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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-08-2013

Sindicalistas sobrevivientes de atentado enfrentan persecucin judicial
La Justicia Convierte a las Vctimas en Victimarios

Luis Javier Correa Surez
Rebelin


He ledo la denuncia que est circulando por internet y que indica, que el Consejo Superior de la Judicatura de Manizales, el 30 de Julio de 2103, imputa cargos contra los sindicalistas Wilson Jaramillo, secretario general y Oscar Arturo Orozco, presidente de la Subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- en Caldas e integrantes del Movimiento de Crmenes de Estado y contra Cesar Augusto Castao Ramrez escolta asignado por la Unidad Nacional de Proteccin y para que respondan por los delitos de "dao en bien ajeno agravado", "falsedad en documento privado", "falsedad en denuncia agravada", "falso testimonio", "fraude procesal" y "fraude a subvenciones", la Fiscala 120 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Medelln, fijo audiencia pblica a realizarse el 22 de Agosto de 2013 en Centro de Servicios Judiciales en la Calle 27 # 17 21 en la ciudad de Manizales, a las 9:00 A.M.

El 4 de agosto 2012, Oscar Arturo Orozco y Wilson Jaramillo se dirigan al corregimiento de Arauca en el vehculo del esquema de proteccin, tres kilmetros antes de llegar al lugar donde tendra lugar la reunin; fueron atacados con armas de fuego y por la oportuna reaccin de sus escoltas, los proyectiles slo impactaron el vehculo y los sindicalistas salieron ilesos. Este hecho denunciado por la vctimas, es ahora tipificado como "auto atentado" y supuestamente haber cometido el delito "dao en bien ajeno agravado", relacionado con el dao al carro del esquema de proteccin asignado por la Unidad Nacional de Proteccin, al haber sido impacto por balas disparadas con arma de fuego contra los sindicalistas al momento del atentado.

Anterior al atentado por el cual hoy estn llamados a juicio, el 28 de mayo 2012, a la sede de la subdirectiva CUT Caldas lleg un panfleto, con letras de peridico o revista amenazando de muerte a Osar Arturo Orozco, expresando: es el ltimo aviso fuera de Arauca; el da 9 de abril, a los correos electrnicos de la CUT Caldas, Sintraelecol Caldas y al correo personal de Oscar Arturo Orozco, lleg un mensaje proveniente de: [email protected], en el cual amenazan a Orozco y dice que "tenemos hombres hacindole inteligencia,.. sabemos donde estudian sus hijos y sabemos de su esposa...

Este caso, me lleva a hacer algunos apuntes, para recordar que en Colombia los sindicalistas y sus familias adems de ser vctimas de amenazas de muerte, atentados, asesinatos, desplazamiento, exilio, tortura, desaparicin forzada, tenemos que soportar adicionalmente otra cantidad de ataques sistemticos impidiendo la libertad sindical y demuestra la falta de democracia, solo basta con recordar algunos casos de dirigentes de Sinaltrainal:

Han sido asesinados 22 integrantes de Sinaltrainal, otros encarcelados, amenazas de muerte, secuestrados, torturados, desterrados, vctimas de constreimiento ilcito, desapariciones forzadas, terrorismo psicolgico, quema de sede sindical ejecutada por paramilitares que obligaron a trabajadores a renunciar al sindicato, el ataque de los paramilitares favoreciendo a las empresas, levantamiento de fueros, ilegalizacin de seccionales sindicales, revocatoria de los estatutos de Sinaltrainal, el no reconocimiento de los trabajadores sindicalizados, las sucias campaas para desprestigiar a dirigentes de Sinaltrainal, terminacin injusta de los contratos de trabajo, la subcontratacin, la violacin a las Convenciones Colectivas de Trabajo, entre otros.

El 6 de Marzo de 1996, Luis Eduardo Garca, Domingo Flrez, lvaro Gonzlez, fueron encarcelados, Sergio Lpez y Javier Correa les fue ordenada orden de captura dentro del proceso penal que llevo la justicia sin rostro de ese entonces, acusados falsamente por un testigo sin rostro con la clave Jos Benito que falsamente nos acusaba de haber colocado una bomba en las instalaciones de la embotelladora de Coca Cola en Bucaramanga y nos sindicaba de pertenecer al ELN y como olvidar que dentro de este caso la multinacional Coca Cola se constituyo en parte civil reclamando a los acusados daos y perjuicios por sumas millonarias, luego de 6 meses de permanecer injustamente en la crcel y con la orden de captura, precluyo el caso en favor de los sindicalistas al demostrar su inocencia.

En las denominadas chuzadas del DAS, entre otros fueron vctimas Edgar Alberto Pez, Javier Correa, Juan Carlos Galvis, Alfonso Barn, Gerardo Cajamarca, en el expediente se encontraron documentos en los cuales el denominado G3, calificaba las actividades de los dirigentes de Sinaltrainal como un peligro para la seguridad nacional y encontramos documentos que indican que pasaban informacin a la embajada de EEUU relacionada con el caso de Coca Cola y adems definen hacer la guerra poltica y jurdica contra los integrantes de Sinaltrainal.

No olvidar que Juan Carlos Galvis fue vctima de un atentado en la ciudad de Barrancabermeja y por haber presentado el denuncio ante las autoridades, la Fiscala le inicio proceso penal por falsa calumnia acusando que se trataba de un falso atentado, finalmente, el caso culmino favorablemente para el dirigente de Sinaltrainal.

Multinacionales como Coca Cola, ha denunciado penalmente a Javier Correa, William Mendoza, Luis Eduardo Garca, Efran Guerrero, Edgar Pez, entre otros, a varios de los acus de injuria, calumnia, dao en bien ajeno y reclamndoles el pago de indemnizaciones en cifras hasta de 500 millones de pesos, pero estos montajes no prosperaron para la multinacional.

Actualmente Juan Carlos Galvis y William Mendoza, estn vinculados al proceso penal que la Fiscala 28 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo Estructura de Apoyo Investigaciones Parapoltica, que en diciembre 14 de 2011, orden la apertura de una investigacin por terrorismo, por las falsas acusaciones que estn haciendo varios paramilitares que estn detenidos y con las falsas acusaciones bscan recbir los beneficios de la rebaja de penas que les otorga la ley de Justicia y paz. Lo ms descarado del caso, es que contra este montaje, Sinaltrainal y los dirigentes judicializados, presentaron un denuncio contra los paramilitares por injuria y calumnia, solicitando que los paramilitares pierdan los beneficios de la ley de justicia y paz, pero para sorpresa de cmo funciona la justicia e! n Colombia, no fue abierta investigacin contra los paramilitares.

El Vicepresidente de Colombia Francisco Santos en Caracol Noticias el da 12 de Diciembre de 2006, se refiri a la intervencin que hizo la Fiscala General de la Nacin sobre las finanzas de los clubes del balompi colombiano, se refiri tambin a las llamadas campaas de desprestigio contra Coca cola y Nestl y otras empresas privadas y mas delicado an cuando afirm que estos actos estn siendo impulsados por sectores de extrema izquierda, radical, infiltrados en sectores sindicales, que estn generando campaas absolutamente absurdas contra las empresas.

En el paro de los corteros de caa del ao 2008, lvaro Uribe Vlez, en ese momento presidente de Colombia, el Ministro del Trabajo, el Fiscal General de la Nacin, entre otros, sealaron que el paro de los trabajadores estaba infiltrado por las Farc y el ELN y judicializaron a varios dirigentes, entre ellos a integrantes de Sinaltrainal.

Recientemente hemos evidenciado la capacidad de estigmatizacin y la campaa meditica del Gobierno contra los paros cafeteros, papero, del catatumbo, las huelgas obreras, para justificar la judicializacin los heridos, los asesinatos y la falta de democracia que no permite soluciones de fondo a los problemas sociales.

Para poner el dedo en la llaga, quiero refrescar la memoria, recordando el artculo que escrib hace unos meses titulado La Guerra Poltica y JurdicaLa guerra invisible, all se evidencia el enfoque dado a los derechos humanos, calificando un arma de guerra y lucrativo negocio, as se titula el documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres, Director de la Maestra en Derechos Humanos DICA, publicado en la edicin 218 de la revista de las Fuerzas Armadas, de Junio de 2011.

Ese documento del Brigadier General RA Luis Fernando Puentes Torres nos lleva deducir que escndalos nacionales, como el de las denominadas falsas vctimas de Mapiripan, la hacienda las Pavas en el Sur de Bolvar, las judicializaciones, el relacionar las protestas y la actividad sindical con la insurgencia o cuestionar las denuncias de las vctimas es parte de la estrategia meditica del Estado de Colombia, para incidir en la opinin de la poblacin y la comunidad internacional, para que las vctimas, responsabilidad del Estado y la falta de democracia pasen a un segundo plano.

El artculo publicado indica que con ese pretexto y para justificar atacar legal e ilegalmente al movimiento social, a los sindicatos y la oposicin poltica, califican de insurgencia a todo el que piense diferente a las instituciones, no hay espacio para otras ideologas, reclamar, protestar, expresarse, organizarse o denunciar, pues se califica como acciones contra la seguridad nacional, que buscan desprestigiar a las instituciones, de esta forma justifican endurecer las leyes para reprimir y eliminar los derechos de la poblacin.

No podemos olvidar que como parte de esa estrategia, definen la combinacin de las formas de Lucha, categorizan a la denominada guerra poltica, como estrategia para descalificar e invisibilizar a las vctimas y negarles su sagrado derecho a reclamar verdad, justicia y reparacin, colocando al Estado y sus instituciones como las vctimas.

En ese escrito, se reconoce que la fuerzas armadas del Estado, se prepararon para el enfrentamiento militar, y coloca al Estado como una humilde vctima, para resaltar, que el xito del triunfo radica en deslegitimar a la insurgencia, haciendo la guerra poltica para lograr un alto contenido psicolgico, en los diferentes componentes de la guerra meditica, en el terreno de las organizaciones, la informtica, la diplomacia, las estratagemas, la semntica y todas las formas a usar soterradamente para sacar ventaja y causar un dao moral, siendo la principal arma desprestigiar no solo a la insurgencia, sino al bloque opositor al Estado, entre ellos los sindicatos, campesinos, indgenas, Estudiantes, los Barrios y la oposicin poltica, entre otros, usando para ello la guerra jurdica y guerra judicial.

Para justificar el ms amplio sentimiento de odio y represin, tipifican que la narco guerrilla, es un brazo armado de un aparato que integra partidos polticos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, que actan dentro y fuera de Colombia, como apoyo logstico de la guerrilla, desde adentro del estado, encubierto para actuar pblicamente en la sociedad, que presentan al estado como violador de los derechos humanos y responsable de crmenes de lesa humanidad, sealan claramente, que estos ataques son promovidos por actores armados ilegales y ayudados por entidades del Estado, la justicia y las organizaciones internacionales de izquierda conformadas por abogados, antroplogos, psiclogos y violentologos, adems buscan daar la imagen internacional y la cooperacin para la lucha contra la insurgencia.

Todo esto indica claramente la nueva estrategia del Estado, para limpiar su imagen, eliminar la presin internacional, pasar a la ofensiva colocando contra las cuerdas a las vctimas y sus organizaciones, asegurar ms garantas para los integrantes de la fuerza pblica, logrando que por ningn motivo sea permeable el fuero militar, se trata de colocar un manto de dudas sobre todas las vctimas, deslegitimar el derecho que tienen, atrapando cualquier intento por denunciar el problema, en una telaraa jurdica y la denominada guerra poltica del Estado contra la poblacin, que representar ms impunidad y ms represin.

Ya es conocida pblicamente la estrategia del Estado de Colombia, para quitarse de encima a las vctimas, perseguir y poner en duda, entonces como trabajadores y Sindicato, nos corresponde, ser ms organizados en las denuncias, tener una mayor disciplina, preservar la informacin, sistematizar los hechos, desarrollar la ms amplia alianza con diferentes sectores de la poblacin para evitar que esta estrategia del Estado termine por aplastar no solo las denuncias, sino invisibilizando a las vctimas y perpetuando la impunidad.

Estamos enfrentados a una estrategia del Estado de Colombia, para desprestigiar, deslegitimar, desmoralizar, desgastar, e impedir la libertad de pensamiento, de expresin, de protesta y justificar mayor represin contra las organizaciones de los trabajadores y la poblacin en general.

Debemos reflexionar, no olvidar, estamos enfrentados a una estrategia bien definida por el Estado y sus aliados, todo lo que sigue ocurriendo contra el movimiento sindical, social, campesino, indgena, estudiantes, los sectores de izquierda, populares y las vctimas e incluso contra sectores y organizaciones demcratas, no son casos aislados, es parte de esa poltica sistemtica de represin que aplica el gobierno de Juan Manuel Santos, para aniquilar las posibilidades de fortalecimiento y triunfo de quienes creemos y luchamos para que Colombia sea una repblica democrtica.


 

(*) Luis Javier Correa Surez es Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL)




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