Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-07-2013

Uruguay
La verdad mancillada

Jos Elosegui
Noticias Aliadas


Avances y retrocesos de la lucha contra la impunidad en el pas.

El 27 de junio se cumplieron 40 aos del golpe de Estado en Uruguay cuando el entonces presidente Juan Mara Bordaberry (1972-76) disolvi el Parlamento con ayuda de las Fuerzas Armadas y dio inicio a un rgimen militar de 12 aos durante los cuales se cometieron atroces violaciones a los derechos humanos. Fueron 206 los uruguayos detenidos desaparecidos en el pas, as como en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay en la poca de terror, como parte de la coordinacin represiva de las dictaduras militares de la regin, conocida como Plan Cndor.

La organizacin Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calcula que unas 60 personas permanecen en calidad de desaparecidas en Uruguay, incluyendo a las que fueron trasladadas desde Argentina.

Hasta ahora son siete los restos de uruguayos asesinados encontrados, el ltimo fue Alberto Cecilio Mechoso Mndez, el 23 de mayo del 2012. Antes que a l se hall a Ricardo Blanco, en marzo del 2012, Julio Castro, en octubre del 2011, Mnica Benarroyo, en el 2008, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa en el 2005, y Roberto Gomensoro Josman en el 2002.

La llegada al gobierno del izquerdista Frente Amplio en el 2005 dio paso a avances importantsimos en la recuperacin de la verdad y se judicializaron policas y militares responsables de asesinatos y otras atrocidades en la dictadura que dur hasta 1985.

Se avanz sustancialmente en encontrar la verdad y hay que seguir trabajando para de forma definitiva terminar con la impunidad en nuestro pas, dijo a Noticias Aliadas el dirigente Washington Beltrn, de la Comisin de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT, siglas del Plenario Intersindical de Trabajadores y de la Convencin Nacional de Trabajadores. Es una tarea que sigue pendiente, que estamos tratando de profundizar.

Las organizaciones que en materia de derechos humanos trabajan en nuestro pas han logrado generar una base de datos muy importante, de denuncias que estn establecidas en diversos juzgados y localidades del pas, y ese registro de datos lo manejamos y lo vamos a impulsar entre todos.

Sociedad civil reclama la verdad El dirigente record que los primeros tres gobiernos democrticos luego de la dictadura encabezados por los ex presidentes Julio Mara Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-95), de los derechistas Partido Colorado y Partido Nacional respectivamente negaban que el rgimen militar haya dejado un legado de personas desaparecidas, otras que fueron torturadas, secuestradas y mujeres que fueron violadas. Por eso valor especialmente la lucha de la sociedad civil para ir alcanzando retazos de verdad.

Y no dej de rescatar el papel glorioso de la clase obrera uruguaya en aquel junio de 1973 que se lanz a una huelga general convocada por la CNT.

Nosotros habamos resuelto ya esa huelga general un ao y medio antes, porque se saba que vena el golpe, y pudo concretarse la medida de lucha porque de alguna manera el conjunto del pueblo uruguayo y el entramado social cumplieron un papel importantsimo, tanto es as que no se conoce en el mundo una experiencia de estas caractersticas y de alguna manera marcamos a muerte a la dictadura, aadi Beltrn.

En octubre del 2011 fue aprobada por el Parlamento la Ley 18.831 de la Pretensin Punitiva del Estado, presentada por el gobernante Frente Amplio, con lo cual qued sin efecto la Ley de Caducidad que no permita condenar a los responsables de los crmenes de la dictadura uruguaya. A pesar de ello, policas y militares que ocuparon cargos de importancia fueron encarcelados porque se logr judicialmente que sus casos no quedaran amparados por la llamada ley de impunidad, a raz de vacos legales que dej esa normativa y de una nueva interpretacin ms abierta del Poder Ejecutivo con el gobierno del Frente Amplio.

Son los casos, entre otros, del propio Bordaberry, quien fue sometido a juicio entre el 2006 y el 2010 junto con el excanciller Juan Carlos Blanco y condenado a 30 aos de crcel por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Hctor Gutirrez Ruiz. Bordaberry permaneci bajo prisin domiciliaria por motivos de salud hasta el momento de su muerte en el 2011.

En un acto realizado el 4 de junio del 2012 en el Palacio Legislativo, el Estado reconoci su responsabilidad institucional y actuacin ilegtima en el periodo que va de 1968 cuando se adoptaron las llamadas medidas prontas de seguridad, que permitan suspender garantas constitucionales ante conmocin interior a 1985. El objetivo de la ceremonia fue dar cumplimiento a la Ley 18.596 de Reparacin Integral aprobada en el 2009, durante el gobierno del expresidente Tabar Vzquez (2005-2010), que prev la promocin de acciones simblicas de reparacin por parte del Estado.

Marcha atrs

Sin embargo, la SCJ ha tomado algunas decisiones en los ltimos meses que empantanan el camino de la lucha contra la impunidad. En febrero pasado declar inconstitucionales los artculos 2 y 3 de la Ley 18.831, que categorizaba los delitos que se cometieron durante la dictadura como de lesa humanidad. Sin embargo, decidi de forma unnime no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad para el artculo 1 de la ley, que establece que se restablece el pleno ejercicio de la pretensin punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicacin del terrorismo de Estado.

Ral Oxandabarat, vocero de la SCJ, dijo a la prensa nacional que la Corte ha establecido que esos artculos son inaplicables y [los delitos] no son declarados de lesa humanidad. Luego explic que cada juez interpretar en cada caso cmo influye la declaracin de inconstitucionalidad. De hecho se vuelve a la situacin anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes para procesar a militares, policas y civiles por esos delitos.

El PIT-CNT calific la decisin de la SCJ como un retroceso muy importante. Segn Beltrn, esto demostrara que hay algunas presiones que se han ejercido por parte del poder poltico y otros poderes importantes que todava conviven en nuestro pas, vinculados a los partidos tradicionales y sectores econmicos asociados a ellos, e invoc a las organizaciones sociales a estar muy vigilantes.

De cualquier manera hay fiscales y jueces que han hecho pblico que van a seguir recorriendo un camino en el que los delitos de lesa humanidad no prescriban en el tiempo, reivindic el representante de la Comisin de Derechos Humanos del PIT-CNT.

Las nuevas generaciones debern investigar para conocer en forma plena la verdad y as actuar en consecuencia, sostuvo Beltrn en el dilogo con Noticias Aliadas. Eso es lo ms importante que debe hacer una sociedad que sale de una etapa tan triste, construir hacia el futuro una realidad distinta basada en el conocimiento pleno de la verdad y con compromisos para que nunca ms haya dictadura en nuestro pas.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6849



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter