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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2013

Violencia en Honduras: Muchas vctimas y pocas soluciones

Lourdes Prez Navarro
Prensa Latina


El debate sobre la inseguridad est latente en la agenda poltica de Honduras, pas donde segn las estadsticas ocurre un homicidio cada 74 minutos, pero, lejos de avizorarse soluciones, llueven justificaciones y antagonismos. Apremiado por organizaciones agrupadas en la Alianza por la Paz y la Justicia, entre los das 8 y 12 de abril pasados el Congreso Nacional llam a las mximas autoridades judiciales y policiales del pas a rendir cuentas sobre este tema que lidera las preocupaciones de los hondureos.

La alarma ciudadana tiene razn de ser. Basta echar una ojeada a las cifras emitidas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autnoma de Honduras (UNAH): durante el primer trimestre de 2013 se registraron unos 20 homicidios diarios, es decir, cerca de 600 mensuales.

Otro estudio publicado por el gubernamental Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indic que en 13 aos, desde 2000 hasta 2012, se contabilizaron 53 mil 622 muertes violentas.

De ellas, 20 mil 10 ocurrieron en un lapso de los primeros 35 meses de gestin del actual presidente Porfirio Lobo (desde el 27 enero de 2010 a diciembre de 2012).

De acuerdo con la Organizacin Mundial de la Salud, el estndar internacional es de 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, y se considera una epidemia cuando la tasa anual sobrepasa ese lmite.

En el caso de Honduras, ese ndice se excede con creces. El Conadeh observ que en los ltimos ocho aos la tasa de homicidios tuvo un crecimiento acelerado, al pasar de 37 en 2005 a 85.5 en 2012, o sea 10 veces ms que la media mundial.

Sin embargo, la actual tasa de homicidios se redujo en un punto en comparacin con la de 2011 (86.5) y eso interrumpi el crecimiento anual de 3.10 que prevaleci desde 2004, seal la entidad.

A juicio del presidente hondureo, Porfirio Lobo, el pas avanza en el tema de seguridad.

"Existe la voluntad y la disposicin de que podamos cada vez mejorar, se ha reflejado una cada de los ndices de homicidios y delincuencia hasta en un 75 por ciento en varios municipios, y seguir trabajando en ese tema hasta el ltimo da de mi mandato", asever.

Otros expertos tienen criterios divergentes. Al hacer un recuento de los presupuestos asignados a los rubros de seguridad y justicia en los ltimos 30 aos, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, afirm que el Estado hondureo ha invertido ms de 160 mil millones de lempiras (unos ocho mil millones de dlares).

An as, dijo, los problemas de la inseguridad se han acumulado de tal forma que actualmente hay una crisis institucional y la sociedad vive en un ambiente de pnico ante el incremento de la violencia.

"Solo queremos resultados..., el pas no puede seguir gastando presupuesto en estas instancias (Polica Nacional, Ministerio Pblico y Corte Suprema, entre otras) y que se contine hacia el precipicio", acot.

El presidente del Congreso hondureo, Juan Hernndez, asegur que existen operadores de justicia confabulados con el crimen en esta nacin centroamericana, la cual ocupa el primer lugar de homicidios en el mundo.

Tras concluir las comparecencias de altos funcionarios de la seguridad y del sistema judicial ante los diputados, Hernndez asever que "han venido aqu a reconocer en el fondo que tenemos operadores de justicia que se han confabulado con el crimen".

A lo largo de una semana rindieron cuentas ante los parlamentarios el titular de la Direccin de Investigacin y Evaluacin de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva; el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla (que termin siendo sustituido por Arturo Corrales); el director de la Polica Nacional, Juan Carlos Bonilla y el fiscal del Estado, Lus Alberto Rub.

Tambin lo hicieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera; el ministro de Defensa, Marlon Pascua y el director nacional de Inteligencia e Investigacin, Julin Pacheco.

"Ha llegado el momento de tomar decisiones, mi criterio personal es que la rendicin de cuenta es una parte, pero esta tiene que terminar en decisiones claras y contundentes, porque el pueblo hondureo no puede seguir sufriendo", subray Hernndez.

Segn representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia, los datos arrojados por los comparecientes revelan el fracaso del Estado en el combate a la violencia y criminalidad.

Resaltaron, adems, la falta de liderazgo del mandatario hondureo para dirigir la poltica de seguridad, tema relevante de su campaa.

En opinin de la Alianza, esta rendicin de cuentas mostr adems que las muchas leyes aprobadas por el Congreso Nacional han tenido pobres resultados pues, lejos de reducir el delito, lo han incrementado.

ARMAS DE FUEGO: PRINCIPAL INSTRUMENTO DE HOMICIDIOS

En el 84 por ciento de las 20 mil 515 muertes violentas registradas en Honduras en el perodo 2010-2012, estuvo presente el uso de armas de fuego, segn un informe del Conadeh.

Las armas ms utilizadas son los rifles de asalto, ametralladoras, pistolas, revlveres, machetes y puales, asever el titular del organismo humanitario, Ramn Custodio.

Ante esta situacin, reiter su exhortacin a revisar y reformar la ley que permite portar armas de fuego y, de esta manera, buscar mecanismos que faciliten controlar las ms de 650 mil armas ilegales circulantes en el pas, segn estimados.

El informe critic la ineficiente labor del Registro Nacional de Armas, en el cual deberan estar depositadas las evidencias balsticas de todas las que circulan en el pas.

Asimismo, Custodio cuestion que las legislaciones hondureas autorizan a cada ciudadano a poseer hasta cinco armas de fuego comerciales, lo cual, unido a la gran cantidad de armas ilegales circulantes en el pas, exacerban la violencia.

Acorde con estadsticas aportadas por Conadeh, en los primeros 35 meses de gestin del presidente Lobo murieron de forma violenta 53 profesionales del Derecho, de los cuales 49 fueron ejecutados con armas de fuego.

Estas fueron utilizadas en el 77 por ciento de los mil 118 femicidios reportados en 2011 y 2012, as como para ultimar al 88 por ciento de los 34 periodistas y comunicadores sociales asesinados en el perodo 2003-2012.

El ao ltimo resultaron asesinados a tiros 84 taxistas, sobre todo porque se negaron a pagar el "impuesto de guerra" exigido para transitar por algunos lugares, tanto por pandilleros como hasta por miembros de la Polica.

CORRUPCI"N PERMEA FILAS POLICIALES

La polica hondurea presenta graves problemas internos que disminuyen su credibilidad y capacidad de respuesta ante la criminalidad, pues se han dado casos de corrupcin de sus agentes, enriquecimiento ilcito y consumo de drogas ilegales.

Pruebas toxicolgicas realizadas entre junio de 2012 y marzo de 2013 a cerca de dos mil oficiales y agentes de diferentes unidades del cuerpo policial revelaron altos niveles de consumo de sustancias prohibidas entre los evaluados.

Las pruebas fueron ejecutadas por la Direccin de Medicina Forense y la Direccin de Investigacin y Evaluacin de la Carrera Policial (Diecp).

Segn informes de esas instituciones, al tomar como base la totalidad de los resultados disponibles (mil 419 efectivos policiales) y compararlos con los 99 que dieron positivo, resulta que siete por ciento de los evaluados consuma algn tipo de drogas.

A juicio de los expertos, el creciente nmero de agentes toxicmanos es inaceptable en una organizacin dedicada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el delito en la sociedad.

Aadieron que la situacin es ms preocupante al considerar que se trata solo de una pequea muestra de mil 419 efectivos en un universo total de 14 mil policas en ese pas centroamericano.

Por otra parte, la Comisin Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) remiti desde hace varios meses a la Diecp un total 73 expedientes sobre miembros de la Polica Nacional, a los cuales se les detect que son millonarios.

Los informes enviados por la CNBS establecen fuertes sumas de bienes en manos de elementos de todas las escalas, desde generales y directores hasta subinspectores y miembros de las escalas bsicas.

El involucramiento de oficiales en asesinatos, extorsiones, trfico de estupefacientes y robos de autos, as como hechos como estos, provocaron que un ao atrs se iniciara un proceso de depuracin de las filas policiales.

Desde entonces se aplican las llamadas pruebas de confianza, que incluyen verificaciones y el empleo del polgrafo o detector de mentiras.

Aunque estas pruebas no han transitado con la eficiencia requerida, varios expertos y polticos han solicitado que se extiendan tambin a las instituciones del sistema judicial.

Lourdes Prez Navarro, Periodista de la redaccin de Centroamrica y Caribe de Prensa Latina.


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