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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-08-2013

Contra la criminalizacin de las protestas

Vctor Arrogante
Nueva Tribuna


El ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardn, est empeado en criminalizar las protestas sociales, por medio del Cdigo Penal (CP), mostrando, una vez ms, que la poltica del gobierno del PP es autoritaria, totalitaria y por tanto antidemocrtica, al penalizar el derecho ciudadano a expresarse libremente, contra los desmanes del ejecutivo, que ataca la base misma del Estado social y Democrtico de Derecho.

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democrticas (PDLD), est difundiendo el Manifiesto Paremos la criminalizacin de la protesta social por vas del Cdigo Penal y recogiendo firmas, exigiendo la retirada del Anteproyecto de Cdigo Penal, por suponer una regresin hacia formas predemocrticas y totalitarias de otros tiempos.

El modo en que se est abordando el Anteproyecto denuncia la PDLD, carece de toda transparencia, situando a la sociedad en una posicin de indefensin ante el legislador, que pretende reprimir la protesta social, ante las polticas de recortes y eliminacin de derechos, servicios pblicos, y la austeridad impuesta por el gobierno, que nos lleva a la regresin y a la miseria.

Un Estado que resuelve los conflictos sociales utilizando la fuerza y la violencia de la polica, ha perdido la legitimidad democrtica. No basta haber ganado las elecciones por mayora absoluta, que como nos dicta la experiencia, es rodillo, que excluye el debate parlamentario y trgala para la ciudadana. La seguridad es un derecho, como lo es la vida, la libertad y la dignidad de la persona; y el ejercicio de los derechos fundamentales como el de libertad de expresin, reunin, manifestacin y participacin social y poltica, entendida, no solo como votar cada cuatro aos, sino participacin crtica y responsable ante las cuestiones de inters general que se presenten.

La reforma penal, incorpora la prisin permanente revisable, indita en nuestro ordenamiento, y aunque recientemente han eliminado la figura denominada custodia de seguridad, que se trataba de una medida privativa de libertad para casos excepcionales, una vez cumplida la pena de prisin, situar al CP espaol, como uno de los ms duros y represivo de los pases de nuestro entorno.

En el tema que nos ocupa, el Anteproyecto muestra la voluntad del Ejecutivo de criminalizar la movilizacin social. Trata de igual forma las protestas pacficas, con las que no lo son, en perjuicio de aqullas. La desaparicin de los trminos grave y activa, refirindose a las formas que puede adoptar la resistencia a la autoridad policial, consigue que la resistencia pasiva sea considerada como delito de atentado, dejando su valoracin a la discrecionalidad y subjetividad poltica, y a la arbitrariedad policial, con las consecuencias judiciales posteriores que ello conlleva.

Otro aspecto destacable del Anteproyecto es que castiga a quienes actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurdica pblica o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al pblico, y causen con ello una perturbacin relevante de su actividad normal. Penalizar una protesta pacfica en el domicilio de una persona jurdica, est pensado para impedir las movilizaciones en sucursales bancarias, empresas, oficinas de empleo o parlamentos. Esto evidencia que se legisla para limitar el derecho constitucional de manifestacin y reunin, poniendo lmites a su ejercicio, de forma antidemocrtica.

El Anteproyecto, con la nueva redaccin al artculo 559 del CP, penaliza la distribucin o difusin por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisin de un delito de alteracin del orden pblico o que sirvan para reforzar la decisin de llevarlos a cabo. Claramente se refieren a los SMS o las llamadas y convocatorias a travs de redes sociales. Pero la vaguedad de la expresin mensajes o consignas que inciten permite un margen de interpretacin tan amplio, que rompe con las exigencias de previsibilidad y precisin exigibles a una ley. Los mensajes o consignas pueden ser una simple exposicin de opinin y no de incitacin a la alteracin del orden pblico. Lo que crea el Anteproyecto, sin decirlo, es un nuevo delito de crtica poltica y de opinin, incompatible con un Estado Democrtico, con la Constitucin y el Derecho Internacional.

Es especialmente grave que en la nueva redaccin del citado 559, desaparezca la alusin del delito de quienes perturben gravemente el orden pblico con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cvicos. Deja desprotegido el propio derecho de la persona al ejercicio de sus derechos cvicos, sin que exista justificacin alguna de dicha supresin en la exposicin de motivos del Anteproyecto, que ni siquiera menciona. No sorprendera, sino todo lo contrario, que se estuvieran protegiendo, por omisin, las actuaciones de provocacin policial, que justifican las cargas policiales posteriores contra los manifestantes.

Ante las nuevas formas de protesta social, el nuevo articulado del CP tipifica nuevos delitos ad hoc, lo que es completamente arbitrario y opuesto al principio de necesidad que la ley ha de cumplir. El CP de un estado democrtico, no puede verse sometido al albur de coyunturas polticas o aspectos que no generen alarma social. La imprecisin e imprevisibilidad de la nueva propuesta, crea situaciones que vulneran el principio de legalidad, algo incompatible con la seguridad jurdica, que exige el Estado de Derecho sin que se resienta su legitimidad. Un CP que rena estas anmalas caractersticas, se aleja de lo que debe ser un marco legal justo, que caracteriza al Estado Democrtico.

En definitiva el Anteproyecto de CP, de Ruiz Gallardn, supone una regresin hacia formas predemocrticas. En su da, la propuesta recibi duras crticas por parte del Consejo General del Poder Judicial, que en su informe sobre el Anteproyecto de Reforma Penal adverta su cuestionable inconstitucionalidad. El gobierno legisla para reprimir y castigar el ejercicio de los derechos fundamentales de expresin, reunin y manifestacin, y penaliza la crtica poltica y la opinin, con la pretensin de disuadir, con la violencia del miedo, a quienes participan o quieran participar en la protesta.

La oposicin parlamentaria tiene que actuar en consecuencia, negndose a legislar contra el Derecho y en el peor de los casos no participar en los debates de la ley, sumarse a la movilizacin social y posteriormente presentar el recurso de inconstitucionalidad que proceda. Contra la iniciativa poltica del gobierno de Rajoy, solo queda, como promueve la Plataforma en Defensa de las Libertades Democrticas, exigir, por todos los medios posibles, la retirada del Anteproyecto por autoritario y totalitario y por tanto antidemocrtico y represivo.

Fuente original: http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/criminalizacion-protestas/20130808112237095441.html



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