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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-04-2016

Anlisis sobre la enmienda aprobada en la primera fase del XX Congreso del PCE
La declaracin de nulidad de la Ley de Amnista

Jos Mara Pedreo
Rebelin


Para entender mejor los pactos de la Transicin debemos tener en cuenta el contexto internacional en que se produjeron. La poltica de bloques surgida de la guerra fra todava tena plena vigencia, posibilitando el consenso y la concertacin en medio de una crisis econmica derivada de la subida del precio del petrleo en 1973 y el agotamiento poltico de la dictadura que se haba trasformado en un lastre para el desarrollo del capitalismo espaol. Tenemos que recordar que la reforma poltica del rgimen fue acompaada de acuerdos sociales y econmicos (Pactos de la Moncloa). La introduccin del neoliberalismo, trado de la mano por los gobiernos de Felipe Gonzlez y profundizada por los siguientes, se produce en un contexto de cada y posterior hundimiento del bloque socialista europeo y, por tanto, del final del mundo bipolar existente hasta esos momentos. Esta coyuntura era, en definitiva, lo que propici la concertacin necesaria para intentar construir un estado democrtico, social y de derecho. A partir de ese momento el proyecto poltico, econmico y social de la transicin, tal como lo entendi la izquierda, ha ido desapareciendo hasta ser, prcticamente, inexistente.

Haciendo balance de lo que ha sido el movimiento memorialista durante los ltimos quince aos, contextualizando el anlisis dentro de un proceso histrico en el que, ms que nunca, se ha evidenciado que deshistoriar las relaciones sociales y polticas es uno de los instrumentos ms eficaces con los que cuentan las clases dominantes para mantener su hegemona ideolgica y, a travs de ella, su dominio econmico y poltico, creo que ha llegado el momento de hablar de los objetivos que algunos activistas del movimiento memorialista, en especial algunos militantes del Partido Comunista de Espaa, nos habamos marcado.

El que suscribe estos prrafos entendi, siempre, que lo que se ha venido llamando memoria histrica deba ser uno de los ejes de reconstruccin de la izquierda desde y con su pluralidad, y entendiendo el anarquismo como parte de la misma-, tras la derrota sufrida por las clases populares al final del siglo XX, y ante la evidencia clara de que, tras la cada de los regmenes denominados de socialismo real del centro y este europeos, la aseveracin de Fukuyama sobre el fin de la Historia y la desaparicin de las ideologas, habra dado lugar a lo que se ha dado en llamar pensamiento nico que, en la prctica, no es otra cosa que mantener que los postulados del neoliberalismo (democracia formal, en apariencia, ms mercado libre y desregulado), ideologa del capitalismo, aparentemente lo nico aceptable, negando cualquier otra ideologa.

Inicialmente nos marcamos los siguientes objetivos:

1.- Construir un frente de masas en el mbito de la lucha cultural e ideolgica.

2.- Recuperar la ilusin por la utopa.

3.- Recuperar principios ticos, sociales y polticos

4.- Luchar por los Derechos Humanos, tanto polticos, como sociales y econmicos.

5.- Superar el lastre de la denominada Transicin.

6.- Recuperar el prestigio de la izquierda y el movimiento libertario por su lucha contra el fascismo, a travs de la puesta en valor de la historia de sus militantes.

7.- Recuperar el trabajo de base como elemento principal de lucha.

8.- Recuperar la Memoria Democrtica.

Tambin tenamos claro que una nueva III Repblica no sera realmente democrtica si no hunda sus races en los principios en que se bas la II. Estbamos seguros de que haciendo visibles a los hombres y mujeres republicanos asesinados cuyos restos cadavricos se encontraban en las fosas, tambin hacamos visibles sus ideas. El actual movimiento republicano no sera el mismo si la bandera tricolor no hubiera hondeado en las exhumaciones.

Estbamos firmemente convencidos de que todos los actos jurdicos de carcter represivo -y otros administrativos que beneficiaban a empresas y personas adictas al rgimen- deban ser declarados nulos, por ilegitimidad de origen, al tratarse de una dictadura nacida de un golpe de estado ilegal y que, adems, fue condenado por Naciones Unidas en varias ocasiones. Por eso, creemos que todas las sentencias franquistas deben ser declaradas nulas, es ms, deberan ser consideradas, por el estado democrtico, como el acta que unos criminales redactaban respecto de las decisiones que tomaban para cometer asesinatos y secuestros.

Tambin ramos conscientes de que la nica forma de que se hiciera justicia a las vctimas del franquismo pasaba por la ruptura del rgimen del 78 y que uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha construido es la impunidad.

Conforme iban pasando los aos, fuimos viendo, cuando ponamos en marcha exhumaciones de fosas, que en las contestaciones que los distintos juzgados y audiencias provinciales daban y, en especial, el Tribunal Supremo, en la sentencia de absolucin al Juez Baltasar Garzn por el procedimiento que inici para exhumar fosas, siempre apareca la Ley de Amnista de 1977 como argumento principal que impeda que se hiciera justicia.

Las dificultades que a lo largo de los aos hemos tenido para investigar, con archivos descuidados y la imposibilidad de acceder a muchos de ellos, en especial a los de carcter militar y policial, nos han convencido de la necesidad de una fuerte intervencin por parte del Estado y una nueva legislacin que facilite el acceso a toda la informacin existente.

El informe La cuestin de la impunidad en Espaa y los crmenes franquistas, los informes del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos y del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unida que castigan duramente al Estado Espaol son una autntica hoja de ruta sobre lo que debe hacerse respecto a las vctimas del franquismo y la impunidad. Entre las cuestiones que plantean est la de la declaracin de nulidad de la Ley de Amnista de 1977.

La conocida popularmente como Ley de Memoria, no vino a solucionar problemas, sino que se convirti en una nueva vuelta de tuerca para evitar que se haga justicia, al estar basada en la equidistancia y no distinguir a los que destruyeron la democracia de los que fueron sus vctimas, es decir de los que la defendieron, que no reconoce el carcter jurdico de vctimas a las personas represaliadas por el franquismo, que externaliza y privatiza la memoria poniendo en manos de las familias la localizacin y recuperacin de los restos de sus seres queridos. Por eso, su reforma o la aprobacin de una nueva Ley es urgente y debe basarse en la legislacin penal internacional y de derechos humanos.

La Ley de Amnista, la Ley de Memoria y la sentencia del Tribunal Supremo absolviendo al juez Baltasar Garzn, blindan la impunidad y componen lo que hemos dado en llamar modelo espaol de impunidad. Por eso, somos conscientes de que la clave para desbloquear la posibilidad de que se hiciera justicia a las centenares de miles de vctimas de la dictadura franquista era la declaracin de nulidad de la Ley de Amnista de 1977.

Algunos camaradas y compaeros y compaeras defienden la Ley de Amnista como una victoria de la izquierda; sin embargo, pasado el tiempo se ve con claridad que realmente fue una manifestacin de su debilidad frente a los sectores reformistas del rgimen franquista. La prueba de ello es que amnistiar a compaeros, compaeras y camaradas es reconocer que cometieron delitos, reconociendo, con ello, la legalidad del franquismo. Pedir la nulidad de las sentencias, al mismo tiempo que la amnista es entrar en una contradiccin absurda. Recientemente, en un acto del Ateneo de Madrid sobre la ruptura del rgimen del 78, dije lo siguiente:

El discurso de Marcelino Camacho en las Cortes el da 14 de octubre de 1977, en el debate para aprobar la Ley de Amnista, cobra sentido tres dcadas despus. En aquel discurso, Marcelino, dijo: Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. (...) Pedimos amnista para todos, sin exclusin del lugar en que hubiera estado nadie . Obviamente, si nuestros muertos estaban todava en las cunetas y se peda amnista para todos, es que se haba pactado el olvido y, por tanto, la impunidad para los franquistas. Con esto no quiero decir que Marcelino fuera una persona deshonesta, todo lo contrario. El hecho de que un militante cuya honestidad est fuera de dudas defendiese la Ley de Amnista es la prueba fehaciente de la existencia del pacto. La ley de Amnista es la piedra angular sobre la que se sustenta el rgimen del 78, su declaracin de nulidad es fundamental para romper la impunidad y con ella el actual rgimen.

Este pacto, tejido con mucha generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo por parte del PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que los tpicos tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la restauracin borbnica, dando como resultado un franquismo sociolgico que impregna todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el principal partido de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los apellidos de muchos de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas y adictos a la dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros de los consejos de administracin de grandes empresas y la banca.

Por todas estas cuestiones, considero que hablar de ruptura del rgimen del 78, sin entender que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo y que hablar de construccin del nuevo sujeto poltico y social alternativo sin entender que la memoria es uno de los principales componentes de la argamasa ideolgica de su construccin, tratndola como un elemento aislado de la poltica, es un grave error. Por eso, considero que ha sido un acierto, por parte del XX Congreso del Partido Comunista de Espaa, incluir estos elementos como ejes centrales de la ruptura democrtica. Esa ha sido nuestra lucha durante ms de tres lustros y seguir sindolo, porque hacer justicia a los defensores de la libertad y la justicia social, cuestiona el actual orden social.

Como activista del movimiento memorialista y militante del Partido Comunista de Espaa, me congratulo, me felicito y felicito a todas y todos los y las camaradas, por esta enmienda aprobada, en especial al camarada que la defendi con valenta y brillantez en el plenario, en la primera fase del XX Congreso del Partido al cual me siento orgulloso de pertenecer. A muchos nos ha hecho sentir que la lucha emprendida hace ahora ms de quince aos ha fraguado, hoy ha sido nuestro Partido el que la ha asumido, el siguiente paso ser que lo haga el Estado.

TEXTO APROBADO POE EL XX CONGRESO DEL PCE

Tesis 12. Los ejes centrales de la ruptura democrtica
.

Frente a la aceptacin de la monarqua, levantamos la reivindicacin de la III Repblica. La Repblica es imprescindible en la construccin del Socialismo. Sabemos que esa sola forma de Estado no lo garantiza de por s. Pero es igual de cierto que el desarrollo socialista es incompatible, antes o despus, con el monarquismo. Por eso un Partido Comunista es republicano consustancial. No accidentalista, como quieren decirse otras formaciones. As, Engels, en su Contribucin a la crtica del proyecto de programa socialdemcrata de Erfurt de 1891, escriba: est absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera slo pueden llegar a la dominacin bajo la forma de Repblica democrtica. Esta ltima es incluso la forma especfica de la dictadura democrtica del proletariado como lo ha demostrado ya la Gran Revolucin francesa.

En el caso espaol sucede, adems, que la Monarqua est particularmente vinculada al bloque -capitalista- de poder dominante. Es una pieza esencial, por los caracteres especficos e histricos conservadurismo acendrado, injerencia militar, nacional-catolicismo, franquismo e impunidad, corrupcin...- de ese bloque de poder en nuestro pas. Ello hace que el republicanismo, en Espaa, tenga unas connotaciones propias, asociadas - tambin histricamente- al avance en derechos polticos, sociales, econmicos y nacionales. No es casual que la II Repblica haya sido, hasta el momento, el perodo de mayor poder poltico de la clase obrera en este pas. Ello explica, asimismo, la brutal reaccin en modo franquista, la cual en su fin, impuso una Monarqua que no pudo ser votada aparte en la Constitucin de 1978; que le fue impuesta a la misma, y que es, en rigor, esa Monarqua, pre-constitucional.


 Y por supuesto, un freno de primera magnitud -como se ha observado singularmente ahora-, para el progreso de la sociedad en el modo en que nosotros, nosotras, comunistas, queremos.


Ello conduce a que la reivindicacin de una III Repblica federal, laica, participativa y solidaria, sea -deba ser- para nuestro Partido, un asunto de gran importancia. Obviamente, no desvinculado, ni negacionista, de otras reivindicaciones polticas, econmicas, culturales... Antes bien, como un hilvn que permite conectar todas, dndoles forma estatal.


Por tanto, la reivindicacin de III Repblica ha de ser constante y consecuente. No se trata tanto de fijar una va -puede haber varias que se complementen: bloque electoral, referndum, mociones parlamentarias, municipales, etc- como de mantener la exigencia republicana en todo momento.

No supeditarla -como a veces hemos visto en este ltimo perodo- a tacticismos, por los cuales, en la bsqueda de pactos con otros agentes, se relega la cuestin republicana, y cuando no se consiguen esos acuerdos, vuelve a ponerse en primer plano, pareciendo oportunista.


La coherencia exige que la reivindicacin de una III Repblica federal para Espaa, no quede nunca frenada por ninguna componenda, y constituya siempre una accin poltica principal para el PCE.


As mismo consideramos un factor esencial, la recuperacin de la memoria democrtica.

Partiendo de la base de que el nico cambio posible y real debe basarse prioritariamente en el cambio de modelo de Estado, es decir, el modelo republicano todo lo que no parte de esta base son simples brindis al sol-, no lo es menos que ese cambio ha de correr paralelo al de la equiparacin jurdica, poltica y social de las vctimas de franquismo. No se abren vas democrticas perdurables manteniendo este dficit y, por tanto, la impunidad que se mantiene sobre los recortes de derecho, delitos y crmenes cometidos durante la dictadura.

Si las recomendaciones realizadas por la ONU que para paliar el caso espaol, son vlidas para formalizar una verdadera reconciliacin y armar definitivamente de contenidos democrticos la convivencia en nuestro pas, es necesario superar sin ms dilacin, las siguientes cuestiones:

Jos Mara Pedreo. Militante del PCE. Miembro de la Junta Directiva de la Federacin Estatal de Foros por la Memoria.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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