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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-04-2013

Informe sobre la situacin de los pueblos originarios en la Patagonia
Derechos vulnerados en el Sur

Daro Aranda
Pgina12


Una organizacin que monitorea el estado de los derechos indgenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del pas. Slo en Neuqun hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.

Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indgenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y poltico. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indgenas (Odhpi), que analiz casos testigo de la vulneracin de derechos humanos y cuantific la criminalizacin en Neuqun: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe tambin advierte que el nuevo Cdigo Civil implicar ms desalojos y judicializacin. Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas ms propias de un contexto de colonizacin que de democracia, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

El Odhpi publica todos los aos su investigacin anual. Este ao centr su trabajo en Chubut, Ro Negro y Neuqun. En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indgenas como pueblos autnomos, afirma.

Avanzada de la megaminera es el ttulo del captulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut est vigente la ley 5001 (que prohbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploracin. Explica que la minera ingres al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploracin, prometi mejoras econmicas, traslad un cementerio indgena (junto a tcnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades polticas para avanzar en una actividad prohibida.

No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparacin de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que est prohibido es el robo, no su planificacin. Esta aberracin exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas, denuncia el Odhpi.

Informe de situacin de los derechos humanos de los pueblos indgenas en la Patagonia es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminera) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indgenas.

De Ro Negro describe que la violacin de los derechos de las comunidades son recurrentes y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicacin de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las rdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo tcnico que censa las comunidades.

De Neuqun puntualiza que es particularmente grave la situacin por la avanzada de la frontera hidrocarburfera, especialmente por los llamados hidrocarburos no convencionales (con el mtodo de hidrofractura), con la explotacin de la formacin geolgica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial ya han reconocido que se privilegiar la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participacin de las comunidades mapuches. Seala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayi y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro dcadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasfero Loma La Lata.

En Neuqun recin en 2012 se firm el convenio para la ejecucin de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicacin sigue demorada.

El Odhpi dedica un apartado a la criminalizacin de la lucha indgena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuqun enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.

El informe, de 97 pginas, analiza los casos de judicializacin y concluye: El Estado protege con esta poltica represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulacin inmobiliaria y turstica, a costa del respeto de los derechos humanos de los indgenas. Hay una tarea minuciosa y metdica para poner toda su estructura institucional, poltica y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado.

El Odhpi precisa, como casos paradigmticos de jueces que criminalizan a indgenas, a Ivonne San Martn (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violacin de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuqun), el Lof Prafil-Calfupn (Ro Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).

Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalizacin de la usurpacin de las tierras indgenas, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subray que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a una estructura econmica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonoma de las comunidades indgenas. El informe advierte que lo ms grave es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indgenas se producen con el impulso del gobierno, la inhibicin de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial.

Crticas a una reforma

La reforma del Cdigo Civil se debate desde el ao pasado en el Congreso Nacional e incluye artculos referidos a los pueblos originarios. Es cuestionado por numerosas organizaciones indgenas. El Informe 2013 del Odhpi lo analiza en clave jurdica y concluye: El proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional ser promotor de desalojos indgenas y promotor de condenas penales por usurpacin.

El informe hace una decena de observaciones, entre ellas puntualiza que se viol el derecho a consulta de los pueblos indgenas (establecido en convenios internacionales) y asegura que el proyecto de Cdigo Civil contradice a la Constitucin nacional al no reconocer que la posesin tradicional indgena implica propiedad.

El proyecto de Cdigo Civil no slo es ilegal por ser inconstitucional, sino que es ilegtima porque el mundo indgena fue contundente en las 18 audiencias pblicas que se hicieron en 2012. Si el Gobierno no toma nota de las crticas, las consecuencias para los territorios indgenas van a ser lamentables, asegur la secretaria ejecutiva del Odhpi, Micaela Gomiz.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218515-2013-04-22.html



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