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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-01-2013

Las polticas de austeridad no pueden vulnerar los derechos sociales fundamentales de los trabajadores

Antonio Baylos
http://sinpermiso.info


La profunda crisis econmica que ha afectado a Europa y las medidas que las autoridades monetarias y polticas europeas han puesto en marcha para combatir sus efectos, se han venido generando desde una situacin de excepcionalidad poltica. No slo es que el lenguaje que acompaa a estas medidas se exprese en tales trminos, sino que la emanacin de estas medidas y la imposicin de las mismas a los pases miembros en dificultades para financiar sus deudas soberanas y para cuadrar el equilibrio presupuestario se ha realizado fuera de los esquemas normativos del derecho europeo, mediante orientaciones, informes o incluso cartas personales, al margen por tanto de los procedimientos regulares de formacin de reglas y de normas. Cuando por el contrario se ha formalizado el pacto de estabilidad y crecimiento, se han generado mecanismos sancionatorios a travs de una mayora cualificada inversa que resultan contrarios a los previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unin, consolidado tan slo en el 2008. Esta forma de proceder se ha trasladado adems a los pases miembros, que reiteran en la aplicacin de sus medidas un modelo de gobierno basado en el que suministra la institucin del estado de excepcin sin ninguna de las garantas previstas en este. En definitiva, la crisis y las polticas de austeridad no slo estn demostrndose contraproducentes en cuanto al objetivo declarado de impulsar el crecimiento, sino que se estn generando al margen de los mecanismos democrticos que dan sentido a la cultura poltica europea.

Pero adems de ello, y en lo que respecta a sus contenidos, la poltica anti-crisis de la Unin Europea y las reformas estructurales que ha impuesto, se caracteriza por una abierta hostilidad al modelo social europeo y por la vulneracin de principios bsicos de regulacin de las relaciones laborales en una democracia social. Estamos en un mundo global en el que la OIT ha acuado el trmino de trabajo decente como trabajo con derechos colectivos e individuales, y que proporciona un esquema universal de respeto a derechos fundamentales tal como viene reconocido en su Declaracin de 1998. Nadie podra pensar que Europa, un territorio en el que la prctica totalidad de sus pases miembros con la excepcin del Reino Unido tienen un bloque de constitucionalidad construido en torno al reconocimiento de derechos sociales y del principio de autonoma colectiva, y en donde se ha acuado la expresin del modelo social como una sea de identidad europea, fuera a partir del 2010, un espacio fuera de la ley en el que se procediera a violaciones masivas de los derechos laborales y de los estndares internacionales en materia de libertad sindical y condiciones de trabajo. La vulneracin de tales derechos es directamente achacable a las polticas de austeridad frente a la crisis y a las medidas de reforma estructural que ests han inducido en los respectivos ordenamientos internos, pero se plantean jurdicamente como violaciones de los compromisos internacionales asumidos por los Estados respectivos, que, consecuentemente, han sido objeto de impugnacin ante la OIT. Grecia primero, Portugal despus y Espaa, han sido los pases denunciados con ms fuerza ante esta organizacin.

Es en este contexto en el que el Instituto Sindical Europeo (ETUI en sus siglas inglesas) ha convocado a los juristas del trabajo de toda Europa a firmar un manifiesto para que la Unin Europea respete y promueva los derechos sociales fundamentales especialmente en lo que se refiere a las medidas adoptadas para combatir la crisis. El manifiesto subraya el carcter anti-social de las medidas impuestas por la troika (FMI, BCE y Comisin Europea), orientadas hacia la flexibilizacin de las relaciones laborales como modernizacin de los derechos del trabajo nacionales, que en algunos pases han generado reformas drsticas sin dilogo ni negociacin con los interlocutores sociales, en especial con los sindicatos. En tanto que juristas sociales y del trabajo, los firmantes del manifiesto subrayan las nocivas consecuencias de estas reformas en dos grandes campos, el del ataque sistemtico a la negociacin colectiva y la amplia desregulacin de las relaciones laborales con la liberalizacin del despido y el incremento del trabajo precario, con la repercusin negativa que estas medidas han causado sobre el empleo y los sistemas de proteccin social. De tal manera, se afirma con razn, que las drsticas medidas de austeridad en su vertiente laboral conducen a un rechazo de Europa y de los valores europeos, adems de otros efectos perversos como el incremento de la xenofobia contra minoras tnicas e inmigrantes en varios pases de la UE.

La situacin es de extrema gravedad. Los juristas convocados por el IES exigen a las instituciones europeas que se sometan a la legalidad y que adecuen sus polticas a tres grandes principios fundamentales. En primer lugar, a los valores afirmados en el Tratado de Lisboa de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el principio de legalidad y el respeto de los derechos humanos, y la obligacin de trabajar por un desarrollo sostenible en Europa basado en un crecimiento econmico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una competitiva economa social de mercado que conduzca al pleno empleo y el progreso social, y a un alto nivel de proteccin y de garanta de la calidad del medio ambiente. Adems se recuerda que los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unin Europea obligan a las autoridades europeas a observarlos y garantizarlos en su normativa y en sus polticas. En particular el derecho de negociacin y de accin colectiva, incluido el derecho de huelga, que debe ser interpretado a la luz de los Convenios de la OIT ratificados por los estados miembros, a lo que obliga asimismo el art. 53 de la Carta de Derechos Fundamentales.

Sobre esta base, los jefes de estado y de gobierno a travs de su participacin en el Consejo Europeo deben garantizar, de forma clara y sin ambigedades, el marco legal vigente, con especial atencin a la garanta de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus representantes. La forma de lograr este objetivo al que estn obligadas las autoridades europeas y nacionales no es subordinando los derechos sociales a las libertades del mercado y la libre concurrencia, sino por el contrario reconociendo plenamente los derechos fundamentales como pre-condiciones necesarias para reiniciar un desarrollo sostenible y social de progreso en la UE y en cada uno de sus Estados miembros. Un derecho del trabajo slido y unos estndares sociales altos desempean un papel crucial en el re-equilibrio econmico, el mantenimiento del poder adquisitivo y el fomento de inversiones en un trabajo de calidad.

Al no hacerlo as, la llamada Troika y sobre todo la Comisin Europea estn quebrantando los elementos bsicos del Modelo Social Europeo y el espritu de la Declaracin de Filadelfia de 1944, reconocido como el principio fundante de una civilizacin democrtica. De esta manera, el modelo social europeo est padeciendo virtualmente en silencio su completa deconstruccin y, ltimamente, quiz su destruccin. Y si se hunde el modelo social europeo, qu quedar del proyecto europeo? .

Mantener una Europa social es una obligacin legal y debe por tanto formar parte de las responsabilidades de sus gobernantes y orientar sus polticas. Hacer lo contrario como se est realizando a cada momento en la realidad supone quebrantar la ley y situarse al margen de los procedimientos democrticos y de la legalidad internacional. Lo que implica que las polticas de austeridad carecen de validez democrtica y no estn legitimadas. Esta conclusin es lo suficientemente trascendente como para que sobrepase el crculo de los especialistas europeos en derecho del trabajo y sea utilizado como una opinin autorizada, un parecer serio y riguroso en apoyo de las posiciones de los sindicatos y de los movimientos sociales que se oponen a la destruccin del empleo estable y de los derechos a l asociados que est llevando a cabo en Europa bajo la forma de una situacin de excepcionalidad que deviene permanente.

 

Manifiesto

Juristas sociales y laborales de toda Europa hacen un llamamiento a la unin europea para que respete y promueva los derechos sociales fundamentales, en particular aquellos relacionados con todas las medidas vinculadas a la crisis

1. la crisis econmica y financiera y sus consecuencias antisociales tienen que contemplarse en un ms amplio

contexto. histrica y universalmente, las lecciones aprendidas de las experiencias de las dos guerras mundiales llevaron a la organizacin internacional del trabajo (OIT) a adoptar, en 1944, la declaracin de Filadelfia que explcitamente proclam que:

el trabajo no es una mercanca;

la libertad de expresin y de asociacin son esenciales para el progreso sostenido;

la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para todos.

2. a escala europea, desde la segunda Guerra mundial, los trminos de esta declaracin han constituido un pilar esencial del derecho social y laboral europeo y, al mismo tiempo, el punto de partida implcito y frecuentemente explcito- para el frgil modelo social europeo de la UE.

3. en su discurso ante el parlamento europeo del 14 de septiembre de 2011, el director General de la OIT, Juan Somava, proclam: El respeto a los principios y derechos en el trabajo no es negociable, incluso en tiempos de crisis cuando la equidad se pone en cuestin. Esto es particularmente importante en los pases que han tenido que adoptar medidas de austeridad. No podemos aprovechar esta crisis como excusa para ignorar normas laborales acordadas internacionalmente.

4. en la reunin de ministros de trabajo del G-20, celebrada en pars los das 26 y 27 de septiembre de 2011, la promocin de la aplicacin efectiva de los derechos sociales y laborales as como asegurar el respeto de los principios y derechos en el trabajo constituy una de las recomendaciones clave que finalmente fue recogida por la declaracin de Jefes de estado y de Gobierno del G-20, adoptada en el cumbre de Cannes del 3-4 de noviembre de 2011.

5. en las conclusiones de la reunin de ministros de trabajo del G-20, celebrada en Guadalajara, Mxico, los das 17 y 18 de mayo de 2012, se proclam: creemos que el crecimiento econmico debe basarse en empleo de calidad, es decir, empleos en el sector formal, con seguridad social, ingresos dignos y plena proteccin de los derechos laborales. los ministros reafirmaron la importancia de la coherencia poltica entre crecimiento y empleo, as como entre polticas macroeconmicas y de empleo, tanto a escala nacional como internacional.

6. no obstante, la evidencia muestra que desde el fin de 2008 y el comienzo de la crisis econmica,

autoridades pblicas nacionales y europeas as como legisladores nacionales han adoptado una gama de medidas destinadas a estimular la flexibilidad en las empresas, incluyendo reformas del derecho laboral nacional.

en algunos casos, se han iniciado reformas generales del derecho laboral antes de la crisis econmica con el objetivo profesado de modernizarlo.

en algunos pases, los cambios de gobierno propiciaron la aceleracin de cambios drsticos en el derecho laboral, incluso eludiendo la participacin o consulta de, entre otros, los interlocutores sociales, en particular las organizaciones sindicales.

en otras instancias las reformas estructurales han sido requeridas o incluso forzadas a estados miembros por la troika compuesta por el fondo monetario internacional (FMI) y las instituciones de la UE, Comisin europea y Banco Central Europeo. Estas medidas, lejos de resolver la crisis econmica y financiera, la han profundizado, amenazando en la actualidad no slo a la Europa social sino al propio proyecto de integracin poltica y econmica.

7. los juristas sociales y laborales de toda Europa, signatarios de esta declaracin, expresan su grave preocupacin por las medidas adoptadas y por sus consecuencias en relacin a recientes e interrelacionados- acontecimientos:

la presente crisis econmica y financiera est sometiendo a los trabajadores y a sus derechos a una severa presin.

no slo se est socavando determinadas prcticas de negociacin colectiva: un ataque sistemtico a la negociacin colectiva tambin se ha lanzado, implicando la demolicin de sus instituciones, mecanismos y principios bsicos (por ejemplo, mediante la introduccin de prohibiciones a la negociacin colectiva sectorial, permitiendo la reduccin de estndares mnimos acordados en los convenios colectivos en contratos de trabajo individuales,)

la troika impone a determinados estados miembros una amplia y, en ocasiones, dramtica desregulacin de sus mercados de trabajo y sistemas de proteccin social, tendentes a debilitar a las organizaciones sindicales, incrementar condiciones laborales precarias que producen inseguridad y alto desempleo as como a incrementar la pobreza y el malestar social.

estas medidas de austeridad aplicadas en el campo laboral conducen al rechazo a Europa y a los valores europeos, al incremento de la xenofobia particularmente contra las minoras as como amenaza la paz en Europa.

8) por lo tanto, los juristas sociales y laborales signatarios de esta declaracin urgimos a la unin europea y sus instituciones a respetar y promover:

los valores consagrados en el tratado de Lisboa respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos (art. 2 TUE).

su obligacin de trabajar por el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento econmico equilibrado y con estabilidad de precios, una economa social de mercado altamente competitiva, con pleno empleo y progreso social, y con alto nivel de proteccin y desarrollo de la calidad del medio ambiente (art. 3 TUE).

los derechos sociales fundamentales, garantizados por la jurdicamente vinculante carta de derechos fundamentales de la UE (art. 51), en particular el derecho a la negociacin y la accin colectiva interpretados de acuerdo con los correspondientes convenios de la oit ratificados por todos los estados miembros-, la proteccin en caso de despido injustificado as como la asistencia y la seguridad social.

9) los signatarios urgen a los Jefes de estado y de Gobierno, en particular como miembros de la institucin de la UE consejo europeo, a garantizar, de forma clara y sin ambages, el marco jurdicamente vinculante y, especialmente, la promocin de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores y sus representantes.

10) en particular, los derechos sociales fundamentales de los trabajadores y sus representantes no deben subordinarse a las libertades del mercado interior ni a las normas de la competencia o a medidas de austeridad, aunque se basen en polticas fiscales o ayuda financiera. por el contrario, estos derechos sociales deben ser plenamente reconocidos como precondicin necesaria para un slido desarrollo econmico y social as como para el progreso de la unin europea y sus estados miembros. un fuerte derecho laboral y normas sociales tienen un importante papel que jugar para reequilibrar las economas, apoyar los ingresos e incentivar la inversin en capacidades.

11) la actual comisin europea, junto con la troika, en estos momentos est fracasando en el respeto a elementos bsicos del modelo social europeo y al espritu de la declaracin de Filadelfia. por consiguiente, el modelo social europeo est sufriendo en virtual silencio su completa deconstruccin, ltimamente, quizs, su destruccin. Si el modelo social europeo fracasa, cmo puede el proyecto europeo en su conjunto tener xito?

12) los signatarios de esta declaracin nos oponemos tanto a esta actitud como a las medidas a las que ha conducido. urgimos a la unin europea y sus instituciones a reanudar el pleno cumplimiento de sus obligaciones legales y objetivos polticos as como a asumir su responsabilidad por una Europa social sostenible.


Antonio Baylos , amigo y colaborador habitual de SinPermiso, es catedrtico de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.



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