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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2013

Hacienda no somos todos
Amnista para ricos, crcel para pobres

Mara Jos Esteso Poves y Ter Garca
Diagonal

La reforma en el Cdigo Penal facilita que el gran defraudador no vaya a la crcel.


En materia de delito fiscal, en el Estado espaol, no va a la crcel casi nadie porque en general los jueces imponan penas de prisin inferiores a dos aos, explica el abogado Ignacio Trillo, del despacho Red Jurdica. Aunque el delito fiscal est penado con entre uno y cinco aos de crcel y una multa de entre el monto defraudado y seis veces lo defraudado, en los ltimos aos una mnima parte de los condenados por este tipo de delitos ha pisado la crcel.

De las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, slo 19 fueron de ms de dos aos de crcel Segn los datos del Instituto Nacional de Estadstica, de las 298 sentencias condenatorias por delitos fiscales emitidas en 2010, slo 19 fueron de ms de dos aos de crcel. Las 279 restantes no implicaban la entrada en prisin si el defraudador no tena una condena previa. Un ao despus fueron 23 los defraudadores condenados a una pena de ms de dos aos de crcel de las 276 sentencias que se contaron.

Puede darse el caso, como ha ocurrido en alguna ocasin, de que el defraudador pida a la Inspeccin que enve su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta ms favorable el trato en la va penal que en la administrativa, aade Leonardo Crdenas, de AGM Abogados, y explica que en muchos casos la multa por la va penal del delito fiscal es bastante inferior a la que se recibira por la infraccin, por la va administrativa.

Hasta el ao 1995, la cantidad mnima defraudada a Hacienda que se consideraba delito era de cinco millones de pesetas. El impago por debajo de esa suma se consideraba una infraccin administrativa, castigada con una multa del entre el 50% y el 150% del valor defraudado, segn la cantidad. Ese ao, el Gobierno del PSOE aprob, mediante un pacto con CiU, una reforma del Cdigo Penal por la que el importe se aumentaba a los 15 millones de pesetas. Los obstculos a la hora de castigar el fraude a Hacienda fueron ms all, con la creacin de la excusa absolutoria, por la que se perdonaba a los defraudadores que de forma voluntaria pagaran lo defraudado antes de ser llamados por los inspectores del fisco.

La ley relaja el delito

La figura del delito fiscal se fue relajando ms con una nueva modificacin del Cdigo Penal en 2003. Desde los 15 millones de pesetas (90.000 euros), la cantidad defraudada para que se considerara delito pas a los 120.000 euros. De la mano de esta reforma, la nueva Ley Tributaria aprobada en diciembre de 2003 presentaba el acta de acuerdo, una nueva figura con la que se abra la va de la negociacin de lo defraudado evitando los juzgados y con rebajas de un 50% sobre la sancin.

La nueva modificacin del delito fiscal en el Cdigo Penal de enero de 2013 incluye algunas novedades aplaudidas desde el mbito de la Justicia y de la Agencia Tributaria, como la no detencin del cobro de la deuda cuando se inicia el proceso penal, que se adapta a la normativa de la Unin Europea, a la vez que se anuncia a bombo y platillo la ampliacin de la prescripcin de este tipo de delitos de los cinco a los diez aos, aunque slo en los casos con agravantes (defraudar ms de 600.000 euros, ser un fraude llevado a cabo por banda organizada o el uso de un paraso fiscal), que pasan a estar penados con entre dos y seis aos de crcel.

En paralelo, una disposicin en el artculo 305 permite que el juez rebaje en uno o dos grados la condena al defraudador que pague en el plazo de dos meses la deuda con Hacienda desde que es imputado. As, es ms posible que el defraudador no vaya a prisin si no ha sido condenado previamente y que se le aplique una multa menor a la que recibira si la causa fuera por va administrativa.

La consecuencia ms importante de este cambio es, segn explica Jos Mara Pelez, portavoz de la Organizacin de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se pierde el efecto disuasorio que debe representar un proceso penal, con la posibilidad de ingresar efectivamente en prisin. Si en cualquier proceso por delito fiscal se le permite al defraudador librarse de la crcel si paga lo que no pag en su da, la figura del delito fiscal pierde sentido, aunque se aumenten las penas o el plazo de prescripcin se eleve a diez aos en los supuestos de fraude ms graves, aade Pelez, quien seala tambin la escasa atencin que se le ha dado en el Plan de Control del Fraude de 2013 a las declaraciones tributarias especiales (DTE) de la ltima amnista fiscal, aprobada en marzo de 2012, medida que califica de fracaso.

No exiga repatriar los capitales, por lo que los 40.000 millones de euros de bases imponibles declaradas correspondientes a bienes ocultos se desconoce si se han repatriado o no, apostilla. Y entre aquellos que se acogieron a la amnista, nombres como Diego Torres, exsocio de Iaki Urdangarin imputado en el caso Nos, que utiliz la oportunidad prestada por el ministro de Hacienda para blanquear 160.000 euros que tena ocultos en una cuenta en Luxemburgo; o el de Luis Brcenas, extesorero del Partido Popular, que intent acogerse a la amnista para regularizar 19 millones de euros en cuentas de bancos suizos y a quien finalmente le fue denegada por la Agencia Tributaria a raz del inicio de la investigacin sobre la financiacin ilegal del Partido Popular.

La amnista fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy supone un reconocimiento explcito de la falta de voluntad del Gobierno de perseguir el fraude fiscal y de acceder al chantaje de las grandes rentas de dejar de tributar cantidades que seran muy importantes para aumentar los ingresos del Estado, afirma Alejandro Gmez, abogado penalista de la Asociacin Libre de Abogados.

El Gobierno ha optado voluntariamente por conformarse con migajas cuando tiene la obligacin jurdica y tica de perseguir el fraude obteniendo con ello ingresos que evitaran tener que recortar por el lado del gasto pblico, contina Gmez, quien seala que, si se tienen en cuenta los altos lmites de persecucin de este delito, fijados en los 120.000 euros por tributo y ao fiscal, es una medida que favorece especialmente a las rentas ms altas, hecha a medida de grandes defraudadores, sean del color que sean.

Otros casos, como el de Emilio Botn, son una muestra de cmo la Administracin mira a otro lado ante los delitos fiscales sin declarar una amnista fiscal. El presidente del Banco Santander y varios miembros de su familia fueron investigados por fraude fiscal en 2011 a raz del arresto en Francia de Herv Falciani, un extrabajador al HSBC en Ginebra que rob del banco datos de 18.000 clientes que utilizaban la entidad para evadir impuestos. Entre los datos de cuentas encontradas en el ordenador de Falciani por las autoridades galas se encontraban las de la familia Botn y otras 3.000 personas con residencia en Espaa, pero la Agencia Tributaria slo encontr a 659 de los defraudadores, a los que invit a regularizar su situacin sin llevarles ante la justicia.

Dos aos despus, la Lista Falciani ha vuelto a poner sobre la mesa nombres de polticos del PP ya relacionados con la Grtel, como Arturo Gonzlez Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, o Luis Brcenas; y a otros an no relacionados con la trama. Una lista de nombres relacionados con la poltica y ahora implicados en casos de delitos fiscales, entre otros, que, sin embargo, no ha provocado que se incluya a este colectivo entre los sometidos a un plan especfico de inspeccin.

En una situacin normal, los representantes polticos no tendran que tener controles adicionales, ni en concreto ser sometidos a inspeccin fiscal. En nuestro pas, en el que se multiplican los casos de corrupcin que afectan a nuestros polticos, un plan de inspeccin debera ser una de las muchas lneas de comprobacin que debera acometer la Agencia Tributaria, explica Jos Mara Pelez. Adems se deberan incluir entre los colectivos sometidos a vigilancia para la prevencin del blanqueo de capitales, ya que se excluyeron en la ley de prevencin aprobada en el ao 2010, concluye Pelez, y aade que estas reclamaciones ni tuvieron respuesta en 2008 ni las han tenido ahora.

Jaque a la clase trabajadora

Mientras se allana el camino a los grandes defraudadores, la ltima reforma del Cdigo Penal aprobada en enero ha reducido de 120.000 a 50.000 euros el monto defraudado a la Seguridad Social para que ste constituya delito, menos de la mitad que en el caso de los delitos fiscales, un cambio de baremo tachado de incomprensible por Gestha y que muestra un doble rasero, segn palabras de Gmez.

As, mientras en el caso del fraude fiscal la cantidad fijada para que ste constituya delito es de 120.000 euros por ejercicio fiscal, en el caso de la defraudacin a la Seguridad Social el monto para que sta sea delito se reduce a los 50.000 euros, y permite que se sumen las cuantas defraudadas en los ltimos cuatro aos. Segn explica Gmez: Es mucho ms fcil que se considere delito, y tampoco se tienen en cuenta las circunstancias de los sujetos que puedan cometer esos fraudes, la situacin de precariedad en la que se puede ver envuelto un ciudadano que defraude a la Seguridad Social frente al msculo econmico que tiene que tener un defraudador de Hacienda, que para alcanzar los 120.000 euros por ao fiscal tiene que haber generado ingresos de al menos medio milln de euros en un slo ejercicio, explica.

No van a recaudar mucho con ello aade Gmez acerca del cambio de baremo en el fraude a la Seguridad Social, y se ceban con una parte de la poblacin que puede estar en situacin de necesidad mientras a los defraudadores fiscales, que estn guiados por la mera codicia, se les est perdonando.

Carlos Fabra, el eterno evasor de la justicia, y de capitales

El expresidente de la Diputacin de Castelln Carlos Fabra ser juzgado a finales de este ao por delitos de trfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales segn fuentes judiciales. Las investigaciones por los delitos cometidos por el expresidente de Castelln llevan ya abiertas durante ms de nueve aos, en los que sus abogados han ido tratando de atrasar los procedimientos. Los tcnicos de Hacienda denunciaron hace aos que Fabra contaba con cerca de 3,7 millones de euros de ingresos no justificados, dinero que adems tampoco fue declarado a la Agencia Tributaria, por lo que tambin tendr que comparecer, acusado de defraudar a Hacienda, junto a su entonces esposa, Amparo Fernndez, 1,5 millones de euros entre los aos 1999 y 2004. La Fiscala Anticorrupcin pide para Fabra de 15 a 20 aos de crcel.

Recortes en AEAT: sin dinero para encontrar dinero

Desde 2008 a 2011, el nmero de expedientes por delitos fiscales tramitados por la Agencia Tributaria (AEAT) aumentaron en cerca de un 150%, pasando de los 679 expedientes a los 1.014, segn datos publicados por la propia AEAT, que ha visto como su presupuesto bajaba este ao en un 12%, lo que ha supuesto una merma en la financiacin de las investigaciones llevadas a cabo por sus inspectores y tcnicos y un descenso en el nmero de personas trabajando para sacar a la luz casos de fraude fiscal.

Por cada cien empleados de la Agencia Tributaria que se han jubilado, slo se han repuesto diez, segn seala Jos Mara Mollinedo, secretario general del Sindicato de Tcnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Unos recortes de personal no muy pronunciados, segn seala Mollinedo, en comparacin con otras reas, pero que suponen una gran merma sobre una plantilla cuyo nmero no se ha ampliado desde hace ms de veinte aos.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/panorama/amnistia-para-ricos-carcel-para-pobres.html


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