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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-02-2013

Cmo se gesta y a quin beneficia la privatizacin de la sanidad?

ngeles Maestro
Pblico.es


Mucha gente piensa que la privatizacin de la sanidad es un fenmeno reciente producto de las polticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si tratamos slo los sntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.

Las privatizaciones de empresas y servicios pblicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis econmica que vivimos ahora, que se inicia en la dcada de los setenta y que se conoce como polticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la cada de la tasa de ganancia. De ella forman parte la drstica reduccin de la fiscalidad de las rentas del capital, la instauracin de polticas de reduccin del dficit con la correspondiente disminucin de presupuestos sociales-, la liquidacin de derechos laborales y sociales y las privatizaciones.

Son polticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color poltico, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptacin de las cpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.

El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas pblicas. El negocio privado est asegurado, no slo porque se venden a precio de saldo y prcticamente en rgimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela est asegurada.

En el Estado espaol este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios pblicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013).

Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria farmacutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicacin. El objetivo era planificar, y financiar, campaas de desprestigio de la sanidad pblica. El argumentario es bien conocido: es burocrtica, despilfarradora, poco gil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.

En el ao 1991 se pretendi dar un salto cualitativo. A semejanza de Gran Bretaa donde se public un informe, Working for Patients, que sirvi como hoja de ruta para la privatizacin y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprob la elaboracin de un Informe para la Consolidacin y Modernizacin del Sistema Nacional de Salud.

El PSOE, gobernando con mayora absoluta, encarg su elaboracin a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo un programa de preparacin de la sanidad para su privatizacin, incluyendo la introduccin de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentacin pblica del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas pblicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas bsicas fueron ejecutadas.

Se procedi a la privatizacin -externalizacin- de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderas, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la ciruga de baja complejidad (la ms rentable), radiodiagnstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatizacin de los servicios de limpieza hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC o Dragados y que tuvo como resultado un drstico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario [1].

En el ao 1997, gobernando el PP en minora, se aprob la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestin que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestin de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al da siguiente de su votacin, CC.OO. emiti un comunicado congratulndose del gran apoyo parlamentario recibido por una Ley clave para la modernizacin del SNS [2].

La empresa privada tena abierto el camino y los diferentes gobiernos autonmicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito cataln o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio ms seguro que podan soar, mxime en tiempos de crisis: financiacin y clientela pblicas y beneficio privado.

Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestin de los hospitales de gestin privada: Sacyr, Dragados, FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Grtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras donantes del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernndez. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros nacionalizadas tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos pblicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.

Mencin especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulacin, tiene una oficina central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestin privada de la sanidad pblica, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Daz, Mstoles, Valdemoro y Collado Villalba [3], adems de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en Catalua, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilizacin pblica.

La vinculacin entre decisiones polticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Gemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que l adjudic la gestin de anlisis clnicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueo, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director mdico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestin privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueo Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejn. .

Pero el fichaje de conseguidores no slo se circunscribe a las filas del PP. Nicols Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que aadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacutica [4].

El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos pblicos, es adems un crimen.

El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atencin universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, adems de incrementando el coste.

La explicacin de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los lmites de este artculo. Enumero algunos de ellos:

La ejecucin de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilizacin de recursos caros de diagnstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la colaboracin sobre todo del personal mdico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario est vinculada al cumplimiento de objetivos de disminucin del gasto.

La realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestin.

Dejo para la reflexin de quienes lean estas lneas la valoracin de lo que para sus propias vidas supone la privatizacin de la sanidad y la consecuente decisin acerca de la actuacin necesaria para impedir que tamaa salvajada culmine.

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creacin y extensin de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecucin de los planes de privatizacin, Es decir, que el poder popular se manifieste y acte con tres grandes objetivos:

Ni una privatizacin ms

Derogacin de la Ley 15/97

Devolucin a manos pblicas todo lo privatizado.

Notas:

[1] Entre los numerosos estudios realizados puede verse: Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50.

[2] http://www.casmadrid.org/docStatic/APOYO_CCOO_RD_10_96.jpg

[3] Capio recibe por este hospital construido y cerrado, para ahorrar segn la Consejera de Sanidad de Madrid, ms de 900.000 euros mensuales.

[4] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=3758&titulo=NOTICIAS

ngeles Maestro. Mdica y Tcnica Superior de Salud Pblica. Militante de Red Roja

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6576/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/



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