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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2012

No importa la gente, importan otras cosas en el caso San Andrs

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


Para nosotros la patria es Amrica, sentencio Bolvar en 1826 y convoc a formar de todo el mundo nuevo una sola nacin, con un solo vnculo que ligara sus partes entre s y con el todo. Bolvar propenda por ver formar en Amrica la ms grande nacin del mundo, menos por su extensin y riquezas que por su libertad y gloria. Logr comprender a profundidad que slo por la libertad de todos los pueblos poda forjarse la propia libertad y que slo pensando en trminos continentales podra desarrollarse nuestra Amrica y que no es posible construir un pas libre en un continente sometido.

Hoy Amrica sigue siendo un nuevo mundo pero con la su grandeza fragmentada, sometida al arbitrio de las certificaciones de derechos y las listas de amigos o enemigos que emiten los Estados Unidos. Los gobiernos han cambiado el inters de la nacin por el inters de la globalizacin del capital y S an Andrs, Providencia, Santa Catalina y los cayos que conforman un archipilago en el caribe son un buen ejemplo para indagar por las posibilidades de una americana unida por sus propios intereses, no dividida por los mandatos del capital. El archipilago contiene parte de la memoria perdida de sus esclavos, de sus rituales, de sus modos de vivir borrados por el paso del capital y de la guerra, de la llegada de contrabandistas y narcotraficantes, por el olvido de todos los gobiernos. Antes del archipilago, cien aos atrs, un pedazo de la gran patria americana representada por Panam fue desmembrada de Colombia y convertida en una caricatura de repblica soberana, sometida por el imperio a la condicin de territorio libre para el paso de mercancas de un lado del mundo al otro, de fortaleza ideal para formar a los mejores dictadores, torturadores y exponentes de la guerra sucia en la escuela militar de las Amricas y en un maravilloso paraso financiero. Formacin para la guerra y enclave financiero han caminado juntos durante un siglo en el pequeo espacio territorial. Cuando Panam fue arrebatada no haba organismo alguno de litigio internacional que impusiera una ley, haba solamente dispositivos de guerra que impusieron la fuerza del ms poderoso, nadie reclam. Hoy ante la decisin de la Corte Internacional de Justicia el estado colombiano pretende poner al pas a hablar de la guerra internacional y ocultar el desangre interno que no cesa mientras se habla de la paz como salida.

Del anhelo de convivencia luego del cruel impacto provocado por la barbarie nazi surgieron como mecanismos de arbitramento las cortes de justicia y los tribunales internacionales con capacidad de maniobra ante la injusticia y orientadas a evitar salidas de guerra a conflictos entre pases, especialmente ante la amenaza latente de reconquistar o descolonizar territorios. Mas all de considerar su funcionamiento o calificar sus decisiones las cortes son un resultado de las apuestas por la paz, representan una estrategia de dialogo para superar y dirimir conflictos mediante litigio y no con el ruido de las armas y los estados que han suscrito los pactos de derechos de los pueblos, pero adicionalmente los tratados especficos de respeto y reconocimiento de la jurisdiccin de las cortes no pueden alentar la guerra sobre la diplomacia. Desacatar sus fallos o sencillamente crear confusin sobre su acatamiento, desestimar las decisiones o justificar verdades a medias para omitir su cumplimiento aparte de irresponsable crea sospechas de los reales motivos del desacato, pero a la vez enva un mensaje de cierre a las puertas del litigio e invocacin a la resolucin de controversias hacia adelante por va de la confrontacin. Desacatar u omitir un fallo de la corte pone en cuestin el carcter civilista de un estado y deja en evidencia su espritu blico, seala como horizonte la guerra, produce inseguridad jurdica y tiende a provocar desconfianza sobre el uso de herramientas jurdicas en mltiples aspectos. Sobreponer la fuerza de los hechos a las razones del derecho, en nada beneficia la consolidacin del estado de derecho y amenaza a la misma mesa de conversaciones de paz entre el estado y la insurgencia. Declarar el desacato al derecho internacional y declarar que la corte es el enemigo (como lo hizo la canciller colombiana), resulta lesivo para cualquier salida que pretenda ser negociada, pone en claro el talante de fraude de la clase en el poder cuando las cosas no resultan conforme a sus intereses.

El desacato del fallo deja ver tambin un inters poltico que puede ser ms relevante que todo lo dems, se trata de poner a la sociedad colombiana en contra de las decisiones del derecho. Esta iniciativa resulta especialmente favorable al expresidente Uribe y a su equipo de gobierno, (muy activos en convocar al desacato, al desprestigio de la corte y la inutilidad del derecho, abogando por declarar la guerra a quien sea). Uribe es observado de cerca por otras cortes internacionales tambin de justicia como la Corte Penal Internacional, que resultaran paralelamente invalidadas al emitir un juicio de condena contra l. Las cortes que miran a Uribe y su gobierno lo hacen por demandas sobre asuntos de responsabilidad criminal del estado de profunda importancia como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que las mismas cortes internacionales ya han calificado como poltica de estado, el bombardeo en territorio extranjero, referido al caso Ral Reyes en ecuador, las fumigaciones con glifosato en la zona de frontera del ecuador, el espionaje a opositores por parte de la inteligencia del estado (chuzadas a altas cortes nacionales), cientos de casos de desaparicin forzada y vnculos con el paramilitarismo.

Socialmente parece claro que no hay ningn inters por los raizales de los que se desconoce todo, su cultura, su pensamiento, sus modos de actuar, sus deseos, sus lgicas, pero sobre los que se pretende justificar el desacato. Tampoco hay inters por las condiciones de vida de pescadores o humildes habitantes que histricamente han sobrevivido en sus distintas generaciones discriminados, excluidos, despojados y o y esclavizados. No son los raizales y los nativos los que le interesan al estado, son las reservas de diversidad que puedan ser convertidas en recursos econmicos, que en todo caso cada vez estn mas cerca de ser tomadas por las transnacionales, las mismas que reciben incentivos por explotar, a las que se ofrece confianza inversionista y condiciones de paz, las mismas a las que poco importa la gente, a las que no les importa si el titular de la soberana es Colombia o Nicaragua, como no les import hace mas de cien aos si panam era de Colombia o una republica soberana.

Jurdicamente la Corte Internacional de Justicia, fue convocada para revisar un caso de litigio territorial y dar su veredicto, las partes no solo confiaban en el mecanismo, estaban plenamente informadas de las decisiones que podra tomar y de las obligaciones de su cumplimiento. No hubo sorpresas en la decisin tomada. Ahora en cambio de buscar rditos polticos y ganancias electorales y fortalecer la impunidad, la decisin podra convertirse en la mejor excusa para que otra vez se piense en la grandeza de amrica unida, para que Colombia y Nicaragua pongan en claro que en la poca de defensa del planeta y de la madre tierra, inclusive por encima del derecho, de las cortes y de las riquezas esta la humanidad, la gente y se propongan recuperar la memoria del archipilago cuyos primeros habitantes fueron indgenas miskitos en el siglo XVII, luego pobladores procedentes de las Islas Bermudas y esclavos trados por el imperio. En 1786 Espaa y Gran Bretaa finalizaron el conflicto con un tratado afirmando la soberana espaola sobre las islas. La disputa de los imperios Espaol y Britnico por la hegemona en el caribe convirti a los esclavos en botn de guerra. Tras las guerras de independencia en 1822 el archipilago fue incorporado al territorio Colombiano como Cantn de la provincia de Cartagena.

El primer gobernante que visit el archipilago fue Rojas Pinilla que instaur una verdadera dictadura en contra de la cultura propia en el archipilago y en nombre de la soberana colombiana desaloj familias de sus terrenos para dar paso a nuevas construcciones, el cementerio pblico fue convertido en parque, los cementerios familiares clausurados para construir sobre de ellos el primer hotel, en 1959 promulg la ley 127 de declaratoria de puerto libre. El XXI, muestra un empobrecimiento general de la poblacin, - nativos raizales-inmigrantes y no se ha escuchado a la comunidad raizal frente a lo que se considera una constante lesin a su dignidad, a su supervivencia y el desconocimiento de sus derechos. Los raizales piden respeto y reconocimiento y el estado parece preocupado por ofrecerles leyes (mientras desacata otras) y porque el archipilago siendo parte de Colombia no este absorbido por la guerra y las clases populares empiecen a conocerla, a vivirla en paz.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons , respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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