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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-05-2017

Detener el genocidio carcelario

Csar Manzanos Bilbao
Rebelin


No nos olvidemos que las crceles espaolas, desde hace dcadas, se gobiernan a golpe de instrucciones y circulares administrativas contrarias frecuentemente a lo establece la Ley y el Reglamento Penitenciario y, por tanto de dudosa legalidad. Cundo considera el Ministerio de Interior que ha de excarcelarse a una persona presa con enfermedad crnica incurable? La Instruccin 3/2017 es el instrumento con el que se pretende adaptar el procedimiento y, en base a esa instruccin, establece de un modo fctico la aplicacin extrajudicial de la condena a muerte en prisin para las personas presas gravemente enfermas cuando el Gobierno afirma que Cabe indicar que existe peligro patente para la vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es de un plazo inferior a 2 meses. Esta es su respuesta del Gobierno a la pregunta formulada en el Senado el pasado 24 de abril.

Efectivamente durante hace demasiado tiempo en el interior de las crceles y por tanto bajo custodia del estado, son miles las personas que han muerto, mueren y morirn dentro de la crcel o, nada ms ser excarceladas, para que muran fuera, segn los datos de los que disponemos, la mayora de fuentes oficiales, solo en las tres ltimas dcadas, ms de 10.000 en el sistema penitenciario espaol. Muchas de ellas en condiciones de aislamiento, la mayora por motivos no naturales. Adems son sobre todo muertes de personas jvenes, de personas enfermas y, en su prctica totalidad, muertes no investigadas. Tras estas muertes existen crnicas y relatos ocultados que tienen un denominador comn, haber sido provocadas por la desidia burocrtica, la desatencin sanitaria, el retraso en su hospitalizacin o excarcelacin, en una intervencin quirrgica o en la aplicacin de un tratamiento mdico especializado, as como la incorrecta aplicacin de los protocolos ante enfermedades infecto contagiosas, problemas de enfermedad mental que provoca la prisionizacin y los casos de riesgo de suicidio.

La experiencia y multitud de informes mdicos nos demuestra que en los casos en que la excarcelacin en el momento que se diagnostica la enfermedad como grave e incurable, es la medida preventiva ms adecuada para garantizar un tratamiento adecuado y el derecho a la salud que no est suspendido en el fallo condenatorio y el aumento de la calidad y esperanza de vida en la persona con una enfermedad grave e incurable. El medio cerrado y las condiciones de encarcelamiento son incompatibles con la necesidad de multitud de personas presas de un tratamiento mdico especializado y/o una hospitalizacin que solo puede brindar el sistema sanitario.

Lo grave es que esta violencia gratuita, se practica en el seno de una institucin que habra de ser modlica en el respeto estricto de las leyes y a los derechos fundamentales, en este caso, a la vida, a la salud, a un trato digno, como elemento ejemplificador para aquellos sujetos que son privados de libertad por transgredirlas. Sin embargo, muy al contrario, la crcel si de algo es ejemplo, es de ser el ejemplo ms descarnado de cmo los poderes ejecutivos del Estado funcionan con demasiada frecuencia al margen de la ley con total impunidad, violando el derecho a la vida y a la salud de personas que dependen totalmente de su voluntad y, lo que es peor, utilizando estos derechos, mediante la privacin o concesin de los mismos, como dispositivo de disciplinamiento, de tortura psicolgica y fsica selectiva, aadidas a la privacin de libertad y como mecanismo para garantizar la gobernabilidad de la propia institucin.

Pero las vctimas de este genocidio carcelario estatal no slo han sido personas encarceladas sino tambin familiares suyos que jams estuvieron imputadas en causa penal alguna. Unas, en calidad de vctimas mortales; otras, de heridas, y muchas ms de maltratadas, han sido agredidas con consecuencias irreparables, por una curiosa arma: la privacin de los derechos reconocidos a sus familiares penalizados y de sus propios derechos ciudadanos, llegando a sufrir una condena a veces con resultado de muerte. Entre estas vctimas invisibilizadas, que nadie quiere contar, y menos identificar, no nos olvidemos, tambin se cuentan criaturas y personas ancianas.

Resulta fundamental coordinarse para investigar este genocidio carcelario a partir de las iniciativas y procesos judiciales interpuestos a lo largo y ancho del estado por algunas de las familias de las vctimas, es una tarea urgente y prioritaria en el nimo de hacer visibles los crmenes de estado, esclarecer responsabilidades, establecer dispositivos para que esto no ocurra y sobre todo brindar apoyo psicosocial a estas miles de vctimas de la violencia ejercida por el estado que no solo no son reconocidas, sino que son ignoradas cuando no criminalizadas. Y tan urgente y necesario resulta tambin crear un modelo de seguridad pblica y de prevencin y lucha contra el delito que no se rija por criterios clasistas, racistas y sexistas. No nos olvidemos que uno de los principales impedimentos para garantizar la seguridad y combatir la delincuencia es el propio sistema policial y penal cuya funcin es garantizar la seguridad del estado y de las lites de poder que lo controlan y no la seguridad de las personas.

Csar Manzanos Bilbao es Profesor en la EHU/UPV, especialista en sociologa del delito y miembro de Salhaketa de Alava.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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