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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-03-2013

La Doctrina Parot y el TEDH
Por qu tanto alboroto?

Miguel Len
Rebelin


En Julio de 2012 el periplo judicial de Ins del Ro, miembro del Comando Madrid de ETA, lleg a su fin. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fall a su favor e inst a las autoridades espaolas a tramitar tanto la inmediata puesta en libertad de la reclusa como una significativa indemnizacin econmica para compensar los cuatro aos adicionales que ella pas en prisin como resultado de la aplicacin de la Doctrina Parot. Por desgracia para ella, el Gobierno espaol ha decidido prolongar aun ms e innecesariamente su periodo de encarcelamiento apelando la decisin. El TEDH tomar una decisin en relacin con este recurso el prximo 20 de Marzo y por eso ahora, como el pasado Julio, saltan las alarmas.

El Gobierno alerta sobre el peligro que supondra la ratificacin de esta sentencia, porque, eso nos dicen (y eso repiten todos los grandes medios), la propia Doctrina Parot quedara en entredicho. Tanto la noticia como la decisin judicial a la que sta remite tuvieron la suficiente importancia como para despertar el inters de quien escribe. Ahora, despus de leer y releer la sentencia, que est disponible en ingls y en francs para todo el que quiera echarle un vistazo, no salgo de mi asombro: o no hay nadie en las plantillas de trabajadores de la prensa seria que sea capaz de leer en estos idiomas (o de leer, simplemente), o el conchabe de los medios con el Estado en la defensa de los intereses esenciales de ste es, no ya solamente una obviedad, sino un hecho que se exhibe con descaro.

La Doctrina Parot, por si hay alguien que descubre por vez primera este territorio de nuestra piel de toro, de nuestro pas de pandereta, es una revisin de la doctrina judicial espaola (llevada a cabo en 2006, precisamente tras juzgar el caso de otro miembro de ETA, Henri Parot) que altera el funcionamiento habitual de la poltica penitenciaria en el caso de los presos juzgados por delitos muy graves para evitar que disfruten de reducciones parciales de condena. Como la Constitucin espaola impide a la claque que confunde justicia con venganza instaurar en Espaa la cadena perpetua y/o la pena capital, se trata al menos de garantizar que esos presos cumplirn el mximo de aos que el sistema penitenciario espaol contempla para una pena: 30. Dicho eso, y por no alejarnos demasiado del tema que nos ocupa, obviamos aqu la necesaria crtica de la prisin como institucin.

Ins del Ro fue detenida en 1987 y la sentencia definitiva de condena no fue conocida, debido al elevado nmero de procesos abiertos contra ella, hasta 1989. La Audiencia Nacional la condena a ms de 3000 aos de prisin. En el ao 2001 le notifican que, dado el lmite de 30 aos de prisin, su condena habra de terminar, como mximo, en 2017. El 24 de Abril de 2008, sin embargo, se le informa de que le son aplicables varias reducciones de condena gracias a los trabajos que ella ha realizado en prisin y que su fecha real de excarcelacin ser el 2 de Julio de ese mismo ao. El 19 de Mayo la Audiencia Nacional corrige esa decisin y apunta que, de acuerdo con la Doctrina Parot, su excarcelacin no es posible. Ins del Ro recurre sin xito la decisin, alegando que sta viola el principio de no-retroactividad, y el 23 de Junio de 2008 la Audiencia confirma que la fecha de su puesta en libertad es el 27 de Junio de 2017. Un segundo recurso ante la Audiencia es rechazado, y en 2009 el Tribunal Constitucional no admite a trmite el caso. Todo esto se puede leer muy clarito en la sentencia del TEDH, y seguramente que las hemerotecas dan sobrada cuenta de ello.

El recurso que Ins del Ro presenta entonces ante el TEDH esgrime tres argumentos para defender que debera haber sido puesta en libertad en verano de 2008. El primero es que la aplicacin, en su caso, de la Doctrina Parot va en contra del artculo 7 del Convenio de Roma (1959), relativo a la no-retroactividad de los cambios en la legislacin, especialmente cuando son desfavorables. El segundo, que dicha aplicacin va en contra del artculo 5 de ese mismo Convenio, que recoge el derecho a la libertad y prohbe la privacin arbitraria de la misma. El tercero, que la Doctrina Parot misma es un instrumento jurdico creado ad hoc por las autoridades espaolas para retrasar la puesta en libertad de los miembros de ETA que permanecen en prisin, y que por ello va en contra del artculo 14 del Convenio, relativo a la no discriminacin y a la igualdad ante la ley.

El fallo del tribunal confirma que la aplicacin de la Doctrina Parot supone en este caso una violacin de los artculos 7 (El Tribunal estima que era imposible para Ins del Ro prever, en el momento en que tuvieron lugar los hechos y se realiz el clculo de la condena, el giro jurisprudencial que iba a tener lugar. [] Por ello concluye que ha sido violado el artculo 7 del Convenio -p. 22-) y 5 del Convenio de 1959, despacha en un par de prrafos la cuestin del artculo 14, ordena la puesta en libertad de Ins del Ro y establece una indemnizacin de 30.000 euros. Hasta aqu, el contenido de la sentencia encaja perfectamente con la versin del Gobierno y la forma en que los medios la han transmitido o desarrollado.

Lo que el Gobierno dice y los medios repiten es que esta decisin pone en cuestin la Doctrina Parot misma, aunque en la mayor parte de los casos no aportan ni un solo argumento para justificar semejante afirmacin. Cuando lo hacen, remiten al artculo 5 y la privacin de libertad, y con ello dan a entender que, o bien no han ledo la sentencia, o bien no han querido leerla, o bien han decidido ignorar su contenido. Y ello es as en relacin con dos cuestiones fundamentales:

Por un lado, la sentencia explica que la privacin ilegal de libertad se refiere solamente al periodo de encarcelamiento posterior a la fecha inicial de excarcelacin: El Tribunal estima que a partir del 3 de Julio de 2008 la detencin de Ins del Ro no es regular. Ha sido violado por tanto el artculo 5 del Convenio (p. 25).

Por otro, la sentencia indica con total claridad que el TEDH no tiene competencia para decidir sobre las polticas penitenciarias aplicadas por los Estados sujetos a su jurisdiccin y que, por tanto, el artculo 5 del Convenio no garantiza por s mismo el derecho de todo preso a beneficiarse de una libertad (condicional o definitiva) anticipada, sino que depende de las jurisdicciones internas aplicar tales medidas de acuerdo con las condiciones fijadas por sus propias leyes (p. 24).

Esto quiere decir, y de ello no cabe ninguna duda, que el TEDH no solamente no dice nada en contra de la Doctrina Parot en general, sino que de hecho reconoce la potestad del Estado espaol para desarrollar las normas penitenciarias que considere oportunas y rechaza, ya lo hemos visto, que la Doctrina Parot sea per se un instrumento jurdico creado ad hoc para reforzar las penas impuestas a los miembros de ETA encarcelados. Visto as, por tanto, el Gobierno debera estar satisfecho de que un prestigioso organismo internacional ratifique la validez legal de un instrumento que, igual que la Ley de Partidos, es ms que cuestionable desde el punto de vista jurdico en la medida en que su universalidad aparente podra encubrir su carcter excepcional real.

Por qu se empea entonces el Gobierno en recurrir la sentencia y alargar innecesariamente un proceso cuya resolucin es clara? La respuesta nos la da en cierta medida el Gobierno mismo cuando nos advierte de que la sentencia obligara a poner en libertad a otros presos por los mismos motivos. Qu motivos? No la ilegalidad de la Doctrina Parot, porque la sentencia no la enuncia, sino la ilegalidad de la aplicacin retroactiva de dicha Doctrina.

Dicho de otra manera: la razn por la que el Gobierno se aferra a su versin como a un clavo ardiendo es que la sentencia, cuando sea firme y tenga efectos sobre otros casos, va a obligar al Gobierno a reconocer, a hacer pblico y notorio para toda Espaa (excepto para el Pas Vasco, porque all ya lo saben), para Europa, y para el mundo entero, que el Estado espaol, ese que presenta como modlica su trayectoria de lucha antiterrorista, solamente puede actuar frente a ETA de acuerdo con la ley sobre la base de una gravsima violacin de uno de los principios esenciales del derecho, el de no-retroactividad.

Supongamos, y ya es mucho suponer, que la Ley de Partidos y la Doctrina Parot no sean normas de excepcin. La aplicacin retroactiva, selectiva y metdica de esa Doctrina a un conjunto determinado de presos s lo es. Y nuestro Gobierno cree que, como en todo lo dems, basta con esconder la mierda bajo la alfombra. As le luce el pelo a la democracia espaola y a nuestro cuarto poder.

Miguel Len (Madrid, 1989) es licenciado en Ciencias Polticas y de la Administracin por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del Bsforo (Estambul).

Blog del autor: http://fairandfoul.wordpress.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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