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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2012

El caso del periodista Langlois. Las FARC deben aclararse
Guerra, derecho, semntica y dislexia

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


I. Unas pautas para valorar un hecho azaroso

Pese a la contradiccin radical entre cmo se ejerce el periodismo dominante y el deber ser de los profesionales de la comunicacin, ayer 3 de mayo, cuando se celebraba el da internacional de la libertad de prensa, un autentico deseo fue expresado: la pronta liberacin del periodista francs Romo Langlois. Fue el anhelo, por ejemplo, de Colombianas y Colombianos por la Paz, como de muchos otros sectores que, precisamente, la mayora de las veces, son mal tratados y sufren, por no tener poder y medios, las consecuencias de una venenosa y sesgada informacin manipulada por empresas privadas y sus crculos, dirigida a un pblico enajenado. Esto es todava ms grave en un pas en guerra, como Colombia.

Langlois, el sbado 28 de abril, hace cinco das, estaba con militares, en medio de un enfrentamiento, no de palabras, sino militar, usando prendas militares, con el riesgo de ser muerto, de ser herido (como al parecer lo est en un brazo; aunque ya la guerrilla al parecer reporta su buen estado de salud) o de ser capturado. Eventos que el derecho de guerra prev y regula. De ah que siendo no un militar sino un periodista en misin profesional peligrosa, le protege o blinda un estatuto, una cierta inmunidad, en tanto persona civil (artculo 13 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949), gozando adems de las consideraciones especficas que ataen a su condicin y labor de periodista profesional.

Hay por ello un debate hoy mismo, fruto de las tergiversaciones, parciales informaciones y del silencio que en parte cubre este hecho, circulando posicionamientos y anlisis para definir que Langlois debe ser tratado con absoluto respeto y que sus derechos como persona civil deben en consecuencia ser salvaguardados, descartando que sea un prisionero de guerra. Pueden consultarse en Internet, por ejemplo, adems de las declaraciones de entes oficiales, los trabajos de la Revista Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre otros organismos, que pueden servir de base para establecer criterios, especialmente el escrito de Hans-Peter Gasser, como Jefe de la Divisin Jurdica del CICR (http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm8f.htm), o en la misma Revista el estudio de Alexandre Balguy-Gallois, tambin traducido a varios idiomas. Los ensayos sobre este tema abundan, ms cuando se ha tratado recientemente el tema en foros internacionales, como en 2007 en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (ver tambin las entrevistas a Robin Geiss, experto jurdico del Comit Internacional de la Cruz Roja, en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm y a Antonella Notari, jefa del proyecto del CICR sobre la proteccin conferida por el Derecho Internacional Humanitario a los periodistas que realizan misiones profesionales en conflictos armados, en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/79clz7.htm). Son aportes conceptuales valiosos, que despejan dudas, que hacen precisiones apreciables, pero que tambin ratifican lo relativo, los vacos, las contingencias o eventualidades en esta materia.

Partiendo del examen de normas del Protocolo I, aplicable en conflictos armados internacionales, pero a ser tomadas en cuenta en funcin de garantas de proteccin, seala Gasser que si un periodista sigue muy de cerca a una unidad militar, puede perder, no su derecho a la proteccin que le confiere su estatuto de persona civil, sino su proteccin de hecho. Ya no podr prevalerse de la proteccin que le es debida, pues dicha unidad es un objetivo lcito de ataque para el adversario (a no ser que la norma de la proporcionalidad prohba el ataque - art. 51, prr. 5 b). El periodista acta, entonces, por cuenta y riesgo propios. Se aplica el mismo razonamiento por lo que atae al periodista que se aproxime a objetivos militares. En este caso, renuncia a la proteccin de facto que le es debida.

Expresa el comunicado pblico de Colombianas y Colombianos por la Paz: De acuerdo con el derecho internacional humanitario, Romo efectuaba una misin profesional peligrosa en una zona de operaciones militares. Su participacin cerca a una unidad militar coloc en riesgo su condicin de civil y la proteccin que le confiere dicho estatuto. Segn el derecho internacional humanitario en razn de la existencia de este conflicto armado esta unidad militar es un objetivo licito de ataque para el adversario. De esto se deduce que Langlois, acto por cuenta y riesgo propio, asumiendo, seguramente, las condiciones que una de las partes indic para realizar el registro noticioso.

II. Lo ocurrido y una hiptesis

Ahora bien, pongmonos un momento en la misma situacin, pero sucedida en el bando contrario, pues, como se sabe desde hace dcadas, muchsimos, por no decir cientos de periodistas, han ido a entrevistar a decenas de comandantes guerrilleros. Muy pocas veces les han acompaado en operaciones de guerra. Casi siempre sus tareas han sido las relacionadas con reportajes desde los campamentos y reas de control de la insurgencia, documentando su vida, sus vnculos con la poblacin, sus ideales, su organizacin, sus cambios. Imaginmoslo un minuto, pues del mismo modo podra haber ocurrido: un periodista sigue a la guerrilla en una de las tantas operaciones irregulares (lo que es propio de un ejrcito irregular, como es la guerrilla, en una guerra asimtrica), vestido con prendas militares o de civil (como es propio en un ejrcito irregular o de partisanos) y se halla ah comprometida su vida, en medio del fragor de un combate. El ejrcito gubernamental colombiano est en la obligacin antes de disparar, de ir y pedir a cada uno de los que estn apostados disparando del otro lado su carn de identidad, y preguntar de antemano su profesin y nacionalidad? La respuesta la conocemos. Tampoco es una obligacin para la guerrilla.

Siendo un periodista, sabe que corre especial peligro, lo cual no autoriza a nadie a hacerle o a inducir ningn tipo de dao. Pero este principio y su rigor deben ser vistos sin distorsin: deben valorarse en el contexto de movimientos donde, de entrada, el principio de distincin entre poblacin combatiente y no combatiente est desdibujado por el hecho circunstancial, no fijo, no slo de integrar de facto una unidad militar, en este caso en marcha en un cuadro de hostilidades en una zona de guerra, coordinando con mandos de un bando su presencia y papel, sino de llevar prendas de signo, uso o apariencia blica que en dicho mbito pueden normalmente ser confundidas o asumidas con las que utilizan los militares regulares que s estn en combate.

Segn informaciones de prensa, y no hasta ahora algn comunicado pblico oficial y veraz de la comandancia de las FARC, Langlois habra sido considerado por los insurgentes como prisionero de guerra. Eso dicen los medios. Salvo que se tenga prueba de que es un agente activo de las fuerzas militares, que participaba en las hostilidades, o que cumpla una labor homologada a la funcin blica, es un error que sea calificado de prisionero de guerra por la insurgencia, aunque el equvoco de hallarse entre la tropa y vestido como si fuese un miembro de sta, pudiera hacer pensar en ese primer momento que era un militar, con lo cual acertada y provisionalmente la guerrilla s podra calificarlo de tal. Mxime cuando las fuerzas militares colombianas en sus estrategias han incurrido no slo en la falsificacin o empleo criminal de smbolos del Comit Internacional de la Cruz Roja, sino tambin (recurdese la operacin de rescate de Ingrid Betancourt y otras personas, entre ellos tres mercenarios estadounidenses) en la adulteracin de emblemas e imgenes de medios de comunicacin, hacindose pasar los militares o policas como periodistas. Son decenas de casos en los que as actan las fuerzas de seguridad del Estado: desde sicarios paramilitares para matar a defensores de derechos humanos hasta integrantes de cuerpos lite y de inteligencia para consumar su perverso oficio.

Por lo que parece, Langlois no puede ser un prisionero de guerra. S era el caso de los diez (10) militares y policas capturados en combate por las FARC, liberados como gesto unilateral de paz hace un mes, el pasado 2 de abril de 2012. Y puede ser el de futuras retenciones, pues prisionero de guerra es todo combatiente que, en el transcurso de un conflicto, como el que vive Colombia, cae en manos del adversario, o sea que es materialmente neutralizado o privado de libertad, y no muerto, en ese contexto de enfrentamiento, teniendo directa o indirectamente el derecho a un estatuto especial, a un trato distinto de un preso comn, en razn del conflicto armado. Lo acontecido pas como un combate de esa guerra en Colombia, donde segn las primeras declaraciones del ministro francs de Asuntos Exteriores, Alain Jupp, Langlois fue hecho prisionero. Recordemos: vestido antes con prendas militares en pleno cruce de disparos, mientras caan combatientes de lado y lado, tal y como lo han relatado soldados all presentes.

III. La dislexia de sus seoras

Se le llama dislexia a la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensin correcta, teniendo ello consecuencias en el aprendizaje, en el entendimiento y por lo tanto en las relaciones con los otros cuando comunicamos. Ms si esa comunicacin tiene que ver con las verdades de la guerra y con las posibilidades de la paz. Es un problema que al menos sufren dos ministros, uno francs y el otro un colombiano, adems de muchos que hacen propaganda de la estrategia contrainsurgente, como Jos Miguel Vivanco, director para las Amricas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Como l tambin otros repetidores, para negar con sus amaadas opiniones, espacios de reconocimiento justo, de dilogo y de solucin democrtica del conflicto colombiano.

Segn Vivanco, "la decisin de las Farc de mantenerlo en cautiverio es una total y flagrante inconsistencia con la promesa unilateral formulada recientemente por los lderes de este grupo de liberar a secuestrados y abstenerse de recurrir en esta prctica criminal". Adems, dice la ONG, se trata de "un examen muy importante que servir para verificar qu tan genuino fue el anuncio o si se trat simplemente de un hecho propagandstico" (http://www.eltiempo.com/justicia/presunto-secuestro-de-periodista-frances-en-colombia_11699061-4).

Pinzn, el ministro colombiano de Defensa, afirm que, de acuerdo a informacin dada por los soldados, durante el combate el periodista francs, que portaba chaleco antibalas y casco blindado, qued herido en un brazo. Explic que en medio de la tensin seguramente tom la decisin de quitarse el chaleco y el casco militar, y manifestar que era de la poblacin civil para desplazarse al rea desde donde disparaban los guerrilleros. Es claro. Al verse herido, el reportero francs se despoj de esos elementos y corri hacia los guerrilleros. Su inteligencia, la de Langlois, no est en duda. Quiz fue la mejor eleccin, en medio de un combate, para que no slo se le reconociera como no militar, para que pudiera identificarse ante los rebeldes que atacaban, sino para que se le atendiera rpidamente y se le pusiera a salvo de ms consecuencias negativas de las operaciones militares.

Ha demostrado Longlois ms inteligencia, y probablemente ms tica en su labor (pues no es el caso de que estuviera realizando un trabajo de mera propaganda contrainsurgente), cumpliendo con un horizonte deontolgico, no como muchos comentaristas acostumbrados a mentir, a desinformar, a opinar torciendo la verdad, a promover engaos. Me refiero a lo que ya se dice por doquier usando este hecho, la entrega y retencin accidental de Langlois, para sembrar ms confusin y ensaamiento, a fin de cerrar toda puerta a un dilogo de paz con las organizaciones rebeldes FARC y ELN. Desde el gobierno francs hasta el colombiano, pasando por un circo variopinto de quienes usan y manosean puerilmente la declaracin de las FARC del 26 de febrero de 2012, para decir que de nuevo esa guerrilla est mintiendo al pas y al mundo.

Qu dijo ese da las FARC? Afirm esta guerrilla lo siguiente: Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la poblacin civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba [se refieren a las liberaciones de prisioneros], anunciamos tambin que a partir de la fecha proscribimos la prctica de ellas en nuestra actuacin revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del ao 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quines y con qu propsitos secuestran hoy en Colombia.

Qu deca o dispone esa ley 002?: Art. 1: Cobrar el impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurdicas, cuyo patrimonio sea superior al milln de dlares USA / Art. 2: a partir de la fecha [marzo de 2000], los cobijados por esta ley, deben presentarse para cumplir esta obligacin. Un segundo llamado aumentar el monto del tributo / Art. 3: quienes no atiendan este requerimiento, sern retenidos. Su liberacin depender del pago que se determine (Ver entre varias fuentes de esa ley la pgina http://www.resistencia-colombia.org/).

Por consiguiente, no se est mintiendo por parte de las FARC, y s nos estn timando quienes no se han tomado el trabajo de leer bien al menos por cinco minutos un par de pginas, o quienes nos quieren hacer creer, aparte de que otros lectores somos estpidos, que la guerrilla se comprometi, con lo que dijo el pasado 26 de febrero, a nunca ms retener a persona alguna por motivo alguno.

Eso creo que es falso. Los que nos remiten a la palabra de las FARC, dndole ahora s valor a una declaracin unilateral, diciendo que la incumplen, y que de nuevo nos miente la insurgencia, deben repasar los textos atrs citados escritos por la propia guerrilla, palabra por palabra, sin inventar nada que los rebeldes no han dicho, y esforzarse como contradictores por superar los problemas de la guerra y el derecho, o de semntica y dislexia, presentes en sus esquemas.

La de Langlois no es una retencin por motivos econmicos o financieros. Es lo que se interpreta con una lectura pausada y apenas un poco objetiva y desdramatizada, contrastando unos textos y unos hechos. No se requiere ser muy listo para ello. No hay mentira, a menos que las FARC lo aclaren as y se aclaren, es decir que nunca ms retendran o detendrn a nadie por ningn motivo (lo cual es un imposible categrico de acuerdo, entre otras nociones, al estatuto del combatiente).

Deben aclararlo para que otros podamos calificar y enmarcar correctamente sus actuaciones no slo militares, sino polticas y hasta jurdicas. Pues es su derecho innegable tener su juridicidad; actuar consecuentemente con ella, como sea sta; construir coherencias ticas; transformarse y transformarla; hacer renuncias o derogaciones como las que ya hizo (dejar de retener por razones financieras, de impuestos de guerra o econmicas a civiles), y es su obligacin aclarar-nos si subsiste la retencin por otras razones, como pueden ser ocasionalmente las que conciernen a motivos polticos y jurdicos (por ejemplo en otro tiempo la captura y sancin de empresarios y polticos corruptos, o como en el pasado tambin de paramilitares y otros criminales).

IV. La juridicidad insurgente y la aclaracin / caracterizacin del conflicto

Hasta ahora las FARC no han dicho que desconocen lo que en el derecho de los conflictos armados, bsicamente derecho de guerra y derecho humanitario, es una elemental ratificacin o figura que atae al estatuto del combatiente y de manera derivada a la proteccin de los prisioneros de guerra, trmino que se usa en principio para los conflictos armados internacionales, pero que se entiende extendida por un compromiso garantista en congruencia con la jurisprudencia y la doctrina ms progresistas, humanitarias y humanistas, junto con esfuerzos y propuestas de armonizacin legal internacional, en aras de la proteccin de derechos y de garantas que de hecho deben ser las mismas para todo tipo de combatientes, excluyndose de su beneficio a los espas o mercenarios.

El citado ex Jefe de la Divisin Jurdica del CICR, Hans-Peter Gasser tambin anotaba: hay que insistir en la siguiente presuncin: el periodista acta dentro de los lmites que se le asignen, hasta prueba de lo contrario. Si rebasa esos lmites, se expone a que lo acusen de espionaje. Contina la autorizada obra de Gasser: Qu decir de la proteccin del periodista en misin peligrosa, en caso de conflicto armado no internacional? El derecho aplicable a los conflictos internos, a saber el articulo 3 comn a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo II, no se refieren para nada al periodista, lo que no justifica que se prive al periodista en misin profesional peligrosa, que se abstenga de todo acto de hostilidad, de la proteccin debida a las personas civiles. Teniendo en cuenta distintas modalidades, segn las categoras de conflictos armados, es necesario aplicar, all donde sea posible, conceptos idnticos

Asevera Gasser ms adelante al estudiar el evento del periodista que es privado de la libertad por una de las partes contendientes: El derecho de los conflictos armados no internacionales es poco explcito a este respecto: se estipulan slo garantas de trato: todo detenido debe ser tratado humanamente, sin distincin desfavorable. En el Protocolo II, se desarrolla este ncleo del artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra. Pero el derecho aplicable en caso de conflicto armado interno es poco til por lo que atae a una detencin que se considere injustificada o excesiva. El Gobierno que luche contra rebeldes aplicar la propia legislacin, a menos que opte por expulsar a un periodista no grato, sbdito de un tercer Estado. Los rebeldes procedern de la misma manera. Ambas partes siempre debern respetar las normas de procedimiento en vigor y, al menos, un mnimo de trato debido a los detenidos, como exigen las consideraciones humanitarias.

Volviendo a la probable confusin de las FARC o a la denominacin temporal que dicen hace la guerrilla de Langlois como prisionero de guerra, al estar desarrollando su labor en esos momentos acompaando a un bando (el ejrcito gubernamental), con las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya conocidas, esgrimidas por la insurgencia legtimas y posibles razones de seguridad, una vez superada esa fundada sospecha, ya no es admisible asimilar como militar a Langlois y por lo tanto no es de recibo que sea un prisionero de guerra. Una vez se ha entregado l mismo para identificarse, al no existir otra evidencia que la de ser un periodista en misin profesional peligrosa, defendido ahora que es tal y siendo notorio para qu medios franceses trabaja, as como su trayectoria, su condicin es clara y rotunda, ante todos: la de un civil, es decir que se le debe proteger como tal y buscar su liberacin cuando las condiciones sean seguras para ello.

No es entonces Langlois un secuestrado. l se entreg a una parte contendiente en busca de menor exposicin transitoria y probablemente buscando algn tipo de proteccin, siendo atacada por esa parte contraria la unidad militar que acompaaba. Por supuesto no es una persona secuestrada por razones econmicas, que es lo que asegur las FARC quedaba suspendido del conjunto de sus prcticas. Tampoco es un prisionero de guerra, como queda sealado con los elementos jurdicos y acadmicos aproximados en el debate. Su libertad debe entonces abrirse camino de la manera ms pronta y segura, sobrepasadas las razones provisorias de seguridad.

Debe intentarse aprender y de nuevo esta experiencia es aleccionadora, para que no haya ms equivocaciones que puedan resultar en graves efectos a la vida e integridad de las personas civiles que cumplen su labor en un pas en guerra, as el gobierno se empee en negar en la prctica no slo el conflicto armado, aunque demaggicamente diga que lo reconoce, y as se empee en negar los estatutos correspondientes no slo al adversario, o sea a la parte contendiente que denominamos insurgencia, no una organizacin terrorista , sino el propio estatuto de proteccin de los no combatientes que les es obligatorio respetar a las partes enfrentadas.

Lo que parece evidenciarse en ante todo un problema semntico, por intereses polticos e ideolgicos, y no una dislexia que sufra Santos y su ministro Pinzn, extensiva a otros gobiernos y entidades que en esplndida ignorancia, pobre repeticin o penosa manipulacin dicen sin ms lo que les indican o desean caprichosamente recalcar para hacer propaganda y desacreditar cualquier gesto de paz o humanizacin proveniente de la guerrilla.

Es necesario caracterizar el conflicto armado asimtrico, comprobar sus rasgos, las matrices enfrentadas, las posibles intersecciones regulativas, los posibles puentes de entendimiento, acuerdos o pactos. Ver qu estatuto tienen determinadores y beneficiarios del conflicto, por ejemplo, como las empresas extranjeras que financian operaciones militares gubernamentales y paramilitares, que se han visto implicadas en violaciones a los derechos humanos y de los pueblos. El Estado para ello prepara su juridicidad, mecanismos, alianzas e instituciones de articulacin e impunidad.

La guerrilla debe igualmente declarar qu de su normatividad sigue vigente, por ejemplo en relacin con la retencin de personas, acontezcan de una u otra forma, en el marco del conflicto social, poltico y armado.

Su derecho no slo es en general a la rebelin o a la resistencia, y para su ejercicio la necesidad de unos lmites. Debe concretar la guerrilla responsablemente unos contenidos, de su derecho a una juridicidad de base, sin que de ningn modo se le pueda exigir en sana lgica que acoja la de su enemigo, contra cuya institucionalidad lucha, sino la propia; una normatividad que le aclare y que aclare a la poblacin y a terceros hasta dnde y de qu manera van a proceder las fuerzas rebeldes, establecidas unas obligaciones especficas, unos procedimientos, unas reglas. Sabemos que las tienen, por su propia vocacin de construccin de poder, por su ideologa, por su tradicin de regulacin, porque se lo demanda su entorno, inclusive en las ms arduas y complicadas condiciones de la guerra, quede el tiempo que quede de esa confrontacin que puede durar todava muchos aos.

Deben aclararse y aclarar las insurgencias el derecho que construyen, para acreditar as lo que otros ya sabemos, que es su estatuto no slo jurdico sino poltico y tico: el de organizaciones alzadas en armas contra un rgimen anti-democrtico, conminado a dialogar hoy el gobierno de Santos, que no quiere sino arrasar y derrotar al oponente, haciendo propaganda de su triunfo utilizando todos los medios a su alcance. Incluso usufructuando la convulsin e infortunada vicisitud de un periodista cuya situacin demuestra, una vez ms, la necesidad de regular la guerra y de construir una digna salida poltica negociada que posibilite doblegar el espanto que ha vivido el pueblo colombiano.

(*) Carlos Alberto Ruiz es Doctor en Derecho, autor de La rebelin de los lmites. Quimeras y porvenir de derechos y resistencias ante la opresin (Ediciones Desde Abajo, Bogot, 2008).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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