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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2012

El Tribunal Constitucional considera adecuado que las personas presas enfermas y sin recursos paguen por comer en prisin

Rebelin

Muchas de las personas presas con pensin no contributiva, reconocida por padecer VIH/SIDA, se ven afectadas por esta decisin


La APDHA, entidad promotora que brind el acompaamiento jurdico a un preso afectado por la deduccin en su prestacin para el pago de la comida, recurrir esta resolucin al Comit de Derechos Humanos o de la Tortura de las Naciones Unidas. ste ltimo ya consider que los presos no deben pagar gastos por su estancia en prisin.

Con motivo del da 1 de diciembre, Da mundial del SIDA, la APDHA expone a la opinin pblica que el trato dispensado a estos enfermos en prisin es inhumano. Una media de 30 presos con VIH/SIDA fallecen al ao en prisin, pese a que la legislacin impone su libertad por motivos humanitarios. Este ao queremos denunciar, a raz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que adems del trato inhumano que padecen en prisin, padecen la minoracin de sus escasos ingresos por PNC (pensin no contributiva) por conceptos como la comida, cuando son un colectivo especialmente vulnerable, deteriorado, abandonado y pobre.

La Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca (APDHA), acompaando a un nmero importante de presos, logr que algunos Juzgados de lo Social de Crdoba y Mlaga declararan ilegal el cobro a los que perciban una prestacin no contributiva (por carecer de renta y padecer discapacidad superior al 65%) a travs de su descuento en sus prestaciones, de su manutencin. El Pleno del Tribunal Supremo dict Sentencia el 29 de septiembre de 2010 en la que consider legal la decisin de pagar por la manutencin; en un debate reido en la que se impusieron siete magistrados frente a los otros seis, que emitieron un voto particular que consideraba ilegal dicho cobro. El Ministerio Fiscal tambin consideraba ilegal dicho cobro.  

Recurrida al Tribunal Constitucional al no estar conformes con la misma, la Sentencia de 29 de octubre de 2012, publicada el da 28 de noviembre en el BOE, entiende que pese a descontarse la comida de su prestacin, ello no es cobrar por la comida. Afirmacin extraa a cualquier lgica jurdica o humana, en que las cosas son lo que son.

Por otro lado, entendi la resolucin que debi acreditarse la afirmacin de esta Asociacin de que no se trataba con desigualdad al preso respecto a la persona libre, que al acudir a una institucin pblica o privada como un hospital o benfica para obtener la comida (comedor social, de sin hogar) no se le descontaba de su prestacin. Prueba diablica porque ningn organismo puede certificar dicha realidad y porque no es necesario dotar de prueba lo que la lgica nos afirma, que es que no se comunica a la comunidad autnoma quien ha comido y en que sitio para descontarle su prestacin.

Esta sentencia tampoco atendi al criterio de la desigualdad de que un preso sin recursos econmicos y enfermo, con minusvala superior al 65%, pague por su comida en prisin y no lo hagan los presos con alta capacidad econmica.

A entender de la APDHA resultaba absurdo e injusto que los importes de manutencin de entonces se hacan de acuerdo con la siguiente escala: Centros de menos de 200 internos: interno sano 3,56; interno joven 4,76 y racin de enfermera 6,10. Centros de 200 a 500 internos: interno sano 3,14; joven 4,17; enfermera 5,92. Centros de ms de 500 internos: sano 3,09; joven 3,10; enfermera 5,71 (Resolucin de 25-03-08 BOE 77)

Tras interponer quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, ste recomend a la Junta de Andaluca que dejara de cobrar por la alimentacin. El 16 de junio de 2008 la Junta decidi acoger dicho criterio. De tal modo, que hoy en da en funcin de la Comunidad Autnoma en que se cumpla la pena el preso debe pagar o no por su manutencin.

Trato inadecuado e inhumano a presos con VIH/SIDA

En torno al 6,3% de la poblacin penitenciaria (6.300 presos) padecen la infeccin del VIH al ingresar segn la Sociedad Espaola de Sanidad Penitenciaria (SESP), que integra a la mayora del personal sanitario de prisin, de los cuales slo el 66 por ciento estn siendo tratados actualmente. Adems de soportar las condiciones de la enfermedad, deben hacerlo en un ambiente hostil, y con la agravante de la alta incidencia de enfermedades infecciosas que pueden empeorar su situacin.

La prisin no garantiza una atencin sanitaria equivalente a la que recibe la poblacin libre, principalmente debido a que el personal sanitario no depende del servicio pblico de sanidad sino del Ministerio del Interior. Por ello es precisa la integracin de la sanidad penitenciaria en las competencias de la comunidad autnoma, en lugar de en sede del Ministerio del Interior. Esta pretensin ha sido compartida por la SESP. El Ministerio del Interior es el responsable de que estas personas carezcan del adecuado acompaamiento mdico especializado, y comparte responsabilidad con las Consejeras de Salud en la falta de tratamiento mdico.

En el ao 2005 la Ley de Cohesin y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprob dicha integracin. Pese a ello, salvo el Pas Vasco desde el ao 2011, ninguna otra comunidad cuenta con las competencias en materia sanitaria. Slo con la integracin de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud se superarn dichas deficiencias y desigualdades en el trato del enfermo libre y preso.

Por otro lado, debemos seguir denunciando que no se llevan a cabo todas las excarcelaciones a aquellas personas con esta enfermedad, lo que provoca que sigan falleciendo presos y presas en las crceles. Segn los ltimos datos oficiales conocidos por esta asociacin, una media de 30 personas fallecen por VIH/sida, pese a que dicho fallecimiento en el interior de prisin poda haberse evitado.


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