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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-05-2013

Lo que faltaba
Macartismo indigenista

Jos Antonio Gutirrez D.
Rebelin



Las organizaciones populares, los grupos armados, son nuestros hermanos, y hombro a hombro combatiremos con ellos para vencer a nuestros enemigos () Vivan las luchas indgenas y las luchas de todo el pueblo colombiano! (Manifiesto de Santander de Quilichao, Comando Quintn Lame, 1984)

Hay lneas que no deberan cruzarse ni diez centmetros. La Asociacin de Cabildos Indgenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indgena del Cauca (CRIC), acaban de cruzar una de ellas diez kilmetros. Una cosa es que personeros de gobierno, generales y ganaderos sealen a organizaciones populares de ser ulicos de la guerrilla. Otra cosa muy diferente es que lo hagan dos organizaciones que vienen del mundo popular, que han participado de diversos espacios de convergencia poltica de diversos sectores sociales, que participan de plataformas poltico-sociales ms amplias, que han recibido la solidaridad de todo el campo popular en sus movilizaciones del pasado. Resulta que, cuando creamos haberlo visto todo, ahora tenemos lo que haca falta: que la ACIN y el CRIC, de la mano de la ONIC (Organizacin Nacional de Indgenas de Colombia) se sumen desvergonzadamente a la campaa de sealamiento contra las zonas de reserva campesina y de otras expresiones organizativas indgenas y agrarias.

Sealamientos

Cuando la ACIN o el CRIC han sido sealados de fachada de la guerrilla en el pasado (por ejemplo durante la Minga del 2008 o la expulsin de las tropas del Cerro Berln el 2012), todo el movimiento popular se ha solidarizado con ellos; sus caciques se han rasgado sus vestidos denunciando esta satanizacin del gobierno, porque entienden lo delicado de estas acusaciones. Pero ahora estas mismas organizaciones creen perfectamente natural el estigmatizar y sealar a organizaciones que osan discrepar con sus caciques de la misma manera en que ellas han sido denunciadas en el pasado.

Un comunicado del ACIN, fechado 29 de Abril, condena a los idelogos de las FARC por supuestamente auspiciar al interior de las comunidades, grupos organizados denominados AVELINOS, RESERVAS CAMPESINAS, entre otros. Los cuales tiene (sic) como nico fin el dominio territorial, ideolgico, poltico y hegemnico para obstruir el desarrollo de nuestras organizaciones propias. Otra de las estrategias de estas organizaciones PARA GUERRILLERAS ha sido la econmica, aprovechndose de la necesidad de las comunidades y comprando conciencia a los comuneros, ofreciendo prstamos e impulsando proyectos productivos que buscan romper la estructura de los cabidos indgenas [1]. Todo un retorno al pensamiento maniqueo que divide a los indios en buenos y malos (obedientes vs. guerrilleros), enmarcado en la ideologa contrainsurgente de quitar el agua al pez cueste lo que cueste.

Hasta el lenguaje que han utilizado es vergonzosamente semejante al que utilizan los uribistas. El 2007, Uribe vociferaba que cada vez que las guerrillas y sus ulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violacin de derechos humanos". Hoy en da, en el marco del juicio indgena a seis comuneros por su supuesta pertenencia a las FARC-EP, Alcibiades Escu, dirigente del CRIC que el 2004 estuviera detenido por el presunto desvo de fondos del sistema de salud indgena para financiar al paramilitarismo, en trminos no muy diferentes a los de Uribe, ataca a una organizacin defensora de derechos humanos: "el juicio que hoy se va a dar es para castigar comuneros () pero no demoran en sacar un comunicado diciendo que el cabildo viola los derechos humanos (...) y hasta esta ONG defensora de Derechos Humanos Francisco Isaas Cifuentes, diciendo eso es violacin de derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

Esto no es nuevo. El ao pasado, en medio del conflicto por el desalojo del Cerro Berln en el Cauca y de mltiples tensiones entre campesinos, indgenas y afros, apareci un artculo llamado El Cauca y el resarcimiento de la memoria firmado por Efran Jaramillo, un antroplogo que afirma haber sido asesor del CRIC. En ese artculo, junto a una serie de imprecisiones, acusaciones temerarias y ataques gratuitos a sectores del movimiento popular, acusa a organizaciones como el Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintn Lame y la Asociacin Indgena Avelino Ul de ser fachadas del movimiento guerrillero. Las acusaciones infundadas e imprecisiones de ese artculo ya han sido refutadas en otra ocasin y no me detendr en ellas [2]. Contribuyendo con este ambiente de desconfianza y criminalizacin de la protesta popular, Feliciano Valencia, lder del CRIC afirm, en una entrevista con Semana, que la pelea con los campesinos era por el control de la economa del narcotrfico (sic) y que los indios haban decidido tomar cartas en el asunto [3].

Persecucin

Y en verdad que han tomado cartas en el asunto. En un frenes macartista, el CRIC y el ACIN han movilizado a sus guardias indgenas para adelantar una verdadera ofensiva contrainsurgente, delatando a muchachos que tienen simpatas reales o imaginarias con la insurgencia y hostigando a los campamentos guerrilleros. Dicho sea de paso, la ONIC, en boca de Luis Evelis Andrade conden que las guardias indgenas tomaran cartas en el asunto contra la presencia militar en los territorios, llamando a sanciones contra ellos [4] y el propio Feliciano Valencia, en la citada entrevista, reconoce como un error sacar a los soldados del Cerro Berln, ms no as enfrentarse a la guerrilla. Es exagerado, entonces, afirmar, como la hace un comunicado de las FARC-EP, que el movimiento indgena se ha plegado al Estado y sus organismos de seguridad, as como de constituir una eficaz avanzada contrainsurgente? [5]

Al parecer, la retrica oposicin a todos los violentos, se traduce sencillamente en oposicin activa a la insurgencia, oposicin que encaja firmemente en el modelo de cooperacin cvico-militar del actual gobierno. No en vano, Len Valencia recomendaba al gobierno de Santos, despus del incidente del Cerro Berln, utilizar al movimiento indgena articulado alrededor del ACIN y del CRIC precisamente como una avanzada contrainsurgente. Deca en su columna en Semana, que Santos tiene en estas organizaciones a la mano un autntico movimiento pacifista con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin daar para nada el orden constitucional y la soberana nacional [6]. Al parecer, el gobierno escuch sus consejos y el movimiento indigenista sigui obedientemente esa lnea de conducta.

El incidente que ha desatado esta serie de recriminaciones epistolares entre las dirigencias indigenistas y organizaciones campesinas e indgenas, as como con la insurgencia fariana, fue la captura y juzgamiento de seis presuntos milicianos por parte de la guardia indgena el da 29 de Abril. Evento ampliamente publicitado por toda la prensa del rgimen, el cual fue aplaudido entusiastamente por la comandancia de la III Divisin del Ejrcito. El juicio en cuestin estuvo lleno de irregularidades, incluyendo que no hubo garantas para la debida defensa, que se limit el uso de la palabra a los acusados, que la asamblea fue manipulada y no se permiti el ingreso de la comunidad local de Toribo, siendo llenado el saln con unas 800 personas tradas de 19 cabildos y que la parte acusadora jams dio pruebas contra los acusados. Esta parodia de justicia, termin su linchamiento seudo-jurdico con la entrega de dos de los acusados al Estado para encerrarlos en una de las crceles del INPEC. As de autnoma opera esta justicia. Las penas impartidas a estos dos desafortunados fueron de 40 aos, pena que no est pre-establecida, habiendo sido sacada de debajo de la manga por un dirigente del CRIC quien consult a los que gritaban ms fuerte en la primera fila si queran 10, 20, 30 40 aos para los acusados, tal cual Pilatos consultaba a la turba si queran que se crucificara a Jesucristo o a Barrabs [7]. Lo mismo podran haber sido vctimas de flagelos medievales que nada tienen que ver con los usos y costumbres indgenas sino ms bien con tradiciones coloniales, tales como el uso del cepo, el ltigo, privacin de agua o enterrar a los condenados hasta el cuello. Estas bellezas se disfrazan como justicia indgena: no sabemos por qu deberamos aceptar que derechos humanos bsicos como el derecho a la debida defensa o la proteccin de la tortura se suspendan entrando apenas a una comunidad indgena.

Contencin  

Ms all del debate en torno a los usos y costumbres as como las credenciales democrticas de las propias autoridades indgenas, este juicio fue revelador de un grave problema: como sectores del movimiento popular son cooptados por el Estado para la lucha contrainsurgente y para la contencin de la rebelda popular. Esto se viene haciendo desde la poca de los limpios, los guerrilleros liberales convertidos en feroces anti-comunistas despus de ser pacificados por Rojas Pinilla en 1953. A veces, los sectores de punta de la contrainsurgencia son sectores que alguna vez fueron guerrilleros o revolucionarios y que tras pactar con el Estado, se vuelven ms papistas que el Papa como se dice en criollo, pues tienen su prestigio poltico y sus privilegios hipotecados en el mantenimiento del status quo . Si no, mrese algunos de los asesores que tuvo lvaro Uribe y que hoy tiene Juan Manuel Santos. Aunque ni el CRIC ni el ACIN puedan todava ser comparados con un Carlos Franco ni con un Obdulio Gaviria, el lenguaje que utilizan se asemeja cada da ms al de ellos, como ya hemos sealado, salvo por salpicar sus comunicados con algo de fraseologa progresista.

El ejercicio de la autonoma tan cacareado por los movimientos indigenistas es, en el mejor de los casos, relativo. Mientras se muestra impotente ante el Estado, es inflexible con sectores de la resistencia popular (tanto de la resistencia sin armas como de la armada) que muestran diferencias con las autoridades y mtodos del CRIC o de la ACIN. Hasta colaboran abiertamente con el Estado (INPEC, Ejrcito) cuando se trata de contener a estos sectores y se dejan instrumentalizar plenamente por los planes contrainsurgentes del establecimiento, lo que les vale el reconocimiento de los medios, de los mandos militares y polticos. Es ms, podemos decir que, en ltima instancia, el ejercicio de esta autonoma est garantizado por un Estado corrupto, mafioso y paramilitarizado. Lo que revela una patologa ms profunda que afecta a parte de la izquierda colombiana desde el contrato social firmado en 1991 a travs de la nueva Constitucin importantes sectores del movimiento popular, por lo menos a nivel de dirigencias, fueron cooptados dentro del sistema y hoy tienen un inters objetivo en su mantencin. Quienes ms vehemente atacan hoy a los sectores sociales en resistencia y a la insurgencia son, a veces, quienes desde la izquierda progresista se creen guardianes del sacrosanto estado de derecho. El movimiento indigenista, desde que el Movimiento Armado Quintn Lame depusiera las armas a cambio de la institucionalizacin de ciertos beneficios en el marco de la nueva Constitucin, cada da se enrumba en este camino de manera ms decidida.

En el marco de esa institucionalizacin, los caciques indgenas hablan con el Estado de autoridad a autoridad, en una situacin de ficticia equivalencia y lisonjas mutuas, que crea una distancia entre esa dirigencia privilegiada (que puede pensar hasta en candidatearse a la presidencia de esta repblica decadente) y las bases de las comunidades, las cuales frecuentemente les resienten y a las que utilizan como grupo de presin cuando toca re-negociar los trminos del contrato de 1991. As es que hemos visto situaciones como el ritual indgena de inauguracin de Santos en la Sierra Nevada, el Congreso Embera en el cual la dirigencia de la ONIC aplaudi frenticamente a Santos mientras ste llamaba a una minga por la prosperidad democrtica [8] y ahora la denuncia y entrega de supuestos insurgentes.

La cooptacin del movimiento indigenista va de la mano de esta institucionalizacin a travs de una ficticia autonoma as como de la oenegizacin del movimiento indigenista, del influjo de capitales de la cooperacin internacional, los cuales (sobre todo en los casos de la cooperacin europea y de USAID, que financian al movimiento indigenista -CRIC, ACIN, ONIC) tienen condicionantes polticos. Uno de esos condicionantes es el asumir una posicin activamente contrainsurgente mediante discursos falaces como la neutralidad y la simetra en la condena a todos los violentos por igual obviando que todos no son iguales, ni en su origen, ni en sus fines, ni en sus mtodos. Esa simetra falaz, por la misma dinmica del poder, termina siempre criticando y cuestionando a los actores subalternos ms que al mismo Estado, al cual finalmente se le termina aceptando como garante del sacrosanto estado de derecho [9]. En esa inercia de complacer a la cooperacin internacional (la cual est dominada por gobiernos que comparten intereses estratgicos y objetivos con el Estado colombiano y que promueven esa agenda comn mediante sus programas de financiacin) hemos visto al movimiento indgena oenegizado terminar acusando a la insurgencia de crmenes de lesa humanidad y de un delirante plan de exterminio de los pueblos indgenas. Toda esta estridencia se da cuando, curiosamente, el propio Fiscal Montealegre ha dicho que no hay sentencias por crmenes de lesa humanidad contra los dirigentes guerrilleros, ante lo cual los uribistas ms recalcitrantes han redoblado la estridencia de sus denuncias. Cules son los elementos para culpar a la insurgencia de un plan de exterminio? La existencia de un conflicto social y armado que tiene repercusiones en el seno de las comunidades indgenas como de todas las comunidades rurales en Colombia conflicto que no inici la insurgencia y conflicto en el cual muchos indgenas toman parte activa. Bien deca el abatido comandante de las FARC-EP, Carlos Patio Caliche, en una entrevista con Hollman Morris el 2005, que eso de la neutralidad de las autoridades indgenas era ignorar la realidad del pas ahora vemos que tras esa supuesta neutralidad hay una toma de partido consciente.

Que haya muchachos que opten por entrar a la insurgencia porque buscan liderazgos alternativos en su rebelda contra el sistema, sobre todo las muchachas, cansadas muchas veces de prcticas patriarcales, clientelistas y burocrticas, no constituye un plan por destruir a los pueblos indgenas. Estas simpatas que despierta la insurgencia entre los indgenas de a pie, como lo describe el comandante de las FARC-EP Timolen Jimnez, por alguna razn que podramos definir y aclarar, parece producir algn grado de irritacin en cierto sector de sus autoridades [10]. Que haya crticas a las dirigencias del CRIC y del ACIN, organizaciones con apenas unas cuantas dcadas de existencia, no significa cuestionar el valor de las culturas milenarias de nuestra tierra. Que en ocasiones se den golpes aislados a personas acusadas de colaborar con el ejrcito o el paramilitarismo, en el marco de este conflicto (golpes que uno puede no compartir y que los movimientos sociales no comparten, pero que hay que demostrar con evidencia y no con sealamientos temerarios), no es lo mismo que un etnocidio. Decir que la orden de las FARC-EP de que sus efectivos no se dejen capturar por las guardias indgenas est muy lejos de la acusacin delirante de que se ha convertido al movimiento indgena en objetivo militar [11]. De la misma manera, que haya indgenas que muchas veces decidan estrechar sus manos con afros y con campesinos en otras organizaciones, hastiados de sus organizaciones tradicionales o de visiones etnocntricas estrechas (muchas veces azuzadas desde la academia), o que decidan formar organizaciones indgenas diferentes al CRIC y al ACIN porque no ven en ellas instrumentos efectivos de lucha, no las convierten en organizaciones para-guerrilleras. Tampoco eso las convierte en enemigos de las comunidades indgenas, comunidades que existen desde mucho antes que el CRIC, el ACIN o la ONIC. Sin embargo, segn denuncia la Coordinadora de Asociaciones Indgenas del Cauca (CAIC), muchos de sus miembros y dirigentes han sido calumniados y amenazados por estas dirigencias [12], hecho que no dudo dado el grueso calibre de los sealamientos que hemos escuchados estas semanas.

Los dirigentes indigenistas oenegizados terminan, como lo denuncia un comunicado de las organizaciones campesinas del Cauca, representando al Estado ante las comunidades, afirmacin compartida por muchos comuneros de a pie [13]. Son los guardianes de la comunidad ante el establecimiento, hecho que es exacerbado en el actual rgimen autoritario y contrainsurgente. Deca Gramsci, al analizar el fascismo italiano, que en l se buscaba forzar a que todas las organizaciones de la sociedad civil cumplieran roles de polica poltica:

[Debe entenderse a] la polica en sentido amplio, es decir, no simplemente la del servicio del Estado destinada a la represin de la delincuencia, sino el conjunto de las fuerzas organizadas por el Estado y los particulares () para proteger la dominacin poltica y econmica de las clases dirigentes. En este sentido es en el que lo mismo algunos partidos polticos que algunas organizaciones econmicas o de otro gnero deben ser por entero consideradas como organizaciones de polica poltica, por tener un carcter de investigacin y de prevencin. [14]

Esto es exactamente lo que vemos que est ocurriendo en el Cauca. En este marco, lo que nos preocupa, es que hasta donde sabemos existe temor de que las guardias indgenas puedan movilizarse nuevamente para atacar a sectores de izquierda en las comunidades, particularmente a sectores vinculados a la CAIC, a iniciativas como las zonas de reserva campesina, a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaas Cifuentes y a la Marcha Patritica. Esperamos que estos temores no se materialicen en nuevas agresiones, sealamientos y entregas, pero estamos atentos.

Unidad


Siempre hemos planteado la importancia de la unidad para el avance del movimiento popular. Tenemos un enemigo formidable, que pese a ser una minora nfima de la sociedad, est bien organizado y detenta el monopolio del poder econmico y poltico. Los sectores populares, pese a ser la mayora, estn divididos, enfrentados a veces entre s por conflictos secundarios, desorganizados y bajo el influjo de la ideologa de los grupos dominantes. Sin embargo, asistimos a un momento en que la conciencia, la organizacin y las luchas populares avanzan en Colombia. La unidad es una tarea poltica que est a la orden del da, y si bien la izquierda colombiana as como muchos movimientos populares continan en una dinmica antropfaga y sectaria, se han dado pasos importantes como la Ruta Social Comn por la Paz, Comosocol y las plataformas poltico-sociales como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patritica y Comosoc, entre otras. Sin embargo, estas iniciativas hacia la unidad, pese a que buscan renovar los mtodos de la poltica, terminan muchas veces reproduciendo los mismos vicios de los partidos tradicionales. Sigue siendo un error el que muchas de estas iniciativas, a pesar de las intenciones y los esfuerzos de muchos militantes de base, se siguen concibiendo desde una perspectiva superestructural. La pauta de muchas de estas valiosas iniciativas sigue siendo la unidad desde arriba hacia abajo, donde a veces se reparten los cargos y las pre-candidaturas antes de que se solidifiquen las bases de los movimientos.

Se necesita repensar la poltica y repensar la unidad como horizonte para el movimiento popular. Muchas veces hemos callado las crticas a las dirigencias en aras de la unidad. As se termin aceptando como un mal menor la corrupcin de la alcalda de Samuel Moreno en Bogot, por ejemplo. As tambin hemos callado las crticas al movimiento indigenista en aras de esa misma unidad, solamente para terminar recibiendo sealamientos y malos tratos. En ambos casos, el resultado de este silencio ha sido desastroso. Sabemos que la unidad de las resistencias de los afros, de los campesinos y de los indgenas es hoy una cuestin de primordial importancia en el Cauca. Mi pregunta es si acaso esta unidad deba seguirse pensando en funcin de las autoridades tradicionales que denuncian, persiguen, sealan y amenazan a otras expresiones del movimiento popular que les disputen su hegemona.

Con el argumento de la unidad no se puede dar cabida a prcticas perniciosas que daan los objetivos de las luchas populares a mediano y largo plazo. La amplitud de un movimiento puede incluir a una amplia gama de opiniones polticas, pero no puede incluir ni la traicin, ni la corrupcin, ni el clientelismo. No se puede tampoco caer en equvocas alianzas con quienes tienen un pie en el movimiento popular y otro firmemente clavado en las instituciones putrefactas, con quienes dicen hablar desde el pueblo pero cuya agenda poltica est comprometida con intereses ajenos y muchas veces no especificados. No puede haber unidad con quienes hablan en cdigo progresista pero tienen intereses objetivos en mantener el status quo: la unidad que concebimos es para que la marea humana de los de abajo, de los desposedos, de los marginados, de los explotados, de los discriminados arrase con las estructuras econmicas, polticas y sociales que les oprimen, para que haya una transformacin radical del presente de miseria, caiga quien caiga, aunque ni siquiera la sacrosanta constitucin del 91 quede en pie si hace falta.

Tampoco podemos creer que la unidad sea un tinto que se tomen las dirigencias para decidir a espaldas de sus bases. La unidad, ante todo, debe ser realizada desde abajo y en la lucha, desde las resistencias de las mismas comunidades de a pie. La unidad es un deber con esas bases indgenas abandonadas a su propia suerte; unidad que ser necesariamente de todas las sangres y culturas, en el marco del mutuo respeto y entendimiento, sin hegemonas ni posiciones autoritarias. Ejemplo de esta unidad lo han dado las mesas interculturales para solucionar problemas de territorio, como ha ocurrido recientemente en Itaibe, municipio de Paez, Cauca referente de cmo los afros, indgenas y campesinos mestizos pueden dialogar con argumentos y no con garrotes, como tristemente ha ocurrido en el pasado, confrontaciones que claramente son funcionales a los que mantienen su poder gracias a la divisin del campo popular [15]. Es por ello, que elevamos una acalorada protesta ante el macartismo de sectores supuestamente populares, que mella a las mismas comunidades que estas organizaciones dicen defender, que siembra desconfianza y desunin en el movimiento popular, que exacerba tensiones tnicas (poltica que siempre han buscado los colonialistas para dividir y reinar), que va a contrava de los esfuerzos del actual momento de conformar un bloque popular que pueda disputar un proyecto alternativo para la sociedad colombiana, a riesgo de ser arrollados por las locomotoras santistas.

NOTAS:


[1] http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/5689-comunidades-indigenas-condenan-a-los-ideologos-de-las-farc356
[2] http://www.anarkismo.net/article/23667
[3] http://www.semana.com/nacion/articulo/la-pelea-fondo-narcotrafico-lider-indigena-feliciano-valencia/261521-3 [4] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-361013-lideres-indigenas-piden-sanciones-hechos-violentos-contra-ffmm
[5] http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article51724
[6] http://www.semana.com/opinion/articulo/el-desafio-indigena/261595-3
[7] Un relato sobre este juicio hecho en base a grabaciones y testimonios fue hecho por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaas Cifuentes http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=530:cp-toribio-20-de-mayo-2013&catid=117:comunicados2013&Itemid=229
[8] http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Octubre/Paginas/20101012_09.aspx
[9] Estas teoras de la simetra y la neutralidad han sido suficientemente cuestionadas por las obras del padre Javier Giraldo (ver Guerra o Democracia, por ejemplo), as como por el Proyecto Colombia Nunca Ms (ver sobre todo el Captulo V del Tomo I). El efecto perverso de esta supuesta simetra y cmo termina necesariamente siendo un instrumento contrainsurgente, se desprende de una carta enviada recientemente por la ONIC y el CRIC al gobierno y a las FARC-EP en el marco de las negociaciones de paz. Mientras al gobierno piden apenas respetar el DIH, con la insurgencia no se limitan a ello, sino que detallan una larga lista de prcticas que supuestamente realizaran (lo que es cuestionable en muchos casos). Sin especificar, claro, que el Estado hace lo mismo y diez veces peor. http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-nacional-y-las-farc-frente-a-los-dialogos-de-paz-en-cuba/
[10] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168224&titular=nueva-carta-a-ind%EDgenas-del-cauca-
[11] http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/57611-carta-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-colombia-a-las-farc-ep.html
[12] http://reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=531:comunicado-coordinacion-indigena-20-mayo-2013&catid=119:actualidad-2013&Itemid=227
[13] http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-nacional-y-las-farc-frente-a-los-dialogos-de-paz-en-cuba/ [14] Poulantzas, Nicos Fascismo y Dictadura, Ed. Siglo XXI, 2005, p.393
[15] http://prensarural.org/spip/spip.php?article10916


(*) Jos Antonio Gutirrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con Amrica Latina y Colombia, colaborador de la revistaCEPA(Colombia) yEl Ciudadano(Chile), as como del sitio web internacionalwww.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugus, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orgenes Libertarios del Primero de Mayo en Amrica Latina" (Quimant ed. 2010).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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