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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-11-2017

El relato politico-televisivo del auto que manda a prisin al Govern de Catalunya

Paz Francs Lecumberri
Rebelin


Como se sabe la Magistrada del Juzgado Central de Instruccin n 3 Carmen Lamela envi este jueves 2 de noviembre a prisin, de forma provisional, comunicada y sin fianza a Oriol Junqueras, Jordi Turul, Ral Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, D Maritxell Borrs, Joaquin Forn y a Carles Mund. Desde una perspectiva jurdica son muchas las crticas que se pueden hacer a este Auto. Una de ellas es la manifiesta falta de motivacin para imponer la medida cautelar ms grave que existe en nuestro ordenamiento jurdico a estas 8 personas. Segn Lamela concurren los requisitos que se exigen para su imposicin y sin embargo no dice por qu en su escrito. Una segunda crtica viene de la posibilidad de haber suspendido las declaraciones en atencin al derecho de defensa de los investigados. Tampoco hizo esto Lamela y ms bien al contrario considera que es suficiente con que los investigados puedan declarar cuantas veces quieran.

Pero tal vez la crtica ms aguda de las que se pueden hacer es cmo el Auto menciona los delitos que presuntamente han cometido estas personas: delito de rebelin, delito de sedicin y malversacin, pero no desgrana los elementos que componen cada uno de estos delitos y simplemente relata los hechos acontecidos en Catalua desde el ao 2015 como si fuese la redactora de las noticias de las ms populares cadenas televisivas espaolas. En este sentido el Auto es sorprendentemente poco riguroso y combina con una normalidad pasmosas un relato de hechos que en cualquier pas democrtico sera un ejemplo de un proceso de toma de decisiones y de gobernar obedeciendo al pueblo, con elementos emotivos que se han reproducido constantemente en los medios de comunicacin oficiales.

As, por ejemplo, el Auto afirma cmo tras las elecciones autonmicas de septiembre de 2015 el Govern hizo pblico que su objetivo era lograr la independencia de Catalua en 18 meses, realizando un referndum sobre esta cuestin previamente y detallando los pasos a seguir para llevar a cabo un proceso constituyente. Proceso constituyente que, por cierto, se recoga en el programa poltico de Junts Pel Si, CUP y Podem Catalua y que representa la amplia mayora de la cmara del Parlament de Catalunya. Hasta aqu, desde la perspectiva de los derechos polticos parece que no haya nada extrao, ms bien al contrario.

Pero seguido a esto en el Auto se afirma literalmente que: De esta forma, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentista (ANC y mnium) que llevara a la celebracin del Referndum ilegal el da 1 de octubre y a la declaracin de independencia aprobada en el parlamento el pasado da 27 de octubre y mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexin, la actuacin a travs de los movimientos populares, auspiciada por los anteriores, iba encaminada a crear en la ciudadana un sentimiento de rechazo hacia las instituciones espaolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las rdenes emanadas de ellos y para permitir, cuando fuera necesario, la movilizacin social para respaldar la consecucin de los fines independentistas. Desde luego estos prrafos, as como otros que se podran transcribir aqu, parecen sacados de la mejor prensa amarilla, o a estas alturas, de cualquier peridico de tirada nacional de todo signo poltico.

La cuestin es que ms all de todo esto en el Auto no hay ni una mencin a los elementos que se exigen para que concurran estos delitos: fundamentalmente la violencia. El delito de rebelin exige que la persona o persona se alcen violenta y pblicamente y el delito de secesin que el alzamiento sea pblico y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vas legales la aplicacin de las leyes.

Pues bien, es ms que evidente que nada de esto ha pasado ni est pasando en el proces cataln, un proceso ciudadano que desde hace aos se est mostrando al mundo como sumamente pacfico, constante y responsable frente a la negativa permanente a ser tomados en serio.

De hecho, en su escrito, la Jueza Lamela, solo es capaz de nombrar cmo en una ocasin en los das 20 y 21 se septiembre, cuando se llevaron a cabo las diligencias de entrada y registro dentro de la operacin de impedir la consulta en Catalua del I-O, algunos congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla as como impidieron a los agentes abandonar los edificios tras los registros porque haba personas sentadas en los coches y furgonetas. Por tanto, como deca al comienzo, se pueden hacer muchas crticas al Auto pero la fundamental es que estas personas NO HAN COMETIDO NINGN DELITO ni de rebelin ni de secesin.

Hay una ltima cuestin que quisiera hacer notar y es cmo el relato de hechos del Auto rezuma todo el rato algo que est presente en todos los partidos ahora denominados ampliamente como constitucionalistas: esto se trata de una farsa de una serie de personas que manipulan a la ciudadana de Catalua. Desde el PP hasta PODEMOS, aplicando el mismo art. 155 interno de la organizacin a Podem Catalua, la realidad es que fuera de Catalua se sigue rechazando sistemticamente lo que se decide all por su gente.

Es por esto que tambin sorprende cmo cuando aparece el elemento de la represin dura de la mano del Derecho penal -porque la blanda ya se ha utilizado antes de mil formas distintas!- utilizando los mismos relatos de hechos que en la plaza poltica, nos echemos las manos a la cabeza. Efectivamente el salto es cualitativo, es ms aqu se ha afirmado que no existe ningn delito que hayan cometido estas personas. Pero eso como se sabe no importa porque este recurso se ha usado sistemticamente desde el 78 para reprimir y controlar todo tipo de protesta y propuesta que se excedan del statu quo con las mximas de las durezas y excepcionalidades, y de esto en nuestra tierra sabemos un rato

Frente a lo anterior la respuesta ha sido y seguir siendo tambin maana el uso de la desobediencia civil como una herramienta de participacin poltica. Toda legalidad tiene un momento constituyente, a veces a legal o incluso totalmente ilegal, pero la legitimidad en este caso es incuestionable y la dan los tres millones de catalanes que pusieron urnas.

Paz Francs Lecumberri. Profesora de Derecho Penal de la Universidad Pblica de Navarra.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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