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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-04-2013

Honduras no cierra sus heridas institucionales

Thelma Meja
IPS


La recurrente crisis institucional de Honduras, lejos de superarse, se agudiz con la decisin del parlamento de suspender de sus cargos al fiscal general y al adjunto por dos meses e instalar una junta interventora con plenos poderes, que a criterio de juristas viola la Constitucin.

El cuerpo interventor, que tiene entre sus cometidos fortalecer el Ministerio Pblico y seleccionar el personal, est integrado por Mara Antonia Navarro, docente universitaria, Miriam Guzmn, comisionada del Instituto de Acceso a la Informacin Pblica, ngela Madrid, de la Procuradura General de la Repblica, y el jurista Lino Toms Mendoza.

Los tres primeros pertenecen al gobernante Partido Nacional (PN) y el ltimo al Partido Liberal (PL), las dos agrupaciones derechistas que dominan el pas desde hace ms de 100 aos.

Los integrantes fueron seleccionados y puestos en funciones en menos de seis horas esta semana con las instrucciones de "entrar de inmediato, dar resultados y hacer cumplir el mandato otorgado", explic el presidente del unicameral Congreso legislativo, Juan Hernndez, tambin candidato del PN a la Presidencia de Honduras para las elecciones generales de noviembre.

Juristas consultados por IPS coinciden en que la intervencin es solo el prembulo para abrirles juicio poltico al fiscal general Lus Rub, del PL, y al adjunto Roy Urtecho, del PN, por su pobre desempeo en la accin penal pblica. Ambos, por ley, cesan en el cargo en marzo de 2014.

El parlamento tom la decisin luego de una audiencia realizada la semana pasada en la que comparecieron los operadores de justicia para rendir cuentas sobre su lucha contra la inseguridad pblica, que cobra en promedio 20 vidas diarias en Honduras. Todos fueron cuestionados por sus magros resultados.

El exfiscal general Edmundo Orellana dijo a IPS que la creacin de la junta violenta artculos constitucionales y de la legislacin interna del Ministerio Pblico.

Esa dependencia tiene un rango constitucional, y una comisin interventora "no puede asumir la titularidad de un rgano que corresponde al Fiscal General y su adjunto por va de ese mandato institucional".

Orellana, quien ocup ese cargo en los aos 90, dijo que las comisiones interventoras por ley se aplican a las instituciones del Poder Ejecutivo y a las autnomas, pero no a aquellas con rango constitucional e independiente como la Fiscala.

"Hay otros procedimientos, pero es claro que el Congreso legislativo es quien elige al fiscal general y al adjunto, por tanto no puede intervenirlos, sino que su potestad es aplicarles un juicio poltico, el cual fue aprobado este ao", explic.

"Es obvio que la Fiscala requiere cambios profundos, pero respetando la ley, la Constitucin y el estado de derecho", acot.

A criterio de Orellana, la dirigencia poltica sigue llevando al pas de error en error. "No cerramos las fracturas de 2009 y ahora, lejos de fortalecer la Fiscala, estamos daando y destruyendo la poca institucionalidad que an queda en el pas". La referencia del jurista es al golpe de Estado de junio de ese ao que derroc al presidente Manuel Zelaya.

Su colega Jair Lpez tambin coment a IPS que se han violentado los artculos 232 y 233 constitucionales, as como los tems 24 y 25 de la ley orgnica del Ministerio Pblico, que define sus atribuciones, entre las que destacan la delegacin en el fiscal general de la persecucin legal del delito por medio de su cuerpo de ministros, as como la defensa y proteccin de la ciudadana.

"No s por qu no aplican el juicio poltico, que ya est reglamentado. Pareciera que a nuestros legisladores no les gusta leer ni aplicar la Constitucin que es tan clara; no es violando la ley como se corrigen las cosas", sentenci.

No obstante, el diputado Marvin Ponce fue ms grfico al justificar la accin legislativa. "Si hay que violar la Constitucin por una causa justa, hay que hacerlo", dijo a IPS este representante del izquierdista Partido Unificacin Democrtica y uno de los cuatro vicepresidentes del Congreso.

En una lnea similar, el parlamentario democratacristiano Augusto Cruz sostuvo que "no importan las comas o los puntos en la Constitucin, pues el camino de la intervencin que se ha tomado es el menos riesgoso y no hay violaciones, porque esa interventora va con plenos poderes".

Tambin el diputado Hernndez sostuvo que no se quera generar "otra crisis institucional", sino ms bien "cortar por lo ms sano".

Esta nueva decisin contra la Fiscala de la Repblica se produce cuatro meses despus de que este mismo parlamento destituyera a cuatro de los cinco magistrados de la sala constitucional del Poder Judicial.

El argumento para estos despidos fue la discrepancia con sus fallos sobre violaciones a garantas constitucionales en las medidas de depuracin de la polica y con la aprobacin de un proyecto de "ciudades modelos", especie de enclaves dentro del mismo territorio hondureo con prebendas que, segn entienden los crticos, afectan la soberana nacional. Los magistrados fueron sustituidos por otros declarados afines al PL.

Los variados cuestionamientos al gobierno de Porfirio Lobo, que vienen de la oposicin y hasta de sus propias filas partidarias, se centran en la creciente inseguridad ciudadana. Se seala que ese fracaso ha forzado al parlamento a asumir funciones propias del Poder Ejecutivo, como una especie de salvavidas.

El PN intentar en noviembre retener el gobierno de la mano de Hernndez, pero la violencia criminal lo est asfixiando con ms de 22.000 homicidios en tres aos, mientras un ministro de Seguridad es cambiado cada ao sin que los indicadores muestren mejoras.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/wap/news.asp?idnews=102726


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