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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-05-2013

La acusacin contra los tres jvenes se remonta a la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012
Los despropsitos judiciales contra los detenidos del barrio de El Clot de Barcelona

Andreu Pags y Pere Lirn
Rebelin


El 29 de marzo del 2012, a las nueve de la maana, unos jvenes son detenidos por la policia catalana acusados ​​de mover unos contenedores de basura en la calle Aragn y de cortar la circulacin. Una circulacin que era inexistente en ese momento debido a la huelga.

Ese mismo da un centenar de huelguistas o manifestantes fueron detenidos en Catalua, seis de los cuales pasaron 40 das en prisin preventiva, para evitar que participaran en la manifestacin "violenta y mundial" contra una reunin del Banco Central Europeo que segn el Consejero de Interior Puig deba producirse en Barcelona (y que en realidad no se realiz) o en los supuestos disturbios que poda haber debido al partido Bara-Espanyol.

Ocho aos atrs, la madrugada del 15 de agosto del 2004, Aitor Dvila clav un cuchillo de desollar animales en el cuello de Roger Albert, durante las fiestas de Gracia. Ese mismo da Dvila fue detenido y un mes despus puesto en libertad provisional. El joven Roger muri el 10 de diciembre, despus de cuatro meses en coma.

Este es el primer despropsito: la prisin provisional. Como es posible que se d un tratamiento similar a un huelguista acusado de mover un contenedor que a un detenido acusado de intento de asesinato?

Cules son las peticiones a las que se enfrentan estos jvenes?

Est previsto que el juicio de los jvenes detenidos el 29M en el barrio del Clot se celebre en Barcelona el prximo 5 de junio. En otras ocasiones, acusaciones similares han resuelto con juicios de faltas. En este caso, sin embargo, los jvenes de El Clot enfrentan peticiones de penas que llegan a ms de 7 aos de prisin, lo que muestra la arbitrariedad con que se ha instruido el sumario.

En la causa judicial abierta, se presentan tres acusaciones: el Ministerio Fiscal y, como acusaciones privadas, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

Con una sorprendente agilidad, poco habitual en el sistema judicial, el juicio oral se har casi 14 meses despus de la realizacin de los supuestos hechos. Todas las acusaciones extraen del hecho de mover contenedores tres delitos: desorden pblico, destruccin de mobiliario urbano y poner en peligro la seguridad vial.

Las peticiones penales que piden son las siguientes:

Institucin

Desrdenes pblicos

Daos de mobiliario urbano

Delito contra la seguridad vial

Total de aos de prisin

Ministerio Fiscal

3 aos

2 aos

1 ao

6 aos

Generalitat de Catalunya

3 aos

1,5 aos

8 meses

5 aos

Ayuntamiento de Barcelona

4,5 aos

2 aos

1 aos

7,5 aos

Previsin legal

Entre 6 meses y 3 aos

entre 1 y 3 aos

Entre 6 meses y 2 aos

 

 

Segundo despropsito: la manifiesta desproporcin entre desplazar un contenedor y ser condenado a pasar siete aos encarcelado.

Qu hacen la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona?

Mientras tanto, en toda Catalua se multiplican casos judiciales causantes de una gran alarma social: caso Millet, caso Hotel Palau (que veremos ms abajo), caso ITV (Oriol Pujol), el Innova de Reus o el del Hospital de Sant Pau en Barcelona, ​​por citar algunos bien conocidos. Eso sin contar otras situaciones irregulares o, cuando menos, sospechosas, como los obstculos interpuestos por el Gobierno cataln en el esclarecimiento de la prdida del ojo de Esther Quintana, o bien el incremento de los contratos de DELOITTE con la Generalitat de Catalunya desde que entr a trabajar David Mad -mano derecha del presidente Artur Mas-. Y as podramos seguir citando muchos ms ejemplos y preguntarnos si la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han estimado importante jugar algn papel.

Cmo acta el abogado de la Generalitat de Catalunya ante los casos de corrupcin en los que la administracin catalana se encuentra afectada de forma flagrante? Se ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona como acusacin particular para defender los intereses de la ciudad y de sus ciudadanos?

Vamos a ver la respuesta en uno de los casos de corrupcin ms conocido: el caso del Hotel Palau, en el que estn acusados ​​Flix Millet, Jordi Montull y la ex-cpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un caso en que Millet y Montull se les acusa de haber tramitado la construccin de un hotel junto al Palau de la Msica de manera irregular gracias a que gozaban de la colaboracin de cargos municipales. A cambio de sus gestiones obtuvieron una sustancial comisin.

En este caso slo se presentan como acusaciones el Ministerio Fiscal, los vecinos del barrio y la Fundacin del Palau. Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat de Catalunya se presentan como acusaciones particulares. La Generalitat pudo reclamar unos 300.000 pero parece que este caso no afecta a los intereses de los catalanes ni los barceloneses en particular.

Pero la actitud de la Generalitat de Catalunya es radicalmente diferente frente a los numerosos casos de corrupcin descubiertos que ante los detenidos por la huelga general del 29M. Aqu no slo se presenta como acusacin particular-aunque debera aclarar en que sale perjudicada por el desplazamiento de unos contenedores- sino que, adems, lo hace con peticiones de penas desproporcionadamente elevadas. Y lo mismo se puede decir del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que evidentemente no comparece como acusacin particular en todos los accidentes de trfico que causan desperfectos en el mobiliario urbano.

Qu hacen las administraciones en el proceso judicial de los jvenes del Clot? Alinearse con la estrategia de desprestigio y criminalizacin de la respuesta ciudadana contra las polticas de recortes y de ajuste econmico que los gobiernos central, autonmico y local estn llevando a cabo. Y lo hacen con la conciencia de que las acusaciones contra estos jvenes son falsas, no se aguantan de ninguna manera y que para presentarse como acusacin particular deben derrochar dinero pblico en pocas de austeridad.

La dureza de la peticin del Ministerio Fiscal no sorprende: obedece la consigna del gobierno central de criminalizar las protestas. En cambio, s resulta sorprendente que el Ayuntamiento de Barcelon formule una peticin ms contundente. Por tanto, tercer despropsito: la presencia de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona en este procedimiento judicial

El juicio de los jvenes de El Clot an no ha comenzado y ya se anuncia el de cinco jvenes del barrio de Les Corts en un caso casi idntico. Y seguir un hogar goteo de procesos relacionados con la huelga del 29 de marzo.

Pedir siete aos de prisin por unos hechos que se podran resolver en un juicio de faltas no es justicia, es represin. Hoy esta represin slo se explica por la voluntad de nuestros gobernantes de reprimir y criminalizar cualquier protesta social en un pas que estn dirigiendo a la miseria ya la limitacin de derechos.

Desde estas lneas slo podemos pedir que se haga justicia y que estos chicos sean absueltos o, mejor an, que los juicios se anulen.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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