criminal dentro de la administración de justicia, para acusar a una persona por el hecho de tener una opinión diferente al régimen. Aquí los informantes se utilizan para prepararlos en los cuarteles militares, en las oficinas de inteligencia militar del DAS (ahora ANI), de la DIJIN, de la SIJIN y el mismo CTI de la Fiscalía.

  ¿Qué hizo la Fiscalía? Cómo ellos sabían que toda la documentación que pretendían hacer valer con el caso de Raúl Reyes, se había caído por decisión de la Corte Suprema de Justicia, no tenía ya ningún valor probatorio, entonces en una forma astuta y desleal con el debido proceso, el derecho a defensa y la administración de justicia, le han preparado este montaje judicial a Pérez Becerra (…) hay unos documentos Word que aparentemente fueron encontrados en los computadores de Jorge Briceño, y del mismo Raúl Reyes, que son documentos Word que hablan de la situación política colombiana (…)   Pero como esos documentos seguramente se les pueden caer como ‘pruebas’ en un debate jurídico -porque ANNCOL no está prohibida en ninguna parte de mundo, excepto en Colombia por efecto de la persecución política que existe, y ANNCOL no está en Colombia-, entonces cómo no encontraron una estrategia para fortalecer la acusación en contra de Pérez Becerra, en ese sentido han utilizado otros instrumentos que son los informantes pagados por el estado, que son “testimonios” ya dirigidos, manipulados, preparados, para poder acusar a una persona . (…)  

Todos los procesos que le montan a las organizaciones rebeldes en Colombia [y a las organizaciones civiles, a todo opositor], son procesos extremadamente complejos. Y la posición de los fiscales y de los jueces pues es también extremadamente sesgada. (...) Hay casos tan complejos como el proceso de Joaquín Pérez Becerra, donde tenemos que estudiar más de 4000-5000 folios de documentos en papel, y aproximadamente 30 CD’s que contienen grabaciones, y donde aparecen una serie de documentos con que le hacen los montajes judiciales . No hay igualdad de condiciones , porque a la Fiscalía le suministra todos los elementos el estado colombiano, mientras que a la defensa, pues prácticamente la única persona que puede atender los gastos es el implicado en el proceso, o sus familiares y amigos que solidariamente le quieran colaborar.” [34]



4. Desigualdad social: carencia de medios para la defensa y política penitenciaria basada en la discriminación

El perseguido político no dispone de igualdad de condiciones materiales ni mediáticas para defenderse de los montajes judiciales, con lo cual son muchos los perseguidos políticos que son condenados por años injustamente, sin haber siquiera tenido los medios necesarios para pagar los investigadores, peritos, pruebas técnicas y demás requerimientos de su defensa. Los medios masivos fungen como parte del aparato de persecución: violando sistemáticamente la presunción de inocencia contra los perseguidos políticos, orquestando intensas campañas de condena anticipada de los sindicados [35].  

En una carta abierta de los presos políticos colombianos, en la que piden mayor objetividad a los medios, y los exhortan a investigar los ‘falsos positivos judiciales’ y las condiciones de tortura, denuncian algunos casos de las miles de personas que debido a la carencia de una adecuada defensa y al ensañamiento sesgado del aparato judicial, purgan penas descomunales, pese a su inocencia:

“ Prisioneros políticos y sociales somos condenados en masa, sin pruebas suficientes, se violan los mas elementales derechos al debido proceso, a la celeridad procesal y a la presunción de inocencia, entre otros. Como prisioneros políticos hemos denunciado hasta la saciedad que muchos de nosotros hemos sido víctimas de procesos viciados, falsos testigos pagos, manipulaciones jurídicas, condenas exageradas, falsas acusaciones en lo que hemos llamado falsos positivos judiciales. (…)

Tan solo unos ejemplos: 1. Jason Murillo y Francisco Rivera son acusados de ‘terrorismo’. Llevan cerca de 8 años sindicados sin que su situación se resuelva. No hay pruebas, son inocentes. 2. Henry Leal, condenado por la acción militar de la insurgencia contra el palacio de Nariño(…) Con las mismas pruebas, un juez consideró que estas y los testigos eran falsos y lo absolvió, el otro las uso y lo condenó. Según el fiscal del caso, el señor Leal es inocente, no tuvo que ver absolutamente nada en los hechos, por falta de defensa técnica se perdió la casación. Otro inocente condenado. 3. En la cárcel de Acacias se encuentra un joven campesino, tartamudo, extremadamente tímido y visiblemente vulnerable, que lo último que se le ocurriría a alguien es que es guerrillero, mucho menos comandante. Está condenado a 40 años por ser supuestamente el comandante “Pirulo” (…) El verdadero comandante de la FARC está preso en Combita.¡investiguen!” [36].

Iván Cepeda denunció en el Foro ‘Colombia Entre Rejas’:

"La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en cifras como por ejemplo: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber afrontado un juicio y que están desde hace años en situación de personas sindicadas en las cárceles, que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén presas y enfermas con carácter terminal (...)” [37].  

Miguel Ángel Beltrán se expresa sobre la discriminación al interior de la cárcel: “El tratamiento penitenciario en Colombia pone en evidencia las desigualdades de un país atravesado por profundas diferencias sociales: mientras aquellos que tienen poder económico, político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, aquellos que carecen de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad humana (…) se les aísla, se les invisibiliza, se les tortura física y psicológicamente. Esta es, justamente, la situación que viven los más de ocho mil presos(as) político(as) y prisioneros(as) de guerra, cuya condición de rebeldes es negada sistemáticamente por el Estado, violándose permanentemente sus derechos fundamentales.

(…) Cuando todavía se discutía cuál sería el lugar de reclusión de los empresarios Nule, llegó la orden hasta el pabellón de alta seguridad de la Picota, donde nos encontrábamos recluidos medio centenar de presos, que debíamos desalojar inmediatamente sus instalaciones, porque allí serían confinados los hermanos Nule. Cincuenta internos seríamos trasladados y hacinados en otros centros penitenciarios para dar comodidad a cuatro presos(…) El director, Capitán Echeverry, visitó las instalaciones en compañía de los abogados de los empresarios. Al final de la inspección concluyeron que el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad para los señores Nule por los malos olores, las filtraciones de agua, la estrechez de sus celdas y su falta de iluminación. Cuatro delincuentes “de cuello blanco” no podían estar ahí, pero medio de centenar de presos si debíamos permanecer en tan indignantes condiciones. (…) el mencionado oficial ofreció la Casa Fiscal para que fuese adecuada como sitio de reclusión. En contraste con las celdas de 3 por 4 metros cuadrados, que ocupábamos cinco y hasta seis reclusos, los Nule podrían disponer de una casa de 80 metros cuadrados, con televisor, nevera, sistema de ventilación, cómodas camas y baños privados. (…)

Si estos ERONES constituyen -como lo afirma el discurso oficial- la real solución para el hacinamiento de las cárceles colombianas ¿por qué a la fecha no han sido trasladados a sus instalaciones los Nule o los centenares de políticos acusados de vínculos con grupos paramilitares? No es difícil responder a esta pregunta: estos establecimientos -construidos con dineros del “Plan Colombia”- vienen siendo utilizados como mecanismo de castigo para los miles de presos políticos y prisioneros de guerra .” [38]


5. Tras los “computadores mágicos”, los “cibercafés de la selva”

Es tan grueso el montaje que arman desde el estamento militar contra los opositores políticos, con la complicidad de parte de las autoridades judiciales, que al parecer los fallecidos comandantes guerrilleros se dedicaban era a implementar ‘cibercafés en la selva’ destinados a los monos y otras especies tropicales: según los militares a cada uno de ellos le habrían incautado varios ordenadores, decenas de discos duros, decenas de USB. Todos estos comandantes fueron asesinados en operativos militares descomunales, y uno se pregunta –por ejemplo-: ¿cómo es posible que ese supuesto material informático resista a los bombardeos?, y en el caso de Briceño y Cano: ¿como es posible que estando en el centro del teatro de operaciones del Plan Patriota, constantemente perseguidos, éstos se dedicaran a cargar el ‘ciber café’ con cantidades inusitadas de aparatos informáticos, en plena selva, en medio de los bombardeos? Absurdo. Raúl Reyes fue asesinado con toneladas de bombas que pulverizaron la selva; Jorge Briceño fue asesinado con toneladas de bombas y fósforo que tumbaron literalmente parte del paisaje, Alfonso Cano fue asesinado tras bombardeos y en medio de un operativo militar de miles de efectivos, tras casi 1 año de persecución. Se sospecha incluso que el ejército lo asesinó a mansalva tras ser herido, pudiendo haberlo capturado con vida [39 ] .

Todos esos soportes informáticos que los militares aducen incautar a los comandantes guerrilleros que asesinan, están -por supuesto-, ‘llenos de contenidos incriminatorios’ contra cuanto opositor político, defensor de derechos humanos, periodista, activista social o sindicalista se les antoje a los militares. Obviamente los militares son los primeros en ‘descubrir’ ese supuesto material, en la selva. El jurista Enrique Santiago expresa: “Hay muchas falacias vertidas, que no son sostenibles desde el punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica, como es este misterio de la naturaleza y la técnica de ordenadores que aguantan miles de grados. Los mismos policías colombianos reconocen que, efectivamente, las toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de grados centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica.” [40 ]


6. Persecución política allende las fronteras

El aparato persecutor contra los opositores políticos llega incluso a activar mecanismos ilegales y complicidades internacionales. El caso del periodista Pérez Becerra es relevante por varios motivos: constituye una arremetida contra la libertad de prensa; pone de manifiesto el peligro para las libertades políticas que representan los pactos de colaboración militar entre el régimen colombiano y otros estados; cuestiona de manera profunda sobre la asimetría que aplican los estados a la hora de hacer respetar el DIH y las leyes; resalta la importancia de defender el derecho de Asilo; alerta sobre un ‘Plan Cóndor’ regional; plantea un necesario debate sobre la importancia de la coherencia política y la ética; y evidencia la saña del estado colombiano contra un ser humano que logró sobrevivir al plan de exterminio estatal denominado Plan Baile Rojo. Hoy los sobrevivientes al exterminio estatal no reciben consideración alguna, sino que siguen siendo eliminados físicamente: asesinados, desaparecidos o encarcelados.

El periodista sueco Joaquín Pérez Becerra fue detenido en Venezuela y entregado a las autoridades colombianas en total violación al DIH y a la legalidad procesal [41 ] . Su entrega dejó consternada a la izquierda mundial por el hecho de que fuera un gobiernoprogresista quién decidiera violar toda legalidad y el DIH con tal de entregar un periodista, alineándose así con la cacería humana de persecución al pensamiento crítico desatada por lineamientos de EEUU.

El periodista es sobreviviente a un genocidio político que consta ante la CIDH: 5000 militantes del partido Unión Patriótica fueron asesinados por las herramientas del estado colombiano. Estaba amparado por el Estatuto del Refugiado al asilarse en Suecia tras huir de Colombia para salvar su vida, luego de que fuera asesinada su esposa cuando él era concejal por la UP. Al periodista le fue violado el derecho a defensa en Venezuela: con su entrega fue violada la Convención de Ginebra, la Convención Contra la Tortura, la Convención de Viena, la Constitución venezolana, el Pacto de San José, etc. Varios perseguidos políticos han sido entregados por Venezuela en violación al DIH, algunos incluso heridos o enfermos: actualmente se espera que cese la política colaboracionista y el manejo ilegal de la humanidad de los detenidos. Se teme que se normalice una Reedición del Plan Cóndor.

El caso del cantor Julián Conrado [42] es también revelador:

“El estado colombiano persigue a los opositores políticos traspasando incluso las fronteras; tratando de implicar nuevamente a Venezuela en actos ilegales a la luz del DIH y en procedimientos fraudulentos que incluyen peticiones de Colombia hechas pasados los plazos legales, y un estiramiento ilegal del tiempo de reclusión sin juicio del cantor en Venezuela. Los requerimientos se efectúan de manera extemporánea y con renovados inventos a cada arremetida: los pretextos varían de manera poco seria. (…) Conrado fue detenido en Venezuela en mayo 2011, por la combinación del accionar represivo colombiano y venezolano, y encarcelado durante meses de manera violatoria de la legalidad, pasando incluso la primera semana atado y vendado, y más de 2 meses incomunicado. Hoy está en espera de que se resuelva su pedido de Asilo, y que definitivamente sea negada su entrega al estado de Colombia, que lo ha solicitado de manera amañada, obviando los plazos legales (¿tal vez porque en un inicio esperaba que se repitiera otra entrega ilegal?). El accionar del estado colombiano no podía dejar más en evidencia el carácter depredador e irregular de su proceder contra un hombre ya viejo y enfermo. Evidentemente lo que se persigue en Julián Conrado es su capacidad para comunicar, su canto. Por razones humanitarias no procede la entrega de un hombre enfermo a cárceles en las que fallecen con escandalosa frecuencia los presos políticos y de guerra, empujados a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. El sistema carcelario colombiano es denunciado por Organización Mundial Contra la Tortura. La Convención Contra la Tortura, la Convención de Ginebra, y la propia constitución venezolana impiden que sea entregado” [43].

El DIH ampara el asilo de Conrado. Numerosas organizaciones populares venezolanas e internacionales, así como científicos, artistas, cantores e intelectuales como Iván Meszaros o James Petras alzan sus voces por la libertad y asilo para Conrado [ 44]. Otro caso de persecución política allende las fronteras es el del comunista chileno Manuel Olate [45 ] , quién sí tuvo acceso al debido proceso en Chile ante el pedido de extradición del estado colombiano, y gracias a la labor de su defensa y la carencia absoluta de seriedad de las"pruebas" aportadas por el estado colombiano, logró su libertad. Le fueron respetados sus derechos y la legalidad requerida para una extradición; no como lamentablemente ocurrió en Venezuela con el periodista Pérez Becerra. También hay víctimas de persecución judicial por parte del estado colombiano en España, como es el caso de la española Remedios García Albert y de la refugiada política Leyla Ordóñez: ambas defensoras de derechos humanos, víctimas de montajes judiciales [46 ].

Remedios García Albert, perseguida por su labor de solidaridad expresa: “Nosotros hemos estado trabajando para la paz. Este estado nuestro, que se dice democrático, está apoyando a un país del que hay pruebas evidentes para todo aquel que quiera verlas, de que se están violando permanentemente los derechos humanos. Desde aquí lo que tenemos que hacer es pedir responsabilidades a nuestro Gobierno por esta connivencia, porque nuestras empresas están trabajando allí muy cómodamente, sacando muy buenos beneficios y eso posiblemente es lo que nos está llevando a que, para salvaguardar esos intereses, cerramos los ojos.”[Ibíd.]

El Jurista Enrique Santiago sobre el caso de Leyla Ordóñez expresa: “Su estatus de refugiada política en España impide no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino que impide ser devuelta a Colombia: Leyla podría ser enviada a cualquier país del mundo para ser juzgada salvo a Colombia, porque es el único país respecto al cual está absolutamente protegida de ser devuelta por la Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección. Las pruebas que se presentan contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y materiales informáticos de Raúl Reyes.” [Ibíd.]

En la Parte IV del Dossier abordaremos el tema del hacinamiento carcelario y la práctica de la tortura. El dramático aumento de la población carcelaria es un termómetro de la realidad represiva que vive Colombia. Hay una gravísima situación humanitaria en las cárceles colombianas: insalubridad, privación de los mínimos vitales, tortura física y sicológica, tortura de denegación de asistencia médica que conlleva muertes. Los más de 8000 presos políticos reclaman que volvamos nuestra mirada hacia ellos.

 NOTAS:

* Este texto es a la vez un texto autónomo y la III Parte del dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. Para consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta publicación: www.azalearobles.blogspot.com

[1] Denuncian organizaciones agrarias del páramo de Sumapaz: Torturado y asesinado por el ejército el dirigente campesino Víctor Hilarión http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143214&titular=torturado-y-asesinado-por-el-ej%E9rcito-el-dirigente-campesino-v%EDctor-hilari%F3n-

http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11634 http://www.cloc-viacampesina.net/es/temas-principales/derechos-humanos/867-colombia-torturado-y-asesinado-por-el-ejercito-el-dirigente-campesino-del-sumapaz-victor-hilarion http://www.movicespana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1314&Itemid=27

[2] "La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente" Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica: "La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente" http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142756&titular=fallece-otro-preso-en-una-c%E1rcel-colombiana-por-denegaci%F3n-de-asistencia-m%E9dica-

[3] denuncian asimismo que otro preso político y de guerra fallece en la cárcel la Dorada, Franklin Morales muere en enero 2012, en medio de la impunidad total para estas muertes. "La comisión veedora internacional que hemos solicitado constituye una necesidad inaplazable: en la cárcel de la Dorada acaba de morir el guerrillero Franklin Morales, prisionero de guerra en poder del estado, sin que el hecho haya suscitado hasta el momento una investigación exhaustiva. Es hora de frenar los atropellos a la dignidad humana en las cárceles del estado; es hora de poner fin a la tortura física y sicológica, al hacinamiento, a la denegación de asistencia médica, es hora de resolver el asunto de la alimentación precaria, la carencia de agua, el maltrato a las visitas; y sobretodo el restablecimiento pleno del derecho a la defensa jurídica y a las garantías procesales. Estamos resueltos a tornar visibles a los nuestros y también a los presos sociales invisibilizados por la injusticia y perfidia del estado". http://www.youtube.com/watch?v=pyAUJRKPKfA&feature=player_embedded

[4] Rolando Gradados Hernández que “ debido a sus heridas se encuentra en un estado deplorable y tiene destruidas las piernas y los brazos. No puede caminar, ni comer solo, además sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida. (…) fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos a su vez lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a los Estados Unidos lo que genero angustia en el interno; debido al terrorismo psicológico del cual está siendo víctima”.[4] http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=638:se-agrava-la-situacion-de-derechos-humanos-del-interno-rolando-gradados-hernandez&catid=24:denuncias&Itemid=46

[5] Luis Alberto Jaimes García está al borde de la muerte por la tortura de denegación de asistencia médica: abandonado en una celda sin agua, cuando padece cáncer colorrectal y presenta: “ vómito fecaloide, ausencia de deposiciones (…) su estado de salud se deteriora cada día; es notoria la pérdida de su masa muscular. Señalamos categóricamente que no está recibiendo el tratamiento adecuado para contener el cáncer, lo cual se suma a las indignas condiciones de reclusión en las que permanece, inadecuadas para su condición. Sin que las directivas de la cárcel y Caprecom cumplan con el plan ambulatorio y sin remitirlo inmediatamente a la junta de oncología.(...) El padecimiento que afronta hoy LUIS ALBERTO no es un hecho aislado, por el contrario, constituye una práctica sistemática, que ha originado en varios casos la muerte.” http://www.traspasalosmuros.net/node/679

[6] “El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, y representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma. Advertimos a los representantes de la empresa de un cercano asesinato de un miembro de la U.S.O y le exigíamos respondiera por la seguridad de los miembros del sindicato.
(…) El 17 de enero de 2012, fueron asesinados el compañero Mauricio Arredondo y su esposa Janeth Ordoñez Carlosama. El compañero es reconocido dirigente y líder comunitario en el municipio de Puerto Asís, el pasado 13 de enero había participado en el foro regional petrolero(…)” http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3193:asesinado-mauricio-arredondo-afiliado-a-la-uso-subdirectiva-orito&catid=61:orito&Itemid=103 La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT expresa que: “la violencia antisindical cobró el año pasado la vida de 29 sindicalistas y tres en lo corrido de este año 2012, incluido el asesinato de Mauricio Arredondo y su esposa (…).” http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:la-cut-colocara-el-debate-a-nivel-nacional-e-internacional&catid=34:comunicados&Itemid=67

[7] “En el comunicado de la CUT y la USO, también se denuncian amenazas contra los sindicalistas: es el caso de los dirigentes de la subdirectiva de la USO en Orito: Manuel Coronado, José Sócimo Erazo y su presidente Julio Vargas. Incluso se recibió la amenaza de volar la sede sindical con explosivos. Yesid Calvacho, presidente del Sindicato Petrolero del Putumayo (Suintrapetroputumayo), denunció que en la zona de Villa Garzón hay 16 líderes comunitarios y sindicales amenazados, y otros más en La Hormiga, Orito, Teteyé, Puerto Asís, Caicedo, lo mismo que personas desplazadas. ‘La comunidad y sus organizaciones sociales no están de acuerdo en la forma como las empresas petroleras explotan el territorio, y ello ha originado una agresión contra los líderes: amenazas, intimidaciones, calumnias y judicializaciones’”. http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7223&Itemid=258〈=en

[8] 40 sindicalistas fueron asesinados desde que Santos llegó al poder en Agosto 2010, informe noviembre 2011 http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article6831 http://malcolmallison.lamula.pe/2011/11/24/inglaterra-le-dice-en-su-cara-al-presidente-colombiano-santos-que-su-democracia-es-un-charco-de-sangre/malcolmallison http://www.kaosenlared.net/noticia/mas-40-sindicalistas-asesinados-desde-santos-llego-poder-parlamento-br

[9] Denuncian plan de exterminio de la actividad sindical: 6 de cada 10 sindicalistas son asesinados en Colombia. Enero 2012: Asesinados Ricardo Ramón Paublott, trabajador de Coca-Cola y el sindicalista petrolero Mauricio Arredondo y su esposa Janeth Ordóñez: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144322&titular=caen-asesinados-ricardo-ram%F3n-paublott-trabajador-de-coca-cola-y-el-sindicalista-petrolero-mauricio-arredondo-y-

[10] Denuncia Sinaltrainal y Sintramasivo: “Efraín Amezquita fue asesinado por dos sicarios que lo abordaron después de salir de la sede del sindicato el miércoles 15 de Febrero.”   http://www.sinaltrainal.org/images/stories/campo6/sintramasivo-comunicado%20efrain%20amezquita.pdf   Enlace al vídeo que muestra el registro del asesinato por las cámaras del Metro: http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-257805-camara-registro-muerte-de-sindicalista-cali  

Fuente: http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=1

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