"Hemos tomado la decisión de no retroceder, de enfrentamos al miedo colectivamente, en las calles, desde el apoyo mutuo y a través de un arma poderosa: la desobediencia civil. Entendemos que, en un escenario de acuciante conflicto entre legalidad y legitimidad, es un deber necesario y urgente plantearnos desobedecer las leyes injustas y las prácticas arbitrarias de quienes dicen defenderlas. Porque, frente a la lógica individualizante, debemos entender que ante los ataques colectivos solo caben respuestas colectivas; porque con cada persona sancionada, nos están sancionando a todas. Si la ley hace posible la trampa a gran escala, seremos muchas quienes nos neguemos a acatarla".

Estimad@s compañer@s.

PLATAFORMA POR LA DESOBEDIENCIA CIVIL

Desde la Plataforma por la Desobediencia Civil, que agrupa a colectivos y personas preocupadas por el aumento de la represión llamada de “baja intensidad”, queremos manifestar que:

• Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 1/1992 (“Ley Corcuera”), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden, en teoría, pedir la documentación a cualquier persona que se sospeche que pueda estar cometiendo un delito.

• Con mucha frecuencia se requiere la identificación a personas en función de su color de piel o de su aspecto. Estas identificaciones son, por tanto, arbitrarias, y constituyen auténticas persecuciones racistas y políticas sobre personas que se reúnen, se manifiestan o simplemente transitan las calles de esta ciudad.

• Paradójicamente, suele ocurrir que quien identifica no va correctamente identificado (lo que supone un incumplimiento reiterado de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior), actuando en el anonimato, lo cual redunda en la impunidad de sus acciones y en la indefensión de quien es requerida/o a entregar su documentación.

• Desde la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno de Madrid, e iniciado ya un ciclo de movilizaciones masivas a partir del 15M de 2011, se ha incrementado la vía represiva de carácter económico mediante un aumento considerable de las sanciones a las personas identificadas aleatoriamente en las movilizaciones sociales, lo que supone de hecho una restricción importante al ejercicio de derechos fundamentales.

• Dichas sanciones suponen para muchas de las personas sancionadas un grave problema económico (246.000€ de recaudación, desde el 15 de mayo de 2011 hasta hoy), en el contexto de una ya de por sí grave situación económica.

• Este sistema de sanciones indiscriminadas, injustas e ilegales, convierte a cualquier persona en víctima potencial de lo que llamamos “buro-represión” o represión “de baja intensidad”, que individualiza el sufrimiento de quien las recibe y que queda en la mayoría de los casos invisibilizada, en la casilla del buzón de cada persona sancionada.

• Sabemos que el objetivo de esta represión es desincentivar la protesta social, desmovilizar a la ciudadanía, precarizar a personas ya muy precarizadas, focalizar las energías transformadoras en el trabajo antirrepresivo y generar un clima de miedo que desarticule la respuesta en las calles a sus políticas criminales. En una vuelta de tuerca más, el Estado recauda a costa de saquear a una ciudadanía a la que lleva tiempo exprimiendo a través de unos recortes cada día más salvajes e inmorales.

• Entendemos que la vía represiva forma parte de la lógica sistémica en la que se articula el capitalismo: la incertidumbre sobre el futuro, a la que se añaden la violencia económica y el miedo, y pretende generar un escenario de sumisión en el que cualquier disidente sabe a qué puede atenerse: detenciones injustificadas, sanciones arbitrarias, lesiones desmovilizadoras… son algunos de los mecanismos por los que se opera la falsa pacificación de nuestras sociedades.

• Sabemos también que somos muchas las personas que nos indignamos desde hace tiempo ante estas identificaciones arbitrarias, injustas, desproporcionadas y, en muchos casos, ilegales; las que nos negamos a continuar asumiendo el pago de multas, los pasos por comisaría, juzgados de guardia o prisión, golpes, insultos y demás agravios que sufrimos por el mero hecho de ejercer nuestro derecho a defendernos ante las intolerables medidas que nos asfixian; y nos solidarizamos enérgicamente con quienes sufren estos atropellos, estas injusticias.

Por todo lo anterior, hemos tomado la decisión de no retroceder, de enfrentamos al miedo colectivamente, en las calles, desde el apoyo mutuo y a través de un arma poderosa: la desobediencia civil. Entendemos que, en un escenario de acuciante conflicto entre legalidad y legitimidad, es un deber necesario y urgente plantearnos desobedecer las leyes injustas y las prácticas arbitrarias de quienes dicen defenderlas. Porque, frente a la lógica individualizante, debemos entender que ante los ataques colectivos solo caben respuestas colectivas; porque con cada persona sancionada, nos están sancionando a todas. Si la ley hace posible la trampa a gran escala, seremos muchas quienes nos neguemos a acatarla.

Te pedimos que firmes contra la represión que ejercen contra quienes diariamente nos encontramos en las calles para resistir colectivamente ante la constante agresión contra nuestras vidas, contra las del 99% del planeta.

PARA FIRMAR