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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-05-2013

Bangladesh
Mango y El Corte Ingls

Juan Hernndez Zubizarreta
Gara

Por qu el Gobierno espaol y la UE no aprueban un marco normativo donde las transnacionales sean obligadas a respetar los derechos humanos en todos los lugares donde acten?


El derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh ha provocado al menos 1.022 muertos y 2.437 heridos, que se suman a ms de 600 muertos y 2.000 heridos en los ltimos siete aos por incendios en fbricas textiles.

El Gobierno de Bangladesh decidi incorporarse en los aos 80 a la cadena global de mercancas de manufactura de ropa; cre las Zonas de Procesamiento para la Exportacin, pequeos reinos de taifas, donde la frgil legislacin nacional se repliega ante los pedidos de firmas multinacionales como el Corte Ingls y Mango. A las cadenas de produccin -proveedores y subcontratistas- se suman condiciones laborales de explotacin que nos acercan ms a la Revolucin Industrial que al siglo XXI. Se niega el derecho a sindicarse; se cobra el salario mnimo; las jornadas son interminables; no se respetan las bajas por maternidad, ni las horas extras; las ausencias se castigan con reducciones salariales; las medidas de prevencin de riesgos laborales no existen; en algunos casos, el Gobierno corre con los gastos de electricidad, gas, agua; se subvenciona la adquisicin de tierras; se otorgan importantes exenciones fiscales y los materiales importados no pagan arancel alguno. Los miembros del Bangladeshi Center for Worker Solidarty han sido detenidos y torturados en numerosas ocasiones desde abril de 2012.

Este es el marco normativo que respetan las empresas como El Corte Ingls y Mango, marco que les permite obtener tasas de beneficio altsimas a costa de la explotacin y violacin de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras de Bangladesh. El sindicato internacional IndustriALL recuerda que los costes laborales de una camiseta fabricada en Bangladesh son de 1,5 cntimos de euro, mientras que su precio de venta es de 20 euros; el precio de venta al pblico puede ser ms de diez veces su coste real. El salario mnimo de los trabajadores y trabajadoras no llega a un dlar diario, se encuentra fuera de los umbrales de pobreza absoluta internacionalmente aceptados. Esta es su verdadera tica empresarial.

El Gobierno y las clases dominantes de Bangladesh tambin se benefician de estas inversiones y condiciones de explotacin. Todas las reformas de la legislacin laboral se han aproba- do por la lucha de los trabajadores y trabajadoras; no obstante, el chantaje de las multinacionales -si cambian las condiciones y aumentan los costes, nos vamos a otro pas- y la complicidad del Gobierno han servido para modificar de manera restrictiva los derechos sociales y generalizar la represin y la explotacin.

A partir de aqu, las propuestas de control de las empresas transnacionales basculan entre los acuerdos entre partes o las meras declaraciones sin exigibilidad jurdica, que son una mezcla de lavado de cara, burocracia de las organizaciones internacionales y, sobre todo, intentar aparentar que se hace algo sin hacer nada. Solo las lideradas por los sindicatos y la sociedad civil internacional son propuestas dirigidas a controlar el capital transnacional.

Las transnacionales Mango y el Corte Ingls, entre otras, ajustan su responsabilidad legal a un bucle infernal. Afirman cumplir la ley del Estado receptor -Bangladesh- y en ningn caso aceptan cumplir directamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo. Su responsabilidad legal se encuentra fracturada entre la legislacin internacional, la del Estado matriz y la del Estado receptor, y solo aceptan acatar -cuando la acatan- la legislacin del pas receptor, en este caso Bangladesh; eso s, presionan, chantajean y corrompen todo lo que haga falta para que la legislacin les resulte favorable. El 22 de abril -el derrumbamiento fue el 24- el Gobierno de Bangladesh bloque una ley que mejoraba las condiciones laborales por la presin de las multinacionales.

Las modificaciones en la divisin internacional del trabajo ponen de manifiesto la presin en las cadenas de produccin; la externalizacin de costes permite obtener beneficios desproporcionados mediante el pago de bajos precios a proveedores, contratistas y subcontratistas por sus productos o servicios, al margen de las condiciones que tengan los trabajadores y trabajadoras. Las empresas transnacionales constituyen el eje sobre el que basculan las cadenas de subcontratacin y han sido el camino por el que se han ido reduciendo los derechos laborales.

Los homicidios de Bangladesh se producen en este contexto y el Corte Ingls y Mango participan de esta lgica. Adems, se niegan a extender la responsabilidad de la empresa matriz a lo largo de la cadena de produccin con las filiales, proveedoras, contratistas y subcontratistas. Es ms, la representacin internacional empresarial en la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) se opuso frontalmente a cualquier norma internacional que regulara su responsabilidad a lo largo de la cadena de produccin. Se han negado radicalmente a transformar sus llamamientos retricos y vacos a la responsabilidad tica en la cadena de externalizacin, en exigibilidad jurdica. En otras palabras, mientras la tasa de beneficio sea suculenta, que el trabajo sucio lo hagan los proveedores de Bangladesh.

Por otra parte, las empresas transnacionales se oponen a discutir -y ms a aprobar- cualquier tratado internacional que regule sus prcticas de manera vinculante en el seno de las Naciones Unidas; no aceptan constituir un tribunal internacional que tutele los derechos de las mayoras sociales frente al poder transnacional, ni tan siquiera aceptan crear un Centro de Empresas Transnacionales que fiscalice sus prcticas, inspeccione sus incumplimientos y articule las denuncias de las vctimas. Resulta evidente que prefieren definir los contornos de su responsabilidad, al margen de cualquier injerencia externa de control.

En definitiva, quieren que sus obligaciones se ajusten a legislaciones profundamente neoliberales como la de Bangladesh y a la mera Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al fin y al cabo, las ideas seudonormativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulacin y la no-exigibilidad. De ah que esta no sea una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni siquiera un lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus obligaciones, que se mueve en los contornos de la impunidad.

Junto a la voluntariedad y unilateralidad de la RSC hay que tener en cuenta los distintos mecanismos de verificacin y evaluacin de la misma. Ms all de la pluralidad de sistemas, de su burocratizacin y de su dudosa imparcialidad, su dimensin ms perversa es la apariencia de legitimidad que dota a las memorias de RSC. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Por un lado, la pluralidad de mecanismos, de sistemas y de ndices de evaluacin provoca un desconcierto y una hiperinflacin de datos, de informacin selectiva y unilateral que, lejos de garantizar los contenidos de las memorias, refuerza los equipos de RSC de las transnacionales en detrimento de controles de los sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. Analizando las memorias de El Corte Ingls y de Mango comprobamos todas y cada una de las afirmaciones descritas. Lo ocurrido en Bangladesh nunca aparecer reflejado en sus memorias, ya que la responsabilidad ser de las empresas proveedoras y, en su caso, del Gobierno de Bangladesh.

El ao pasado por estas fechas, el Gobierno argentino decidi expropiar a la empresa espaola Repsol el 51% de las acciones de YPF. Inmediatamente el Gobierno espaol, muchos medios de comunicacin, algunos partidos polticos, responsables de la Unin Europea... denunciaron la violacin de los contratos de explotacin, del tratado de inversiones, de la seguridad jurdica de los intereses de la empresa espaola... Sin embargo, ante la muerte de ms de 1.022 personas y ms de 2.437 heridos no hemos odo ni una palabra de condolencia. La seguridad jurdica de los trabajadores y trabajadoras de Bangladesh no se puede comparar con los intereses de las empresas espaolas. Las ganancias de El Corte Ingls y de Mango valen mucho ms que los muertos, heridos y mutilados por el supuesto accidente laboral. Una vez ms, la culpa es de las empresas y del Gobierno de Bangladesh, no olvidemos que las empresas espaolas son ticamente responsables.

Por qu el Gobierno espaol y la UE no aprueban un marco normativo donde las transnacionales sean obligadas a respetar los derechos humanos en todos los lugares donde acten? En esta direccin destaca la campaa europea Derecho sin Fronteras para las multinacionales; su objetivo reside en que el Estado defina un marco jurdico que exija a las mismas obligaciones claras y que tome medidas para que no violen los derechos humanos en el extranjero. Los responsables de Mango y el Corte Ingls deberan asumir sus responsabilidades civiles y penales y ser juzgados en tribunales espaoles por violaciones gravsimas contra los derechos humanos.

El capitalismo es terriblemente cruel, y el Corte Ingls y Mango actan en coherencia con tanta crueldad; adems, las secciones sindicales, los comits de trabajadores de estas empresas y los consumidores no podemos ser cmplices de tanta miseria tica. No hay excusa alguna.

Juan Hernndez Zubizarreta. Profesor de la Universidad del Pas Vasco UPV/EHU

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130516/403101/es/Bangladesh-Mango-El-Corte-Ingles



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