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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-07-2013

Movilizaciones e Insurrecciones

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


Las conversaciones de paz entre la Insurgencia, -que responde al sentido de una organizacin con carcter poltico-militar, alzada en armas contra el estado- y; el Estado, representado por el gobierno actual en cabeza del presidente J.M. Santos, constituyen una posibilidad abierta para acercar puntos de vista distantes, antagnicos, sobre lo que debe ser la organizacin poltica, social y democrtica del Estado en cada una de sus partes y las relaciones de este con la sociedad. La sociedad, que no corresponde a un todo unificado y homogneo, espera desde la clase social excluida del poder y de algunos sectores relacionados con l, que all se concluya con acuerdos que tracen caminos para derrotar las causas de la guerra en Colombia, es decir que se selle un pacto de paz con reales garantas. Esos acuerdos tocan necesariamente todas las estructuras del poder y los sistemas de produccin y distribucin de la riqueza material, en cuanto son en ultimas los lugares concretos en los que anidan las causas tanto del alzamiento armado, como de los levantamientos sociales que al reclamar por dignidad estn reclamando por un modo de ser humanos con existencia poltica, de ser, tener y hacer parte del gran proyecto llamado Colombia.

No habra lugar a conversar de la paz, si las partes en la mesa estn obligados a pensar y actuar como una parte propone, como ocurri en Ralito entre el gobierno y paramilitares, donde no haba adversarios. Tampoco tendra sentido una negociacin si el objetivo de cada una de las partes fuera aprovecharse del escenario para derrotar al adversario que no pudo derrotar en la larga confrontacin abierta poltica y militar. A la insurgencia tampoco le cabra la pretensin de conversar para tratar de derrotar al Estado e imponer su proyecto poltico. Por eso el Estado, ahora que comienza una nueva legislatura en el Congreso no puede seguir en su pretensin de querer salir de su adversario y obtener ventajas para reforzar el proyecto poltico del gobierno, lo que implicara no solo mantener las causas de la guerra si no agregarle otra frustracin a la esperanza de paz.

Los resultados de las conversaciones exigen ir al fondo, con franqueza, confianza y respeto por el proceso en cada una de las partes del Estado y de sus funcionarios, pero tambin con compromiso para que los resultados permitan modificar el estado de cosas en que se sostiene la guerra. Las conversaciones son para avanzar hacia una redefinicin de las estructuras de poder y de los sistemas de garantas polticas, econmicas y sociales, no son para pretender que una insurgencia entregue viejos fusiles o llene las crceles, por cierto hacinadas, insalubres y denigrantes para toda condicin humana. Las conversaciones son en esencia para producir acuerdos colectivos que permitan ir hacia la afirmacin y realizacin material de los derechos que puedan gravitar sobre bases de igualdad, solidaridad y libertades, con contenidos materiales, no solo formales.

A la par con estas conversaciones, en las calles y campos de produccin hay una permanente y activa agenda de lucha popular que implica la participacin de gentes que se alzan ya no en armas si no desobediencia civil. Sus demandas hacen florecer protestas que exigen respuestas radicales a sus necesidades que afectan la vida diaria, la subsistencia, la sobrevivencia misma en el da a da y los modos de vivir con dignidad, sin sometimientos, sin humillaciones, pero a la vez anuncian demandas por transformaciones en las estructuras del poder y la riqueza. Las demandas de la agenda de la gente comn, la que hace parte de la clase social excluida y negada, no dista de la que se trata en la mesa de conversaciones, porque sencillamente son expresiones de la inconformidad de las mayoras en el mismo contexto social, econmico, cultural y poltico. Las demandas en la mesa se confunden con las que se presentan en las calles de la geografa nacional, solo que exponen lo mismo a travs de mtodos de accin diversos. Son resultados de las mismas causas, de las mismas exclusiones, de la misma concentracin del poder y la riqueza que provocan despojo y miseria, de los mismos sistemas de discriminacin y de negacin sistemtica de derechos. Por esta razn las agendas, la insurgente y la popular, son similares, su comn denominador es la realidad de un mismo pas que reclama ser transformado con urgencia.

Las agendas no reclaman por procesos electorales, ni por modificaciones en el umbral poltico, lo hacen por cambios de fondo, no en las metodologas, si no en las estrategias y visiones de pas. El pas al que se dirigen con eptetos, descalificaciones, amenazas y soberbia sus gobernantes, -elegidos por no ms de uno de cada cuatro personas aptas para votar-, no representa la totalidad del pas real. El gobierno, sus ministros y altos cargos de decisin dan muestras de conocer al pas solo por sus resultados en las urnas que representan un claro fracaso del modelo democrtico impuesto con corrupcin y guerra. O bien sus informaciones geo referenciadas son incompletas o los reiterativos informes de gestin de buenos resultados elaborados sobre indicadores numricos carentes de experiencias humanas o los informes elaborados con la presin de intereses de la clase poltica o los militares, les fragmentan su conocimiento del pas. Esta situacin lleva a que cuando se producen las movilizaciones sociales el gobierno se resiste a creer que sean gentes de este mismo pas las que se levantan en reivindicaciones y en cambio de comprender sus demandas, acude a argucias y tergiversaciones para desvirtuar lo que ocurre. Recurre presuroso a los programados sealamientos de infiltracin del movimiento popular por la insurgencia. Se niega a reconocer que la sociedad tiene capacidad y experiencia suficiente para actuar por cuenta propia, con autonoma, con independencia y que si hay alguna infiltrada no puede ser otra que la pobreza, y si hay agitadores no pueden ser otros que el abandono, la negacin y exclusin en que se ha mantenido a las mayoras de poblacin. El pas histricamente negado es el que est all, es ese otro que reclama ser visto, ser odo, ser representado.

El Estado no puede de manera indefinida negar el presente de generacin tras generacin y alimentar el apetito de una clase empeada en la guerra contra su propio pueblo, artfice y dueo de la soberana. Al gobierno parece interesarle solo lo que le interesa al gobierno, no lo que le interesa a la gente movilizada en la calle. Prefiere referirse a su mediacin para alcanzar la paz entre Israel y Palestina, que alcanzar la paz en el Catatumbo, en el Cauca o en Antioquia. Las protestas que estn sumando del lado de la lucha popular, son anuncios de insurrecciones, insubordinaciones y desobediencias que van de la mano de campesinos, indgenas, mestizos y afros, que potencian luchas campesinas, obreras y mineras y pronto otras luchas por educacin, salud, vas de comunicacin. El pas est en un momento importante en el que hay puntos de convergencia en las agendas de la lucha social y la lucha armada mientras el Estado se mantiene inmvil parapetado en la fuerza y en la obsesiva manera de decidir sobre la base de clculos electorales que le impide ver y actuar con acierto frente al levantamiento armado, pero tambin frente al levantamiento popular civil que usa como herramientas de lucha no las armas si no sus propias manos para construir barricadas y sus propias voces para anunciar sus demandas.

El Estado se obstina en negar lo que ocurre, atiende superficialmente y con desprecio los problemas, acta como si fuera un aparato de poder mecnico, programado a priori para derrotar al enemigo. No parece importarle la dinmica global que ha puesto en evidencia otra vez que el soberano es el pueblo. El gobierno se mantiene en la lgica de que el poder le pertenece y en medio de los avances hacia la paz en la mesa de conversaciones, retrocede frente a la sociedad usando la fuerza desmedida y el dedo amenazante de la judicializacin, como anunciando que su fin no es solucionar si no destruir las movilizaciones sociales y seguir en su empeo de derrotar a la insurgencia, no de pactar el fin del conflicto. No cesa de anunciar que su lgica de poder, es precisamente sostener el poder a toda costa. La guerra para destrozar al otro no es la salida que reclama el pueblo en ejercicio de soberana y el Estado tiene que dejar de usar la conclusin mecnica de que la insurgencia est detrs de todo.

Es un buen momento y una inmejorable oportunidad la que vive Colombia, y sobre todo la otra, la histricamente condenada. La razn es que las agendas de conversaciones de paz y las movilizaciones se acercan cada vez ms y la lucha por la dignidad se cuela en la conciencia colectiva, propiciando no inmovilidad si no desobediencias y rebeldas con capacidad y potencia para adelantar demandas ya no solo para tratar de la constitucin y las formalidades polticas, econmicas y jurdicas del pas, si no para cambiar de raz la realidad del pas, incluidas sus estructuras, las relaciones de poder y los modos de construir la democracia.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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