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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-03-2013

El Gobierno espaol ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Csar Manzanos Bilbao
Rebelin


Las industrias de la seguridad, entre las que est la industria carcelaria, necesitan ms clientela y un marco normativo de endurecimiento de condenas para mantener ms tiempo encarceladas a las personas hacia las que orienta sus procesos de criminalizacin

Una clara demostracin del carcter poltico con el que se toman las decisiones judiciales dentro del Estado espaol, en este caso en torno al cumplimiento de las condenas, es la aplicacin de la llamada Doctrina Parot, en el caso de las personas presas por colaboracin o pertenencia a ETA.

[Ver: Madrid presiona a la Gran Sala hasta el ltimo minuto]

La pregunta que podemos hacernos es por qu, cuando ya se ha producido una decisin por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desautorizando la actual aplicacin de la citada doctrina, el actual Gobierno espaol se empea en recurrirla y en no dar marcha atrs a una visin del Derecho como arma de guerra, frente a lo que debiera de ser: el instrumento principal para garantizar una convivencia social pacfica. Mxime cuando su obsesin, que responde a intereses ajenos a la justicia y contraria al respeto a los derechos humanos, a estas alturas le es contraproducente polticamente salvo para contentar a los sectores ms recalcitrantes de su clientela interna y a quienes teniendo poder de influencia sobre las decisiones gubernamentales, an claman venganza ante su impotencia e incapacidad de hacer frente al resentimiento por sus propias vctimas.

Seguramente en el caso de que nuevamente el TEDH ratifique su anterior decisin, el Gobierno espaol apele a la soberana del Estado para tratar de deslegitimar tal decisin y hacer de su capa un sayo, cosa que no hace para legitimar y dilapidarla cuando de decisiones econmicas o de recortes drsticos del gasto pblico se trata, apelando a instancias europeas o a los dic- tados del capital especulativo la supuesta necesidad de imponer recortes de derechos laborales y sociales, de imponer decisiones claramente antide- mocrticas. No obstante, las posibles respuestas sobre el por qu el Gobierno est dispuesto y se arriesga a hacer el ridculo ante Europa en este como en otros temas, a sabiendas de que puede perder y, de hecho, ya est perdiendo, grandes dosis de legitimidad, son varias y complementarias.

Aqu nos vamos a centrar solamente en una. En el empeo vehemente del Estado por aplicar un derecho de imposicin para la edificacin de un estado penal al servicio del capital, que contribuya a eliminar y utilizar cualquier forma de oposicin o disidencia, criminalizndola, para instaurar su proyecto hegemnico. No nos olvidemos de que un objetivo primordial al que sirve el sistema penal en su conjunto (policial, judicial y carcelario) es su propia pervivencia y crecimiento, es decir la auto-reproduccin del sistema. Para ello, necesita encarcelar ms tiempo, y encarcelar a todo aquel y todo aquello que visibilice su latrocinio, que visibilice que en realidad el Estado no defiende los derechos y las libertades de las personas, sino su propia seguridad y los intereses de los poderes a los que sirve. Por eso utiliza el independentismo, el prohibicionismo, el islamismo, la extranjera y dems coartadas. Para tratar de legitimar su sustancialidad, su esencia totalitaria encubierta de una apariencia democrtica. Por eso sataniza toda forma de oposicin y, con mayor contundencia, a aquellas formas que traspasan los lmites funcionales de protesta que puedan alterar sus intenciones.

Posiblemente el principal problema de seguridad ciudadana sea el propio sistema penal que prioriza su propia reproduccin (para lo cual ha demostrado que es muy eficaz) sin importarle en realidad la prevencin y lucha contra el delito, para lo cual ha demostrado sobradamente que es totalmente ineficaz. Por ello hemos de tener siempre claro que mientras la gobernabilidad de un pas se sustente en la guerra o la poltica, y el derecho no sea sino un arma al servicio de la guerra y la poltica, el principal problema de seguridad seguir siendo el propio Estado, y este seguir necesitando de chivos expiatorios para auto-reproducirse y engordar a los mismos de siempre.

No nos olvidemos de que las relaciones de poder y la guerra estn en la base de toda relacin poltica y jurdica, y esta altera la propia concepcin de la realidad y del derecho. La guerra no es la continuacin de la poltica por otros medios, tal y como apuntaban las tesis de Clausewitz, sino que el derecho, las leyes y la poltica son la continuacin de la guerra por otros medios. Esto supone hacer una relectura de la historia y de la filosofa poltica idealista de la modernidad, puesto que el sistema poltico-jurdico moderno, el Estado moderno, es el producto del mantenimiento y reproduccin de las conquistas que los triunfadores realizaron en las guerras libradas en las diversas esferas de poder tnico, nacional y econmico que son el origen de la modernidad.

Desde este supuesto, el derecho y la poltica son la continuacin de la guerra por otros medios. Tal y como expres Foucault M., retomando la reflexin de otros autores (Genealoga del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado, La piqueta, 1991: 59): Detrs del orden tranquilo de las subordinaciones, tras el Estado y sus aparatos, tras las leyes podemos advertir y redescubrir una guerra primitiva y permanente sustentada en relaciones de desigualdad, asimetra, divisin del trabajo, relaciones de usufructo, etctera... La guerra nunca desaparece porque ha presidido el nacimiento de los estados: el derecho, la paz y las leyes nunca han nacido en la sangre y el fango de batallas y rivalidades, es decir, despus de ellas, la ley nace de conflictos reales: masacres, conquistas, victorias que tienen su fecha y sus horrorficos hroes, de los inocentes que agonizan al amanecer. La ley nace de la imposicin.

Efectivamente, la guerra impulsa el desarrollo tecnolgico, mueve la actividad econmica ms importante de la economa mundo (mercado de armas y complejo militar-industrial vinculado a la industria del transporte y las telecomunicaciones). La amenaza de guerra est en la base de la aparicin y de la reproduccin de los estados modernos y de todas las formas de regular las relaciones polticas contenidas en sus cdigos legislativos. Por ello el Gobierno de EEUU y sus aclitos, como es el caso del espaol, necesitan potenciar las guerras en el planeta y fabricar supuestos enemigos de la seguridad. Las industrias de la seguridad, entre las que est la industria carcelaria, que no poda ser una excepcin, necesitan ms clientela y un marco normativo de endurecimiento de condenas para mantener ms tiempo encarceladas a las personas hacia las que selectivamente orienta sus procesos de criminalizacin.

Desde esta visin real del derecho como aparato de guerra al servicio del capital, y de su uso arbitrario por parte de los operarios del derecho, podemos interpretar los tristemente actuales y terribles acontecimientos tales como por ejemplo, la capacidad del Estado durante las tres ltimas dcadas de excarcelar, de no encarcelar o de aplicar medidas excepcionales a polticos, empresarios y banqueros condenados por delitos de terrorismo y corrupcin y, por contra, alargar las condenas a muchas personas presas mediante reformas penales expresas destinadas a inyectar mayores dosis de sufrimiento y desesperacin en los reos, o mantener en prisin a miles de personas gravemente enfermas cuyas patologas fsicas y mentales han sido provocados en muchos casos en y por la prisionizacin.

Csar Manzanos Bilbao, Doctor en Sociologa del Derecho, miembro de Salhaketa Araba

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130319/393367/es/El-Gobierno-espanol-ante-Tribunal-Europeo-Derechos-Humanos


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