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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-06-2013

Per en el candelero social

Gustavo Espinoza M.
Rebelin


Hace algunas semanas pude ver en Lima, a una enorme multitud de trabajadores que iniciaba una marcha de protesta y en demanda de atencin a reclamos laborales. Casi por mana de oficio, me acerqu a las columnas que en ese momento iniciaban su desplazamiento desde el Campo de Marte, rumbo al Congreso de la Repblica. Se trataba de servidores del Estado que alertaban al pas respecto a un proyecto de ley que se cerna como un peligro real contra el sector, severamente martirizado ya por sucesivos regmenes anteriores.

La ocasin me permiti intercambiar impresiones con algunos lderes de la movilizacin, los mismos que me aseguraron que libraban, de manera aislada y casi solitaria, una justa lucha por derechos fundamentales que estaban dispuestos a llevar hasta el fin.

En un pas como el nuestro, afectado severamente por el inmovilismo social y por la afasia en la que suelen caer algunas veces las dirigencias sindicales vigentes, una accin de envergadura como la que pude apreciar, me pareci plenamente calificada. No slo por el contenido de la reclamacin, sino sobre todo por el sentimiento de clase que flua de una multitud que marchaba a ritmo de organizacin y disciplina, tras banderas ciertamente legtimas.

Hoy ese conflicto alcanz otras dimensiones y pudo expresarse abiertamente en una confrontacin directa, ocurrida en la Plaza Mayor de la Capital, y ante el Palacio de Gobierno, cuando centenares de trabajadores -quiz miles- lograron rebasar las casi infranqueables barreras policiales y metlicas que usan los gobernantes de turno para tomar distancia de las exigencias sociales.

Esta vez el jueves 30 de mayo la accin se desarroll como en la circunstancia anterior, cuando los activistas sindicales se desplazaron pacficamente por la avenida Abancay, pero tuvieron luego la idea de modificar su punto de destino optando por expresar su demanda no slo ante el Poder Legislativo -que estaba discutiendo la ley de marras- sino tambin ante el Despacho Presidencial, conscientes que all podra radicar, finalmente, la atencin a su reclamo. Entonces, se produjo una bronca descomunal.

La protesta no ocurri slo en Lima. Tambin en el interior del pas tuvieron lugar nutridas manifestaciones, expresin -todas ellas- de dos fenmenos paralelos. El promisor papel de las masas en la vida peruana, y la agudizacin del conflicto social en un escenario convulso en el que arrecia la ofensiva reaccionaria en todos los niveles. Arequipa. Huancayo, Chiclayo, Trujillo, Cusco y Chimbote fueron puntos altos de la protesta.

La demanda de los trabajadores es ciertamente justa y atendible. Responde a dos preocupaciones bsicas. Al tema de la estabilidad en el empleo, y a la preservacin de conquistas y derechos alcanzados por los trabajadores en los duros avatares de la lucha social.

Es curioso. Los empresarios reclaman siempre seguridad para su inversin, garantas para su aporte al desarrollo. Y es que ellos tienen en sus manos el dinero que alienta la produccin. Pero se quejan cuando los trabajadores -que invierten lo que tienen, es decir su capa0cidad de trabajo, reclaman seguridad y garanta, es decir, un mnimo de estabilidad que les permita mirar con confianza el maana, el propio y el de sus familias.

La gran prensa ha levantado un mito en torno a la materia. Habla todos los das de impedir que exista la estabilidad absoluta del empleo. Y esta, no ha existido jams.

Hasta los aos 70 cuando el gobierno de Velasco Alvarado promulg la ley 18471, imper en el pas la libre contratacin. Gracias a ella, los empresarios podan contratar o despedir a cualquier trabajador en el momento en el que quisieran hacerlo, y por la causa que les viniera en gana. La nueva ley dispuso una regulacin de ese derecho estableciendo simplemente causales de despido. Es decir, precisando en qu circunstancia y por qu motivo un trabajador poda ser privado de su empleo, y normando un procedimiento para que le receisin del contrato laboral se produzca.

La disposicin no constitua una garanta de impunidad para los trabajadores, ni aseguraba en ningn caso la estabilidad absoluta en el puesto de trabajo. Un trabajador poda ser despedido con causa justificada, precisada por la ley; y luego de un elemental procedimiento administrativo. Se eliminaba slo el capricho del patrn, la expresin tan consistente y en boga en el Per tradicional: te despido, porque me da la gana

Hubo en ese marco, casos de trabajadores que fueron despedidos por ingerir bebidas alcohlicas, o sustancias txicas, o por consumir drogas, o apropiarse ilcitamente de productos, o herramientas de trabajo, o por faltar el respeto a un compaero o a un superior. Nada de eso, fue eliminado. Lo nico que no se permiti fue el despido por capricho, ni la privacin del puesto de trabajo a un servidor por adherirse a un sindicato o participar en una huelga; que eran las razones preferidas por los empleadores tambin entonces.

Por eso fue que pusieron el grito en el cielo los voceros de la Sociedad de Industrias, que reclamaron siempre su derecho a deshacerse del personal revoltoso, del agitador social, del incitador de huelgas. Ese fue siempre el tema de los patronos.

Aunque lograron derogar la 18471, nunca alcanzaron realmente a reimplantar en el pas el antiguo sistema de libertad de contratacin. Hoy despiden a su antojo, pero an los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir ante el Fuero Privativo Laboral, una suerte de poder judicial sui generis, que administra los casos, a travs de un procedimiento abusivo y engaoso, pero que existe.

Este es uno de los temas en cuestin. El proyecto de ley que se discute en el Congreso no preserva el derecho al trabajo ni protege el empleo. Slo faculta al Estado a despedir a los trabajadores que, a juicio del Poder. no renen condiciones para el ejercicio de su funcin. En otras palabras, ejecuta mecanismos de calificacin discriminatorios y abusivos, que ponen en riesgo real a muchos trabajadores.

El otro tema tiene que ver con los efectos laborales alcanzados: el existencia de sindicatos, la libertad de asociacin, la negociacin colectiva, el destino de las conquistas sociales alcanzadas Eso tambin est en juego por cuanto el proyecto de marras -denominado Ley del Servicio Civil- asoma como una disposicin paralela a la del Servicio Militar. Es decir, ve con ptica castrense una funcin al servicio del Estado, lo que induce a reducir o restringir al mximo los beneficios pactados. En otras palabras, busca imponer calidad de trabajo sin tomar en cuenta para nada la calidad de vida de los trabajadores.

No obstante, parece haberse impuesto finalmente un retorno a la razn en la materia. Los trabajadores suspendieron la huelga y los congresistas resolvieron suspender el debate de la norma para buscar acuerdos de consenso que tomen en cuenta los reclamos laborales. Saludable medida, si se complementara con disposiciones que garanticen elementalmente estos derechos conculcados y estas amenazas explcitas que fluyen del texto del proyecto en mencin.

Mientras estos temas importan a millones, la derecha peruana vive en Caracas. La prensa reaccionaria hace encuestas preguntando cuntos votaran por Maduro o por Capriles; y da a da la tele entrevista a los parlamentarios anti chavistas, que han acoderado en nuestras costas llorando sus desdichas ante la consternacin y el quebranto de la Valenzuela, Ral Vargas, o Beto Ortiz.

Y a prxima semana estos personajillos de la farndula ridcula, se sentirn en su salsa: vendr Capriles a soplarles el humo y cantarles zahumerio gusano. No les dir -para nada- lo que l hizo en el 2002, cuando el Golpe de Estado contra el Presidente Chvez y su rgimen constitucional. Tampoco les dir que el gobierno que ellos democrticamente eligieron -el de Pedro Carmona- disolvi en un solo acto el Congreso de la Repblica, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantas y todos los organismos del Estado Venezolano. Tampoco contar sus hazaas personales, cuando pretendi tomar por asalto la Embajada de Cuba. En estos Items, Capriles callar en todos los idiomas, con le esperanza que aqu, lo reciba alguien del gobierno.

Ese alguien, tiene un nombre. Se llama Ollanta Humala. Y ellos le exigen que lo reciba y le pida perdn por haber reconocido a Maduro, haber suscrito la Declaracin de UNASUR, haber ido a Caracas en abril; y sobre todo, haber dicho en ms de una ocasin, que respetar la voluntad del pueblo de Venezuela. Horror!. Eso, ni Capriles, ni sus ulicos de aqu estarn dispuestos a perdonarle, salvo que mudo, absorto y de rodillas, como dice el poeta, admita que el Imperio, es su Dios.

Gustavo Espinoza M. del Colectivo de Direccin de Nuestra Bandera.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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