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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-09-2017

Viaje al corazn de Vaca Muerta
Del "consenso de los commodities" al "consenso antiindgena"?

Maristella Svampa
Nueva Sociedad


El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmera nacional en la desaparicin forzada de Santiago Maldonado, y ms an, la negacin sistemtica del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1 de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberacin del lonko (lder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis poltica. Por un lado, la desaparicin puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino tambin el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno a los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparicin forzada de miles de personas bajo la ltima dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaa poltica meditica de carcter antiindgena, la crisis termin por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

Vaya a saber cmo evolucionar la indagacin de la justicia, ante el llamado a declaracin de los gendarmes presentes en la represin que culmin con la desaparicin de Maldonado y cmo esto impactar en las elecciones parlamentarias de octubre, que supuestamente confirmaran el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dej en claro una estrategia poltica que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, adems de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que los mapuches no son argentinos, sino chilenos o que han exterminado a los tehuelches, los supuestamente verdaderos originarios de la regin. La campaa de demonizacin est ligada a la apuesta explcita que el gobierno de Macri hizo por la profundizacin del modelo extractivo, basado en la explotacin de combustibles no convencionales, la megaminera a cielo abierto, la multiplicacin de represas hidroelctricas y la expansin de cultivos transgnicos, a lo cual hay que aadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indgenas y no indgenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

El caso es que desde fines de 2015 la situacin de las comunidades indgenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indgenas encarcelados en situacin irregular, entre ellos el wichi Agustn Santilln, detenido y encarcelado en la provincia nortea de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, as como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crmenes de una enorme gravedad y est en proceso el pedido de extradicin de Chile. La agresiva campaa poltico-meditica que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia poltica, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arranc a principios de ao y fue nota central de dos de los principales diarios del pas.

Las comunidades mapuches estn repartidas por el inmenso territorio patagnico, en las provincias de Neuqun, Ro Negro y Chubut. Despus de la llamada campaa del desierto, en 1878, que extermin una parte de los indgenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como trabajadores rurales, considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.

Hace unos das tuve la oportunidad de visitar Aelo y Campo Maripe junto con la Confederacin Mapuche de Neuqun. Se trata de una de las organizaciones indgenas ms slidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y poltico que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, as como el fortalecimiento y difusin de su cultura. Las relaciones de la Confederacin Mapuche con el poder poltico, econmico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logr un triunfo histrico, al incorporar en la reforma de la Constitucin neuquina un artculo que reconoce la preexistencia tnica y cultural de los pueblos indgenas, as como el reconocimiento jurdico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lgica del capital extractivista est lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indgenas (ODHPI), destacaba que, solo para el caso de Neuqun, haba 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpacin), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas estn ligadas a derechos reconocidos jurdicamente, como los reclamos de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente.

Mi presencia en el corazn de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados pases, estuvo vinculada a la realizacin de un acto de desagravio por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolferos Fiscales (YPF), el cual abri las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuqun. Quiz pocos lo recuerden, pero la aprobacin de dicho convenio por parte de la legislatura neuquina (que deba refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernndez de Kirchner), rompi con todos los protocolos democrticos e incluso tir por la borda la intensa retrica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represin una de las peores del ciclo kirchnerista sobre una nutrida movilizacin compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos polticos de izquierda y estudiantes.

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposicin de centro como de derecha acompaaron su decisin. Ms all de las desprolijidades, el Consenso de los commodities, como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuqun como la nueva Arabia Saudita. En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la ms grande formacin de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visin sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminera, Argentina apostara a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementacin de una tcnica tan controversial a escala global, a travs de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la cada de los precios internacionales del petrleo habra de poner freno la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impedira el inicio de un proceso de reconfiguracin social y territorial, con sede en Aelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Aelo todo est listo para (volver a) arrancar, cuando se de la seal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petrleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversin de las grandes corporaciones globales.

La regin de Vaca Muerta est lejos de ser un territorio vaco, tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. All se asientan de modo disperso unas veinte comunidades indgenas. Y en funcin de los derechos colectivos reconocidos por la Constitucin nacional y las normativas internacionales, los mapuches estn lejos tambin de ser meros superficiarios, como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. As, a raz de las protestas llevadas a cabo por la Confederacin Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuqun debi reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, seala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectreas pero el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensin es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este ao, la gendarmera irrumpi en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotacin de YPF-Chevron; y hace unos das, un fiscal declar en rebelda a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusacin de usurpar un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

Este es un ejemplo, pero son muchos ms los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografa del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compaas como Chevron o Halliburton, propietarios como el britnico Joseph Lewis o grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos aos el avance de la lgica depredadora del capital deba convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, an en contra de lo que las propias polticas del kirchnerismo impulsaban, tambin inclua los derechos de los pueblos indgenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancion la ley 26.160, que prohbe los desalojos de las comunidades indgenas de las tierras que ocupan y ordena la realizacin de un relevamiento territorial.

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. No solo el racismo contra los indgenas sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que ste cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaa antiindgena contra los mapuches es una clara ilustracin pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicacin. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asocindolos a la violencia, y creando las bases de un consenso antiindgena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonizacin se agrega que hace unos das el Senado de la Nacin, con el voto activo del oficialismo y la abstencin de una parte de la oposicin (que incluy al kirchnerismo), rechaz tratar con urgencia la prrroga de la ley 26.160, que vence a fines de 2017.

Hoy ms que nunca la prrroga de dicha ley exige el fin de la indiferencia y la adopcin de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indgenas. Dicha intervencin no solo permitira desmontar el consenso antiindgena que se pretende instalar; tambin habilitara un dilogo necesario y democrtico con las comunidades indgenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervencin de la sociedad civil posibilitara abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.

http://nuso.org/articulo/del-consenso-de-los-commodities-al-consenso-antiindigena



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