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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-08-2017

Informacin, desinformacin y contrainformacin sobre el Shara Occidental

Pablo A. de la Vega M.
Rebelin


Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, es quizs la expresin ms conocida que es atribuida a Joseph Goebbels (1897-1945), jefe de propaganda del partido (1928-1933) y ministro de Educacin Popular y Propaganda (1933-1945) del rgimen nacionalsocialista, para explicar el impacto y la dimensin de sus principios que contribuyeron a la divinizacin de Adolf Hitler y la creacin de los mitos nazis, mediante un sistema de consignas transmitido por la prensa, la radio, la televisin, el cine, el teatro y la literatura de la poca, bajo un frreo control del partido y el gobierno nazis.

Goebbels y su aparato de propaganda se encargaron de transformar a Hitler de un desconocido dirigente poltico en una figura mesinica, a la que el pueblo alemn fue inducido a brindarle su confianza incondicional y fe ciega, no sin antes ofrecer a Alemania un futuro promisorio en Europa y el mundo.

Los esfuerzos propagandsticos y los de sus frentes militares fueron insuficientes para los fines del nazismo y ste concluy como concluy. Aquel 30 de abril de 1945, Goebbels fue el encargado de incinerar el cadver de Hitler luego de su suicidio y a da seguido l tom la misma decisin, despus de asegurar la muerte de su esposa y sus hijos.

Desinformacin y derechos humanos

El diccionario de la lengua espaola seala que el acto de desinformar es dar informacin intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, mientras que en la Enciclopedia de la Poltica [2], cuyo autor es el jurista y ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos, se seala que desinformar es dar deliberada e intencionalmente informacin incorrecta, a travs de la prensa, con propsitos polticos.

Desinformar, dice Borja Cevallos, es un concepto diferente de subinformar, que quiere decir ocultar informacin a quienes tienen derecho a conocerla o dar informacin insuficiente o incompleta sobre algo con el propsito de manipular la opinin de la gente. Y concluye afirmando que la desinformacin es uno de los procedimientos vedados en el rgimen democrtico.

Desde el punto de vista de las normas y los estndares internacionales de derechos humanos, el derecho a la libertad de opinin y de expresin, incluye el derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitacin de fronteras por cualquier medio de expresin (Declaracin Universal de los Derechos Humanos, Art. 19).

No obstante, ante el uso reiterado y sistemtico de noticias falsas o fake news, por parte de gobiernos y empresas, corporaciones u otros agentes no estatales, un grupo de expertos en derechos humanos, advirtieron que su uso puede conducir a la censura y la supresin del pensamiento crtico, entre otras graves violaciones.

Sobre este tema, los relatores especiales sobre la libertad de expresin y opinin de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), la Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin en Europa (OSCE) y la Comisin Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptaron una Declaracin Conjunta sobre Libertad de Expresin y Noticias Falsas, Desinformacin y Propaganda [3], en cuyo contenido consideran inquietante que la desinformacin y propaganda se implementen para confundir a la poblacin e interferir en su derecho a recibir informacin variada y a formarse su propia opinin.

En este nuevo documento de derechos humanos se expresa alarma por los casos en que las autoridades pblicas denigran a los medios de comunicacin e intimidan a los periodistas aumentando el riesgo de amenazas y violencia, socavando la confianza pblica en el periodismo como actor de vigilancia de la sociedad y empaando la lnea entre la desinformacin y los productos de los medios que contienen hechos verificables de forma independiente.

Mohamed VI y la democracia marroqu

En primer lugar, en pases con una larga tradicin republicana, no deja de llamar la atencin el reconocimiento constitucional al monarca alauita, Mohammed VI, de innumerables ttulos y potestades. Rey de Marruecos, Jefe del Estado y su representante supremo, smbolo de la unidad de la nacin, garante de la perennidad y de la continuidad del Estado y rbitro supremo entre las instituciones. Adems, es considerado como Prncipe de los Creyentes y Presidente del Consejo Superior de los Ulemas.

Segn la Constitucin del 2011, el rey nombra al jefe de Gobierno y a los dems miembros, as como tiene la potestad de destituirlos. Preside el Consejo de Ministros y puede disolver las dos Cmaras del Parlamento, es el jefe supremo de las fuerzas armadas reales, preside el Consejo Superior de Seguridad, acredita los embajadores ante las potencias extranjeras y los organismos internacionales, firma y ratifica los tratados, preside el Consejo Superior del Poder Judicial, ejerce el derecho de gracia, proclama por decreto el estado de excepcin, es el garante de la independencia judicial, designa a los miembros del Tribunal Constitucional y, por ltimo, posee la iniciativa de revisin de la Constitucin.

Desde la perspectiva de las nuevas corrientes del constitucionalismo contemporneo, los arreglos institucionales que plantea la Constitucin marroqu, no garantizan un modelo de democracia participativa, deliberativa, incluyente y con contrapesos entre las funciones del Estado. El rey es la autoridad suprema. La monarqua es el centro del poder.

Y bajo la autoridad suprema y el majzn (el poder central, el gobierno, la administracin y el Ministerio del Interior -recurdese que Dris Basri [4], brazo derecho de Hassan II, padre de Mohammed VI, fue durante veinte aos su ministro del Interior, el smbolo de la represin poltica y la violacin de los derechos humanos-) se sostiene el Estado marroqu, sus grandes estrategias y sus tesis oficiales, entre ellas la del Shara marroqu y el Gran Marruecos, a decir de Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente (Espaa, 1998), un sueo nacional-fascista [5].

El Shara es de los saharauis

El portal del gobierno marroqu describe el relato oficial sobre la Cuestin del Sahara, mediante una serie de inconsistencias histrico-jurdicas y una narrativa donde la ficcin es el eje central de la argumentacin en la que plantea el conflicto como una sencilla cuestin de descolonizacin entre Marruecos y Espaa. Sostiene, entre otras tergiversaciones, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su opinin consultiva de octubre 16 de 1975, reconoci la existencia de vnculos jurdicos y pleitesa entre los sultanes de Marruecos y las tribus saharauis.

En realidad, en el dictamen la Corte lleg a la conclusin de que los elementos e informaciones puestos a su disposicin no demostraban la existencia de ningn vnculo de soberana territorial entre el territorio del Shara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprob que existieran vnculos jurdicos capaces de modificar la aplicacin de la resolucin 1514 (XV) en lo que se refiere a la descolonizacin del Shara Occidental y, en particular, a la aplicacin del principio de la libre determinacin mediante la expresin libre y autntica de la voluntad de las poblaciones del territorio [6].

Tambin hace mencin a que la cumbre tripartita entre Marruecos, Espaa y Mauritania celebrada en Madrid el 14 de noviembre de 1975, dio lugar a la firma de un acuerdo, por el que el territorio del Sahara fue sometido bajo la administracin tripartita, sin decir que a la luz del derecho internacional los Acuerdos Tripartitos de Madrid son ilegales, porque Espaa como Potencia Administradora no poda abandonar unilateralmente sus responsabilidades en el territorio, a espaldas de las Naciones Unidas, en particular del Comit Especial de Descolonizacin, establecido en 1961.

Tampoco se dice que los Acuerdos Tripartitos violan los fundamentos de la Opinin Consultiva, puesto que a Marruecos y Mauritania no se les reconoce soberana alguna sobre el Shara Occidental y como lo sostienen los juristas espaoles Carlos Ruiz Miguel y Roberto Barral [7], tampoco han sido firmados por ninguna entidad o representacin legtima de la poblacin saharaui que es el verdadero actor con derecho a hacerlo.

Estas puntualizaciones, slo para sostener que el pensamiento goebbeliano resurge, planea y se alimenta de las falsedades, la manipulacin y la desinformacin, que provienen de los crculos del poder monrquico marroqu, en un vano intento para influir en la opinin pblica internacional, en contra de las legtimas reivindicaciones del pueblo saharaui.

Represin a la libertad de prensa

Amnista Internacional ha declarado que en Marruecos hay una calculada represin a la libertad de expresin y ha denunciado casos concretos sobre los cuales el gobierno ha sostenido su propia versin, ignorando los llamamientos de las organizaciones de derechos humanos.

El 4 de agosto del 2015, Human Rights Watch y Amnista Internacional afirmaron que las autoridades marroques deban eliminar los obstculos burocrticos que haban impedido que el destacado periodista y escritor satrico Ali Lmrabet publique una nueva revista.

Lmrabet haba publicado los semanarios Demain , en francs, y Doumane , en rabe hasta 2003, cuando un tribunal lo conden a tres aos de prisin y a una multa por insultar al rey, menoscabar la monarqua y poner en peligro la integridad del territorio nacional por artculos, entrevistas y caricaturas publicados en las dos revistas en Casablanca. El tribunal tambin prohibi sus revistas.

Lmrabet fue excarcelado por un indulto real en enero de 2004, aunque el ao siguiente fue declarado culpable de difamacin por calificar a los saharauis que viven en los campamentos de Tindouf, Argelia, de refugiados en lugar de cautivos del Frente Polisario, segn los calificativos utilizados por el rgimen marroqu. El tri bunal conden a Lmrabet a 10 aos de inhabilitacin para ejercer su profesin, en aplicacin de uno de los artculos del Cdigo Penal.

De manera reciente, el 26 de julio del 2017, se conoci a travs de varios medios de comunicacin [8] que el gobierno marroqu expuls a Jos Luis Navazo, director de Correo Diplomtico, y al delegado de ese peridico en Madrid, Fernando Sanz, que cubran las protestas de la regin nortea del Rif, por no disponer de la acreditacin necesaria para ejercer el periodismo en Marruecos; sin embargo, Navazo declar que ha intentado conseguir ante el Ministerio marroqu de Comunicacin, durante siete aos, la credencial de prensa, sin ningn xito.

Restricciones administrativas, procesos judiciales, expulsiones desde diversas ciudades y negativas a desembarcar en los aeropuertos son medidas comunes empleadas por las autoridades marroques en contra de los periodistas que intentan cubrir la situacin social, poltica o las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Marruecos o el Shara Occidental ocupado.

La RASD, una realidad insoslayable

Desde el 27 de febrero de 1976, fecha de la proclamacin de la independencia de la Repblica rabe Saharaui Democrtica (RASD), el pueblo saharaui y su nico y legtimo representante, el Frente POLISARIO, demandan de la comunidad internacional la plena soberana sobre su territorio, a travs del ejercicio de su derecho a la libre determinacin, amparado en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y mltiples resoluciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Comit Especial de Descolonizacin, as como similares pronunciamientos de la Unin Africana e incluso de la Unin Europea, y otras organizaciones internacionales y regionales.

La RASD es miembro fundador y de pleno derecho de la Unin Africana (UA). Ha sido reconocida por ms de ochenta Estados en todo el mundo. Mantiene misiones diplomticas y representaciones del Frente POLISARIO en capitales de pases en todos los continentes.

Ecuador reconoci a la RASD el 14 de noviembre de 1983. La RASD instal su embajada en diciembre del 2015. En aos anteriores la representacin diplomtica saharaui ante el Estado ecuatoriano estuvo a cargo de embajadores concurrentes.

Entre febrero del 2011 y julio del 2015 Ecuador presidi el Comit Especial de Descolonizacin de la ONU, en el que promovi y defendi el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminacin.

Los gobiernos y pueblos del Ecuador y la RASD mantienen una estrecha relacin de amistad y cooperacin, iniciada hace 34 aos.


Notas

[2] Vase: http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=443&termino =

[3] Vase: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2

[4] Vase : http://www.libertaddigital.com/mundo/dris-basri-llega-a-marruecos-para-ser-enterrado-sin-funerales-de-estado-1276312014/

[5] Vase: https://elpais.com/diario/1978/08/30/internacional/273276004_850215.html

[6] Vase: http://www.icj-cij.org/files/case-related/61/061-19751016-ADV-01-00-EN.pdf

[7] Vase: http://www.delsah.polisario.es/sahara-occidental-la-logica-del-tribunal-de-la-haya/

[8] Vase: http://www.publico.es/internacional/marruecos-expulsa-periodistas-espanoles-cubrian-protestas-del-rif.html

Pablo A. de la Vega M., Coordinador de la Asociacin Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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