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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-07-2013

Costa Rica
Impunidad absoluta, nacida de la ignorancia del pueblo

Alfonso J. Palacios Echeverra
Rebelin


Santo Toms, hacia 1250 escriba lo siguiente: Parece mejor que contra la maldad de los tiranos se ha de proceder no con la presuncin particular de algunos, sino con la autoridad pblica. Primero, si compitiera al derecho de alguna multitud proveerse de un rey, el rey instituido pude ser destituido de manera no injusta por la misma multitud, o bien refrenado en su poder si abusa tirnicamente del poder regio. Y no puede juzgarse que tal multitud acta infielmente al destituir al tirano, aun si le hubiera estado sujeta desde tiempo atrs, porque l mismo lo mereci al no comportarse fielmente en su rgimen para con la multitud, segn lo exige el deber del rey, por lo cual la palabra dada no le debe ser guardada por parte de los sbditos

En palabras ms actuales lo que dice Santo Toms es: si un pueblo decide darse un gobierno legtimo, pero el gobierno abusa del poder a l delegado, puede el pueblo sin caer en la ilegalidad- refrenar el poder de ese gobierno o destituirlo. Y esta destitucin del gobernante tirnico (o corrupto, agrego yo) no es la ruptura de un pacto preexistente, sino que quien rompi el pacto de gobernabilidad fue el gobierno tirnico. Fue elegido, pero excedi sus atribuciones, no se comport fielmente con la multitud. Por lo tanto est legalmente permitida al pueblo la destitucin de tal gobierno. No es una revuelta sino el ejercicio de un derecho constituyente.

Lo anteriormente expuesto resulta sumamente importante en un momento como el actual, cuando la mafiocracia costarricense se ha separado definitivamente de la legalidad, en cuanto la Procuradura de la tica (quiz la ms desprestigiada de todas) se agarra de una leguleyada para eximir a la seora Presidente de la Repblica de sus responsabilidades por haber utilizado, no en una, sino en dos ocasiones, el avin de un empresario que est sospechosamente vinculado segn las autoridades colombianas- con crteles de la droga.

La impunidad de funcionarios delincuentes es el factor comn del relajamiento institucional del Estado. Los funcionarios entran y salen de sus cargos sin rendir cuentas ni razn de sus actos y omisiones, y sin posibilidad de fincarles responsabilidades por las vas del juicio poltico o penal. Los presidentes de la repblica son intocables, sean del Partido que sean. Algunos ministros, excepcionalmente, han sido destituidos, pero jams llevados a los tribunales. Arrasan con bienes gubernamentales, hacen negocios al amparo del poder y se sabe que intercambian favores de proteccin por dinero con toda clase de delincuentes, en lo que se denomina narcopoltica o tambin mafiocracia, segn las circunstancias.

Los funcionarios de estos niveles han sido rebasados por la criminalidad de cuello blanco, debido a su negligencia, aunque ms por sus complicidades. El binomio de funcionarios que incumplen con sus obligaciones, preventiva y represiva para garantizar, no la mnima, sino la mxima seguridad para la paz social, adems de la responsabilidad de custodiar y preservar los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos, y delincuentes que merodean alrededor de contratos, concesiones, consultoras y dems que han impuesto la ley de la selva en la administracin pblica tienen en muy seria crisis de gobernabilidad y estabilidad poltica y econmica al pas, al grado de que impera prcticamente la anarqua. Pero una anarqua solapada, que guarda las formas, el comportamiento discreto, no la de otros pases en donde la corrupcin es an mayor que la nuestra.

En Costa Rica, seala Jos Luis Rivera S., el constituyente de 1949 escogi como modelo de organizacin poltica un sistema de gobierno democrtico, que se fundamenta o gira en torno a la soberana del pueblo, al establecer en el artculo 9 de la Constitucin Poltica que: El Gobierno de la Repblica es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y lo ejerce el pueblo y tres Poderes distintos e independientes, termina sealando el citado mandato constitucional. De manera que la Carta Fundamental reconoce, en forma clara y precisa, en favor del ciudadano, el derecho a participar activamente en la formacin del Gobierno de la Repblica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha reconocido ese derecho indicando que: El artculo primero de la Constitucin Poltica establece que Costa Rica es una Repblica Democrtica, libre e independiente. La utilizacin del trmino democrtico en nuestra Carta Fundamental establece una exigencia en el origen de la ley ordinaria y es que sta debe ser el producto de la voluntad popular representada en la Asamblea Legislativa.

En efecto, en razn de ese reconocimiento constitucional que busca fomentar la participacin poltica de los ciudadanos en la conformacin del Gobierno, es que el ordenamiento jurdico costarricense desarrolla varios mecanismos de participacin poltica, que le permiten al ciudadano, no solo elegir sus gobernantes, sino participar activamente en aquellas decisiones que se sometan a su conocimiento.

El tocar este tema ha dado lugar, una vez ms, a que escuchemos el discurso de quienes esgrimen la democracia como un concepto opuesto al Estado de derecho. Esta nocin de que la ley no es ms que una fuerza coactiva que restringe la libertad de las personas y, por lo tanto, cuyo desacato se puede reivindicar como camino para ser ms democrticos, es una de las razones fundamentales por las que Amrica Latina sigue formando parte del mundo subdesarrollado.

Aqu radica la diferencia poltica ms profunda entre anglosajones y latinoamericanos, pues para aquellos esta dicotoma es inconcebible, ya que entienden como una verdad indiscutida e indiscutible que la democracia es un fruto del Estado de derecho y ambas instituciones son eficaces sistemas de control del poder, buenos antdotos contra el imperio de la fuerza y especialmente de los abusos del gobernante. En efecto, ante el absolutismo de monarcas jurdicamente irresponsables, Occidente avanz primero hacia un orden jurdico de control del soberano, al que se llam el gobierno de la ley, y luego evolucion hasta una forma de control poltico que permiti la destitucin y reemplazo ordenado y pacfico del gobernante, a la que llamamos democracia.

Sin ese gobierno de la ley, es inviable la existencia misma de la democracia, porque si no somos todos iguales ante la ley, responsables de nuestros actos y el Estado no es capaz de resguardar la libertad individual, no existen las condiciones esenciales para que se pueda dar el debate democrtico. Por todo esto es que ninguna sociedad en que no han imperado el gobierno de la ley y el respeto universal a los derechos fundamentales ha podido desarrollar un sistema democrtico de gobierno. Al contrario, aquellos que s han logrado que esos enormes mnimos jurdicos se afiancen slidamente han avanzado hasta construir las democracias ms desarrolladas y prsperas del planeta.

Los procesos internos de control en el Estado deberan operar evaluando y generando acciones correctivas que se ponen en marcha a partir de las diferencias que aparecen la procesar los resultados de los comportamientos y las perturbaciones del medio social. As debera funcional la democracia. Esto jams se ha aplicado en nuestro pas, porque las organizaciones polticas monolticas que llegan a dominar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se convierten en cmplices, se protegen los unos a los otros, realizan todas las acciones que garanticen la impunidad en ambos campos del Estado, y extienden los tentculos e la perversidad ms aberrante hacia los otros poderes y hacia abajo dentro de la organizacin pblica, en general.

Al hablar del anlisis dialctico de la realidad de la organizacin pblica, vemos cmo los grupos internos defienden sus propios intereses y niegan los objetivos del sistema pblico, en connivencia de los grupos externos que quieren ver sometido a ste a los intereses econmicos y financieros que estn detrs de todas las bellezas que hemos visto ltimamente. Y no hablo de las torpezas del gobierno actual, sino de los escndalos que conocemos: el negociado chino de RECOPE, la ampliacin de la interamericana hasta San Ramn (OAS), la trocha fronteriza que result en una orga de latrocinio, las barbaridades de la autopista (?) a Caldera, los contratos multimillonarios otorgados para poner un pelito de gato a ciertas carreteras, que no durarn ni dos aos, pues la calidad de los materiales no cumplen con los requisitos mnimos, las consultoras que conocemos (y las que no conocemos), el financiamiento de la ministra de comercio en sus viajes alrededor del mundo para conseguirle chamba, porque al acabar este gobierno tendr que irse del pas, por lo que sabemos todos, y as podramos continuar con una lista de nunca acabar.

En otros pases ms maduros polticamente que nosotros, los gobernantes y funcionarios hace ya mucho tiempo hubieran sido removidos de sus cargos, o como deca Santo Toms, destituido de manera no injusta por la misma multitud Pero ac, nada de nada, seguimos en el limbo, como mencion en un artculo anterior. La ignorancia de la multitud es tal, que en ella confan los polticos criollos para proteger sus andanzas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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