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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-04-2012

Reforma del fuero penal militar
Un retroceso histrico para favorecer la impunidad

Prensa CAJAR
Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo

Es una verdad histrica probada e incontrovertible que la aplicacin del fuero penal militar en casos de violaciones a los derechos humanos, ha trado como consecuencia obligada la ms absoluta impunidad para sus perpetradores, la que a su vez ha estimulado la continuidad e incremento de dichas violaciones


La Constitucin de 1991, limit los alcances del fuero penal militar al establecer que de los delitos cometidos por la fuerza pblica en servicio activo, y en relacin con el mismo servicio conocern los tribunales militares. Claramente lo que quiso la Constitucin fue eliminar toda posibilidad que el fuero militar se ocupara de casos que no tuvieran relacin directa y funcional con el servicio de la fuerza pblica. En otras palabras, que las violaciones de los derechos humanos no podan ser conocidas por la justicia castrense, sino que stas caan en el mbito de conocimiento de la justicia ordinaria.

Sin embargo, y a pesar del claro espritu de esta norma constitucional, la justicia penal militar se sigui ocupando de casos que constituan graves violaciones a los derechos humanos. Incluso, El Consejo Superior de la Judicatura encargado de definir los conflictos de competencias entre la justicia militar y la ordinaria, -desconociendo el mandato constitucional- durante aos entreg de forma masiva los casos a los tribunales militares.

Mediante sentencia C-387 de 1997, la Corte Constitucional en providencia de innegable riqueza jurdica, estableci con toda precisin los lmites del fuero penal militar. Luego vinieron otras sentencias en el mismo sentido, as como de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, el Consejo Superior de la Judicatura asumi una tendencia favorable a entregar estos casos a la justicia ordinaria; no obstante, la justicia castrense ha continuado conociendo muchos casos que constituyen claras violaciones a los derechos humanos.

As mismo, la Comisin y Corte Interamericana de manera reiterada han sido enfticas en esta materia, al punto de considerar acertadamente que la justicia penal militar no constituye un tribunal de justicia imparcial ni independiente, ni eficaz. De hecho, los recursos internos se consideran agotados cuando la investigacin por un caso de graves violaciones de los derechos humanos es asumida por la justicia castrense.

En el ao 1995, se produjo una reforma constitucional que consisti en imponer que los tribunales militares fueran integrados por miembros de la fuerza pblica en servicio activo o en retiro. Esta reforma al fuero establecido en la Constitucin de 1991, fue impulsada por el estamento militar con el fin de asegurar que los militares sean juzgados por sus pares.

En el ao 1999, se aprob un nuevo cdigo penal militar que expresamente estableci que en ningn caso pueden considerarse como delitos relacionados con el servicio la tortura, el genocidio y la desaparicin forzada de personas. Sobre las dems violaciones a los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, el cdigo guard extrao silencio.

La reforma del ao 2000, introdujo en el cdigo penal un capitulo relacionado con delitos que constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario, es decir, que los delitos y crmenes de guerra tambin quedaron expresamente ubicados en el mbito de la justicia ordinaria.

Muy a pesar de contar con una legislacin y jurisprudencia favorable a la justicia ordinaria, an la justicia penal militar conoce de casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, los cuales estn condenados de antemano a la impunidad. Categricamente y sin ningn temor a equvocos, hay que decir que la historia ha demostrado que la justicia castrense no ha sido un tribunal eficaz en estos casos. Al contrario, la historia es contundente al indicar que dicha justicia es fuente principalsima de impunidad.

Por ejemplo, hace apenas 4 meses, la justicia penal militar absolvi de toda responsabilidad a los militares que mataron al estudiante universitario MANUEL FORIGUA, muy a pesar de que la evidencia probatoria y testimonial indicaban que este joven haba sido arbitrariamente detenido por una patrulla militar durante varias horas, junto con numerosos jvenes en el municipio de Soacha, y luego asesinado por la espalda cuando la vctima tom la fatal decisin de huir de sus captores. Los militares alegaron falsamente que el joven huy cuando lo requirieron para una requisa y que dispararon en defensa propia porque quien hua intent dispararles con un changn que portaba, arma que como se sabe, es demasiado grande para llevarla oculta. Los testigos fueron enfticos en afirmar que haban visto a la vctima en poder de los uniformados y que en efecto no tena arma alguna consigo. Los testigos que lo vieron huir confirmaron que el joven era perseguido por unos militares armados de fusil y que la vctima no llevaba arma consigo. Mataron a un joven inocente y humilde pero lleno de sueos, con todo un porvenir por delante, y sus verdugos quedaron listos para los ascensos, como suele premiarse a quienes resultan comprometidos en graves violaciones de derechos humanos.

Las vctimas acuden a la colisin de competencias para lograr que sea la justicia ordinaria la que tome sus casos. Es verdad que la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos tambin impera en la justicia ordinaria, pero al menos, all hay una mayor posibilidad y esperanza de conocer la verdad y obtener un hlito de justicia. No resulta extrao que las vctimas y sus representantes por no confiar en la justicia castrense y por exigir justicia, reciban un trato indigno e intimidante en estos despachos, tal como recientemente le ocurri a un ciudadano cuando se aprest a radicar una colisin de competencias para que la justicia ordinaria asumiera el caso.

Las miles de ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como falsos positivos que se llevaron a cabo durante los dos periodos de gobierno del presidente ALVARO URIBE VELEZ, los resultados en las investigaciones por las desapariciones forzadas en el Palacio de justicia, entre otros casos, estimularon la consigna de fortalecer el fuero penal militar, precisamente cuando actualmente se hallan varios centenares de militares procesados por la justicia ordinaria como responsables de estos atroces crmenes. Aunque los mximos responsables siguen gozando de impunidad, la obligacin de la Fiscala es hacer que la justicia los alcance.

Ahora, se levantan voces furibundas acusando a fiscales y jueces de hacer guerra judicial y a los representantes de las vctimas de hacer guerra jurdica. La bsqueda de justicia y de lucha contra la impunidad reciben esos calificativos. Consideran que los responsables de esas masivas y sistemticas ejecuciones, son vctimas y no victimarios. Afirman sin rubor alguno, que procesar a los militares produce desmoralizacin de la tropa. En verdad, lo que debiera desmoralizar a la tropa es la comisin de estos crmenes, por ser contrarios a su mandato constitucional, por constituir delitos que son verdaderos crmenes de lesa humanidad. Quines corean improperios de desprestigio contra fiscales, jueces, vctimas y defensores de derechos humanos estn convencidos que la impunidad le sirve a la democracia y a la institucionalidad, mientras que la justicia y la lucha contra la impunidad la entienden como una terrible amenaza contra las mismas. El mundo al revs, dira el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

El empeo de fortalecer el fuero penal militar, a travs de reformas legales o constitucionales, tiene objetivos claros pero no declarados, aunque muy evidentes: Lo que se quiere es impedir que la justicia ordinaria se ocupe de investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos en que incurre la fuerza pblica y que los mismos sean asumidos por la justicia castrense. Lo que se pretende es la excarcelacin masiva de los militares detenidos o condenados por la justicia ordinaria. Se busca paralizar todas las investigaciones que seguramente pondran tras las rejas o vincularan penalmente a otros centenares de uniformados comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos. Se quiere crear un clima favorable para producir incluso, posibles amnistas e indultos que priven a la sociedad y a las vctimas del derecho a conocer la verdad y obtener justicia. Finalmente, se quiere tambin desacreditar e intimidar a la justicia ordinaria, a las vctimas y sus representantes legales para facilitar el camino hacia reformas tremendamente regresivas.

Consideramos que la Constitucin y la jurisprudencia nacional e internacional han trazado claros criterios en relacin con la aplicacin del fuero penal militar. Por eso, es contraproducente que en una reforma se enumeren los delitos que quedaran cobijados por el fuero, as como tampoco resulta conveniente enumerar los delitos que quedaran excluidos del fuero. Cualquiera de estas frmulas resulta precaria y altamente inconveniente para la justicia y la lucha contra la impunidad. La situacin es sencilla: en ningn caso de violaciones de derechos humanos es aplicable el fuero penal militar, punto!. Ni genocidios, ni masacres, ni ejecuciones extrajudiciales, ni torturas, ni desapariciones forzadas de personas, ni desplazamientos forzados, ni actos de violencia sexual, ni ninguna otra violacin de derechos humanos puede ser investigada o juzgada por tribunales militares.

Tampoco resulta polticamente correcto ni ticamente presentable que la defensa de militares responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos sea patrocinada con recursos pblicos. Los militares que atacan los cimientos de la sociedad, no pueden ser defendidos con recursos provenientes de esa misma sociedad afectada en sus ms profundos cimientos.

El fuero penal militar tampoco puede ser extendido a la ejecucin de medidas privativas de la libertad. En otras palabras, las instalaciones de la fuerza pblica y de los organismos de seguridad del Estado no pueden ser destinados como lugares de reclusin de agentes del Estado acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos. El Estado cuenta con crceles y prisiones de mxima y alta seguridad que garantizan un efectivo cumplimiento de las medidas privativas de la libertad, al mismo tiempo que ofrecen las garantas suficientes para que se respeten sus derechos fundamentales.

De hecho, el uso de instalaciones militares como sitio de reclusin han demostrado ser un verdadero fracaso y una burla abierta a la justicia y la sociedad. Resultan contundentes tres ejemplos: Primero, es numerosa la lista de militares que se han fugado de sus sitios de reclusin cuando sienten que no pueden escapar a la accin de la justicia; Segundo, militares condenados por el crimen del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, fueron sacados del batalln que les serva de crcel para cometer asesinatos, incluso de oficiales del propio ejrcito; tercero, los violadores de derechos humanos presos en instalaciones militares gozan de grandes privilegios, pues entran y salen como Pedro por su casa, no les aplican el rgimen carcelario o penitenciario, tienen negocios en el exterior de los batallones que les sirven de crcel, y hasta programan vacaciones con playa brisa y mar. Basta recordar el reciente escndalo de TOLEMAIDA RESORT, que envolvi a reconocidos violadores de derechos humanos, quienes tomaron su lugar de reclusin militar como lugar para hacer fiestas, francachelas y comilonas, y otros delictuosos excesos. Los violadores de derechos humanos que purgan las condenas en las crceles, realmente no son sometidos a controles reales ni eficaces, ni a reglamento carcelario serio. Recurdese que a funcionarios del INPEC les impidieron entrar en TOLEMAIDA RESORT cuando quisieron verificar lo que ocurra en sus entraas.

Lo ms preocupante, es que permitir que violadores de derechos humanos cumplan medidas privativas de la libertad o purguen penas de prisin en instalaciones militares o agencias de inteligencia, constituye un verdadero peligro para la sociedad, las vctimas y sus representantes, pues desde all pueden trazarse planes en su contra, dado el privilegiado status y poder de que gozan en ellas. Casos se han visto, como el ocurrido con los verdugos del senador Manuel Cepeda Vargas.

Al Estado de Derecho, le conviene que las graves violaciones a los derechos humanos no queden en la impunidad. La sancin de los responsables de estos crmenes es una obligacin ineludible del Estado. La justicia fortalece las instituciones, mientras que la impunidad las debilita, a la vez que estimula la continuidad de los crmenes.

Urge, desistir de la reforma que pretende volver atrs en el tema del fuero penal militar. Urge tambin, retirar del congreso la reforma a la justicia que en nada contribuye a su fortalecimiento.

El gobierno debiera ser drstico en la defensa de los avances hasta hoy alcanzados, antes que liderar reformas abiertamente retrogradas y perjudiciales a la independencia y autonoma de la rama judicial. La sociedad debe oponerse con firmeza a las reformas propuestas. Los medios de comunicacin deben advertir sobre las nefastas consecuencias que para la democracia, para la verdad y la justicia traen esos gigantescos pasos atrs.

Finalmente, si esas reformas y la impunidad se imponen, el mismo Estado estara abriendo de par en par, las puertas para que intervenga la Corte Penal Internacional. Entonces, lo ideal es que la justicia colombiana cumpla con sus obligaciones. Por eso, antes que atacar a fiscales y jueces que se atreven a investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos, es preciso apoyarles en esa cara misin. Hoy da, es un imperativo poltico y tico fortalecer la autonoma y la independencia de la rama judicial, antes que insistir en su sometimiento a otras ramas del poder pblico. En aras de este objetivo, hay que empezar por retirar la reforma a la justicia que cursa en el congreso, y por supuesto, desistir de toda reforma regresiva en el tema del fuero penal militar. Mantener este malhadado empeo, constituye un verdadero desafuero.


Fuente: http://www.colectivodeabogados.org/Reforma-del-fuero-penal-militar-Un



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