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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-09-2017

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas considera que Espaa ha hecho "pocos avances en la implementacin de las recomendaciones"
La ONU critica a Espaa por mantener "un patrn de impunidad" sobre las desapariciones del franquismo

Sofa Prez Mendoza
eldiario.es

El informe subraya que el Estado "no ha asumido un rol de liderazgo", lo que mantiene a los familiares "librados a su propia suerte"


La ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno espaol por seguir ignorando las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias cuando visit Espaa en 2013. En un informe, fechado en 7 de septiembre, los expertos se muestran "preocupados" al "constatar que la mayora de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las vctimas "librados a su propia suerte".

"Se observa con preocupacin la permanencia de un patrn de impunidad [...] contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de Espaa", dice el informe, que critica la falta de accin de los tribunales espaoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no solo el Estado est faltando en su obligacin de investigar las desapariciones forzadas sino que, adems, se dan " constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina".

La jueza Mara Servini de Cubra dict en 2014 una orden internacional de detencin preventiva y extradicin contra el exministro franquista Rodolfo Martn Villa y otros 19 imputados por crmenes durante la dictadura que hoy, tres aos despus, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, dice el informe, ha contribuido el Estado espaol con decisiones como la que tomada por la Audiencia Nacional cuando deneg un exhorto diplomtico librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados entre ellos Martn Villa sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el exministro franquista ha logrado finalmente su propsito de ir a declarar a Buenos Aires sin riesgo de ser detenido.

El grupo de trabajo, que lleva comunicndose con Espaa desde 2002, enfoca las crticas ms duras al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no "actuar con la debida urgencia y celeridad" ni "asumir un rol de liderazgo para asegurar una poltica de Estado en este tema como se haba recomendado en el informe de visita". Se refiere concretamente, y no es la primera vez, a la financiacin de exhumaciones y procesos de identificacin de los restos para que "estos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autnomas, as como de particulares o asociaciones privadas".

Desde que Rajoy lleg al Gobierno en 2011, los presupuestos generales del Estado no han destinado ni un euro a cuestiones relacionadas con Memoria Histrica, pese a que hay unas obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda el informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista precedente sin suerte de continuacin est el mapa de las fosas comunes, que lleva desde 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba 2.000 sin abrir, aunque estos datos son les parecen optimistas a las asociaciones de vctimas. La lista que recibi Baltasar Garzn para estudiar si era competente o no para investigar los crmenes franquistas alcanzaba los 130.000 desaparecidos.

El informe hace mencin expresa al Valle de los Cados y "lamenta" que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el informe de la Comisin de Expertos para el Valle de los Cados de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados inst en mayo al Gobierno a exhumar de all los restos de Francisco Franco con la oposicin del PP y ERC. El Ejecutivo no ha movido ficha desde entonces, y tampoco tiene obligacin de hacerlo porque se trata de una iniciativa no vinculante que precisa, adems, de dotacin presupuestaria.

Tambin se refiere el grupo de expertos a la reforma del Cdigo Penal. "La tipificacin de la desaparicin forzada incluida por la reforma no es plenamente compatible con la Convencin para la proteccin de todas las personas forzadas". Se refiere a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada a la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia para rechazar denuncias de particulares. El Juzgado de Primera Instancia e Instruccin n1 de Soria se neg por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936.

90 das para presentar un cronograma

El documento de recomendaciones que emiti el mismo grupo de trabajo en 2013 tras la visita del grupo de trabajo a Espaa urga a "eliminar los obstculos jurdicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crmenes o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera ms activa y urgente en la determinacin del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial nfasis en la "urgencia y celeridad" debido a "la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos".

Cuatro aos despus, la situacin es la misma. Y ante este incumplimiento, el informe da un plazo de 90 das al Estado para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarn a cabo para implementar las recomendaciones an pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas".

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-impunidad-desapariciones-franquismo-Espana_0_685582224.html


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