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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2017

Autodeterminacin y Estado federal

Francisco Fernndez Buey
El Viejo Topo

Primeros epgrafes del texto Autodeterminacin y Estado federal, publicado en el libro Sobre federalismo, autodeterminacin y republicanismo (El Viejo Topo, 2015)


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A la vista del papel jugado por Izquierda Unida en la Declaracin de Estella que ha precedido a la actual tregua en el Pas Vasco muchas personas se preguntan si se puede estar a la vez a favor del derecho a la autodeterminacin y a favor de un estado federal en lo que llamamos Espaa.

Nuestra respuesta a esa pregunta es afirmativa: s, se puede. No es la nica respuesta posible, pero es una respuesta plausible y se puede argumentar con coherencia desde la izquierda. Eso es lo que voy a intentar hacer aqu.

El reconocimiento del derecho a la autodeterminacin de pueblos, naciones, etnias y culturas no tiene por qu identificarse con nacionalismo, y menos con nacionalismo polticamente organizado. De hecho, la mayora de las corrientes de la izquierda no-nacionalista ha defendido tradicionalmente el derecho a la autodeterminacin.

No me parece buen argumento sacar a colacin en este contexto, como a veces se hace, los efectos de la globalizacin econmica, la crisis del estado-nacin, las dependencias de las burguesas perifricas respecto de las empresas transnacionales, las constricciones del Tratado de Maastrich/Amsterdam etc., etc,. para acabar concluyendo que, en tales condiciones, el derecho a la autodeterminacin de los pueblos es anacrnico. Es verdad que esas circunstancias obligan, o pueden obligar, a concretar en la prctica la forma de ejercicio del principio, pero no lo niegan sin ms.

Para evitar equvocos hay que decir que el derecho a la autodeterminacin no es contemplado en la actual Constitucin espaola y que la definicin del mismo que dio la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en una lnea predominantemente anticolonialista y antirracista, slo sera aplicable al actual estado espaol mediante una lectura jurdico-poltica muy restrictiva. Por eso, para lo que aqu nos interesa, conviene entender el derecho a la autodeterminacin como solucin democrtica posible para los colectivos o realidades nacionales diferenciadas dentro de los Estados actuales y, en tal sentido, adoptar la definicin del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos de 1966.

Se entiende entonces la autodeterminacin como derecho de los pueblos a establecer libremente su condicin poltica y a proveer a su desarrollo econmico, social y cultural. Esta caracterizacin obvia la difcil cuestin de definir nacin, pero admite que el derecho a la autodeterminacin no concierne slo a los individuos sino tambin a las colectividades que tienen unas mismas races cultural-nacionales.

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Es importante aadir, porque ltimamente hay muchos equvocos sobre esto, que la defensa del derecho a la autodeterminacin se ha hecho siempre desde la izquierda por razones democrticas: por respeto a las diferencias en el mbito internacional, en un contexto colonial, y por respeto a las minoras culturales en el mbito de los estados plurinacionales o multitnicos en los que una sola nacin apareca o se presentaba como la nacin titular del Estado.

Tambin se debe precisar que, desde la izquierda, el derecho a la autodeterminacin se ha defendido siempre como un derecho colectivo (de los pueblos, comunidades o formaciones culturales), no nica ni principalmente como un derecho individual, de las personas individualmente consideradas. Es un error decir que, en esto de la autodeterminacin, no hay derechos colectivos. Y es una falacia implicar, en el actual debate sobre la autodeterminacin en Espaa, que slo hay derechos individuales, porque eso es tanto como estar diciendo que la mayora absoluta del conjunto de los ciudadanos del Estado tiene derecho (precisamente por ser la mayora) a negar de hecho la autodeterminacin a los ciudadanos de nacionalidades, culturas o colectivos minoritarios. Si as fuera no habra nada ms que discutir.

Para hablar con justicia y ecuanimidad sobre este asunto todava hay que aadir otras dos cosas.

Una: en ocasiones la izquierda socialista y comunista ha afirmado terica y programticamente el derecho de los pueblos a la autodeterminacin y luego lo ha negado u olvidado en la prctica. Nuestra Constitucin actual es resultado, entre otras cosas, de esa negacin y de ese olvido. Pero sera una injusticia hacer cargar ahora a toda la izquierda con esa culpa de 1978. Una parte de la izquierda de entonces que est en la izquierda de hoy no vot la Constitucin (entre otras razones por esa razn), una parte de los nacionalistas de ayer que estn en el nacionalismo de hoy s votaron la Constitucin (por posibilismo, por pragmatismo o por otras razones que no son aqu del caso)*. Y todos, o casi todos, hicieron lo que hicieron en 1978 constreidos en gran parte por las imposiciones del ejrcito espaol.

Dos: una parte de la izquierda de ayer (incluida una parte de la izquierda que defendi el derecho a la autodeterminacin) no fue federalista sino unitarista o estatalista. En Espaa y fuera de Espaa. Casi todas las corrientes de la izquierda han corregido ese punto de vista en las dos ltimas dcadas. No hay razn para considerar este dato, que en un estado plurinacional y multilingstico es favorable en general, como un motivo de enfrentamientos electoralistas hoy, pues en la prctica, si uno no quiere usar las palabras como espantajos, hay menos distancia entre federalismo y confederalismo (en sus diversas formas posibles) que entre separatismo y defensa del estado unitario.

Lo que de verdad importa para una izquierda que afirma a la vez el derecho a la autodeterminacin y la posibilidad de configurar un Estado federal es aclarar qu quiere decir con esas palabras en concreto, aqu y ahora. Pero antes de entrar en las concreciones una fuerza democrtica de izquierdas debe dejar claro este principio: que por encima de su propia opcin -la federal en el caso de Izquierda Unida- est el reconocimiento del derecho a la autodeterminacin, cuyo ejercicio incluye la posibilidad de que quienes se autodeterminan estn por la independencia o la confederacin. Creo que se puede decir que la aceptacin de este principio es el punto que distingue hoy a IU de otras fuerzas sociopolticas que se declaran federalistas. Y el punto a partir del cul se puede mantener con coherencia la opcin en favor de una salida poltica negociada al conflicto vasco, que, obviamente, no es slo conflicto entre vascos.

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Parece evidente que la respuesta a la pregunta sobre quines se autodeterminan o son sujetos del derecho a la autodeterminacin condiciona ya, al menos en parte, la propuesta acerca de quienes se federarn en un futuro Estado.

Si la respuesta a esa pregunta es simplemente se autodeterminan los individuos o las personas del conjunto del Estado actual, no hay tema. Una respuesta as niega el problema. Se puede decir, desde luego, que sera muy buena cosa que los individuos o las personas se autodeterminaran respecto de este Estado (o de cualquier otro Estado), pero entonces entramos en otro asunto. Ese otro asunto es importante, pero no es el asunto del que se trata cuando se est hablando de una nueva configuracin del Estado.

Si la respuesta a esa pregunta es se autodeterminan todas y cada una de las actuales comunidades autnomas, entonces, evidentemente, hay tema, pero iramos a parar adonde ya fuimos a parar en 1978 con alguna que otra complicacin jurdico-poltica adicional. Subsumir el derecho a la autodeterminacin en el todos tienen el mismo derecho y afirmar luego que todos deben federarse equivale a negar de hecho el ejercicio del derecho a la autodeterminacin a quienes lo pedan previamente.

Parece, pues, que lo sensato es restringir el derecho a la autodeterminacin a aquellas comunidades cuyos ciudadanos han manifestado ya en otras circunstancias histricas su deseo de autodeterminarse: Euskadi, Catalua y Galicia. Y luego discutir, en concreto, qu quiere decir hoy en da, y en nuestro marco geogrfico, autogobierno pleno.

Es cierto que esta restriccin implica una discriminacin. Pero hay una manera razonable de argumentar a favor de esta discriminacin sin herir a los dems. Esa manera no es discriminar por el nombre, entre comunidades histricas y las otras (puesto que las otras son tan histricas como stas), sino a partir de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de las distintas comunidades: como hay dudas fundadas sobre si la mayora de los ciudadanos de estas tres comunidades querran o no federarse en un Estado llamado Espaa est justificado conceder el derecho y preguntar sobre ello. En cambio, no parece haber dudas sobre las preferencias de la mayora de los ciudadanos del resto de las comunidades actuales. Y, en todo caso, si por la razn que fuera esas dudas surgieran ahora podran tratarse aparte y atenderlas convenientemente.

Este planteamiento da por supuesto que en el actual Estado plurinacional y plurilingstico de las autonomas hay, tendencialmente, cuatro comunidades (no es necesario emplear la palabra nacin en este contexto): Euskadi, Catalua, Galicia y Espaa. Afirmar, como a veces se hace, que las tres primeras comunidades son naciones y la cuarta no lo es slo sirve para desviar la cuestin hacia esencialismos histricos y para provocar reacciones en cadena de nacionalismos inexistentes o casi (castellano, aragons, andaluz, extremeo, etc., etc.) que siempre acaban dando, antes o despus, en espaolismo encubierto, o, mejor dicho, en anticatalanismo y antivasquismo que se hace espaolista por exclusin. Las declaraciones recientes de Jordi Pujol en el primer sentido y de Rodrguez Ibarra y Pedro Pacheco* en el segundo se retroalimentan y confirman que ese es un mal planteamiento.

En vez de partir de consideraciones historicistas se puede partir, tambin en esto, de presunciones basadas en preferencias actuales. Puede ser que la mayora de los catalanes, vascos y gallegos se considere hoy en da (por motivos distintos) espaoles, pero no hay por qu dar eso por supuesto. Son muchos los catalanes, vascos y gallegos que no se consideran espaoles, al menos en primera instancia. En cambio, parece razonable pensar que si Espaa fuera la pequea Espaa la mayora de los ciudadanos de la mayora de las comunidades del actual estado de las autonomas no veran problema y tal vez la mayora de los ciudadanos de las otras tres comunidades (Catalua, Euskadi y Galicia) podran sentirse a gusto en la Federacin resultante. No se puede afirmar que eso taxativamente, pero es una presuncin razonable a tenor de lo que dicen las encuestas y se oye en la calle.

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 Si se admite la presuncin anterior, basada en una interpretacin de las preferencias manifestadas por las poblaciones, entonces se puede concretar algo ms sobre la consideracin del futuro estado desde el punto de vista poltico y jurdico, y particularmente sobre la diferencia entre las comunidades llamadas impropiamente histricas y las otras. A la hora de concretar el tema lingstico, aunque no exclusivo, es importante. De modo que lo ms sensato, atendiendo a la historia y al presente de eso que llamamos Espaa, seguramente sera una federacin de cuatro estados (Euskadi, Catalua, Galicia y Espaa).

Es posible, sin embargo, que, tambin en este caso, lo mejor acabara resultando enemigo de lo bueno: es discutible si el resto de los ciudadanos de las comunidades autnomas implicadas (y en particular Canarias, Baleares, el Pas Valenciano y Andaluca) se sentiran a gusto en lo que pasara a ser la pequea Espaa en una federacin de cuatro estados o comunidades. Caben, desde luego, otras opciones. Por ejemplo, un estado confederal con federaciones previas, libremente aceptadas, entre comunidades prximas por razones lingstico-culturales o de otro tipo, un estado federal asimtrico, etc.

No se puede ocultar que cualquiera de esas opciones es problemtica. La federalizacin de todas las actuales comunidades autnomas en pie de igualdad es problemtica por la reticencia a ello existente en una parte importante de las poblaciones de Catalua, Euskadi y (tal vez) Galicia. La confederacin de cuatro estados es problemtica por la reticencia existente a quedar integradas en el cuarto entre la poblacin de Andaluca, Canarias, etc. as como por la divisin de la poblacin en Pas Valenciano, Baleares y Navarra. El federalismo asimtrico es problemtico por el temor, manifestado en las comunidades ms pobres, en el sentido de que tal solucin agrandara las diferencias socioeconmicas ya existentes.

La problematicidad de cualquiera de estas opciones tiene que ser asumida de entrada. Si no hubiera problema no estaramos hablando del asunto. Pero esta problematicidad no tendra por qu ser dramtica en un marco en el que se establecieran previamente tres requisitos:

1 un pacto explcito para la reforma constitucional;

2 el compromiso de articular consultas populares directas con preguntas claras y sencillas al respecto.

3 el compromiso de respetar todos los resultados de estas consultas.

Al concretar ahora sobre este punto parece ms importante establecer los requisitos mencionados que entrar en el detalle sobre la articulacin jurdico-poltica del federalismo (puesto que caben diferentes formas posibles de federalizacin).

Un estado federal, libremente aceptado, que no fuera la simple prolongacin del actual estado de las autonomas (por el procedimiento de llamar estados a las actuales comunidades o el caf para todos, que se dice) debera corregir a la vez dos tipos de injusticias histricas: la lingstico-cultural y la econmico-social.

Puesto que partimos de esa doble desigualdad realmente existente, el federalismo que se propugna tendra que basarse tambin en una doble discriminacin positiva: a favor de las comunidades con lengua propia distinta del castellano y a favor de las comunidades comparativamente en peor situacin econmico-social. Un federalismo asimtrico que slo contemplara la primera discriminacin positiva sera socialmente injusto; un federalismo asimtrico que slo contemplara la segunda discriminacin positiva sera poltico-culturalmente injusto. Pero un federalismo sin ms, que no contemplara ninguna de las dos discriminaciones positivas, dejara abierto el problema que la propuesta de un nuevo modelo de estado aspira a resolver. Un federalismo realmente solidario sera aquel que tratara de corregir a la vez los dos tipos de desigualdades histricas.

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Desde el punto de vista estrictamente poltico se est discutiendo mucho en los ltimos tiempos (y no slo en Espaa) sobre el tipo de federalismo ms adecuado. En lneas generales puede decirse que la izquierda europea, en la lucha por la igualdad social, ha ido pasando del jacobinismo al federalismo por atencin a la importancia que tiene el respeto a las diferencias histrico-culturales, en el marco de estados-nacin pluriculturales.

Hoy parece estar imponindose en diferentes mbitos la propuesta de un federalismo cooperativo y solidario. Por federalismo cooperativo se entiende, sobre todo en Italia, la potenciacin de las autonomas territoriales con posibilidad de acuerdos interregionales en el marco estatal y europeo dentro de los mbitos no reservados al Estado (mbitos an por definir con precisin, dada la crisis del estado-nacin tradicional), autonomizacin financiera de los entes regionales locales, transformacin del Senado en una Cmara de las regiones (o nacionalidades) y compromiso de solidaridad interregional. Esta propuesta incluye lo que se llama federalismo fiscal. El federalismo fiscal se suele presentar ahora como una implicacin del Estado ligero, en la medida en que ste transferira funciones a los niveles inferiores de gobierno. Es en ese sentido en el que se dice a veces que el Estado espaol de las autonomas es ya federalizante o cuasifederal.

En el caso de estados plurinacionales y plurilingsticos, como es el nuestro, el federalismo cooperativo tendra que aadir a eso el reconocimiento extraterritorial de las lenguas de las nacionalidades que no son la propia de la nacionalidad titular del Estado, esto es, una reforma constitucional que reconozca el derecho de cualquier ciudadano a expresarse en su propia lengua en sus relaciones con las administraciones del Estado en determinados servicios as como el derecho de los representantes pblicos a expresarse en su propia lengua en el seno de la institucin respectiva.

Todo lo cual constituye un minimum que, vistos los programas de los partidos polticos del arco parlamentario, podra ser generalmente aceptado (con la salvedad, en unos casos, de reservarse el derecho a la confederacin y con la salvedad, en otros, de que el reconocimiento del derecho a la autodeterminacin garantice constitucionalmente el potencial ejercicio de la independencia). Si la tregua en el Pas Vasco se consolida y se dejan a un lado las truculencias electoralistas en curso, no se ve motivo de fondo que impida discutir y negociar racionalmente sobre el abanico de posibilidades que van desde el federalismo as entendido a la confederacin. Lo importante en ese debate es que quede claro hasta dnde se quiere llegar y qu es lo que se est dispuesto a pactar.

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Una complicacin adicional del problema se deriva de la composicin actual de las poblaciones de Catalua y el Pas Vasco, una parte sustancial de las cuales procede de la inmigracin de trabajadores castellanohablantes y de lo que ha sido hasta hace poco tiempo la administracin y la organizacin de la justicia, la enseanza, la sanidad, etc. en un estado unitario o en un estado de las autonomas en el que el Tribunal Constitucional tena que resolver sobre la marcha conflicto por conflicto en torno a competencias.

Tambin ese punto conviene empezar disipando equvocos y lugares comunes muy extendidos.

En la situacin actual es temerario considerar como un todo homogneo este segmento de trabajadores y funcionarios cuya lengua propia o principal ha sido el castellano en Catalua y en Euskadi. Es tambin temerario liquidar el asunto por el procedimiento de declarar que tales flujos migratorios terminaron en los aos setenta y que la integracin en el lugar de recepcin se ha concluido. Los datos sociolgicos y sociolingsticos disponibles a este respecto indican, ms bien, que existe un amplio abanico de actitudes que no se corresponden necesariamente ni con la conciencia de una nueva nacionalidad ni con la conciencia de una nacionalidad dual. La nica presuncin que parece plausible en este punto es que la gran mayora de los trabajadores inmigrantes y la gran mayora de funcionarios de lengua castellana no se sienten en Catalua o en el Pas Vasco como si estuvieran en otro estado (en Francia, Alemania o Suiza, por ejemplo). Y si esto es as no es exagerado suponer que tal status (y la percepcin del mismo) tendera a cambiar en una federacin de estados. Es lgico, por tanto, que una propuesta federal aborde tambin con concrecin este cambio preguntndose cmo se reconocen los derechos de las minoras castellano-hablantes en las comunidades que, federndose, postulan la existencia de una lengua propia.

En el mbito de las instituciones polticas el problema es menor: bastara con garantizar el uso normalizado, oral y escrito, del euskera, cataln y gallego en el parlamento federal y el uso normalizado del castellano en los parlamentos vasco, cataln y gallego. La primera cosa obliga a una correccin que tal vez ni siquiera necesite ser constitucional, sino meramente reglamentaria. La segunda cosa slo obliga a la correccin de actitudes, puesto que (con la excepcin de algunos incidentes menores en el Parlament de Catalua) ya es normal el uso del castellano en los debates que tienen lugar en estos parlamentos. Y, por lo dems, es de suponer que la correccin de actitudes contrarias al uso del castellano en estos parlamentos, en nombre de la lengua propia, se derivara fcilmente de la otra garanta: la de poder usar con normalidad las otras lenguas en el parlamento federal.

Ms concrecin exige, en cambio, la resolucin de esos problemas en el mbito administrativo, de la enseanza y de la administracin de justicia, por ejemplo. Tambin en este caso parece que es prematuro entrar aqu en el detalle, pero se pueden adelantar algunas sugerencias. Para facilitar la discusin se podra proporcionar a los afiliados de IU federal los materiales del debate que ha tenido lugar sobre uno de estos asuntos (el de la administracin de justicia) en el mbito de Jueces por la Democracia y/o algunos otros materiales recientes sobre el concepto de lengua propia en comunidades (como Catalua y Euskadi) en las cuales la primera lengua de una parte importante de la poblacin sigue siendo el castellano.

Hay una tendencia en curso, razonable y procedente de mbitos distintos, a revisar el concepto de lengua propia en situaciones as. Lo razonable de esta revisin en curso es que no niega el carcter prioritario (por motivos histricos) de la lengua de la comunidad (cataln o euskera), sino que, de una parte, abandona el esencialismo lingstico aceptando que la otra lengua tambin es propia y, de otra parte, acepta que, en el contexto actual, siguen siendo necesarias, y justas, medidas protectoras (la llamada discriminacin positiva) en favor de la lengua (histrica) de la comunidad correspondiente. Es interesante el que esa revisin del concepto de lengua propia se est produciendo no en un mismo mbito ideolgico-poltico sino en mbitos diferentes y con conclusiones poltico-ideolgicas distintas. Pues eso prueba, indirectamente, que se puede tratar el asunto de las lenguas con cierta independencia de las convicciones poltico-ideolgicas.

Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/autodeterminacion-y-estado-federal/  



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