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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2013

Entrevista a Leonardo Jaimes, abogado de presos polticos y de guerra
"Desde octubre, los presos enfermos de cncer de Palogordo no van al onclogo"

Ainara Lertxundi
Gara


Leonardo Jaimes, abogado de la Fundacin Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, es testigo casi a diario de las consecuencias del actual sistema carcelario colombiano. Obligado a llevar proteccin despus de que un sicario le revelase que tena orden de matarlo, asegura que seguir visitando las crceles y denuncindolo, sin importar que nuestras vidas corran riesgos.

Cules son los puntos negros del mapa carcelario?

Son varios. El ms visible es el hacinamiento. Los 144 centros penitenciarios existentes en el pas estn diseados para alojar a 75.620 internos. Pero, en este momento, 2012 termin con 113.884 personas privadas de libertad. Este nivel de hacinamiento cambia de una crcel a otra. En algunas, como en la crcel Modelo de Bogot, es casi del 300%. El segundo problema al que nos enfrentamos es la precaria atencin sanitaria a los presos. No existe un mecanismo que permita atender de manera fcil y gil la salud de los 115.000 presos. Segn cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el ente encargado de la vigilancia en las crceles, en los ltimos dos aos han muerto 500 presos, la mayora de ellos por falta de atencin mdica. Nosotros tenemos el registro de un preso poltico, un combatiente de una fuerza rebelde que muri en total abandono el 8 de enero de 2011. A los presos se les diagnostica cncer de manera muy tarda y cuando van a actuar ya es demasiado tarde.

Para que, por ejemplo, un preso enfermo de cncer de colon -tenemos varios casos en Palogordo- reciba tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sus compaeros deben hacer una jornada de protesta. Es absurdo que en un Estado social y de derecho ocurra eso. Desde octubre, los presos enfermos de cncer de Palogordo no han sido remitidos al onclogo ni al mdico especialista. Otro punto negro lo constituyen las agresiones contra la poblacin privada de libertad por parte del INPEC. Son permanentes las denuncias de torturas, de tratos crueles e inhumanos. Podra hablar tambin de las condiciones, sumamente preocupantes, en las que estn las mujeres. Se les limita el derecho a asociacin y estn sometidas a una fuerte presin sicolgica. Viven bajo la amenaza de ser trasladadas a prisiones lejanas si realizan protestas, con lo que no podran ver a sus hijos.

En este breve diagnstico, quisiera resaltar que existe un problema de fondo y estructural que no es otro que la poltica criminal de Estado, que ha impuesto leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana para reprimir las movilizaciones sociales. Por el mero hecho de ocupar una calle en protesta por la implementacin de megaproyectos o por la presencia de las multinacionales que se apropian de los recursos naturales del pas, una persona est violando Ley Penal y es conducida a un centro penitenciario.

Tenemos el ejemplo de una persona condenada hace poco a seis aos de prisin por apropiarse de seis paquetes de caldo en un supermercado de una gran superficie. Y, por contra, tambin tenemos al paramilitar conocido como El Iguano, que, en virtud de la Ley Justicia y Paz, solo puede ser condenado a un mximo de ocho aos pese a haber confesado 3.500 homicidios.

Es esta poltica la que est generando que la poblacin carcelaria crezca en 1.500 internos mensuales, lo que equivale a 15.000 personas privadas de la libertad en un ao. Dicho de otra manera, se tendran que construir ms o menos cinco crceles al ao. Pero, obviamente, la solucin no es construir nuevas megacrceles con capacidad para hasta 20.000 presos, como pretende el Gobierno de Juan Manuel Santos. La mayora, casi el 70%, estn presos por el delito de hurto y, segn datos del propio INPEC, el 75% de la poblacin carcelaria proviene de clases bajas, mientras que la gran criminalidad, como el paramilitarismo, no se ataca. Son muy pocos los encarcelados por los escndalos de la parapoltica, que, adems, estn en crceles especiales y muy bien dotadas.

El tema carcelario refleja la cruda realidad que est viviendo Colombia. En este momento, en las crceles existe una crisis, una bomba de relojera.

De todas las denuncias, sobresale el nombre de la Tramaca, situada en Valledupar, en el norte de Colombia. Qu representa esta prisin?

Es un lugar de tortura. A los presos de cualquier otra prisin se les condiciona, se le asusta dicindoles que si presenta una denuncia o secunda una protesta pacfica, ser trasladado a la Tramaca. Como Comit de Solidaridad con los Presos Polticos Equipo Jurdico, hemos verificado de manera permanente la situacin de esta crcel situada a las afueras de Valledupar, en una zona controlada por el paramilitarismo. Una vez que traspasas los muros de la crcel, la Constitucin, las leyes y el derecho internacional humanitario dejan de existir. La Tramaca funciona como una repblica independiente en la que los derechos de las personas son conculcados de manera permanente por parte de funcionarios del Estado. Las golpizas son habituales. Y salvo alguna excepcin, no ha habido sanciones ejemplarizantes contra esos funcionarios.

La temperatura supera los 46 grados centgrados. Pese a ese calor infernal, solo tienen unos minutos de agua al da.

Han influido en algo los dilogos de La Habana?

Las conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno en La Habana no se han traducido hasta el momento en gestos en cuanto a la situacin en las crceles. La cuestin de los presos polticos y de guerra, contra quienes el Estado aplica medidas excepcionales, debera haberse planteado de manera clara y expresa en La Habana. En simple aplicacin del Derecho Internacional, el Gobierno debera excarcelar de manera inmediata a aquellos presos polticos con enfermedades graves y permitirles, al menos, morir con sus familias o en su casa.

Qu medidas se deberan de adoptar de forma urgente?

Se debe revisar con carcter de urgencia la legislacin creada durante el Gobierno de lvaro Uribe con respecto al incremento de penas y a la adopcin de nuevos tipos penales, y la creencia histrica del poder poltico de que la solucin a las diferencias sociales y a la pobreza se soluciona creando nuevos delitos y enviando a los pobres a las crceles. El Gobierno debe permitir la visita de comisiones internacionales o mixtas para verificar la situacin en cada una de las crceles. Es lo mnimo.


Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130408/396524/es/Desde-octubre-presos-enfermos-cancer-Palogordo-no-van-oncologo



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