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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-06-2013

No "falta Estado": faltan derechos, sobra represin
Catatumbo

Jos Antonio Gutirrez D.
Rebelin


La brutal respuesta que el Estado colombiano, capitaneado por Juan Manuel Santos, ha dado a la movilizacin legal, pacfica y constitucional de los campesinos en el Catatumbo, nos ha dejado francamente sin palabras. Desde luego que estamos familiarizados con este tipo de represin: el Estado viene desde hace seis dcadas haciendo esto y cosas mucho peores en contra de las masas populares cada vez que, hastiadas de su marginalizacin y de los atropellos cotidianos que padecen, se alzan gritando Basta. Sin embargo, la persistencia de la protesta campesina que ha agrupado a alrededor de 15.000 personas, la militarizacin de la regin, la represin feroz, han sido debidamente documentadas por un medio de comunicacin popular, la Agencia Prensa Rural, que ha hecho una meticulosa y descarnada cobertura de estos eventos, que la mayora de los medios o pasan de agache o muestran desde el ngulo de los poderosos. Cmo no estremecerse al presenciar el cobarde asesinato de un campesino que, jadeando, angustiado, gritaba que le haban dado un tiro certero al corazn, mientras se desangraba ante las cmaras? [1] Pocas imgenes en mi vida y no he visto poco- me han arrugado el alma de esa manera.

Qu quieren los campesinos movilizados? La prensa oficial no explica nada. La editorial de hoy de El Espectador, por ejemplo, distorsiona lo que piden los campesinos diciendo que stos piden que el gobierno, supuestamente, restablezca la institucionalidad perdida [2]. No, esto no es as. Las propuestas de los campesinos han sido emitidas en propuestas bastante claras y se han enfrentado a la oposicin irreductible y soberbia del establecimiento:

1. Piden el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), figura constitucional con base en la Ley 160 de 1994. Ellos han hecho todos los trmites pertinentes y lo nico que ha impedido la declaracin de la ZRC en el Catatumbo, es el veto ilegal del ministro de defensa que considera a esta zona como un rea estratgica para su estrategia de contrainsurgencia. Lucho Garzn, quien preside una comisin para dialogar con los manifestantes, tambin ha expresado su rotunda negativa a la declaracin de la ZRC, la principal demanda del campesinado [3].

2. Piden que se pare la erradicacin forzada de la coca, nica fuente de subsistencia que tienen los campesinos en la zona, mientras no se les den alternativas viables.

3. Piden que se apruebe y se financia el Proyecto de Desarrollo Sostenible desarrollado por los propios campesinos que provee, precisamente, esas alternativas.

4. Piden fondos de emergencia para enfrentar la crisis alimentaria, porque no hay alternativas econmicas y porque no se est sembrando cultivos de pan coger.

5. Piden un freno a la Locomotora Minera, que amenaza la existencia misma del campesinado en la regin.

6. Piden que se termine la militarizacin de la regin, que ha conllevado, como en todas las zonas de consolidacin militar, toda clase de abusos y atropellos contra la poblacin [4].

Las medidas que piden los campesinos son claras, por qu entonces la citada editorial de El Espectador insiste que lo que urge es presencia estatal? No es slo El Espectador. Casi todos los medios de prensa, repiten hasta el cansancio esa formulita trillada, que supuestamente lo explicara todo, pero que no explica nada en realidad: el Catatumbo sufre de ausencia de Estado. Slo Tatiana Acevedo, en una de las columnas ms certeras que he ledo en El Espectador, va a contrava de estas verdades incuestionables, al afirmar lo obvio:

 

el Catatumbo est hoy pleno de Estado. En Ocaa hay notarios. En Tib, tambin. Y hay fiscales, crceles, decenas de exagentes del DAS, oficinas, papelera membretada, sellos, huelleros, filas para asistencia social. Hay utensilios para la fumigacin con glifosato, ICBF, helicpteros, consultores con contrato de prestacin de servicios, caballera mecanizada, fuerza de lite Vulcano, blanco legtimo. Batallones de infantera, de artillera, de ingenieros, de servicios para el combate, de plan energtico y de contraguerrillas () Hubo rehabilitacin, Plan Colombia y (ahora) Consolidacin () Miles de funcionarios pblicos ejecutan billones para borrar hectreas y flexibilizan normas, para promover actividades mineras o agroindustriales. Tras dcadas de guerra, no es que el Estado no haga presencia, como reza el lugar comn de toda noticia sobre el Catatumbo. Por el contrario, se fortalece un Estado colombiano () Quiz en vez de un sentimiento de abandono, hay uno de hasto y rabia por la forma en la que el Estado lo tom. [5]

 

Una de las peores groseras en este sentido, la enuncia El Espectador en su editorial cuando dice incluso que el paramilitarismo que azot a la zona dejando ms de 10.000 muertos, fue consecuencia de esa mtica ausencia del Estado. Est probado, hasta la saciedad, por investigadores serios como el padre Javier Giraldo que el paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado, oficial, desde la dcada de los 60 [6]. Como deca yo mismo en un artculo previo: Donde ciertos observadores han equiparado de manera simplista el control paramilitar con la ausencia del Estado, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la expresin ms extendida as como perversa del Estado, con poderes plenipotenciarios y dictatoriales. [7]

Lo que se necesita no es ms Estado, sino ms derechos, ms comunidad, ms tejido social, ms vida, menos represin. Pero al confundir los trminos, los medios, a la vez que juegan al polica bueno, distraen la mirada de la opinin pblica de lo que realmente est en juego en el Catatumbo.

En primer lugar, est en juego el pulso entre el modelo econmico impulsado desde el Estado, que privilegia a los agro negocios y las inversiones minero-extractivas, y las necesidades de las propias comunidades que buscan un modelo de desarrollo sostenible para la regin, y que, en ausencia de alternativas, buscan al menos ser capaces de sostenerse mediante el cultivo de coca, que es lo que tienen de momento.

En segundo trmino, est en juego la voluntad de paz real del gobierno, que va de la mano de la solucin de los problemas estructurales que enfrenta sobretodo el campesinado, que constituye la base social de apoyo principal de la insurgencia. La paradjica situacin de negociar en medio del conflicto, es muy cmoda para el gobierno de Santos, que puede tener en una mano la rama de oliva y en la otra el garrote. Como explicaba en un artculo reciente:

El gobierno de Santos busca modernizar, pero modernizar sin pueblo que pueda alterar el contenido neoliberal y oligrquico de su proyecto . Es por ello que el gobierno, mientras adelanta las negociaciones en La Habana, se encarga de reprimir, perseguir, encarcelar, desplazar, asesinar, bombardear y desaparecer a las fuerzas vivas que pueden hacer carne un acuerdo de modernizacin favorable a los intereses populares del campesinado. Al igual que los regmenes fascistas, nunca se ataca una medida legal progresista, sino que se ataca directamente al movimiento que la sustenta () El ataque sistemtico y alevoso que estamos presenciando contra el movimiento campesino es un ataque frontal contra el proceso en La Habana [8].

Para justificar esta represin, esta persecucin y estos cobardes ataques, personeros de gobiernos, de las fuerzas represivas y el propio presidente, sealan a las manifestaciones de estar infiltradas por la guerrilla Cmo si a los campesinos no les sobraran razones para manifestarse! El tema en realidad es otro: es el trato militar, fundamentalmente represivo, que tradicionalmente da el Estado a la protesta social. La misma editorial de El Espectador reconoce que Sin duda se trata de una zona de influencia guerrillera, pero tambin se trata de una regin donde los campesinos piden soluciones que no son descabelladas. A propuestas para nada descabelladas, el gobierno responde hiriendo a decenas de campesinos, algunos de ellos con amputaciones, asesinando a cuatro campesinos a bala, arrojando granadas de fragmentacin, destruyendo las posesiones de los campesinos, incendiando ranchos, saqueando el comercio local.

Precisamente, con el fin de garantizar los mecanismos legales que faciliten la destruccin del movimiento campesino, que es, en ltima instancia, el nico que puede hacer realidad los acuerdos que salgan de la mesa de negociaciones, es que se ha aprobado el fuero militar en el parlamento. De alguna manera, podramos decir que la represin en el Catatumbo es el bautizo de esta nueva medida segn la cual la poblacin civil se convierte en un blanco legtimo del Ejrcito. Gustavo Galln, en un agudo anlisis de los alcances del fuero militar, plantea que:

si el soldado en armas mata a un civil, el proyecto de ley estatutaria seala que debe presumirse que lo hizo de buena fe, y la licitud o no de dicha muerte deber valorarse () no segn las normas de derechos humanos que prohben matar civiles. El principio de proporcionalidad, como est definido en la ley, autoriza causar daos a personas y bienes civiles siempre que no sean manifiestamente excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa prevista. La jurisdiccin militar considerar excesivas las muertes de los dos manifestantes de Ocaa el pasado fin de semana? [9]

La sangre no se lava. Es indeleble. Seor Santos: tiene usted sus manos untadas con la sangre de cuatro campesinos que reclamaban sus derechos ms esenciales. Sus nombres son Dionel Jcome Ortiz, Edwin Franco Jaimes, Diomar Angarita y Hermidez Palacio. Para usted quizs sean meras estadsticas de un conflicto que todava cree que podr manejar como una partida de pker. Para nosotros no: ellos no son nmeros, sino compaeros, hermanos, vecinos, padres, amigos, hijos, esposos y amantes, compadres, seres humanos a los que la brutalidad del Estado les arrebat la vida, poco despus de que usted lanzara esos sealamientos como una autntica pena de muerte sobre ellos y sobre todos sus compaeros. Nosotros no los olvidaremos.

A esta altura, ya no es suficiente con la mesa de interlocucin para solucionar algo que debi haberse solucionado hace aos. Esta vez tambin tocar exigir justicia. Porque la vida de los campesinos no es moneda de cambio por reformas. Porque no estamos dispuestos a aceptar a un solo muerto ms por la represin contra quienes piden lo justo. Porque la vida de los campesinos tambin vale. Porque el terrorismo de Estado ya no puede seguir en la impunidad, es por ello que exigiremos justicia contra los que dispararon y contra los que dieron la orden. A nivel regional, departamental y nacional. Caiga quien caiga.

 

NOTAS:

[1] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11199 (Ver 1:10)

[2] http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-430322-y-el-catatumbo

[3] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-430344-el-catatumbo-gobierno-no-aceptara-discusion-tiempos-diferidos

[4] Las razones y las propuestas de los campesinos agrupados en la Asociacin Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), filial de FENSUAGRO, ha sido recogida en los siguientes documentos http://prensarural.org/spip/spip.php?article11149 y http://prensarural.org/spip/spip.php?article11099

[5] http://www.elespectador.com/opinion/columna-430320-el-estado-ha-estado

[6] http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/Guerra_o_Democracia.pdf Ver pgina 26 y siguientes.

[7] http://anarkismo.net/article/21637

[8] http://anarkismo.net/article/25763

[9] http://www.elespectador.com/opinion/columna-430318-tacando-burro



(*) Jos Antonio Gutirrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con Amrica Latina y Colombia, colaborador de la revistaCEPA(Colombia) yEl Ciudadano(Chile), as como del sitio web internacionalwww.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugus, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orgenes Libertarios del Primero de Mayo en Amrica
Latina
" (Quimant ed. 2010).


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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