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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-08-2013

La poltica agraria de la reeleccin santista

Jos Honorio Martnez
Agencia Prensa Rural


Puesto que el Esclavo slo trabaja para el Amo, para satisfacer los deseos del Amo y no los suyos propios, es el deseo del Amo el que acta en y por el Esclavo

Dialctica del amo y el esclavo en Hegel.


El 9 de junio de 2013 se public en el peridico El Tiempo una entrevista al entrante ministro de Agricultura Francisco Estupian. La entrevista, titulada Revolcn total en el campo, es muy significativa porque en ella se deja en claro que el compromiso fundamental de la poltica agraria del gobierno Santos reside en salvaguardar los intereses de los grandes empresas en el campo, as estos se hayan alcanzado sobre la matanza, el destierro, la desposesin y la burla de la legislacin agraria.

Refirindose a los despojos y las titulaciones ilegales de tierras, dice el ministro Estupian: es el gran chicharrn que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso. () Hay que buscar una solucin que garantice que los campesinos van a continuar siendo dueos de la tierra, pero tambin la continuidad de las grandes agroindustrias all instaladas. As, la prioridad gubernamental, el gran chicharrn, consiste en legalizar la ilegalidad. Lo expresado por el ministro tiene dos connotaciones, por un lado, devela la mentira de una poltica que deca tener como objetivo central la defensa de las vctimas y los despojados, y por otra, instrumentaliza la poltica agraria a la campaa de reeleccin del presidente Juan Manuel Santos.

Legalizando el despojo y la ilegalidad

El nfasis legalizador de la gestin del ministro Estupian muestra que los tratos del Estado colombiano con el capital se desenvuelven en una nueva etapa. Mientras que al gobierno Uribe le correspondi desarrollar la fase cruenta de la matanza, el destierro y el despojo, al gobierno Santos le corresponde la etapa de consolidacin jurdica y territorial de la empresa de la desposesin.

El gran chicharrn que tiene por resolver el ministro es el de garantizar la proteccin de los despojadores y sus inversiones, para tal efecto, ha urgido al Congreso de la Republica la aprobacin del proyecto de Ley 164 de 2012 , el cual establece en su artculo 13, la modificacin del artculo 72 de la Ley 160 de 1994, que impeda el acaparamiento de baldos.

El artculo 72 prohbe la concentracin de tierras baldas y la formacin de latifundios como hicieron numerosas empresas en todo el pas. Dice literalmente: Ninguna persona podr adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldos, si las extensiones exceden los lmites mximos para la titulacin sealados por la Junta Directiva para las Unidades Agrcolas Familiares en el respectivo municipio o regin. Tambin sern nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier ndole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrcola Familiar .

Lo establecido en la ley fue burlado por numerosas empresas que hoy disponen de grandes extensiones de tierras, frente a ello, el gobierno propone cndidamente la legalizacin de los despojos y el acaparamiento de tierras a partir del 5 de agosto de 1994. En otras palabras, las empresas que transgrediendo la ley concentraron vastas extensiones de tierras durante los ltimos veinte aos vern legalizada su criminal gesta de un plumazo.

El proyecto de ley presentado por el gobierno casi que cierra el crculo de la impunidad abierto con la Ley de vctimas, pues esta consagr, que solamente seran reconocidos los despojos de tierras habidos despus del 1 de enero de 1990. Si se toma en cuenta que esta iniciativa de ley dispone que los despojos ocurridos despus de agosto de 1994 sern arreglados, solamente cuatro aos y algunos meses quedarn a salvo del cobijo de impunidad que se tiende con las fechas que prescriben ambas leyes.

Para el ministro Estupian es imperativo: buscar frmulas de arreglo entre esos antiguos propietarios y los inversionistas, pues en ellas se hicieron grandes proyectos que han generado progreso, empleo, educacin, vivienda. De lo contrario, habra un abandono de proyectos productivos y sobre todo ahuyentara la inversin tanto nacional como extranjera en ese tipo de proyectos. Sera sensato que el ministro mostrar cuntas escuelas, colegios, hospitales, acueductos, alcantarillados, empleos formales y viviendas han propiciado las inversiones que quieren legalizarse, pues lo que las comunidades rurales han vivido son intensos procesos de violencia y desarraigo.

Las palabras del ministro revelan su profundo temor a que los inversionistas se vayan. Los inversionistas, que en gran parte de los casos son especuladores de los fondos de pensiones de los trabajadores y los recursos de los ahorradores y/o lavadores de capitales, no pueden irse, acaso se han ido de los pases vecinos donde se establecieron condiciones soberanas a la inversin? El miedo del ministro puede interpretarse como la somatizacin del horror que tiene el capital a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequea.

Una de las frmulas empleadas por el gobierno para obligar a los despojados a llegar a arreglos con los despojadores ha sido la de introducir en la legislacin agraria el concepto de derecho de superficie; frente a esta iniciativa la Comisin de Seguimiento a la poltica pblica sobre desplazamiento forzado manifest su rechazo, porque ella desconoce el derecho de propiedad plena y de usufructo que tienen las vctimas del desplazamiento forzado.

A pesar que la propuesta de arreglo es contraria con la idea de resarcir a las vctimas del despojo de tierras, el ministro es insistente en que las limitantes jurdicas podran superarse. Segn l la Corte aceptara la participacin (de los campesinos) como tenedores de acciones, que sean inversionistas colocando la tierra, () Existe la posibilidad de que esos campesinos se asocien, aporten, arrienden sus tierras, no que las vendan, a esos proyectos y que trabajen en su explotacin. Lo que recalca el ministro Estupian, quien tiene una larga trayectoria como funcionario del sector financiero y ninguna en materia agraria, es que los intereses de los inversionistas son intocables, as hayan sembrado la palma con sangre, como dijo uno de los jefes del paramilitarismo testimoniando sus crmenes.

Cmo puede catalogarse la poltica gubernamental de convertir a los despojados en socios y trabajadores de quienes los despojaron o se beneficiaron del despojo? La impdica propuesta gubernamental tiene como premisa que el campesinado en su precaria condicin econmica aceptar cualquier oferta que se le haga, no importa cun ilegal, improcedente e inmoral sea. En qu mentalidad cabe la idea que los hurfanos, viudas y familiares de los masacrados sean ahora accionistas y/o trabajadores de las empresas que pagaron o se beneficiaron del asesinato de los suyos? En vez de tramitar inmorales e ilegales arreglos el ministro debera proceder a declarar, como lo dispone la ley, que las adjudicaciones de las que gozan tales empresas son absolutamente nulas y a revertir sin condicionamientos la tierra a los despojados y a la Nacin.

Cocinando la reeleccin?

Adems de proponer la legalizacin del despojo, el ministro Estupian anuncia la ejecucin de otras iniciativas como la realizacin de un censo agropecuario y la actualizacin del catastro, al cabo de un ao, y la construccin de 600 distritos de riego en los prximos tres aos. Dichas iniciativas, respaldadas por el Banco Mundial, van dirigidas a complementar los planes para que el agronegocio y la minera reinen en el campo. La disposicin de los acuferos en funcin de la minera y el agronegocio es una decisin muy cuestionable, pues debera priorizarse las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento bsico que tienen las comunidades rurales del pas.

Las expectativas fijadas por el gobierno se mantienen en la lgica de valorizacin del territorio que requiere el capital para continuar reproducindose, y coyunturalmente, se enmarcan en la perspectiva de asegurar el control del aparato estatal para la faccin de la burguesa representada por el presidente Santos. Acaso es casual que la inversin pblica en el campo se dinamice justamente en la actual fase preelectoral? La generacin de confianza entre los inversionistas, mediante la legalizacin del despojo y el repunte del empleo a travs de la contratacin de servicios y la ejecucin de obras, le otorgarn una considerable ventaja al candidato-presidente Santos en las elecciones que se avecinan. Este contar adems con el respaldo de los constructores y bancos beneficiarios del programa del milln de viviendas, de los socios de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) favorecidos con la reciente reforma a la salud, de los ganadores de las licencias para el usufructo del espectro electromagntico (4G), del militarismo blindado de impunidad con la ampliacin del fuero militar y de los grandes medios de informacin dueos de la pauta pblica.

Los aportantes a las campaas electorales tienen la certeza de que recuperarn los recursos invertidos por medio de beneficios arancelarios, exenciones tributarias, subsidios, concesiones, pautas oficiales, licencias y contratos. En ello consiste actualmente la apuesta democrtica.

Incluso hay oportunidades en que los fondos que aportan los empresarios a las campaas electorales provienen directamente del erario pblico, como fue el caso de la campaa para la reeleccin de lvaro Uribe Vlez. El exministro de Agricultura Andrs Felipe Arias, quien por estos das goza de una libertad infame, sabe mucho de ello, ya que fue el encargado de repartir los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) entre terratenientes, los cuales ingresaron posteriormente a la campaa de reeleccin presidencial de Uribe Vlez .

Los antecedentes del gobierno Uribe en materia de reeleccin y los anuncios ministeriales presagian que el gran chicharrn del nuevo ministro ser todo un banquete de campaa.

En conclusin, la agenda anunciada por el ministro Estupian acelerar la locomotora agraria, contribuir a que el maquinista sea reelegido y profundizar la miseria de las comunidades rurales. Los arreglos legales propuestos denotan que el capital requiere ajustar permanentemente los marcos normativos, pues la ley 160 que hoy se reforma fue por excelencia una ley neoliberal.

Al desastre social que causa la poltica agraria el campesinado continuar oponindose mediante la protesta, en lo que va del ao 2013 se han movilizado intensamente cafeteros, cacaoteros, paperos y ahora, cocaleros. En la regin del Catatumbo, el campesinado ha reclamado largamente el reconocimiento de la zona de reserva campesina y alternativas productivas viables, sin embargo, lo que ha recibido es la intensificacin de la criminalizacin, las fumigaciones y una sanguinaria represin que en una semana caus 4 muertos y 16 heridos.

El tratamiento de guerra que est dando el gobierno al legtimo movimiento popular del Catatumbo desdice ampliamente lo acordado en el primer informe conjunto de los dilogos de paz de La Habana. La brutal represin ejercida sobre la protesta campesina sigue demostrando que la paz del gobierno nada tiene que ver con la construccin de justicia social.


Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11643



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