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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-04-2013

Catstrofe natural y crimen social
Las dos ciudades

Jorge Orovitz Sanmartino
Rebelin


Cuando los pases poseen un lazo social fuertemente comunitario, implementan polticas de prevencin reales y efectivas, e impulsan una planificacin urbana e infraestructura adecuadas a los requerimientos sociales de las grandes mayoras, el impacto de un desastre natural puede ser amortiguado. La organizacin y directrices oportunas, la movilizacin general de la poblacin y de los recursos y la utilizacin eficiente y educativa de los medios de comunicacin, pueden mitigar y reducir de manera sustancial los efectos de las catstrofes naturales. Pero el impulso combinado de todas estas medidas implica un cambio radical en el modelo econmico y social vigente en nuestro pas, as como su rgimen poltico institucional. Por el tipo de modelo vigente, por el carcter privatista de la relacin entre Estado y sociedad y por la lgica mercantil de su desarrollo, la catstrofe natural se transform en nuestro pas en un crimen social. La parlisis estatal en todos sus niveles y la enorme solidaridad popular han sido utilizadas por los grandes medios para propagar un discurso antipoltico y moralizante que contrasta con la exigencia de abordar las soluciones de fondo con el nico mtodo colectivo disponible: el mtodo de la intervencin y participacin poltica de amplias capas populares.

Mercantilizacin del espacio urbano

Comencemos por la falta de inversin en infraestructura bsica y planificacin urbana. Han aparecido muchos artculos periodsticos demostrando la demora de aos de estas obras, o los estudios hidrulicos que desde 2007 alertaban sobre las consecuencias de las lluvias y recomendando obras que nunca se hicieron, o los reclamos persistentes de vecinos que vienen sufriendo las consecuencias de unas construcciones privadas sin control ni regulacin que impermeabilizaron el suelo y en muchos casos bloquean el drenaje y filtrado de las aguas. El caso paradigmtico ha sido el shoping DOT de Saavedra, resistido por los vecinos a los que se trat de delincuentes por denunciar las consecuencias nefastas de esta obra. Estos casos se multiplican por toda la geografa nacional, sucede en Santa Fe, provincia de Buenos Aires o en la Capital. Atraviesa a todos los partidos polticos que hoy estn al frente de la gestin provincial o municipal. Sucede lo mismo con la infraestructura en transporte, energa o en los servicios pblicos como el agua, el gas y la electricidad. La pregunta hamletiana que se formulan millones de personas es por qu no se hicieron esas inversiones? Y la respuesta ms a mano es la corrupcin de los polticos, la desidia, la indiferencia o el cortoplacismo. Por supuesto, estos son rasgos existen pero pueden hacerse tan manifiestos y dominar la cultura poltica de un pas slo bajo ciertas circunstancias.

Hasta fines de los aos 60 y mediados de los 70 el modelo desarrollista industrial de la periferia y el modelo keynesiano en algunos pases centrales estaban basados en la planificacin estatal del espacio pblico, de la tierra, la vivienda y el pacto salarial, que por supuesto sostena la demanda en funcin del proceso de acumulacin del capital, pero que tambin responda al poder de las clases subalternas que reclamaban y lograban polticas pblicas y sanitarias en su beneficio. No era el paraso de la clase trabajadora y muchas crticas justas y necesarias fueron levantadas contra un sistema alienante y burocrtico. Pero con la dictadura militar y las polticas neoliberales de las ltimas dcadas se inici un nuevo ciclo de expansin del capital y en particular de las ciudades, sostenidas de manera hegemnica por la lgica del mercado inmobiliario instituido bajo un modelo de regulacin sustancialmente distinto y que expresaba nuevas relaciones sociales de fuerza. La planificacin anterior, ms o menos coherente, ms o menos eficaz, dio paso al dominio absoluto de los desarrolladores inmobiliarios y la especulacin financiera, cuyo inters en promover el negocio de tierras chocaba contra cualquier tipo de regulacin estatal rgida y desinversora. Bajo la superficie ideolgica de la autoregulacin los grandes capitales pasaron a comandar el proceso de urbanizacin, que se hizo catico y expandi la construccin de viviendas en funcin de ganancias rpidas. Ese era en definitiva el precepto liberal de mercado, para quien los seres humanos, comportndose de modo de pretender ganar el mximo dinero posible hacan entre todos el bien comn al fomentar la competitividad y por lo tanto el progreso. La legislacin no hizo ms que adaptarse a esta nueva relacin de fuerzas conservadora. La presin del mercado, liberada de las regulaciones no poda ms que desembocar en la modalidad de barrios privados exclusivos, expulsin de sectores populares a la periferia, concentracin de barriadas miserables y asentamientos ilegales casi siempre ubicados en zonas bajas e inundables, y una creciente polarizacin socio-territorial. En el caso de las clases populares, la planificacin de barrios por el estado, mutuales y sindicatos, dio paso a la toma de tierras y asentamientos precarios sin servicios, sin infraestructura y en las peores tierras. Las imgenes de las ltimas semanas abrieron los ojos de todo el pas sobre las decenas y cientos de miles de personas que se hacinan en la periferia pauprrima de La Plata, la antigua Atenas del Plata. Este puro capitalismo pervivi en la ltima dcada, donde el boom inmobiliario alcanz su mxima expansin, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde se construy en una dcada 25 millones de metros cuadrados manteniendo la misma infraestructura de la dcada del 50. O en la ciudad de La Plata, donde el lobby de los empresarios de la construccin convenci al intendente Bruera para modificar el Cdigo de Planeamiento Urbano en 2010, dando rienda suelta al boom inmobiliario y la construccin sobre espacios verdes y de altos edificios en el centro de la ciudad. La pulsin expansiva del mercado capitalista ejerci una presin hacia la administracin pblica bajo la lgica de facilitar los negocios y atraer capitales. Aunque los gobiernos tengan distintas sensibilidades e ideologas, y aunque no todas las administraciones respondieron de la misma manera, el formidable ciclo del negocio inmobiliario sigui su curso, como el de la minera o la soja, sin detenerse en las consecuencias sociales, ambientales y humanas de su negocio (para no hablar de la hipoteca industrial y productiva que implica de largo plazo) y barriendo a su paso con las trabas polticas, legales y los cuestionamientos sociales. El neodesarrollismo logr redistribuir bajo la modalidad asistencial y la promocin del consumo, parte de esa renta, lo que sustent su legitimidad social y electoral y le ha valido una gran cuota de autoelogio por parte de sus mentores, aunque siempre bajo la condicin de expandir la modalidad de libre mercado basado en la inversin privada como condicin de la creacin de empleo. As por ejemplo, el plan Procrear se lanz sobre la base de la alianza financiera del estado con el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, quin se benefici a su vez con los acuerdos del PRO y el kirchnerismo en la legislatura portea para la venta de tierras pblicas en Caballito, Palermo y Liniers, entre otros proyectos como el que tendr tratamiento este ao sobre la Isla Demarchi, para su venta al mismo grupo encabezado por Eduardo Elztain, dueo de los shopings y de los ms grandes complejos inmobiliarios del pas y sindicado como responsable del negociado del DOT en Saavedra. El presupuesto subyacente es que la modernizacin de la ciudad y el mejoramiento de sus servicios estn asociados por naturaleza a las bondades de la inversin privada. La promocin del turismo y la idea de Buenos Aires como capital cultural favoreciendo polos o barrios donde se promueva la inversin, tiene la misma raz ideolgica, facilitando el negocio privado, promoviendo sus intereses como precondicin para el crecimiento de las ciudades y de la economa.

Tal como lo haba sugerido el marxista Henry Lefevbre en los aos 60, el negocio inmobiliario es un lugar privilegiado para la reinversin de los capitales excedentes. En nuestro pas una gran parte del excedente proviene de la renta sojera y, en tanto capital financiero, busca valorizarse penetrando el corazn profundo de la ciudad. Moldeada por el auge de la industria del automvil, las ciudades modernas tambin se han ido adecuando al dominio privado del vehculo automotor en detrimento del transporte pblico, de las vas peatonales, de las calles como lugar de encuentro y socializacin y, en general, del medio ambiente, de los espacios verdes y de la vida saludable, contribuyendo al colapso de los servicios bsicos, la expansin del asfalto y la impermeabilizacin de los suelos.

La restauracin completa de la propiedad privada estimul los desalojos violentos, el cercado de los parques, la privatizacin de espacios pblicos, el reforzamiento de las concesiones privadas de los servicios urbanos, la rezonificacin de amplias franjas de tierra para volverlas aptas para el negocio, pero tambin el desfinanciamiento de la educacin pblica o la subejecucin del presupuesto para la urbanizacin de villas y asentamientos. El macrismo puede ser una demostracin extrema, pero de ninguna manera nica de este nuevo ciclo de valorizacin. La consecuencia de este proceso implic ocupaciones, organizacin villera y enfrentamientos directos, como lo vimos en el Parque Indoamericano o en Retiro. Esta disputa se dio en el campo educativo, de la salud o el de la cultura, mediante una lucha srdida, tenaz, persistente a lo largo de estos aos por el lugar de lo pblico en el espacio urbano y se manifest en una resistencia a veces imperceptible a ser etiquetado individualmente como cliente para reclamar colectivamente derechos como ciudadano.

Estado y participacin popular

El ciudadano dio paso al consumidor como figura central, al que se le brinda servicios en tanto cliente antes que sujeto de derechos y obligaciones. As, por ejemplo, la reparacin del dao material y humano no es entendida como una obligacin estatal y colectiva sino como un asunto individual. No es casualidad que con cada inundacin o catstrofe aparecen los crditos blandos para que el propietario (hay que mostrar el ttulo de propiedad) pueda reparar sus bienes y devolver al Estado lo que ste bondadosamente le presta. Los subsidios otorgados son siempre enfocados de manera particular y no universal, as, por ejemplo, slo lo pueden percibir los jubilados que cobran la mnima o los receptores de la AUH, pero no la familia cuyos miembros tengan un trabajo registrado. La reconstruccin tampoco es colectiva, atae o al propietario de manera individual, reenviando al mercado inmobiliario la solucin a un drama que l mismo gener. Hace tiempo sealamos, a propsito del desastre dejado por el huracn katrina en EEUU, que el individualismo posesivo haba sido llevado al extremo mediante las plizas de seguros, que se haban transformado en la nica garanta de reconstruccin. La contracara podra ser el caso venezolano, que ante las lluvias de 2010 que dejaron ms de 30 muertos y miles de casas daadas, el Estado comenz a saldar su cuenta pendiente y se lanz a la reconstruccin de las zonas afectadas y un plan de viviendas que en dos aos permiti adjudicar ms de 300 mil unidades, adems de asegurar el reequipamiento de las casas con el programa La Casa bien equipada y las brigadas de obreros para la reconstruccin y las comunas como gestores y organizadores de la misma.

Esta ausencia estatal se mostr en la carencia total de planes de contingencia y emergencia, y sobre todo en la incapacidad del estado de asumir el rol de conducir a la sociedad ante la emergencia. La proliferacin de la solidaridad civil viene a ocupar un espacio que el estado deja vacante pero que no puede ser reemplazada. Se trata de un crimen social porque esa ausencia implica muertes, desapariciones y prdidas materiales muy altas. Otra duda hamletiana: Por qu en Cuba los tifones y huracanes casi no general muertes y heridos? Existe la prevencin en muchos pases, claro, como en Japn, donde los recursos materiales y administrativos del Estado son altos. Pero donde la carencia es muy grande, como Cuba, el secreto est en la organizacin comunitaria, en la activacin de la poblacin mediante protocolos y organizacin popular, gracias a la descentralizacin y el reparto de roles entre todos los actores sociales. El alerta meteorolgico activa a cada responsable de cada manzana, a los jefes locales y la defensa civil se hace cargo de todos los recursos locales. Se trata de una movilizacin general de toda la poblacin que de manera colectiva ha podido evacuar a dos millones de habitantes en poco tiempo. Lo caracterstico, entonces, es la relacin estrecha entre sociedad y estado, basada en la movilizacin general de la poblacin, quienes tiene la costumbre de no esperar que las tareas las haga el funcionario a quin se le paga los impuestos sino de involucrarse como miembro activo de la polis en la que habita. Este carcter popular de la tarea estatal, que exige una participacin activa del ciudadano, est ausente en nuestra poltica pblica. El estado y su administracin aspiran a la legitimidad popular, al apoyo electoral, pero no a la movilizacin de la poblacin, que podra ser arrancada de la pasividad de su vida privada y volverse un sujeto activo de la vida pblica. El caso del proceso comunal en la Ciudad de Buenos Aires es paradigmtico. All las comunas no tienen ninguna injerencia en los protocolos de emergencia, ni se les ha dado poder ni municipal y mucho menos en sus competencias concurrentes. En los programas de presupuesto participativo que existen en diversas municipalidades, por ejemplo en la ciudad de La Plata, la toma de decisiones popular est restringida a un pequeo presupuesto de menor envergadura, pero nunca a las obras importantes. La democracia liberal aborrece de la participacin directa del pueblo, se refugia en la representatividad del voto y acepta de manera decorativa las pequeas intervenciones institucionalizadas de democracia directa a los efectos de remarcar su carcter abierto siempre que no afecte el carcter gerencial y jerrquico de su comando cotidiano y de sus decisiones estratgicas. El estado entonces, se hace inhabitable en las catstrofes, torpe y carente de lazos con los capilares de la ciudad que es donde debe llegar de manera inmediata y pierde as toda eficacia. El sentimiento del estado ausente no es una simple campaa del grupo Clarn, sino una modalidad de la democracia pasiva y gerencial que pervive como herencia del ciclo neoliberal.

Aunque en la esfera de la administracin nacional, la recuperacin de la idea terica de habitar el estado bajo una nueva modalidad basada en la tica de la solidaridad ha sido un esfuerzo compartido de algunos intelectuales y funcionarios crticos, ella no ha sido ms que un intento disperso. Es que la estructura estatal, sin cambios reales en la concepcin y experimentacin de nuevas formas de concebir la democracia y la accin poltica pblica, y estructurado, como dijimos, en un rgimen de regulacin dbil, no ha podido deshabitar la vieja lgica gerencial. Es cierto que el estado nacional ha logrado revertir la prdida de lo que Michael Mann define como capacidad infraestructural, mediante el fortalecimiento de la poltica fiscal, la nacionalizacin de las AFJP o las regulaciones sobre el Banco Central, el control de divisas o la exportacin. Conquist grados de soberana que antes haba entregado a las instituciones de crdito internacional. Pero el neodesarrollismo utiliza esas herramientas para fomentar el crecimiento sobre la base de la inversin privada, lo que atenta contra cualquier idea seria de planificacin econmica de largo plazo, por ejemplo en industrias bsicas. Este esquema se repite pero agravado en la gestin del suelo urbano, donde no slo no hubo planificacin sino tampoco hasta 2012, un plan medianamente slido de viviendas. Sucede otro tanto con los servicios pblicos y el transporte, desfinanciados en funcin de no tocar tarifas. El modelo se enfoc en el aumento del consumo, en el supuesto de que ella es la base de la legitimidad electoral. Se puede tener un LCD en cuotas y tomar algunos das de vacaciones viviendo en un asentamiento sin servicios, en una vivienda insalubre y sufriendo inundaciones cada vez ms peridicas.

En esta especie de estado de bienestar liberal las ayudas son focalizadas, las reglas para recibir estos derechos son estrictas y el estado asume un rol de mero coordinador y facilitador entre los agentes econmicos y la sociedad, dejando al mercado como el principal agente de produccin y distribucin de la riqueza.

La idea del marketing penetr profundamente el mbito de la poltica. Por eso la administracin como la de Ciudad subejecuta las partidas presupuestarias destinadas a la urbanizacin pero sobreejecuta las de publicidad. Adems, el marketing poltico impone un ritmo pragmtico a la gestin que, apurado por los cuatro aos de mandato acelera las pequeas obras cosmticas que se ven en detrimento de la infraestructura bsica, costosa e invisible.

El moralismo antipoltico surge all donde crece el descrdito a los partidos, las instituciones estatales se vacan y domina una ideologa privatista de la sociedad civil. Los medios masivos apelaron a este recurso como plataforma opositora al gobierno nacional. Pero ese discurso machacn y demaggico fue posible por el fracaso de la poltica en proteger a las personas y constituir comunidad. El ethos comunitario se manifest por aquellos das no en el estado protector sino en la solidaridad popular. La oposicin de derecha y los medios de comunicacin han resaltado la solidaridad no como instrumento de una nueva poltica, de una forma distinta de concebir la relacin estado-sociedad, sino desde su estrecha visin moralista y asistencial. Pero en la militancia de cientos de jvenes que pusieron el cuerpo en aquellas jornadas se conceba una forma distinta de pensar y actuar la solidaridad. Ella se inscriba en la estrategia de la organizacin popular, en el impulso a la asamblea barrial, al reclamo, y tambin la reconstruccin colectiva, en la alianza estrecha entre territorio y universidad, recogiendo las mejores tradiciones del Cordobazo, reconduciendo la tica de la solidaridad a su campo ms frtil, el campo de la accin poltica transformadora.

Propiedad y derechos ciudadanos

Bajo la lgica restauradora de la propiedad, la idea de los derechos sociales que haban sido puestos en prctica con mayor o menor fortuna en la segunda posguerra con el auge del keynesianismo tendi a desaparecer del debate poltico y de los programas partidarios. El derecho a la ciudad, que resume el derecho a servicios bsicos garantizados y el derecho a la vivienda digna, no quedan ms que como un registro constitucional perdido que no posee ninguna consecuencia prctica efectiva. El derecho a bienes comunes sustrados de la capacidad adquisitiva parecen tan lejanos como aquellos derechos consuetudinarios que Marx mencionaba en 1843 respecto a los debates de la dieta renana respecto a los robos de lea por parte de leadores que defendan los bienes comunes de praderas y bosques. David Harvey asume que el neoliberalismo impuso un nuevo ciclo de cercado de campos que refuerza los derechos de propiedad privada sobre los derechos de posesin pblicos, valores de uso sustrados a la valorizacin capitalista. Historiadores como E. P. Thompson haban documentado la encarnizada resistencia de las clases plebeyas por defender esos derechos enraizados en tradiciones seculares. Karl Polanyi subray el caso de Speenhamland, una localidad donde los nobles aseguraron el derecho a la vida, que en 1834, luego de 40 aos, debi ser abrogada para permitir la creacin de un mercado de trabajo mediante el abandono de la seguridad de las personas. La naturalizacin del absolutismo de la propiedad fue impuesta tras duras contiendas. Esa lucha se renueva de manera permanente. El derecho a la ciudad, que es un derecho a la restauracin comunitaria del desastre dejado por la inundacin, que implica la obligacin del estado como instrumento jurdico de la comunidad de hacerse cargo, que implica el derecho a la vivienda y la infraestructura bsica, el derecho al agua potable, el derecho a transitar sin riesgos, a vivir en un ambiente saludable, parecen colisionar con el seorasgo ilimitado de la propiedad y el valor de cambio como medida de todo. Las luchas populares debern recoger del arcn de sus propias experiencias polticas, de las viejas conquistas del pasado, pero tambin de las luchas del presente, los mapas de ruta que permitan reconstruir esa economa moral popular basada en los derechos de ciudadana. Muchos de estos derechos estn consagrados constitucionalmente, y colisionan con los derechos legales de propiedad. Lo que se juega en los asentamientos del gran La Plata, en la isla Demarchi y en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca o la costa de Quilmes son los derechos ciudadanos de los pobladores de Villa Elvira y Los Hornos, de la villa Rodrigo Bueno o del barrio Mitre. Se juega el derecho a la ciudad sobre los derechos de propiedad de los desarrolladores inmobiliarios y el capital financiero, el derecho todos nosotros a disfrutar y a decidir y planificar democrtica y colectivamente qu ciudad queremos sobre el totalitarismo de mercado que expulsa a los pobres de la ciudad y los margina en asentamientos insalubres, mientras el estado en todos sus niveles los invoca como la quintaescencia del desarrollo. Los derechos de posesin y usufrutuo del espacio pblico, los derechos a la vida digna no son compatibles con los de propiedad. El valor de uso no es traducible a valor de cambio. Esta colisin de derechos, que surge a cada paso, la presenciamos durante la inundacin, en el choque de dos ciudades, la del capital y sus personeros, con sus oropeles polticos y sus vidas satisfechas y la del pueblo trabajador que vive hacinado en los suburbios, abrazados por la solidaridad popular y el activismo militante de cientos y miles de jvenes.

Jorge Orovitz Sanmartino. Socilogo UBA, integrante del EDI (Economistas de Izquierda) y de la Junta Comunal N 7, CABA.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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