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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-08-2013

La Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador CONAIE ante la sentencia penal de los compaeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant
"Nuestra lucha es por la construccin del Estado Plurinacional"

Humberto Cholango
Rebelin


A las organizaciones sociales del Ecuador,

Al pueblo ecuatoriano,

A las organizaciones sociales internacionales,

A la opinin pblica internacional.

El Estado ecuatoriano acaba de sentenciar a los compaeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant a 12 aos de prisin por sabotaje y terrorismo.

El movimiento indgena ha denunciado constantemente la situacin de una sistemtica violacin de los Derechos Humanos y criminalizacin de la protesta social. Pero no hemos sido slo nosotros, esta denuncia tambin es ratificada por organismos internacionales; de la misma manera el veedor internacional a la reestructuracin de la Administracin de Justicia del Ecuador, Baltazar Garzn, evidenci la incompatibilidad de las leyes ecuatorianas con lo vigente en el Derecho Internacional respecto a los delitos de "rebelin, sabotaje y terrorismo", y que la funcin judicial est utilizando para enjuiciar a dirigentes sociales y crticos del gobierno.

Los compaeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant no han cometido delito de sabotaje y terrorismo. Los compaeros no actuaron por iniciativa personal, ellos cumplan un mandato de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indgenas. Tampoco se movilizaron, ni ellos ni el movimiento indgena, para destruir bienes pblicos o derrocar al gobierno. Los objetivos pblicos de la movilizacin fueron: defender los territorios comunitarios de la destruccin ocasionada por las empresas transnacionales petroleras y mineras, y exigir una Ley de Aguas que desprivatice y redistribuya el recurso hdrico.

Slo las dictaduras ms violentas y los gobiernos ms neoliberales han considerado estas luchas como delitos. Ecuatorianos y ecuatorianas, ustedes creen que este proceso judicial y la sentencia a 12 aos de prisin contra dirigentes sociales se da por iniciativa de un poder judicial independiente?, acaso se trata de una causa de estricto derecho?

El gobierno ecuatoriano, para justificar la criminalizacin de la protesta social, repite que "se persiguen delitos y no personas". Acaso hemos visto algn banquero o ex funcionario pblico responsable del feriado bancario juzgado o preso?, acaso algn ex funcionario de los gobiernos neoliberales, responsables de las privatizaciones, de la dolarizacin, de la infame e ilegitima deuda externa est preso? La respuesta obviamente es No. En estos casi siete aos de la llamada revolucin ciudadana no hemos visto a ninguno de esos personajes presos, pero si tenemos a dirigentes sociales crticos al rgimen enjuiciados, sentenciados y presos; y no se ha reparado si son jvenes, adolecentes, mujeres; basta con que sean opositores al rgimen.

El caso de los jvenes estudiantes del Colegio Central Tcnico de Quito muestra de manera descarnada la falta de independencia de la Funcin Judicial. Los estudiantes fueron sobresedos porque la Justica no pudo encontrar pruebas del delito de rebelin, pero el Presidente de la Republica exigi que se les vuelva a juzgar y as lo hicieron; y los jvenes estudiantes fueron sentenciados.

Por qu se acusa y condena a dirigentes sociales? Porque es evidente que el principio del derecho no les importa en lo ms mnimo. Lo que les importa es defender "la razn de Estado", y para eso necesitan un grupo de vctimas en quienes hacer sentir y ejemplificar el peso del poder, de su poder. Pero tambin necesitan aniquilar cualquier oposicin popular de izquierda, porque les es necesario tener las manos libres para reacomodar las fuerzas de arriba, acordar alianzas con las viejas y nuevas oligarquas. Para eso slo necesitan ciudadanos votantes, electores; los pueblos organizados les estorban, y lo ms grave: les causan miedo.

Como CONAIE rechazamos y denunciamos la condena judicial de los compaeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant. Nuestra lucha es por la construccin del Estado Plurinacional, por la revolucin agraria, por la desprivatizacin y la redistribucin del agua; no solo para los indgenas, sino para todos y todas. Y en este camino, la defensa de estos compaeros, y de todos los procesados y sentenciados, es parte de nuestra lucha.

Estos actos de violencia poltica contra nuestros dirigentes y dirigentas, contra nuestras organizaciones no nos detendrn; nos retan a seguir el camino de la unidad.


Por el Consejo de Gobierno

Humberto Cholango. Presidente


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