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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-08-2013

Quin mat a Yolanda Gonzlez?

Jnatham F. Moriche
Rebelin


Uno.

El 1 de febrero de 1981 -cinco aos despus de la muerte de Franco, dos aos despus de la ratificacin de la Constitucin espaola, tres semanas antes del intento de golpe de Estado del 23 de febrero- la estudiante de diecinueve aos Yolanda Gonzlez es secuestrada, torturada y asesinada en Madrid por una clula de la organizacin armada ultraderechista Batalln Vasco Espaol (BVE). Pocos das despus, el grupo cae por la delacin de uno de sus pistoleros, que resulta ser tambin agente de polica. El lder del comando, Emilio Helln, es detenido en casa de un polica en Vitoria. Entre los implicados figura tambin un ex-guardia civil, jefe de seguridad del partido fascista Fuerza Nueva. En la operacin se incautan explosivos y armamento reglamentario del Ejrcito, equipo informtico y de telecomunicaciones de la Guardia Civil y documentacin que seala a la joven asesinada como objetivo de seguimiento policial.

Yolanda Gonzlez no milita en ETA, como pretenden hacer creer sus asesinos durante el juicio, sino en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores y en la Coordinadora de Estudiantes madrilea. Se estn produciendo, y Yolanda participa activamente de ellas, importantes movilizaciones contra la Ley de Autonoma Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes, reformas educativas de signo neoliberal que promueve el gobierno de UCD, partido gestado en el seno del franquismo como salvoconducto democrtico para su casta dirigente, y que hereda, material e ideolgicamente intacto, el aparato represivo del franquismo: UCD, UCD, la pistola se te ve!, se grita en el funeral de Yolanda [1], como en el de muchas de las aproximadamente doscientas vctimas de la violencia policial y parapolicial que jalonan la Transicin espaola [2]. El diputado socialista Juan Barranco declara:

Cmo los autores de la muerte de Yolanda Gonzlez obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrnicos que posean? Con qu organizaciones, incluso extranjeras [...], tenan relaciones los implicados? Qu informacin tiene el Gobierno sobre el denominado Batalln Vasco Espaol? [Este asesinato] se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va ms all y se relaciona con instituciones del Estado [3].

Helln es condenado en 1982 a cuarenta y tres aos de prisin, tras una insuficiente instruccin que no profundiza en el entramado ultraderechista ni esclarece sus conexiones con las fuerzas de seguridad. En 1987, aprovechando un inexplicablemente benvolo permiso carcelario, huye a Paraguay, donde colabora con los servicios represivos del dictador Alfredo Stroessner. All es descubierto por la prensa, detenido y finalmente extraditado a Espaa. Tras penar un total de trece aos, es puesto en libertad en 1996, para desaparecer por completo de la actualidad informativa. Hasta que en febrero de este ao el diario El Pas informa de su nueva actividad como empresario de seguridad privada, colaborador de alto nivel de los ministerios de Interior y Defensa y varias fuerzas de seguridad estatales y autonmicas, adems de perito de la Audiencia Nacional en casos de terrorismo y crimen organizado. Entre otros servicios, el hombre que en febrero de 1981 descerraj dos tiros en la cabeza de Yolanda Gonzlez y arroj su cadver a un descampado a las afueras de Madrid ha impartido numerosos cursos y talleres de formacin en la Direccin General de la Guardia Civil sobre telfonos espas, obtencin de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretacin de datos binarios obtenidos de telfonos mviles [4].

 

Dos.

Despus de Franco, las instituciones, afirma en 1967 Jess Fueyo, destacado intelectual de cmara de la dictadura. Una transicin de la ley a la ley a travs de la ley, define Torcuato Fernndez Miranda, jerarca franquista y preceptor del todava prncipe Juan Carlos. Qu instituciones, qu leyes? Evidentemente, las instituciones y leyes del franquismo, fundadas en la legitimidad por conquista del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la terrorfica Guerra Civil de tres aos y un milln de muertos que le sigui.

Desde mediados de los 60, la salud del Caudillo se deteriora, y la estructura de poder que subyace a su dictadura -las cien familias que controlan el ncleo duro de la economa espaola [5] - se moviliza para disear una futura Espaa, inevitablemente distinta tras la muerte de Franco, pero an cosida a medida de sus intereses de clase. Termina la larga noche de piedra, que lamentase el poeta antifranquista Celso Emilio Ferreiro, y comienza la Espaa del turismo de sol y playa, los conciertos de los Beatles y el suave erotismo cinematogrfico. Pero no por ello el pas deja de ser una dictadura, ni dejan de morir manifestantes en las calles y detenidos en las comisaras. A veces mal entendidas como polticas contradictorias, producto de correlaciones de fuerza cambiantes entre sectores inmovilistas y reformistas, los movimientos de apertura y represin que se suceden y superponen en la ltima dcada de vida del Generalsimo son sstole y distole de un nico y exitoso movimiento estratgico con el que la estructura de poder franquista se enfrenta a la creciente oposicin democrtica: castigarla con una dursima represin, pero no para erradicarla -algo ya imposible a esas alturas, al menos sin una matanza de grandes dimensiones, incompatible tambin con los intereses de las lites-, sino para cribarla, disciplinarla, dividirla e incorporarla, debilitada y desnaturalizada, al proceso de continuacin del franquismo ms all de Franco, ampliando sustancialmente su base sociolgica y su legitimidad procedimental.

Habr quien diga que esto es la revolucin. Muchos espaoles pensamos que es el precio mnimo que hay que pagar para evitarla, explica el jerarca franquista Manuel Fraga, solo tres semanas antes de la muerte del Caudillo [6]. Y no se escatimarn medios para asegurarse de que ese precio sea, efectivamente, mnimo. Durante la lenta agona del franquismo y el lento parto del postfranquismo, las temibles compaas mviles antidisturbios de la Polica Armada, organizadas como cuerpos militares y comandadas por veteranos de la Guerra Civil, arrebatan decenas de vidas en las calles de todo el pas (tirad con todas las energas, no os importe matar!, vocifera uno de sus mandos a travs de la radiofrecuencia policial durante la masiva represin del 8 de julio de 1978 en Pamplona). Los inspectores de la siniestra Brigada Poltico Social se cobran alguna vida ms en sus interrogatorios bajo tortura, de los que son vctimas miles de personas en la absoluta impunidad de las comisaras (en enero de 1976 se difunden espeluznantes imgenes del sindicalista Francisco Tllez, en estado crtico tras ser detenido y brutalmente torturado en Barcelona, provocando el primer gran escndalo de derechos humanos de la monarqua; como respuesta, el Tribunal Supremo declara materia reservada los casos judicializados de tortura e impone restricciones a la prensa para informar sobre ellos).

La violencia clandestina de los escuadrones de la muerte completa este dispositivo de terror, que apenas se molesta en asordinar el chirrido de sus engranajes. Una y otra vez aparecen evidencias materiales de la implicacin del aparato de seguridad del Estado en sus atentados, como una y otra vez esas evidencias se difuminan en la instruccin judicial o simplemente desaparecen antes de llegar al juzgado. En una vieta de la revista Triunfo, un hombre toscamente embozado tras una barba postiza y unas gafas oscuras empua un arma y una placa de polica gritando Arriba las manos, somos un grupo incontrolado!: as refiere el lenguaje poltico de la poca a la enmaraada red de policas, militares, espas, infiltrados, confidentes, delincuentes, pistoleros y propagandistas que, entre 1975 y 1982, cometen en torno a un centenar de asesinatos, adems de incontables palizas, secuestros, bombazos, incendios y otras formas de violencia, contra activistas sociales, sindicalistas, polticos, intelectuales o periodistas, sedes, libreras, editoriales, redacciones, teatros o locales de ocio vinculados a las distintas familias de la izquierda. De da uniformados, de noche incontrolados!, se corea en las calles para denunciar su sangrienta impostura.

En muchos casos, se trata de violencia genrica, indiscriminada, un terror de baja intensidad ms bien simplemente tolerado que directamente organizado desde el aparato de seguridad. Es el trabajo de las fanticas bases de los partidos fascistas y sus distintas franquicias paramilitarizadas, capaces de matar a pualadas o cadenazos a un desconocido en la calle o en un bar por desobedecer su orden de hacer el saludo a la romana o entonar el himno franquista. Pero otras son acciones concienzudamente preparadas contra objetivos seleccionados para golpear material y emocionalmente a las gentes y organizaciones de izquierda, como los atentados contra el despacho de abogados laboralistas de CCOO de la calle Atocha (Madrid, 24 de enero de 1977, cinco muertos y cuatro heridos), la redaccin de El Papus (Barcelona, 20 de septiembre de 1977, un muerto y diecisiete heridos), la redaccin de El Pas (Madrid, 30 de octubre de 1978, un muerto y dos heridos), la cafetera El Parnasillo (Madrid, 14 de julio de 1979, un muerto y cinco heridos) o la sede del Club de Amigos de la UNESCO (Madrid, 26 de enero de 1980, dos heridos).

Las huellas de los servidores del Estado aparecen, invariablemente, tras cada una de estas acciones. Pero las interconexiones ltimas de este terror cualificado se extienden an ms all del aparato de seguridad espaol para perderse en la oscuridad de las guerras secretas del ocaso de la Guerra Fra. La lite de la internacional negra -pistoleros de la OAS colonial francesa, numerarios de la logia golpista italiana Propaganda Due o represores de la Triple A argentina, entre otros- campan por sus respetos en Espaa, integrndose con servicios policiales y de inteligencia en operativos encubiertos de alto nivel, como el que describe uno de los militares espaoles que formaron el comando del BVE (BVE, ATE, Triple A. Eso slo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita) que asesin al dirigente de ETA Jos Miguel Bearn, alias Argala, en la localidad francesa de Anglet el 21 de diciembre de 1978:

Ellos [los pistoleros Jean Pierre Chrid, Jos Mara Boccardo y Mario Ricci] eran los braceros, los que formaban el segundo escaln del grupo. Estaban bregados en mil batallas y se encargaron del trabajo de campo: localizar, controlar y vigilar a Argala. Tambin buscaron varias casas en la zona de Anglet que nos sirvieran de cobertura y refugio [7].

Por esta red extensa y viscosa circulan, desconociendo fronteras, los hombres, las armas y el dinero. La suya es, dir el veterano escuadrista Yves Gurin-Srac, una lucha de dimensiones planetarias [8]. Puede ocasionalmente caer alguna de sus piezas bajo el peso de esa mano del Estado a la que no dejan saber lo que hace la otra, pero rara vez se consigue iluminar la arquitectura del conjunto. El 10 de julio de 1976, el fiscal Vittorio Occorsio -que instruye el atentado de Piazza Fontana (Miln, 12 de diciembre de 1969, 17 muertos y un centenar de heridos) y prepara un maxiproceso contra la organizacin fascista Ordine Nuovo- muere en Roma acribillado por una Ingram M-10 (las Mariettas para el fuego a discrecin a corta distancia, capaces de matar a cien personas sin que se enteren en la habitacin de al lado [9]) proveniente de los arsenales del SECED, el servicio de informacin espaol creado en 1972 para la lucha antisubversiva (sucesivamente rebautizado como CESID en 1977 y CNI en 2002). A su asesino, Pierluigi Concutelli, que estuvo huido en Espaa tras el atentado de Peteano (31 de mayo de 1972, 3 carabineros muertos y uno herido), se le incauta tambin una agenda con datos de contacto de varios agentes del SECED. El juez italiano al cargo del caso, Pierluigi Vigna -cuyo asesinato preparaba Concutelli cuando fue detenido por el de Occorsio-, pidi explicaciones a los espaoles. En vano. Pese a sus reiteradas demandas, jams recibi respuesta alguna [10]. En febrero de 1977 sern detenidos, junto al lder ultraderechista espaol Mariano Snchez Covisa, nueve compaeros de armas de Concutelli, en relacin a un arsenal clandestino desmantelado por la polica en la calle Pelayo de Madrid; la extradicin de tres de ellos, solicitada por jueces italianos por el atentado de Peteano y otras acciones, ser denegada por Espaa, donde seguirn residiendo tras ser puestos en libertad.

Solo el tiempo terminar por arrojar alguna luz sobre secretos de Estado con tanto celo protegidos. En 1985, el escuadrista Giuseppe Calzona relatar que desde 1973 un pequeo ejrcito clandestino multinacional de extrema derecha opera en Espaa, y como en 1976 varios de sus soldados son reclutados para la guerra sucia contra ETA por alguien relacionado con el Gobierno espaol, y que por ello obtendra, aparte de un buen beneficio econmico, la consideracin del Gobierno y en su da el poder ser legalizado bajo la identidad que conviniera [11]. En 1990, el juez Felice Casson desentierra, desde el cabo suelto del atentado de Peteano, el entramado de las redes Gladio de la OTAN en toda Europa y, con ellas, testimonios de la presencia de uno de aquellos pistoleros italianos de la calle Pelayo, Carlo Ciccutini, empuando una de las dos Mariettas de procedencia desconocida empleadas en la matanza de Atocha, y de como el lder del grupo, Stefano Della Chiae, reciba dinero, sobre todo del servicio secreto y de la polica espaola [12]. Pero para entonces, la Transicin ha terminado, la Guerra Fra ha terminado, Espaa es un pas del primer mundo que vive el sueo del desarrollo acelerado y el consumo de masas, que ha entrado en la Comunidad Europea y est a punto de inaugurar unas Olimpiadas y una Exposicin Universal. Gobierna esta Espaa euforizada una extraa alianza de ex franquistas lcidos y ex izquierdistas pragmticos [13], y casi nadie quiere or hablar de unos muertos que el paso del tiempo ha vuelto tan incmodos para unos como para otros.

 

Tres.

En julio de 1977 Rodolfo Martn Villa pas de ltimo ministro de Gobernacin de la dictadura a primer ministro de Interior de la monarqua parlamentaria sin que el cambio de denominacin modificase sustancialmente aquella forma de administrar su departamento que le valiese el expresivo apodo de La Porra de la Transicin. Aunque tras la muerte de Franco nunca se dictase un estado de sitio de iure, abundan los episodios en que la fuerzas de seguridad sometieron a ciudades enteras y grandes masas de poblacin a estados de sitio de facto, con trgicas consecuencias: 3 de marzo de 1976 en Vitoria (an con Manuel Fraga como ministro de Gobernacin y Martn Villa de Relaciones Sindicales; cinco muertos, cientos de heridos; declara Fraga: Aquello de Vitoria haba que aplastarlo [...], eran pequeos soviets que se estaban gestando y haba que extinguirlos), 4 de diciembre de 1977 en Mlaga (un muerto, cientos de heridos), 11 de diciembre de 1977 en Tenerife (un muerto, decenas de heridos), 8 de julio de 1978 en Pamplona (un muerto, cientos de heridos), 3 de junio de 1979 en Tudela (un muerto, decenas de heridos),...

En 1978, la comisin de Interior del Congreso investiga los sucesos de Tenerife y Mlaga, hace comparecer al ministro (a puerta cerrada) y manda imprimir miles de ejemplares de su informe de conclusiones para, acto seguido, autosecuestrar la edicin y decretar el secreto de su contenido. Cuando Martn Villa sea ascendido a la vicepresidencia del gobierno -desde donde seguir controlando la poltica de seguridad- le suceder en el ministerio el general Antonio Ibez Freire, veterano de la Guerra Civil y de la Divisin Azul espaola en el frente ruso, donde obtuvo la Cruz de Hierro nazi. A cargo de la Brigada de Informacin figura el comisario Roberto Conesa, cuya extensa hoja de servicios se remonta a la desarticulacin de las organizaciones republicanas en Espaa y la Francia ocupada -mano a mano con la Gestapo nazi- en los aos 40 y la cooperacin espaola con los servicios represivos del dictador Rafael Trujillo en Repblica Dominicana en los 50. Y al mando de la polica uniformada est el general Jos Timn de Lara, voluntario falangista en la Guerra Civil y veterano de las ltimas guerras coloniales espaolas en el norte de frica. El ministerio del Interior, resume Fernando Gonzlez alberga en su seno todas las secuelas del rgimen anterior [14].

El gobierno de UCD, anticipando un rasgo que se convertira en sistmico de la nueva estructura ideolgica y jurdica de la monarqua parlamentaria, emplear intensivamente el argumento del antiterrorismo para extender la vigencia de las polticas de seguridad de la dictadura. Eduardo Haro Tecglen escribe, sobre el proyecto de ley antiterrorista presentada por el gobierno a comienzos de 1978, esto es, en pleno proceso constituyente:

Intervencin de conversaciones telefnicas, violacin de la correspondencia, ampliacin de los plazos de la retencin preventiva [...]. Si todo esto se lleva a cabo, una forma de la tantas veces temida desestabilizacin de la democracia se habr conseguido ya, y habr sido el gobierno, que alega como su objetivo fundamental conseguir la democracia, quien lo haya establecido [15].

Si bien es UCD quien desempea el gobierno y propone las leyes, este excepcionalismo permanente de las polticas antiterroristas va siendo paulatinamente asumido por el conjunto del sistema poltico. En octubre de 1980, el parlamento aprueba con una ampla mayora (que incluye, para sorpresa de propios y ajenos, los votos de PSOE y el PCE, que haban empezado oponindose) una dursima Ley de Seguridad Ciudadana. El senador socialista Josep Andreu dir en la sesin de votacin:

Pido al ministro del Interior desde el fondo de mi corazn que no tengamos que arrepentirnos nunca de haber dado estas facultades extraordinarias que le confiere la ley que hoy votamos [16].

Al parecer, la amenaza de UCD de endurecer an ms el proyecto, calificando la huelga no autorizada en los servicios pblicos como actividad terrorista, es clave para torcer la voluntad de los partidos de izquierda. El hecho, comenta Manuel Sacristn, documenta bien la completa hegemona de la reaccin en esta democracia [17]. En mayo de 1982, un ao despus del caso Almera (tres jvenes confundidos con miembros de ETA, secuestrados, torturados y asesinados por una unidad de la Guardia Civil), un grupo de intelectuales y artistas denuncia:

Consideramos que esta actitud de las autoridades, lejos de contribuir a defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos, extiende un clima generalizado de terror y sospecha que puede degenerar en todo tipo de situaciones coactivas y amenazantes y, a la vez, fomentar la insolidaridad ciudadana al hacer de la delacin una prctica habitual [18].

Conforme van integrndose en la nueva institucionalidad del post-franquismo, las lites directivas (que no siempre las bases) de PSOE y PCE y sus sindicatos de referencia UGT y CCOO, van escapando de la diana de la represin. En cambio, quienes insisten en promover la ruptura democrtica con la institucionalidad franquista y transformaciones significativas en el marco socioeconmico la siguen sufriendo en toda su intensidad. Es el caso de la central anarcosindicalista CNT, varios de cuyos afiliados son acusados del incendio que el 15 de enero de 1978, al trmino de la primera manifestacin autorizada del sindicato en Catalunya, se cobra la vida de cuatro trabadores del Teatro Scala de Barcelona. Joaqun Gambn Hernndez, alias El Grillo, delincuente comn infiltrado por la polica en CNT, juega un papel central en un caso sin testigos que desencadena un prolongado y dursimo cerco policial, judicial y meditico que terminar desarbolando a la que en aquel momento era, por afiliacin y actividad, la mayor de las organizaciones de clase abiertamente desafectas al proceso de transicin programada.

A pesar de las mltiples denuncias relacionadas con este y otros casos, la gestin del ministro Martn Villa nunca fue sometida a investigacin judicial. Frustradas sus aspiraciones de suceder a Adolfo Surez en la presidencia del gobierno, y tras varias legislaturas como diputado, inici una exitosa carrera empresarial que le convertira en 1997 en presidente del gigante elctrico Endesa y en 2004 del conglomerado meditico Sogecable. En diciembre de 2012, con setenta y ocho aos de edad, se incorpor al consejo de administracin del SAREB o banco malo, que administra las decenas de miles de millones de euros de basura hipotecaria adquirida por el Estado en la operacin de rescate financiero. El trnsito desde un sistema autoritario y corporativo hacia una democracia parlamentaria, escribe Mariano Snchez Soler, no ha sido demasiado traumtico para quienes han sabido manejar las riendas poltico-financieras de la transicin. Un cuarto de siglo bajo la democracia no les ha maltratado. Ese es el balance [19].

 

Cuatro.

Aunque para comienzos de los aos 80 el grueso de las bases de los grandes partidos y sindicatos antifranquistas ya han asumido las directrices gradualistas de sus dirigentes, pervive en ellas la esperanza de que la llegada al gobierno de un partido o coalicin de partidos de izquierda suponga la satisfaccin de algunas de sus demandas histricas, entre ellas la referida a la democratizacin de las fuerzas y polticas de seguridad del Estado. Consignas de mximos habituales en la dcada anterior (abajo los muros de las prisiones, disolucin de los cuerpos represivos) desaparecen del argumentario de la izquierda mayoritaria, pero an se propone y espera un cambio de mentalidad en el concepto de orden pblico [20], el rpido retiro de los ms notorios represores franquistas y la apertura de nuevas investigaciones y juicios sobre casos impunes de violencia policial y parapolicial. Nada de todo ello sucedi finalmente.

La relacin privilegiada entre el PSOE y las fuerzas de seguridad no es ninguna novedad para 1982. En octubre de 1974, an en vida del dictador, el SECED facilita pasaportes a algunos lderes del interior -entre ellos, el futuro presidente Felipe Gonzlez y varios de sus ministros- para asistir al congreso del PSOE celebrado en la localidad francesa de Suresnes, en el que desbancarn a los lderes histricos del exilio y tomarn el control del partido. No es un episodio aislado, sino una estrategia de largo recorrido. Estas facilidades forman parte de la llamada Operacin Promesa del SECED, sobre la que detalla Antonio M. Fernndez:

Cargos del SECED entrevistados admiten que existieron fuertes presiones por parte de los servicios norteamericanos y alemanes para que la legalizacin del Partido Comunista se dilatase lo ms posible, favoreciendo as que el Partido Socialista recogiera los rditos polticos de la oposicin franquista. Los polticos norteamericanos y alemanes habran pretendido evitar que en Espaa se volviese a reproducir la situacin que haba vivido Italia con la presencia de un fuerte partido comunista [21].

Abundan los testimonios de este trato de favor. Entre 1964 y 1975, explica el comisario Manuel Ballesteros (sucesor de Conesa en la Brigada de Informacin en 1979 y alto cargo del ministerio de Interior con los socialistas en 1986), estuve en la informacin del mundo universitario, muy estrechamente relacionado con la poltica entonces clandestina. Y lo que viv fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propici el resurgir del PSOE, para ahogar al PCE. A los socialistas no se les detena, a los comunistas, s [22]. El general Andrs Cassinello (en tareas de inteligencia desde 1968, jefe de divisin del SECED en 1974, jefe de inteligencia de la Guardia Civil en 1978, alto cargo antiterrorista con el PSOE hasta 1986) afirma: Les dimos los pasaportes para el congreso de Suresnes [...]; los nicos que se movan, y que insistan en la huelga revolucionaria, y en la huelga general poltica, y en el levantamiento armado eran de vez en cuando los del Partido Comunista, y hacia la izquierda. Claro, si lo que nosotros queramos era moderacin era natural que nos dedicramos a hacerles la pueta. Del otro lado, confirma la existencia de estos contactos el socialista Lus Solana: me encontr militares muy inteligentes [...], los he tenido en mi casa [...], unos seores de paisano, con una pistola que se les notaba muchsimo [...], vendedores de la idea de que el ejrcito no iba a poner dificultades. Ellos eran capitanes o comandantes en aquella poca, y nosotros todava ni siquiera diputados [23].

La proteccin del aparato de seguridad franquista, junto al generoso auxilio econmico del SPD germano-occidental y otras fuerzas de la Internacional Socialista, facilitan al PSOE un rapidsimo crecimiento a expensas del PCE y otras organizaciones de izquierdas. Finalmente, los socialistas ganan las elecciones de octubre de 1982, con un programa en el que dificultosamente conviven la proclama genrica de representacin de clase y la fidelidad al camino neoliberal asumido en el Pacto de Toledo de 1977. El nuevo gobierno socialista aclarar muy pronto sus verdaderas prioridades -disciplina salarial, desregulacin laboral, concentracin financiera, liquidacin del sector pblico- y enfrentar la resistencia de sectores significativos de su propia base electoral, contra los que lanzar sin pudor alguno al mismo aparato de seguridad que discretamente ha acompaado su marcha hacia el poder.

Casi inmediatamente despus de tomar posesin, el primer gobierno del PSOE nombra comisario de la Brigada de Informacin a Jess Martnez Torres, antiguo interrogador de la Brigada Poltico Social. Sus vctimas protestan horrorizadas:

Nuestra estancia en comisara dur nueve das, incomunicados y recibiendo dos palizas diarias. Este seor [Martnez Torres] era quien [...] me amenazaba con torturar a mi madre o violar a la que es hoy mi mujer [o] darme cuatro tiros [...]. Todava recuerdo cmo entonces el PSOE comparta la consigna de depuracin de aparatos represivos. Qu ha sido de aquello?, cmo ha sido posible que este seor haya sido nombrado por el propio PSOE? [24]

Pero el ascenso de Martnez Torres -al que despus se acusara de connivencia con pistoleros del BVE-, como el de otros muchos cualificados represores franquistas, cobra pleno sentido a la luz de la poltica securitaria de los gobiernos del PSOE. Ya en 1983, el flamante ministro de Interior, Jos Barrionuevo, socialista de ltima hora proveniente de las filas del falangismo, promueve una ampliacin del acceso policial a informacin privada que provoca estupor e indignacin entre el propio electorado socialista:

Medida vergonzosa e intolerable, propia de las ms finas dictaduras, que refleja a Barrionuevo, ms que como perteneciente al Gobierno de un pas democrtico, como un adicto defensor de las mejores normas represivas de las que no hace mucho su partido renegaba [...], gravsimo atentado contra las libertades pblicas y que ha dejado atnitos y desesperanzados a gran parte de los diez millones de votantes que le han sentado en el silln que tan mal ocupa [25].

En noviembre de 1983, el delincuente comn y confidente Santiago Corella, alias El Nani, implicado en un turbio asunto de corrupcin policial -aunque detenido y torturado bajo las amplias prerrogativas de la legislacin antiterrorista-, se convierte en el primer detenido desaparecido de la monarqua. Desde 1985, el sistemtico espionaje ilegal de la Brigada de Informacin partidos polticos y sindicatos es asunto recurrente en la prensa, el parlamento y los juzgados. En el curso 1986-1987 los antidisturbios reprimen con dureza al movimiento estudiantil, llegando a emplear fuego real contra una marcha a las puertas del Congreso. En marzo de 1987, la Guardia Civil es expulsada y luego retoma, con medios militares e inusitada violencia, la localidad industrial de Reinosa, matando a un vecino e hiriendo a varios cientos. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 -convocada por, entre otros, el sindicato socialista UGT- sufre una seversima represin policial. En 1991, la denominada Ley Corcuera o ley de la patada en la puerta, que amplia an ms las prerrogativas de las fuerzas de seguridad, es recibida con importantes protestas a las que se suma incluso la oposicin conservadora.

Ni cambian los hbitos de la violencia uniformada, ni se hace luz alguna sobre la violencia clandestina: pese al cambio de signo poltico en el gobierno, el Estado mantiene a cubierto sus secretos. Carlo Ciccutini vive en libertad en Espaa -casado con la hija de un general del Ejrcito espaol-, aunque es sealado desde comienzos de los 80 como el pistolero italiano de la masacre de calle Atocha y est imputado en su pas por el atentado de Peteano. Detenido en 1982 y puesto poco despus en libertad, su extradicin a Italia es solicitada, y rechazada por Espaa, en 1983 y 1986. Los apoyos y contactos de los que seguramente todava hoy goza el imputado en ciertos sectores de los aparatos estatales espaoles, se lamenta el juez Felice Casson, se han revelado ms fuertes de lo previsto [26] (Ciccutini solo sera extraditado a Italia en 1998, tras ser detenido durante un viaje de negocios a Francia). En septiembre de 1983, el comisario Juan Jos Medina es detenido por apropiacin irregular de documentos cuando se apresta a volar a Roma con las fotografas de un centenar de agentes del SECED para entrevistarse en la crcel con Pierluigi Concutelli e identificar al proveedor de la metralleta Ingram que haba matado al fiscal Occorsio (el caso del comisario Medina se embrollar durante un lustro con el escndalo Rumasa, el espionaje policial a los partidos y las luchas palaciegas en la cpula del ministerio del Interior, hasta que Medina sea finalmente absuelto en 1989; por supuesto, el interrogatorio de Concutelli sobre el origen de la Marietta jams se practic).

Pero el nuevo gobierno del PSOE no se limita a proteger a los viejos escuadristas de la Transicin: a algunos les ofrecer un nuevo empleo. En 1987, el juez Vigna afirma que todava existen sectores de los servicios secretos espaoles ligados con los medios del terrorismo fascista italiano, que han sido utilizados varias veces en su lucha contra ETA [27]. Y no se equivoca: desde 1983, el viejo paramilitarismo unionista en el Pas Vasco se ve revitalizado con la irrupcin de una nueva y potente organizacin, los Grupos Antiterroristas de Liberacin (GAL) -en realidad, una nueva estructuracin y mejor organizacin de los grupos operativos en la guerra sucia de la dcada anterior [28]-, que comete hasta 1987 una treintena de asesinatos en Espaa y Francia, y cuyas vinculaciones policiales y polticas -un secreto a voces desde sus primeras acciones- no llegarn a los tribunales hasta una dcada despus. Adems de centro de mando del crimen de Estado -cometido mano a mano con escuadristas, mercenarios y delincuentes comunes-, el ministerio de Interior se revela como insondable lodazal de corrupcin econmica, confirmando la advertencia de Rodolfo Walsh: la violencia policial va siempre acompaada de corrupcin. La secta del gatillo alegre es tambin la logia de los dedos en la lata [29] (todava un cuarto de siglo despus de las ltimas acciones de los GAL, las srdidas relaciones entre lucha antiterrorista y trfico de drogas [30] forjadas en aquellos aos de guerra sucia siguen aflorando). El monumental escndalo salpica a la entera cpula de la seguridad del Estado, lleva a prisin a una docena de altos mandos policiales y polticos, entre ellos el ministro Barrionuevo, y arroja sospechas de connivencia, nunca evidenciadas materialmente, sobre el presidente Felipe Gonzlez. En plena instruccin judicial de la tortura y asesinato de los etarras Jos Antonio Lasa y Jos Ignacio Zabala (cometido en 1983, aunque sus restos no fueron identificados hasta 1995), escribe Gabriel Albiac:

De aquellos aos infames [de la dictadura] me viene a la memoria el chiste favorito del torturador al torturado: Pobre imbcil. De qu te sirve todo esto? Cuando los tuyos manden, yo seguir aqu haciendo el mismo trabajo para ellos. Tortur bajo la monarqua, tortur bajo la repblica y la dictadura; torturar bajo la democracia si es preciso. T y los pobres idiotas como t seguiris recibiendo. Era verdad. Los asesinos de Enrique Ruano -y los torturadores de tanto antifranquista de esos tiempos- ocuparon, bajo la democracia, responsabilidades policiales privilegiadas. La repugnante Brigada Poltico Social fue el alambique de la aristocracia represiva bajo el socialismo. Alguien -teoriz Gonzlez- tena que ocuparse de las cloacas [31].

Cuando, en 1996, el Partido Popular de Jos Mara Aznar llegue al gobierno -en buena medida, aupado por el crimen de Estado y la corrupcin generalizada que afloran en la agona del felipismo-, una de las primeras promesas incumplidas de su programa ser la desclasificacin de la documentacin secreta sobre la guerra sucia contra ETA en posesin del CESID y el ministerio de Defensa, que hubiese permitido esclarecer hasta sus ltimas consecuencias la trama de los GAL. Otro hombre del SECED, teniente general Javier Caldern, se har cargo del CESID. En un encuentro con la plana mayor del servicio en octubre de 1996, Caldern habra dicho:

Cuando asumimos una responsabilidad en el CESID asumimos la historia del CESID, y no investigamos nada, porque se rompera el principio de lealtad [...]. Esa mutua lealtad no va a ser rota por un sucesor mo, como yo no la rompo respecto a mis antecesores [32].

De nuevo, nada haba cambiado.

 

Cinco.

La Transicin espaola debe leerse en una clave doble y complementaria: de un lado, local, en tanto transicin poltica de una dictadura personalista a una monarqua parlamentaria; del otro, global, como parte de un proceso amplio e interrelacionado de transiciones hacia el neoliberalismo desde economas muy estatalizadas que se producen durante esa dcada en pases de todo el mundo. Como seala Santiago Lpez Petit:

De 1970 a 1977, se trata de un ciclo de lucha que si bien es especfico del Estado espaol, precisamente por la existencia de la Dictadura franquista, se inscribe en el interior de otro ciclo que se desarrolla en la mayor parte de los pases con capitalismo avanzado [...]. Del Estado-plan que absorba y reconduca la autonoma de clase, se pas al Estado-crisis contra la clase trabajadora [33].

En otros tiempos, la mercadotecnia intelectual del neoliberalismo ofreci un relato idealizado de s mismo, basado en la centralidad del mercado en la sociedad y la fuerza transformadora de la iniciativa empresarial y la innovacin tecnolgica: fue tal el xito de ese producto ideolgico, que incluso sus adversarios terminaron por adquirirlo. Hoy sabemos que la historia del neoliberalismo es, sobre todo, una historia de violencia. Como ha descrito Naomi Klein, esta forma fundamentalista del capitalismo ha nacido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coercin, inflingidas en el cuerpo poltico colectivo as como en innumerables cuerpos individuales [34]. Aunque Klein no le dedique un captulo de su clebre ensayo, la Espaa en transicin fue tambin un escenario de despliegue de esta doctrina de choque neoliberal en las dcadas de 1970 y 1980. Sus ejecutores espaoles nadan a favor de una corriente mundial de recrudecimiento represivo, que si en la periferia toma la forma de golpismo y dictadura (Indonesia, Chile, Argentina), en Europa procede mediante la subversin desde dentro de la democracia formal: el ocaso del welfarismo econmico es tambin el ocaso del garantismo jurdico, y con este, del conflicto de clases de baja intensidad, como ir descubriendo la clase trabajadora organizada -el enemigo interior, llegar a decir Margaret Thatcher- entre el otoo del 77 italiano y el verano del 84 britnico. El hecho decisivo en la actualidad es que el Estado, escribe Yves Michaud, tiende a utilizar todos los recursos positivos de la legalidad y a liberarse de todas las limitaciones correlativas. En este sentido asistimos a una curiosa sntesis entre ley y desencadenamiento de la violencia [35].

En Espaa el objetivo de esa violencia no es derrocar una democracia ni subvertirla, sino administrar su nacimiento a conveniencia. Habiendo sido las fuerzas polticas de izquierdas, la representacin sindical del trabajo y los movimientos sociales de base quienes han vertebrado la lucha antifranquista, el programa democrtico de las multitudes que desbordan una y otra vez las calles desde 1962 viene preado de importantes demandas polticas y socioeconmicas que exceden con mucho las concesiones previstas por las lites franquistas, y amenazan con obstaculizar la rpida convergencia de Espaa con la oleada neoliberal mundial. Se trata de un riesgo inadmisible, tras veinte aos de concienzuda modernizacin autoritaria y a las puertas de la definitiva internacionalizacin de la economa espaola y, con ella, de su clase dirigente (numerosos ministros del primer gobierno de la monarqua, explica Genaro Campos, no slo provenan del campo de la empresa privada -lo que no sera una novedad- sino que han participado y prestado sus servicios en empresas que cuentan con elevados porcentajes de capital extranjero [36] ). Un Estado de bienestar a la escandinava, reforma agraria y nacionalizaciones financieras en una Espaa adems desnuclearizada y no alineada? Como advierte Milton Friedman, hay cosas demasiado importantes como para dejarlas en manos de la democracia, y para impedir a toda costa que el proceso de transicin poltica pudiese derivar en una Espaa a contrapelo de la onda neoliberal, hasta all donde no llegue la retrica monetarista de Enrique Fuentes Quintana -acadmico, ministro y arquitecto econmico de la Transicin, y no en vano temprano lector y activo divulgador de la obra de Friedman-, debern de alcanzar otras razones ms contundentes: la violencia, la coaccin y el miedo.

El proceso espaol de democratizacin, tantas veces presentado como modlico en su narrativa institucional y acadmica, fue un tiempo marcado por el miedo. La todava hoy vigente Constitucin de 1978 fue gestada, votada y aplicada bajo el miedo: miedo cotidiano a las porras de la polica y las bombas de los escuadristas, y miedo de fondo a un nuevo golpe de Estado y una nueva matanza de demcratas a manos de un ejrcito an monolticamente franquista y cuya distribucin territorial recordaba a la de un ejrcito de ocupacin [37]. Estimulando el recuerdo colectivo, mediante dosis homeopticas de violencia policial y escuadrista, de esa que Santiago Alba Rico ha llamado pedagoga del milln de muertos de la Guerra Civil y la posguerra [38], la estructura franquista de poder logr embridar el deseo de cambios radicales de amplios sectores de la sociedad espaola dentro de los estrechos mrgenes de su transicin programada, y arrastrar a su terreno a las mayores organizaciones de la izquierda antifranquista, sucesivamente legalizadas tras la muerte del dictador, y que muy pronto estaran compitiendo entre s por exhibir mayor moderacin ideolgica y ms fraterna cordialidad hacia sus antiguos represores.

El mismo aparato de seguridad -oficial y clandestino- que sostuvo la dictadura de Franco hasta su ltimo minuto de vida fue empleado despus por sus herederos para, con la coartada de la lucha antiterrorista, salvaguardar sus intereses en el nuevo periodo. Para cuando un partido de la oposicin antifranquista acceda al gobierno, siete aos despus de la muerte de Franco, buena parte de las polticas e instrumentos represivos que se haban considerado distintivos del franquismo -y que desde la izquierda se haba exigido con tanta vehemencia dejar atrs- se haban normalizado ya como caracterstica sistmica de la joven monarqua parlamentaria. El aparato policial franquista no solo haba conseguido la ms completa inmunidad por sus crmenes durante la dictadura, sino que haba consumado su expansiva autorreproduccin burocrtica [...] en la consolidacin estatal de la nueva democracia, impregnando de su maqunica condicin autoritaria [39] las polticas de seguridad del Estado, indiferentemente de los colores del partido de gobierno, desde la muerte de Franco y hasta la actualidad.

 

***

 

Fue Emilio Helln quien dispar las balas que mataron a Yolanda Gonzlez. Pero fue el aparato represivo franquista, ya bajo los nuevos colores de la seguridad democrtica, el que toler, alent y en no pocas ocasiones ejecut la estrategia de la tensin de la que Yolanda y otras muchas personas fueron vctimas, el que luego cubri cuidadosamente sus propios pasos mediante pruebas perdidas, dosieres clasificados y extradiciones denegadas, y el que an, treinta aos de ininterrumpida autorreproduccin burocrtica despus, sigue honrando sus compromisos y cuidando de la suerte de algunos de sus veteranos de la guerra sucia contra la democracia.

Las ltimas revelaciones sobre el asesino de Yolanda coinciden con un momento de fuerte represin meditica, policial y judicial de la protesta social en Espaa, tras cinco aos de desbocada crisis econmica y en un clima de creciente inestabilidad poltica, en el que incluso los pilares del consenso constitucional de 1978 son objeto de la crtica de un gran nmero de ciudadanos. Las actividades de Emilio Helln no solo constituyen una insoportable ofensa a la memoria de las vctimas de la violencia parapolicial en Espaa, sino tambin una muy presente y preocupante advertencia acerca del tipo de personas, mentalidades y recursos de que la estructura del poder en Espaa sigue disponiendo en el aparato de seguridad del Estado y sus sombros aledaos, y a los que podra recurrir -si es que no lo est haciendo ya- para, en estos tiempos de zozobra, defender su estrategia de cierre oligrquico [40] frente a la crisis, sofocar violentamente el descontento de las muchedumbres en las calles y clausurar por arriba, como ya hicieran con notable xito hace treinta y cinco aos, la expectativa de una genuina ruptura democrtica en Espaa.


Notas

[1]
Incidentes tras el funeral en Madrid por Yolanda Gonzlez, El Pas, 6 de febrero de 1980

[2] Dada la diferente consideracin de crimen poltico o delito comn que distintas fuentes otorgan a muchos casos de violencia policial y parapolicial en Espaa, resulta materialmente imposible establecer una cifra definitiva de sus vctimas. Puede consultarse una comparativa de distintos recuentos disponibles en Juan Manuel GONZLEZ SEZ, Balance de vctimas mortales del terrorismo y la violencia poltica de la extrema derecha durante la Transicin (1975-1982), Historia Actual Online, n 27, Universidad de Cdiz, 2012. Los tomos V, VI y VIII del masivo informe Todas las vctimas del terrorismo (Asociacin para la Defensa de la Dignidad Humana y Direccin de Atencin a las Vctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Bilbao, 2007-2011), ofrecen una revisin exhaustiva de la mayora de ellas.

[3] Procesados los implicados en el asesinato de Yolanda Gonzlez, El Pas, viernes, 7 de marzo de 1980

[4] Jos Mara IRUJO, La vida oculta del asesino de Yolanda, El Pas, 24 de febrero de 2013

[5] EQUIPO DE JVENES ECONOMISTAS, Las cien familias espaolas, Horizonte espaol, tomo 1, Ruedo Ibrico, Pars, 1966

[6] Manuel FRAGA, La reforma econmica, en ABC, 29 de octubre de 1975

[7] Antonio RUBIO, Yo mat al asesino de Carrero Blanco, El Mundo, 21 de diciembre de 2003

[8] Stuart CHRISTIE, Stefano delle Chiae. Portrait of a black terrorist, Anarchy Magazine/Refract Publications, Londres, 1984, cap. IV

[9] Jess DE LAS HERAS, La Marietta no es un arma reglamentaria en Espaa, El Pas, 12 de febrero de 1977

[10] Xabier MAKAZAGA, Mariettas de guerra sucia, Gara, 10 de febrero de 2013

[11] Javier GARCA, Dinero y proteccin del Gobierno espaol por los atentados, segn Giuseppe Calzona, El Pas, 8 de septiembre de 1985

[12] Manuel GRACIA La internacional negra y Espaa, en el sumario del juez Casson, El Pas, 2 de diciembre de 1990

[13] Manuel VZQUEZ MONTALBN, Sobre la memoria de la oposicin antifranquista, El Pas, 26 de octubre de 1988

[14] Fernando GONZLEZ, Dos muertes inequvocamente estabilizadoras, Triunfo, 29 de julio de 1978

[15] Eduardo HARO TECGLEN, El antiterrorismo como antidemocracia, Triunfo, 8 de abril de 1978

[16] Josep ANDREU I ABELL, Ley de Seguridad Ciudadana, El Pas, 23 de noviembre de 1980

[17] Manuel SACRISTN, Seguridad ciudadana, Mientras tanto, n 6, 1981; reedicin en M. SACRISTN, Pacifismo, ecologismo y alternativa poltica, Icaria, Barcelona, 2009

[18] Javier SDABA, Gabriel ALBIAC, Carlos PARIS y otros, Ciudadanos normales, El Pas, 9 de mayo de 1982

[19] Mariano SNCHEZ SOLER, Ricos por la guerra de Espaa, Races, Madrid, 2007, p. 311

[20] Martn Villa inform, a puerta cerrada, en el Senado sobre los sucesos de Mlaga y Tenerife, Informaciones, 16 de diciembre de 1977

[21] Antonio Manuel DAZ FERNNDEZ, El servicio de inteligencia: un actor poltico en la transicin espaola, Studia histrica. Historia contempornea, n 23, Universidad de Salamanca, 2005

[22] Alfredo GRIMALDOS, La CIA en Espaa, Debate, Barcelona, 2006, p. 242

[23] Carlos BARRACHINA LISN, El regreso a los cuarteles: militares y cambio poltico en Espaa (1976-1981), tesis, UNED, 2002, cap. IV

[24] D. SOLER, Denuncia a un torturador, El Pas, 30 de enero de 1985

[25] Pilar RODRIGO, Ms sobre el fichero, El Pas, 14 de mayo de 1983

[26] Miguel GONZLEZ, Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al ultra Ciccutini, relacionado con Gladio, El Pas, 2 de diciembre de 1990

[27] Juan J. ALCALDE, Los servicios secretos en Espaa, Universidad Complutense de Madrid, 2008, cap. V, p. 5

[28] igo IRUIN, GAL: el espejo del Estado, conferencia, Tolosa, 13 de febrero de 1996

[29] Rodolfo WALSH, La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza, semanario CGT, 1969

[30] David FERNNDEZ, GAL, policas, narcotrfico y ultraderecha, Diagonal, 10 de septiembre de 2009

[31] Gabriel ALBIAC, Tiempo de asesinos, El Mundo, 8 de julio de 1996

[32] Manuel CERDAN y Antonio RUBIO, Caldern prometi al CESID que ni l ni su sucesor investigaran el pasado del Centro, El Mundo, 25 de junio de 2001

[33] Santiago LPEZ PETIT, en ESPAI EN BLANC (ed.), Luchas autnomas en los aos setenta, Traficantes de Sueos, Madrid, 2008, p. 21

[34] Naomi KLEIN, La doctrina del shock, Paids, Barcelona, 2010, p. 43

[35] Yves MICHAUD, Violencia y poltica, Ruedo Ibrico, Madrid, 1980, p. 142

[36] Genaro CAMPOS, Los dos primeros gobiernos de la monarqua y sus relaciones con el poder econmico, Cuadernos de Ruedo Ibrico n 51/53, mayo de 1976

[37] Manuel RUIZ ROBLES, "Estaba en marcha un golpe duro para el 2 de mayo de 1981, organizado por el sector ms fascista del Ejrcito", entrevista de Salvador LPEZ ARNAL, Rebelin, 28 de julio de 2013

[38] Santiago ALBA RICO, La pedagoga del milln de muertos, Rebelion, 9 de junio de 2006

[39] Carlos MOYA, Lgica la situacin, El Pas, 21 de noviembre de 1991

[40] igo ERREJN y Jorge MORUNO, Casta style!, Pblico, 22 de enero de 2013


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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