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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-01-2013

Los jueces y la igualdad ante la ley

Juan Castillo y Cia
Rebelin


A primera vista, en el mbito del Poder Judicial argentino el inicio del ao 2013 no parece traer vientos de cambio. La misma Cmara Civil y Comercial que el ao pasado se torn en la muralla de proteccin del Gran Multimedio Argentino (Clarn), evitando que ste se ajuste a las disposiciones de una ley sancionada por el Congreso, cautelar mediante; ahora concedi una medida cautelar en beneficio de la Sociedad Rural evitando con ello la recuperacin, por parte del Estado Nacional, del predio palermitano.

Es verdaderamente sorprendente observar cmo, sin ruborizarse, el fuero Civil se arroga automticamente una decisin que, en principio, corresponde al fuero Contencioso-Administrativo. No obstante, lo que causa estupor es que, mientras tanto, en el fuero federal penal se est desarrollando, desde hace aos, una causa que tiene como imputados al ex ministro de economa, Domingo F. Cavallo y al ex titular de la Sociedad Rural por haber participado en la venta a precio vil del predio de Palermo.

Si a esto le aadimos los respectivos informes de la Procuracin del Tesoro de la Nacin, donde se cuestion la venta realizada bajo el mandato del ex presidente Menem; cuesta aceptar la procedencia de una cautelar. Recordemos que las medidas cautelares son dictadas inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona (en el caso el Estado) que se ver afectada por la medida; de ah que el derecho invocado por el beneficiado con la medida debe tener altos signos de verosimilitud para que los jueces contemplen su pedido. Resulta cuando menos difcil imaginarnos el derecho que asiste a una entidad donde tanto en el mbito judicial, como en la esfera administrativa han quedado evidenciadas una serie de irregularidades; si hasta en el mbito obligacional y contractual no han cumplido con las condiciones acordadas durante la transferencia del predio.

Lo cierto, es que los integrantes de la Cmara en cuestin siguen administrando justicia en funcin de criterios muy particulares. Hecho ste que nos hace sospechar sobremanera, respecto de su independencia de los poderes fcticos y, obviamente, la demostrada asistencia (de la mayora de sus miembros, con todos sus gastos pagos) a los cursos brindados, en Miami, oportunamente por una ONG de estrechos vnculos con el gran multimedio argentino nos hace dudar an ms de la supuesta imparcialidad de la justicia.

Prrafo aparte merece la actitud de la dirigencia opositora que sigue exponiendo no solo su mediocridad; sino que termina dejando a las claras que intereses representa. Que por cierto, no son los intereses del Estado; sino de toda expresin corporativa existente en el pas. Llegan al extremo de justificar una venta perjudicial para el patrimonio del Estado, en aras de defender a la Sociedad Rural; algunos como Ocaa y Bullrich expresando, inclusive, un profundo desconocimiento del derecho.

Por suerte, una buena franja de miembros de la justicia ha convocado a la realizacin de un primer encuentro Hacia una justicia legtima, hecho ste que tendr lugar en la Biblioteca Nacional los das 27 y 28 de febrero prximo.

Frente a tan oscuro panorama, que alrededor de 600 firmantes del mbito judicial convoquen a discutir la democratizacin de la justicia es un evento sumamente alentador para dar un primer paso en vistas de alcanzar un acercamiento con lo que la sociedad reclama.

Tal vez, con el tiempo logremos que aquel principio consagrado constitucionalmente en el art.16: La Nacin Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni ttulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley deje de ser una expresin cuasi abstracta, para convertirse en una realidad concreta.

La igualdad, entre otras cosas, implica que no se establezcan excepciones o privilegios y que se trate a todos del mismo modo en iguales situaciones. No hace falta imaginarnos que sucedera si un ciudadano comn adquiriese algo irregularmente, no cancelara su deuda hipotecaria o no se ajustase a la ley vigente. Las corporaciones, nos guste o no, tambin son personas jurdicas y nadie lo ignora, el problema es que para algunos administradores de justicia ellas suelen gozar de mayores derechos que los que nos corresponden a los individuos de carne y hueso, es decir, a las personas fsicas.

Blog del autor: http://epistemesxxi.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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