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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-01-2013

Las ONG denuncian la poltica de parches de las Administraciones y que los afectados se vern sin techo donde vivir
La guardia civil clausura un viejo cuartel militar donde vivan 170 inmigrantes en Bonreps (Valencia)

Enric Llopis
Rebelin


Un operativo formado por medio centenar de guardias civiles (incluidos una treintena de antidisturbios), varias dotaciones de policas locales y agentes apostados en el entorno procedi el mircoles a la clausura, a primera hora de la maana, de un antiguo cuartel militar en el municipio de Bonreps (muy cerca de Valencia capital), donde vivan 170 personas inmigrantes de diferentes nacionalidades; a pesar del gran despliegue realizado, en el momento de su cierre el viejo cuartel se encontraba vaco.

Los inmigrantes, en su mayora de procedencia subsahariana y algunas familias rumanas, haban abandonado el edificio das antes (el plazo otorgado finalizaba el 23 de enero). A las 7,00, cuando miembros de diferentes ONG llegaron al entorno del cuartel, los efectivos de la guardia civil ya haban procedido a su clausura y acordonado la zona. A continuacin, se anunci que comenzaran las operaciones de derribo as como la limpieza del solar adyacente.

Desde el ao 2009, vivan en el antiguo cuartel militar, que se hallaba en situacin de abandono, unas 170 personas de origen africano y varias familias rumanas. Trabajaban, en Valencia o en los pueblos del entorno, como temporeros en el campo, en el aparcamiento de vehculos o con la chatarra, segn informa Valencia Acoge. Finalizada la jornada de trabajo, regresaban al obsoleto cuartel para dormir.

El cierre del asentamiento se produjo el da 23 de enero, tal como dispuso un auto judicial del pasado 17 de diciembre. Emplazado en una parcela de 70.000 metros cuadrados, el edificio formaba parte del patrimonio del Ministerio de Defensa, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo resolvi que se devolviera la titularidad a los herederos de los antiguos propietarios.

Las Administraciones Pblicas (Conselleria de Bienestar Social y Ayuntamiento de Bonreps) aseguran que a las personas afectadas por el desalojo se les han ofrecido dos posibilidades: la acogida por parte de diferentes ONG colaboradoras (Cruz Roja, ACCEM y CEPAIM) o desplazarse con el medio de transporte y la manutencin pagada a otros municipios, como Murcia, Huelva o Zaragoza.

Sin embargo, personas como Samuel Twi Frimpong, de 34 aos y oriundo de Gana, aseguraron no tener dnde pasar la noche el mismo da en que la guardia civil clausur el viejo cuartel militar. Actualmente sin trabajo ni domicilio, Samuel llevaba cuatro aos viviendo en el asentamiento. El da del desalojo por la tarde, se hallaba en la sede de Valencia Acoge sin hogar donde dormir.

Frente a las versiones oficiales, que en algunos casos han tratado los hechos como un problema de seguridad, y en otros, han insistido en que se ofreca una salida digna a los afectados, Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge, asegura que la Administracin no cuenta con un criterio claro; estn actuando de una manera improvisada; se llevan a los inmigrantes desalojados a otro sitio, pero para qu?, se pregunta. En Valencia hay muy pocos recursos dedicados a la acogida, y adems se encuentran saturados; no se dan respuestas a las necesidades de la gente, asevera.

En un comunicado hecho pblico ayer, las ONG que integran la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los inmigrantes, la Campaa por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigracin han denunciado la poltica de parches aplicada por la Administracin, pues adems de no establecerse medidas de atencin continuada a los colectivos vulnerables, las personas afectadas por este desmantelamiento se vern sin techo y tendrn que buscarse cualquier otro lugar donde malvivir.

Tambin denuncian que las personas inmigrantes comenzaron a abandonar el lugar que fuera su casa desde 2009, ante la presin de las autoridades, que les advertan que incurran en un delito si se resistan a la orden judicial de desalojo, y el ofrecimiento de plazas en albergues o pisos, el desplazamiento a otra ciudad o el pago del billete de ida a sus pases de origen, aseguran las organizaciones sociales.

Agregan las ONG que la mayor parte de estas personas procedan de otros asentamientos o directamente de la calle, donde se vieron obligadas a vivir por la falta de recursos para pagar una vivienda. Muchos residan en Bonreps desde hace aos y algunos llegaron este ao para trabajar en el campo, pero la falta de locales para acoger a los trabajadores temporeros -ni el pasado ao ni ste se han habilitado- les forz a instalarse en el viejo cuartel.

Adems, el asentamiento existe desde hace casi cinco aos y ninguna administracin se ha preocupado por la suerte de quienes all estaban, hasta que un juzgado orden el desalojo asegura el comunicado de la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los Inmigrantes. Las propuestas de acogida son temporales y el traslado a otros lugares no garantiza condiciones de vida digna en el destino, aaden.

Segn la misma nota de prensa, ni el Gobierno Central, ni la Generalitat Valenciana ni los ayuntamientos han establecido dispositivos de atencin a estos colectivos vulnerables. De hecho, cuando la acogida oficial finaliza, esas mismas personas se vuelven a encontrar en la calle y, consecuentemente, se vern obligadas a ocupar cualquier lugar vaco que hallen, aunque est en psimas condiciones de habitabilidad.

Tampoco la actuacin de las diferentes administraciones ha considerado otra cuestin: Muchas personas prefieren vivir en estos asentamientos, como el desalojado ayer, que en un albergue que no responde a sus necesidades por el funcionamiento interno de estos centros (horarios no compatibles con sus jornadas laborales, falta de apoyo, imposibilidad de autogestin).

Al desahucio de Bonreps le precedieron los desalojos del antiguo cauce del Tria, las naves de Macosa y la fbrica de Bombas Gens, y habrn muchas ms intervenciones de las Fuerzas de Seguridad en desalojos mientras hayan personas que necesitan un alojamiento adecuado a sus necesidades, y mientras el Estado no asuma que tiene la obligacin de garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas que viven en esta sociedad, denuncia el comunicado de la Mesa de Solidaridad, la Campaa por el cierre de los CIE y el Foro Alternativo de la Inmigracin.

Por ltimo, la nota de prensa se pregunta de dnde se ha sacado el dinero para esta actuacin cuando a las organizaciones sociales que trabajamos con las y los inmigrantes se nos adeudan las ayudas concedidas desde hace dos aos. Si la Administracin hubiera cumplido con sus compromisos, no se hubieran tenido que cerrar numerosos dispositivos de acogida gestionados por las ONG y probablemente no hubieran existido asentamientos como el de Bonreps.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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