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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-05-2013

Denuncian abusos de la "justicia indgena"
Pronunciamiento ante los comunicados de las organizaciones indgenas del Norte del Cauca

Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaas Cifuentes
Rebelin


LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
Francisco Isaas Cifuentes

COMISIN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLTICO Y SOCIAL MARCHA PATRITICA.

COMUNICA

Suroccidente de Colombia, 20 de Mayo de 2013.

Sobre las declaraciones realizadas y lo contenido en los comunicados emitidos por el CRIC, la ACIN y la ONIC en el marco de la llamada "Asamblea de las Comunidades Indgenas Del Norte Del Cauca" realizada en el territorio ancestral de Toribio en el Departamento del Cauca, el da 29 de abril 2013, en donde entre otros se expreso que "el juicio que hoy se va a dar es para castigar comuneros", "pero no demoran en sacar un comunicado diciendo que el cabildo viola los derechos humanos (...) y hasta esta ONG defensora de Derechos Humanos Francisco Isaas Cifuentes, diciendo eso es violacin de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y haciendo referencia a las FARC se dijo "Preparan poltica y militarmente a sus unidades para enfrentar al movimiento indgena, generando y auspiciando al interior de las comunidades, grupos organizados denominados AVELINOS, RESERVAS CAMPESINAS, entre otros. Los cuales tiene como nico fin el dominio territorial, ideolgico, poltico y hegemnico para obstruir el desarrollo de nuestras organizaciones propias".

Luego del despliegue meditico que se presento con el hecho, nos dimos a la tarea de realizar un trabajo de campo e indagar en el terreno, no con los crculos de poder de la ACIN, el CRIC o los indgenas de otros municipios que llegaron, puesto que ya lo habamos recogido de sus pronunciamientos y declaraciones. Lo hicimos con el indgena de a pie de Toribio, los verdaderos indgenas de los resguardos de San Francisco, Toribio y Tacueyo, con los estudiantes del Colegio y obviamente con las familias de los sealados y de los condenados, obteniendo adems los audios y videos de la audiencia.

Teniendo como base lo anterior La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaas Cifuentes, nos vemos obligados tica y moralmente a escribir estas letras:

Tena razn el dirigente Alcibades Escue al sealar en medio de la audiencia que nos bamos a pronunciar sobre el tema. Y como no hacerlo si en diferentes escenarios hemos identificado claros abusos de poder y la violacin de derechos fundamentales que se viene presentando en Ejercicio de la llamada Jurisdiccin Especial indgena por parte de los administradores de Justicia indgenas y las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los cuales es responsable el Estado colombiano al permitir este tipo de vejmenes.

En el caso particular de Toribio, en diferentes espacios acadmicos y sociales y ante instituciones estatales hemos sealado el carcter sistemtico de represin ideolgica y de persecucin poltica que se ha presentado en ejercicio de la "justicia indgena" y pretende justificar bajo la bandera del respeto a los usos y costumbres.

Acaso es respeto a los Derechos Humanos el herir, torturar, confinar en calabozos y no suministrar agua y alimentos, o privar de visitas de familiares y amigos a seres humanos sin distingo de si son hombres, mujeres y nios, los cuales han tenido en comn que han sido objeto de la aplicacin de la llamada justicia indgena?.

Al igual que acadmicos, la Defensora del Pueblo y algunos medios de comunicacin hemos propuesto el debate sobre los lmites que debe tener la aplicacin de la Jurisdiccin especial indgena y la urgencia y necesaria actuacin estatal en ejercicio de la inspeccin, vigilancia y control en pro de la proteccin del acceso a la justicia para los comuneros indgenas, mxime si la justicia es un pilar de todo estado social y democrtico de derecho.

Y lo hemos sealado bsicamente porque: hemos conocido casos de vctimas de la "justicia indgena" en los que se les violan los derechos a un debido proceso, a la presuncin de inocencia y se anula el principio de legalidad, puesto que, no hay claridad sobre los tipos "penales" sancionatorios y los procedimientos y las penas no estn preestablecidas, y antes de iniciar el "juicio" el "tribunal" tiene preestablecida la necesidad de condenar e inclusive das antes ha definido la pena.

A lo anterior se le suma que en la prctica muchos de los indgenas son condenados a penas excesivas, no obtienen rebajas de pena por trabajo o buena conducta, no hay eximentes de responsabilidad, ni tienen acceso a libertad condicional y se los abandona a su suerte en una crcel comn. A no ser que sea "amigo" de la cpula de poder que gobierna, constituyndose lo anterior en un foco de corrupcin.

Es necesario recordar que en la crcel de San Isidro se presentan casos como, que:
Un indgena pag casi 4 aos por haber empujado al gobernador del resguardo.
Un profesor est pagando 40 aos por abusar sexualmente de una nia, aun cuando cuenta con un examen de Medicina Legal que dice que la supuesta vctima es virgen.
Por el hurto de una gallina y unas ollas viejas, un indgena paga una pena de 20 aos.
Tres indgenas fueron condenados a sendas penas de 60 aos por el asesinato de un gobernador. Ellos, adems de alegar su inocencia, se quejan de la severidad del castigo.
Jess Eduardo Mestizo, fue condenado a 8 aos por el presunto delito de armar desorden en la comunidad. por el simple hecho de contradecir a las autoridades de la poca.

Nuevamente las organizaciones indgenas de forma irresponsable insisten en tildar, negar y sealar procesos sociales campesinos e indgenas del Departamento, los cuales dicho sea de paso son legtimos y legalmente constituidos.

Desde antao algunos dirigentes indgenas de la ACIN y el CRIC han buscado ocultar, desinformar, dividir, confundir, manipular y negar derechos de quienes dicen representar. El argumento siempre es el mismo el sealar a organizaciones y dirigentes que contradicen los crculos empotrados en el poder sobre los pueblos indgenas, inventar supuestos "planes de divisin y exterminio" y buscar relacionar a civiles con la insurgencia armada de las FARC-EP.

Una estrategia que da a da a pesar de sus esfuerzos sale a la luz pblica: Por un lado se victimizan, mientras desconocen a los dems sectores sociales u organizaciones de su mismo sector en el departamento que contradiga su proyecto poltico y econmico, y a su vez evaden sus responsabilidades histricas.

El Contexto que actualmente padecen las comunidades indgenas con nfasis en los Municipios de Toribio y Jmbalo lejos de ser situaciones aisladas tienen su origen en las crecientes diferencias y tensiones internas por el manejo de la salud, la educacin, la distribucin de tierras y la aplicacin de la jurisdiccin especial indgena que se sostienen al interior de las comunidades que dicen representar algunos directivos de las organizaciones indgenas CRIC y ACIN.

Frente a la supuesta garanta al debido proceso y a el respeto a los usos y costumbres en el caso particular de los retenidos, sealados y condenados es importante sealar:

El da 26 de abril de 2013, la Guardia indgena retienen a seis comuneros indgenas que son sealados pblicamente por parte de la dirigencia de la ACIN y el CRIC, como integrantes de las FARC-EP. A travs de los medios masivos de comunicacin se difunde la informacin que son los responsables de la muerte del seor VENANCIO TAQUINAS.
Los das sbado 27 y domingo 28 de abril de 2013, los detenidos son trasladados a las instalaciones del colegio CECIDIC del Municipio de Toribio con el objeto de realizar la asamblea de juzgamiento y condena. Los miembros de la ACIN convocan a los comuneros a Asamblea, pero la comunidad no acude. Sera importante indagar Porque la comunidad indgena de Toribio siendo la competente para discutir el tema no asiste?
El da lunes 29 de abril de 2013, arriban a Toribio los gobernadores de diecinueve (19) cabildos que integran la ACIN con una pequea delegacin. Por lo cual se decide realizar una Asamblea indgena del norte del Cauca, integrada con los gobernadores y su comitiva, la Guardia Indgena y con algunos alumnos de bachillerato acelerado de los colegios de Toribio.

La Asamblea se realiza en un saln, con una capacidad restringida, sobre el cual se despliegan cinco anillos de seguridad de la Guardia Indgena.

La guardia indgena no permite el ingreso de la mayora de comuneros de los resguardos indgenas de San Francisco y de Toribio, pero si entran las delegaciones de los dems cabildos. A las familias de los retenidos se les restringe el ingreso.
Los asistentes a la Asamblea indgena del Norte del Cauca sumaban aproximadamente ochocientas (800) personas, no cuatro mil (4000) como lo han dicho en los medios de comunicacin.

En el desarrollo de la Asamblea intervienen el seor NELSON LEMOS quien la coordina, junto con ALCIBIADES ESCUE, JESUS CHAVEZ Consejero Mayor del CRIC, DANILO SECUE, Consejero Mayor de la ACIN, y otros dirigentes, que con los gobernadores conforman el "Tribunal Indgena". Sealan que para garantizar a los detenidos el derecho de defensa, les permiten que cada uno haga sus descargos durante tres (3) minutos y un familiar de cada uno de los detenidos tambin durante tres (3) minutos. Pero antes el seor LEONARDO ESCUE, quien tiene el cargo de Jurdico de la ACIN, ha manifestado que las pruebas que tienen indican que son culpables, que no haba que dudar de la investigacin que haban realizado. ALCIBIADES ESCUE habla de castigos.

CIVILINO UL, pblicamente admite ser miliciano de las FARC, pero aclara que nunca ha atentado contra la poblacin civil, pero que l s sabe quines son los responsables de la muerte de ALFREDO RIOS, dirigente campesino asesinado el da 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Inmediatamente le arrebataron el micrfono e impidieron que siguiera hablando.

Los acusadores se limitaron a manifestar que tenan los elementos probatorios, pero no aparecieron los testigos de cargos, no se escucharon. Algunos de los integrantes de la comunidad que pudieron ingresar al saln y pidieron que les permitieran intervenir, les negaron ese derecho.

Finalmente el tribunal indgena seala que de los seis retenidos, contra cuatro de ellos no tienen pruebas para condenarlos y se los entregan a sus familias, quedan solo CIVILINO UL SECUE Y JHON JAIRO MAYORGA SUAREZ, de las pruebas que dicen tener en su contra, para CIVILINO alguna persona dice haberlo visto en una motocicleta, el da de los hechos, cerca al sitio, pero no atienden a lo dicho por el acusado que manifiesta en su intervencin que ese da y hora estaba en su casa laborando, los trabajadores que lo acompaaron en ese momento, tienen temor de hablar, pero que si les garantizan seguridad para ello, estn dispuestos a declarar lo que saben.

De JHON JAIRO lo sealan porque ese da a las dos de la tarde, alguien lo vio acompaado del seor FABIO OPOCUE, que estaba embarrado y con el trasero con barro, la razn para ello que da JHON JAIRO, es que ese da estuvo laborando en un cultivo de papa apolcando, que llovi y por eso estaba embarrado.

Ya con la acusacin, es JESUS CHAVEZ, consejero del CRIC, quien toma la palabra y manifiesta a la Asamblea que a cuantos aos quieren que los condenen, que si a 10 o 20 o 30 o 40, fueron los integrantes de la Guardia Indgena y los gobernadores y un pequeo grupo de comuneros quienes gritaron que a 40 aos de condena.

De los familiares de los acusados sufrieron agresiones por parte de la Guardia indgena y les causaron lesiones en su cuerpo la seora YESICA SHIRLEY MAYORGA, que estando embarazada con 7 meses de gestacin, fue golpeada y debi acudir al Hospital, SILVANA LUCIA UL, lesionada, ROSA JULICUE, anciana mayor de 70 aos, que fue golpeada en la cabeza, DARVIN URIEL UL, tambin lesionado en varias partes del cuerpo.

Pese al proceso "legal" en ciernes, a la presuncin de inocencia, y las afectaciones en derechos fundamentales como la libertad, la honra y reputacin que han debido padecer este grupo de comuneros indgenas, las autoridades indgenas insisten en desarrollar procesos amaados, desconociendo los usos y costumbres.

Responsabilizando a las organizaciones indgenas CRIC, ACIN y ONIC y al Estado Colombiano por los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal, la dignidad humana, la honra y reputacin y la libertad de los integrantes de las organizaciones campesinas e indgenas sealadas.

Ante la gravedad de lo descrito anteriormente solicitamos al estado colombiano:

Que se cumpla realmente con la funcin de inspeccin, vigilancia y control en la aplicacin de la jurisdiccin especial indgena de manera tal que se garanticen los derechos fundamentales de nacionales que independiente de su pertenencia tnica son ciudadanos colombianos y estn viendo afectados sus derechos.

Que se adelante un proceso de reglamentacin normativa que ponga al centro la garanta de pilares fundamentales tales como el de legalidad, debido proceso, libertad, dignidad, igualdad y presuncin de inocencia. Los cuales estn siendo afectados en aplicacin de la jurisdiccin especial indgena. y de paso que se ponga lmites y controle el ejercicio del poder jurisdiccional sobre las autoridades indgenas.

Que se adelante un proceso exhaustivo de revisin de las sentencias dictadas por los tribunales indgenas en el Departamento del Cauca.

Que se la jurisdiccin ordinaria asuma la investigacin de la muerte del seor ALFREDO RIOS, dirigente campesino asesinado el da 23 de julio de 2011, cuando era candidato al Consejo Municipal de Toribio. Y que en dicho proceso investigativo se llame a rendir testimonio al seor CIVILINO UL.

Que se reglamente todo lo relacionado con los recursos de las transferencias que, de los impuestos de todos los colombianos, se hacen a entidades indgenas de derecho pblico especial,

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO Francisco Isaas Cifuentes
COMISIN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLTICO Y SOCIAL MARCHA PATRITICA


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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