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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-04-2012

Entrevista a Enrique Santiago, abogado y defensor de derechos humanos
"Carece de sentido que el Gobierno reconozca que existe un conflicto armado interno y niegue que hay prisioneros de guerra"

Patricia Rivas
Rebelin


No es fcil encontrar un hueco en la agenda de Enrique Santiago para una entrevista. Abogado, defensor de derechos humanos y militante de Izquierda Unida, su compromiso con la lucha por la justicia es mltiple. Nos interesa en este momento su dimensin como defensor de derechos humanos y experto en Derecho Internacional Humanitario, comprometido desde siempre en la solidaridad con el pueblo colombiano y en la defensa de las vctimas del genocidio, de los crmenes de Estado, de la persecucin y de los montajes judiciales como los que enfrentan en Espaa sus defendidas Remedios Garca y Leyla Ordez. Rebelin no quiso desaprovechar la oportunidad de conversar con l a su regreso del Foro Colombia Entre Rejas, que se desarroll en Bogot el 26 y 27 de febrero , en un momento en el que se abren posibilidades de dilogo para avanzar en una solucin poltica al conflicto armado interno, gracias a los importantes gestos unilaterales de paz de la insurgencia.


Enrique Santiago junto a Piedad Crdoba, ex Senadora y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ambos comparten empeo en la promocin de escenarios de una solucin poltica al conflicto colombiano y en la defensa de presos polticos y vctimas de montajes judiciales.

Usted form parte de la delegacin internacional que particip en el Foro Colombia Entre Rejas: En bsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz, que reflexion en Bogot sobre la situacin de los miles de prisioneros polticos del pas y tuvo la oportunidad de visitar algn centro penitenciario para verificar las condiciones de las crceles colombianas. Qu nos puede decir al respecto?

En general la situacin de los presos en Colombia es una situacin de absoluta vulneracin de sus derechos fundamentales, y me refiero tambin a los presos comunes, a los presos sociales. Colombia firm un acuerdo con el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos por el que han importado toda la normativa y todos los mtodos de funcionamiento, incluido el modelo de construccin de prisiones. Es un modelo ya de por s restrictivo, que no cumple los estndares mnimos ni lo que se denominan los principios de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de personas privadas de libertad. Para poner un ejemplo, en este nuevo modelo de prisiones, que se denominan ERON (Establecimientos de Reclusin del Orden Nacional), el reglamento penitenciario que se utiliza y se aplica para regular la vida de los internos, y para sancionar, es un reglamento no pblico, no conocido. Con lo cual, difcilmente los presos pueden saber la normativa e imposible que sus abogados defensores puedan recurrir en condiciones cuando son sancionados.

Al margen de eso, el modelo de crceles es muy limitado, invivible, que adems limita el contacto con los familiares, con las visitas, con los propios abogados.

En cuanto a la situacin especfica de los presos polticos, se observa una clara discriminacin en el trato hacia stos. Discriminacin que va desde la negacin de servicios fundamentales que debe tener cualquier persona interna, como es la propia alimentacin suficiente, o el acceso a agua potable. Hay prisiones con una temperatura media de 30 a 40 C, donde se corta sistemticamente el agua corriente; hay una negacin sistemtica del tratamiento mdico. Cuando se da tratamiento mdico a los presos no se les informa de los resultados de las pruebas. Se obvia el traslado a centros hospitalarios cuando necesitan alguna atencin que no se pueda dar en el propio centro penitenciario. En la prisin que yo visit la enfermera no tena absolutamente ningn medio, ms all de tres camillas: no haba ni medios para curas, ni medios para tratamientos, ni, por supuesto, rayos X, ni mdicos. Eso es lo primero que no haba.

Y se aplica una poltica sistemtica de dificultar el acceso a las visitas familiares, los contactos personales con las parejas, un trato sumamente despectivo especialmente a los hijos de los internos, y miles de dificultades a los abogados.

Adems hay algo muy grave que la comunidad internacional desconoce, y es que existe una reforma al sistema penitenciario aplicada por el Gobierno de lvaro Uribe que posibilita el cumplimiento efectivo de penas hasta de 60 aos. Eso es, de facto, el establecimiento de prisin perpetua, de cadena perpetua escondida, disimulada bajo un perodo largo de condena. Cualquier pena que sea superior a 30 aos ya entra en los estndares, segn Naciones Unidas, de penas inhumanas, crueles o degradantes, equivalentes a la cadena perpetua y equivalentes a tortura.

De cuntos presos polticos puede hablarse en Colombia y a qu situaciones responden?

Segn los datos de los organismos que atienden a los presos polticos, estaramos hablando aproximadamente de entre 7.500 y 8.000 presos polticos en general, y dentro de estos deberamos separar varias categoras:

-Una primera categora de prisioneros de guerra, estrictamente, conforme a la III Convencin de Ginebra, es decir, miembros de organizaciones insurgentes, rebeldes que han sido hechos prisioneros en actos de combate, tanto de las FARC como del ELN. Conforme a los datos a los que nosotros pudimos acceder, nos daran en torno a entre 700 y 800 prisioneros de guerra, a los que no se les respeta el estatus diferenciado que establece la III Convencin de Ginebra y los Protocolos adicionales, que estn recluidos en los mismos centros penitenciarios, bajo el mismo rgimen penitenciario y adems sometidos a procedimientos penales, cuando lo primero que prohbe la Convencin de Ginebra es que a los prisioneros de guerra se les someta a procedimientos penales, por el mero hecho de alzarse en armas. Se les podr someter a procedimientos penales, como a cualquier otra persona, por haber cometido algn tipo de delito no relacionado con su alzamiento en armas.

-Otra categora seran los prisioneros de conciencia, que son fundamentalmente dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, activistas de colectivos polticos.

-Y una tercera categora, que seran las vctimas de montajes judiciales, donde tambin podemos separar entre aquellos que ya tienen una condena firme en procedimientos fraudulentos, donde se han utilizado declaraciones de testigos falsos, etc.

Y luego el abuso de la prisin preventiva, como se denomina en Espaa, y que en Colombia se conoce como la situacin de sindicacin. Est comenzando a convertirse en prctica habitual la sindicacin de dirigentes sociales, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos o lderes polticos, hasta el agotamiento del perodo mximo de prisin preventiva, que alcanza hasta los 4 aos. Y en la inmensa mayora de los casos, estos dirigentes, una vez agotado ese perodo, son puestos en libertad por vencimiento de trminos y, en muchos casos, ni siquiera continua el procedimiento. En otros casos contina el procedimiento y siguen siendo criminalizados.

Lo que se acredita es que, en primer lugar, existen presos polticos, que existe un colectivo demasiado numeroso. Que existe un nmero importante de prisioneros de guerra. Que la comunidad internacional desconoce esta realidad y que, por lo tanto, es imprescindible empezar a ponerlo en la agenda internacional. Mxime en un momento en que la insurgencia colombiana est cada vez ms atenindose y cumpliendo estrictamente lo que se establece precisamente en las Convenciones de Ginebra respecto a los prisioneros de guerra. Concretamente, ya llevan dos aos realizando, no intercambios humanitarios, porque el gobierno se niega, sino liberaciones unilaterales, y sin ninguna contraprestacin poltica o en orden a la liberacin de los prisioneros de la insurgencia en poder del Estado. En esta coyuntura es todava ms necesario que la comunidad internacional sea consciente de esta situacin y que de alguna manera alce su voz, para plantearle al Gobierno colombiano una exigencia de que tiene que corresponder los gestos que est haciendo la insurgencia y que, si no quiere corresponder, al menos tiene que ser muy respetuoso, porque es un Estado miembro de las Naciones Unidas, y cumplir los estndares mnimos del tratamiento de los prisioneros en general, de los prisioneros polticos en particular, y, sobre todo, a los prisioneros de guerra, que deben ser tratados como tales.

Se da la circunstancia de que durante el encuentro las FARC anuncian precisamente que van a liberar a todos los prisioneros de guerra, los miembros de la fuerza pblica en su poder, que los medios colombianos oficialistas califican de secuestrados, pero no se habla nunca de los secuestrados del Estado en este caso, de los presos de la guerrilla. Qu importancia tienen estos presos y la posibilidad de que se realice un intercambio humanitario para abrir una va negociada al conflicto armado?

Lo que ha quedado demostrado desde que se iniciaron las liberaciones unilaterales y el intercambio epistolar entre Colombianos por la Paz y las distintas organizaciones insurgentes sobre cuestiones relativas a la humanizacin del conflicto es que el Estado no tiene ninguna intencin de dar ningn paso que facilite la liberacin de los miembros de la Fuerza Pblica en poder de la insurgencia, al igual que no ha dado ningn paso, una vez que stos han sido puestos en libertad unilateralmente, para lograr una mnima atencin a estas personas. La inmensa mayora de los liberados, pasado el primer momento, en el que han sido utilizados mediticamente y propagandsticamente por las autoridades colombianas, han acabado marginados de las Fuerzas Armadas, marginados de la Polica, y en una situacin de exclusin social que deriva en marginalidad social, con graves problemas mdicos y psiquitricos que no estn siendo atendidos, e incluso han proliferado los casos de suicidio.

La ltima llamada operacin fallida de rescate pone de manifiesto cul es la intencin del Estado, que es utilizar a sus prisioneros en poder de la insurgencia, prisioneros del Ejrcito y de la Polica, como rehenes polticos para incrementar su campaa de desprestigio de la insurgencia y de reduccin del problema poltico y del conflicto armado interno en Colombia a un problema de orden pblico. Que despus de diez o doce aos de estar en poder de la insurgencia estos prisioneros de guerra, justamente cuando van a ser trasladados al lugar donde van a ser liberados, justamente cuando ya se haba anunciado la liberacin unilateral de ellos, se produjera el asalto militar a sangre y fuego, que acab con la ejecucin de estas personas y todava no se ha aclarado quines realmente fueron los responsables de estas ejecuciones- pone de manifiesto el poco valor que la vida de estas personas tiene para el Estado colombiano. Algo que, por otra parte, viene desde hace tiempo denunciando no solamente la oposicin poltica, no solamente las organizaciones humanitarias como puede ser Colombianos por la Paz, sino las propias organizaciones de familiares de militares y policas en poder de la insurgencia. ASFAMIPAZ ya viene desde hace tiempo denunciando esa actitud del Estado de utilizacin de estas personas como rehenes propagandsticos.

Y llama adems poderosamente la atencin cmo ahora que las FARC han anunciado no solamente la liberacin de todos los prisioneros de guerra en su poder, prisioneros hechos en combate de miembros de la Fuerza Pblica, ya sean militares o policas, sino que adems han anunciado la derogacin de lo que ellos denominaban la Ley 2, que posibilitaba la retencin de civiles con fines econmicos, no deja de llamar la atencin que entonces, por parte de instituciones vinculadas a las autoridades del Estado, hayan sacado a relucir cifras no acreditadas y adems no ratificadas ni siquiera por el propio Estado, de que habra miles de secuestrados o retenidos con fines econmicos en poder de la insurgencia, cuando, desde luego, estos datos no son reconocidos por la insurgencia ni por ningn otro organismo humanitario, ONGS, instancias internacionales u organismos multilaterales, como pueda ser la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Con lo cual, hay una clara utilizacin poltica, y fruto de eso ha sido la torpe posicin del Gobierno colombiano.

El pronunciamiento de las FARC del pasado 27 de febrero supone un anuncio de enorme envergadura: se anunciaba la liberacin de todos los militares y policas en poder de las FARC; se anunciaba el fin de las retenciones con fines econmicos; se anunciaba tambin la entrega de estos militares a las asociaciones de familiares, y adems tambin se anunciaba que eso quizs ha pasado ms inadvertido, pero en el mismo comunicado consta y es un elemento muy importante- la voluntad de avanzar en aplicar acuerdos de humanizacin del conflicto y de aplicacin del DIH.

La contestacin del Gobierno no ha podido ser ms lamentable: quitndole importancia a todos estos reconocimientos, cuando por parte de las autoridades no se produce ningn tipo de compromiso en el mismo sentido. Es decir, claramente los pasos que est dando la insurgencia los da de forma unilateral y sin pretender alcanzar ningn tipo de ventaja porque, en principio, el Estado no est ni siquiera dispuesto a reconocer la necesidad de abrir una negociacin poltica, al margen de que, posteriormente, o por debajo de la mesa, puedan estar ya avanzndose algunos encuentros. Habr que ir viendo.

Una diferencia importante del Gobierno de Santos con respecto a Uribe, por lo menos en las palabras, fue que empez reconociendo la existencia de un conflicto armado en el pas, cosa que Uribe haba negado durante aos. Se abre la posibilidad de un dilogo poltico, no solamente en base a los gestos de la insurgencia, sino a las declaraciones del Gobierno y a sus actos en el terreno, que tambin son muy elocuentes?

Esta es una de las grandes contradicciones del conflicto armado colombiano. En la prctica, la propia legislacin colombiana, la jurisprudencia viene reconociendo la existencia de este conflicto, al menos desde los aos 80. La propia constitucionalizacin en el Bloque de Constitucionalidad del Derecho Internacional Humanitario en la Constitucin de 1991 tambin reconoce la existencia de ese conflicto armado interno, y recientemente, a pesar de que contina la campaa propagandstica del Gobierno Santos que pretende reducir el problema de Colombia a un mero problema de orden pblico, de lucha contra el terrorismo, lo cierto es que la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras en su artculo 3 dice taxativamente y negro sobre blanco que en Colombia se padece un conflicto armado interno.

Si se padece un conflicto armado interno reconocido legalmente, es obvio que son de aplicacin las convenciones de Ginebra y lo que carece de sentido alguno es que el Gobierno, a estas alturas, tras reconocer y escribir en una ley que existe un conflicto armado interno, se niegue a reconocer la existencia de prisioneros de guerra. Sera el nico caso en el mundo donde existe un conflicto armado interno sin que haya prisioneros de guerra; es un caso absolutamente paradjico en s mismo. No puede ser.

El escenario militar adems se le ha puesto muy en contra al Gobierno, porque la insurgencia ha sabido, como siempre, recomponer sus estrategias, despus de los golpes recibidos contra sus dirigentes, para no solamente mantener sus posiciones sino que incluso estn otra vez en muchas zonas del pas tomando la iniciativa. Con lo cual, se pone de manifiesto, como viene ocurriendo desde los aos 60 que es un conflicto que militarmente no puede ganar ninguna de las partes. Y en un momento en el que, por mucho que se empee el Gobierno colombiano, lo cierto es que los indicadores de inequidad en Colombia cada vez son ms elevados, la falta de reparto equitativo de la riqueza es una constante, el Gobierno colombiano necesita para atraer inversores extranjeros que ahora mismo es una de sus prioridades, con la previsin por parte del Gobierno colombiano de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el TLC con la Unin Europea, y eso pueda atraer inversiones extranjeras- es imprescindible, si no solucionar polticamente el conflicto, ya que no existe una solucin militar, al menos abrir un escenario de negociacin que permita bajarle la intensidad al conflicto y alcanzar acuerdos de humanizacin del mismo, para que los padecimientos sean inferiores y no disuadan a posibles inversores para que lleguen a Colombia.

Yo creo que ese escenario y los pronunciamientos reiterados desde hace ms de ao y medio, tanto de las FARC como del ELN, de acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, de bsqueda de mecanismos para pactar con el Estado la aplicacin del Derecho Internacional Humanitario, pone de manifiesto que hay, desde luego, acercamientos entre ambas partes, que probablemente hay un canal permanente abierto de comunicaciones, y que los esfuerzos de organizaciones como Colombianas y Colombianos por la Paz estn dando sus frutos, sensibilizando a la opinin pblica colombiana sobre la necesidad de avanzar en este tipo de procesos.

El Gobierno colombiano los podr demorar ms o menos. De alguna forma, es rehn de las propias polticas internacionales que ha venido realizando. En este momento, la inclusin de las FARC y del ELN en la lista de organizaciones terroristas en la Unin Europea o en los Estados Unidos no facilita precisamente la capacidad de maniobra poltica del Gobierno colombiano, se la dificulta. Estn siendo vctimas de sus propios errores de criminalizacin de la contestacin social, cuando adems el resultado de esta poltica de criminalizacin de los opositores al Gobierno, en el plano estrictamente penal tampoco les ha dado grandsimos resultados, sino todo lo contrario. Recordemos el caso del profesor Miguel ngel Beltrn, que despus de ser extraditado de la forma en que fue extraditado, ha tenido que ser puesto en libertad; el caso de Liliany Obando; los casos que hay en Espaa, tanto el caso de Remedios Garca como el de Leyla Ordez, con procedimientos judiciales absolutamente paralizados, donde ni la Fiscala espaola ni la colombiana saben qu hacer para conseguir un enjuiciamiento en el caso de Remedios o llegar a la vista de extradicin en el caso de Leyla, y, sin embargo, lo nico que queda son las consecuencias negativas polticas para el propio Gobierno, que se encuentra, en cierta medida, con las manos atadas para abrir pblicamente un proceso de contactos y de conversaciones.

Mientras se abre quiz ese escenario de dilogo, asistimos con cierta frecuencia a noticias de bombardeos de poblaciones, a combates en entornos de poblacin civil. Cul es la poltica sobre los hechos en el da a da del Gobierno colombiano?

En un conflicto, evidentemente, todas las partes tienen un alto riesgo de excederse en la utilizacin de los mtodos de guerra y por lo tanto cometer ilcitos internacionales. La lnea divisoria que hay que tener muy en cuenta, es cundo la comisin de esos ilcitos se realiza por exceso y de forma ocasional o espordica, o cuando la realizacin de esos ilcitos responde a un plan criminal preestablecido, y se utiliza esa comisin de crmenes de guerra o de crmenes contra la humanidad como parte de la estrategia armada en el conflicto. Las estadsticas elaboradas por organismos internacionales, tanto por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia tanto por organismos independientes que velan por la observacin de los derechos humanos, por ejemplo el Banco de Datos del CINEP, vinculado a la Iglesia o cualquier otra organizacin, como puedan ser las pertenecientes a la Plataforma Iberoamericana de Derechos Humanos o a la Coordinacin Colombia-Europa-Estados Unidos, todas ponen de manifiesto que prcticamente el 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se cometen en el marco del conflicto armado interno colombiano son atribuibles, bien directamente al Estado colombiano y a sus fuerzas policiales o militares, o a los paramilitares que coadyuvan a la accin del Estado. Las estadsticas hablan de en torno a un 5 a un 7 por ciento de ilcitos, de vulneraciones que no se pueden atribuir a nadie y apenas un 12 o un 13 por ciento de esas violaciones se atribuyen a las organizaciones insurgentes. Las propias declaraciones de las organizaciones insurgentes lo que ponen de manifiesto es que no hay una poltica deliberada, ni mucho menos, de cometer ilcitos internacionales.

A esto se aaden los escndalos de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pblica de miles de civiles de los sectores ms desprotegidos de la poblacin, a los que luego se presentaba como guerrilleros abatidos en combate, a cambio de permisos, ascensos o retribuciones econmicas. Ya se han constatado y documentado ms de tres mil casos hasta el ao 2009.

Otros escndalos adems que potencian la impunidad son derivados del tratamiento penal diferenciado que se da a los miembros de la Fuerza Pblica o a los propios paramilitares responsables de estos hechos. La Ley de Justicia y Paz se ha convertido en un gran sistema de absoluta impunidad, reconocido adems que no est siendo eficaz por la estructura de observacin de la OEA, y ahora mismo se quiere recuperar de alguna forma el fuero militar, pero sin la existencia del fuero militar, es decir, de un fuero especial: que sean los propios militares los que enjuicien las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pblica, lo cierto es que escndalos como el del Tolemaida Resort ponen de manifiesto cules son las penas que cumplen los pocos miembros de la Fuerza Pblica que son condenados por vulneracin de los derechos humanos: un tratamiento ms propio de hoteles, con todo tipo de lujos y beneficios a su servicio.

Esto contrasta poderosamente con la voluntad y el compromiso de la insurgencia de cumplir el Derecho Internacional Humanitario. A menos desde mediados del ao 2011, son numerosos los pronunciamientos tanto del ELN como de las FARC en ese sentido, y llama tambin la atencin el inters del Gobierno colombiano de acabar con los dirigentes de la insurgencia que ms han venido significndose en los intentos de alcanzar salidas polticas al conflicto, de abrir negociaciones o incluso de alcanzar acuerdos parciales de humanizacin del conflicto y de proteccin a la poblacin civil.

Adems de eso, el Estado colombiano est utilizando armas y mtodos de combate absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional. Empezando por el uso desproporcionado de la fuerza. Esto de los bombardeos sistemticos de objetivos individuales sin importar el riesgo que eso supone para la poblacin civil de la zona; bombardeos sistemticos donde se llegan a utilizar hasta cientos de bombas de ms de media tonelada en una sola operacin; o, con la excusa de fumigar, el uso de armas qumicas, el glifosato especialmente, que acaba envenando los acuferos, los cultivos, provocando enfermedades, malformaciones congnitas, abortos entre la poblacin civil Son armas que no discriminan lo ms mnimo. O incluso el abandono de municin, despus de las operaciones militares, que se acaba convirtiendo tambin en sistemas de vulneracin del principio de distincin que obliga a proteger a la poblacin civil en un conflicto armado interno.

Que se pretenda exigir un cumplimiento estricto el DIH a la insurgencia y que la insurgencia incluso est dispuesta a abordar ese cumplimiento estricto, cuando se trata de organizaciones con mucha menor capacidad operativa y recursos, y que, sin embargo, el Ejrcito colombiano o las fuerzas policiales, que son las Fuerzas Armadas ms grandes de Latinoamrica, con mayor nmero de efectivos, y sin embargo no se les exija el fin de la utilizacin de armas prohibidas o de mtodos de combate prohibidos por el Derecho Internacional, pone de manifiesto la permisividad por parte de la comunidad internacional con estos ilcitos cometidos sistemticamente por las Fuerzas Armadas colombianas. Esto, de alguna forma, da patente de corso para garantizar un sentimiento de impunidad que lleva a una espiral de incremento de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de las violaciones de los derechos humanos.

Hablando de la comunidad internacional, cmo puede valorarse el papel de la Unin Europea y en especial del Gobierno espaol, que ha comprometido su apoyo a la candidatura del Vicepresidente colombiano a dirigir la Organizacin Internacional del Trabajo la misma semana que Naciones Unidas y la CIDH han manifestado que en Colombia no hay garantas para la integridad de los defensores de derechos humanos y de los sindicalistas?

Bueno, el Gobierno espaol es un caso aparte en Europa. Tanto el Gobierno anterior del PSOE como el actual del PP. Es un Gobierno al margen de las posiciones de los diferentes gobiernos europeos, incluidos gobiernos de derecha, como el del conservador Presidente francs Sarkozy, que han tenido una posicin ms neutral y ms predispuesta a facilitar soluciones de tipo poltico al conflicto colombiano. No tiene una explicacin lgica, porque desde luego, en el terreno estrictamente diplomtico el Gobierno espaol est ya pagando un alto coste por ese posicionamiento y lo va a seguir pagando. El primer alto coste es que ha perdido ya la capacidad de interlocucin con la insurgencia, con lo cual Espaa est ahora mismo descalificado dentro de lo que se llamaba el Grupo de Pases Amigos para mediar o para facilitar cualquier tipo de acuerdo humanitario o cualquier tipo de proceso de paz en Colombia. Considerando que Espaa es de los dos primeros inversores extranjeros en Colombia, es una posicin realmente torpe la que ha venido manteniendo la diplomacia espaola al respecto, as como su falta de compromiso con la proteccin efectiva de las vctimas de la violacin de derechos humanos.

Las polticas de facilitar de alguna forma el reconocimiento y el blanqueo de las actuaciones de lvaro Uribe en toda Europa y, posteriormente, sus intentos de darle una ptina de democratizacin al rgimen con el presidente Santos, pone de manifiesto estas serias limitaciones, que ya son criticadas incluso en crculos diplomticos por toda la comunidad internacional como una muestra de absoluta torpeza.

Ahora mismo, el aval a Angelino Garzn que acaba de realizar el Gobierno espaol para su candidatura a la direccin de la OIT, es un aval que nace envenenado. La verdad es que Angelino Garzn tiene escassimas posibilidades de llegar a la Direccin General. Sera el fin de la OIT. Que a la Direccin General llegara el representante propuesto por el pas que ms sindicalistas tiene asesinados en el mundo, acabara con la propia Organizacin Internacional del Trabajo.

Entonces, que el Gobierno espaol haya llegado a tal nivel de anulacin de su papel de intermediacin y de interlocucin poltica en el conflicto colombiano, lo que nos lleva a pensar es que hay una excesiva supeditacin a los intereses de los Estados Unidos, olvidando y obviando el papel histrico que siempre ha jugado Espaa en Latinoamrica. Y desgraciadamente est perdiendo esa capacidad de interlocucin por una posicin sumamente ideolgica, conservadora y de connivencia con un rgimen que est vulnerando sistemticamente los derechos humanos y que, tarde o temprano, acabar adems ante la Corte Penal Internacional.

Hay un elemento preocupante en este mes tambin, que es toda la operacin de represin que se ha llevado a cabo contra los pescadores y campesinos que estn protestando contra el megaproyecto de desviar el Quimbo, en el Magdalena, un megaproyecto detrs del cual est la multinacional espaola Endesa y donde la fuerza pblica colombiana ha actuado como defensor de los intereses de la multinacional espaola, excedindose adems brutalmente en el uso de la fuerza.

Desgraciadamente, con el escenario de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, si es que llegan a entrar en vigor, que todo parece indicar que as va a ser, hay una reacomodacin en el escenario internacional respecto al conflicto armado interno colombiano. Ahora mismo la prioridad es que cada pas y, especialmente, Espaa- coloque en una posicin ventajosa a sus multinacionales, siendo adems muy conscientes de que esa posicin ventajosa solamente es posible en detrimento de los intereses de la poblacin, del medio ambiente colombiano y en base a un expolio sistemtico de las riquezas.

Hay ahora mismo una coincidencia absoluta por parte de todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia en que, aprovechando el cambio de estrategia de la guerrilla y la necesidad de elaborar un nuevo plan estratgico por parte de las Fuerzas Armadas, este plan estratgico que ya se est poniendo en prctica tiene como principal objetivo en este momento garantizar no solamente la entrada de las multinacionales de extraccin de recursos (mineros, agrocombustibles, acuferos) sino adems garantizar el desplazamiento de la poblacin de los territorios que va a explotar y blindar de alguna forma la actividad de estas empresas, de sus tcnicos y de sus trabajadores, que en muchos casos adems los territorios que albergan ms riquezas naturales y que hasta este momento han sido menos explotados coinciden con territorios histricos, bien de presencia indgena (resguardos) o bien de presencia guerrillera. Ese nuevo escenario militar tiene que ver con eso: con un combate a la insurgencia y con un desplazamiento de la poblacin indgena y campesina para garantizar la penetracin y el mantenimiento de las multinacionales extractivas de recursos naturales. Ese es un nuevo papel del Ejrcito, que se pone al servicio de intereses forneos, de intereses econmicos multinacionales y que no tiene ningn problema en ponerse al servicio de esos intereses, incluso en perjuicio de la propia poblacin civil, los habitantes de esos territorios, y adems vaciando absolutamente las riquezas colombianas.

De alguna forma, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio va a determinar la reorganizacin de las fuerzas militares colombianas en el marco del conflicto armado interno.

Teniendo en cuenta que las empresas espaolas tienen mucho que decir en cmo se distribuyen los fondos de la llamada Cooperacin al Desarrollo, cul es el papel que les queda a las ONGs de cooperacin espaolas y europeas, en ese marco?

Escassimo, porque adems, antes de que se anunciara el recorte de los fondos de cooperacin, ya con el anterior Gobierno, nuevamente, y luego continuado por supuesto con el Gobierno actual, comenz una nueva estrategia de elaboracin de planes estratgicos de cooperacin en cada pas, y en el caso de Colombia el peso fundamental del ltimo plan estratgico ya por primera vez no recay en las ONGs sino en las propias empresas multinacionales espaolas. Es sorprendente que la Cooperacin Espaola convocara a elaborar ese plan estratgico de cooperacin a las compaas multinacionales espaolas con presencia en Colombia y la propuesta que ellas realizaron fue el que posteriormente se present, para su conocimiento (no para su aprobacin) a las organizaciones de cooperacin espaolas que ya estaban presentes en Colombia, lo cual caus, adems de sorpresa, una importante condena por supuesto en estas organizaciones.

Es decir, la cooperacin espaola, al menos en Colombia y probablemente es una tendencia que se consolidar en otros pases- va a ser una cooperacin al servicio de la actuacin de las empresas espaolas, que de alguna forma va a ir dndoles cobertura e intentando blanquear y suavizar ante la poblacin afectada por sus desmanes, sus actividades econmicas. Los recursos econmicos de cooperacin no se van a aplicar a cumplir los objetivos del milenio o a acabar con problemas de desigualdad, sino, de alguna forma, a callar la boca de las poblaciones afectadas por los desmanes y por los destrozos ecolgicos, sociales y econmicos perpetrados por las multinacionales espaolas. Y todo ello, adems, de forma gratuita para las multinacionales, porque se va a hacer con los pocos fondos pblicos que se van a destinar a cooperacin, lo cual es realmente escandaloso.

Usted lleva muchos aos trabajando en la solidaridad y en la defensa de los derechos humanos en Colombia, de los refugiados colombianos, y me gustara tener su valoracin de este momento poltico y social que vive Colombia, donde ya son muchos los meses de movilizaciones de la poblacin colombiana, ganan fuerza los escenarios de articulacin del movimiento popular, y donde la guerrilla est haciendo gestos muy importantes.

Es un momento muy interesante en Colombia, porque adems hay un hartazgo de la poblacin civil respecto a las promesas sobre todo de los ocho aos del Gobierno de Seguridad Democrtica, las promesas de bienestar, paz y prosperidad que iba a alcanzar Colombia. Los sacrificios de la poblacin no solamente no han acercado esa situacin de bienestar, sino que la estn alejando. La protesta social se generaliza y se multiplica; ha habido claros intentos de desarticular la izquierda poltica cada vez que esa brecha social se ha ido acrecentando y, probablemente, una de las claves por las cuales el Gobierno y la oligarqua colombiana y buena parte de la comunidad internacional ponen multitud de dificultades a avanzar en un proceso de solucin poltica del conflicto es que saben que el resultado de esa solucin poltica del conflicto sera la articulacin de un amplio movimiento de izquierdas capaz de disputar democrticamente la hegemona poltica a los partidos tradicionales. Un escenario parecido a lo que ocurri en los aos 80 y 90 con la Unin Patritica y que acab, como conocemos, con su exterminio.

Si el movimiento popular colombiano es capaz de vencer esa dinmica; la insurgencia es capaz de forzar al Estado a sentarse a negociar y adems por primera vez en muchos aos, con esa voluntad que han venido manifestando en la insurgencia colombiana, las FARC y el ELN, de converger polticamente tanto en una negociacin con el Estado como en posteriores procesos polticos.

Todo eso sumado a la importante reorganizacin de los movimientos sociales, combativos, en la calle, y al movimiento que hay incluso en partidos polticos tradicionales, con surgimiento de disensos internos importantes en el seno del Partido Liberal, o la reorganizacin de las fuerzas de izquierda en torno al Polo Democrtico Alternativo, el escenario es difcil pero muy posible, de articulacin de un nuevo movimiento poltico, democrtico, que engarce bien con los cambios que est habiendo en toda Amrica Latina bajo la denominacin del bolivarianismo.

Las expectativas son buenas y todos los esfuerzos que el Gobierno colombiano hace para que fracasen las conversaciones de paz deben convertirse en esfuerzos por parte de la insurgencia y la izquierda colombiana para garantizar procesos de paz que hagan viable ese proceso y no slo disputen, sino que conquisten la hegemona poltica, para abrir caminos a la izquierda en Colombia desde el Gobierno.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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