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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-04-2013

Neuqun
Violencia permanente contra el Pueblo Mapuche

Daro Aranda
ODHPI


Diez personas encapuchadas al estilo de la dictadura cvico-militar portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de muerte a hombres, mujeres y nios que se encontraban en la ruka (casa) comunitaria del Lof Felipin, denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y Felipin, de Neuqun. Fue la ltima de una serie de amenazas que comenzaron en enero pasado, cuando se inici una conflicto territorial con un empresario. Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino por no actuar en concordancia con el ordenamiento jurdico que protege los derechos indgenas. Pablo Romero, de la comunidad Felipn, afirm que la violencia empresaria, poltica y judicial no har retroceder a las comunidades mapuches en la defensa del territorio.

En el departamento de Catn Lil (en el centro-sur de la provincia) se incrementaron los ltimos aos los conflictos territoriales sobre campos de veranada y caminos de arreo. En diciembre pasado se hizo pblica una supuesta compra, por parte del empresario Pedro Alejandro Chaparro, de un lote en el paraje Purrufe Pewe, a Jubileo Pintos (miembro de la comunidad mapuche Cayupan). El predio es territorio ancestral y de uso actual del Pueblo Mapuche. La parcela de tierra est ubicada en la zona conocida como Cordillera del Chachil, lote 90 y 91.

En la disposicin 68/12, la Subsecretara de Tierras de Neuqun rechaz la transferencia de tierras entre Jubileo Pintos y Chaparro. A pesar de la negativa de la Subsecretara, la esposa de Jubileo Pintos (Isabel) y sus hijos fueron desalojados del territorio mapuche, la vivienda fue destruida y los animales arriados fuera del campo.

A inicios de marzo, personas contratadas por el empresario Chaparro comenzaron a construir sobre las tierras de la familia Pintos, y tambin en parcelas de la comunidad mapuche vecina (Felipin).

El conflicto se agudiz.

Recuperacin

La comunidades Felipin, Cayupan y Paineo se organizaron y, de manera conjunta, frenaron la construccin, obligaron a los empleados de Chaparro a retirarse del lugar e incluso llevarse los materiales y herramientas. Las comunidades recuperaron la parte de la comunidad Felipn y se asentaron en inmediaciones del predio de Pintos.

Hubo denuncias cruzadas durante todo marzo, clima de enfretamiento y la llegada de la polica de la localidad Las Coloradas (con refuerzos de Zapala), con la orden de reprimir.

Las comunidades denunciaron que los empleados de Chaparro realizaban disparos intimidatorios. Se encontraron municiones calibre 30 y 22 mango.

La semana pasada tuvieron reunin con el subsecretario de Tierras, Eduardo Ferrareso; el fiscal de Estado, Raul Gaitan, y el ministro de Seguridad, Claudio Gabriel Gastaminza. Desde el Gobierno les confirmaron la nulidad de la venta por tratarse de tierras ficales y Ferrareso le restituy el campo a la familia Pintos (hecho que an no se concret).

Escalada de violencia

El martes pasado se iba a realizar una pichi gellipun (ceremonia mapuche) en el territorio de las comunidades. No pudieron llegar todas las comunidades porque los empleados de Chaparro les cerraron el paso y amenazaron a las comunidades.

El mismo martes, a la noche, ingresaron diez personas encapuchadas a la vivienda de la comunidad Felipin y amanazaron con palos y cuchillos a las familias.

Semanas atrs el abogado Lensiski, patrocinante de Chaparro, instigaba hechos de violencia por los medios de comunicacin. Denunciamos un complot judicial para proteger a Chaparro ya que est a la vista la complicidad e inoperancia de los fiscales de la ciudad de Zapala (Cofre y Azar) que paralizan y cajonean todo tipo de denuncia incluida la del secuestro de armas de guerra en poder de Chaparro y sus peones, denunciaron ayer las comunidades en un documento conjunto.

Apuntaron que el subsecretario de Tierras, Ferrareso, no cumpli el compromiso de restituir el territorio (lote 90) a la familia Pintos y a la comunidad Cayupan. Responsabilizamos por los gravsimos hechos de violencia de los que somos vctimas al gobierno de Jorge Sapag y a la Justicia neuquina por no actuar en concordancia con el ordenamiento jurdico provincial, nacional e internacional vigente, advitieron las comunidades Cayupan, Paineo, Felipin y el Concejo de Participacin Indgena (CPI) de la Zona Centro de Neuqun.

Estado, Gobierno y Poder Judicial

En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprob la Ley 26.160, que declar la emergencia territorial, suspendi los desalojos indgenas por cuatro aos y orden un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicacin de la norma implic que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013.

Recin en 2012 se firm en Neuqun el convenio para la ejecucin de la Ley 26160. Y la aplicacin sigue demorada.

Neuqun es un vocablo mapuche que significa, segn la publicidad oficial del gobierno provincial, atrevido, arrogante, audaz. El 15 por ciento de la poblacin provincial se reconoce mapuche, trece de sus diecisis departamentos llevan nombres indgenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ros y montaas.

Discriminacin institucionalizada, fueron las palabras que resumieron la situacin en Neuqun segn el Informe 2010 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indgenas (ODHPI). El trabajo detall la represin a comunidades, la judicializacin de la protesta, el total incumplimiento de la legislacin indgena y la avanzada de empresas petroleras, mineras, tursticas, forestales y agropecuarias sobre terrtirios mapuches.

El informe denunci la ilegalidad de la poltica oficial respecto de los pueblos indgenas, donde prcticamente todos los conflictos que sobrelleva el Pueblo Mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente.

Hace una semana, el ODHPI public su informe 2013 sobre la situacin de los pueblos originarios de la Patagonia. En Neuqun sobresale la criminalizacin. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales.

El objetivo del Estado en la utilizacin del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos, explica el Observatorio y afirma: El Estado protege con esta poltica represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulacin inmobiliaria y turstica, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indgenas. Hay una tarea minuciosa y metdica para poner toda su estructura institucional, poltica y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado.

Pablo Romero, de la comunidad Felipn, explic hoy que la situacin est un poco ms tranquila. La polica lleg hasta el lote 90 y despej el corte que estaban realizando los empleados de Chaparro. Pero denunci que an el Gobierno no cumpli con el acta firmada que obliga a devolver el territorio. Cualquier hecho de violencia ser responsabilidad del gobernador Sapag, del Poder Judicial, en particular de los fiscales de Zapala (Marcelo) Cofr y (Andrs) Azar.

Fuente: http://odhpi.org/2013/04/neuquen-violencia-permanente-contra-el-pueblo-mapuche/



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