Portada :: Espaa :: Crisis poltica en Catalua
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-11-2017

Presos polticos

Carlos Fernndez Liria
Cuarto Poder

Si la nica salida es encarcelar a los cargos electos que representan a la mitad de los votantes, debe ser considerado un fracaso flagrante de la legalidad vigente


Se ha criticado mucho a Pablo Iglesias por hablar de presos polticos. Ha dicho que se avergenza de vivir en un pas que encarcela a los opositores. Los aspavientos escandalizados con que se han recibido estas declaraciones no me parecen convincentes. Se dice que aqu no se encarcela a nadie por sus ideas polticas, pero es que las dictaduras tampoco lo hacen. Mi padre, por ejemplo, tena sin duda ideas comunistas en su cabeza, pero nunca tuvo ningn problema con la legalidad franquista, porque nunca hizo cosas ilegales respecto a esa legalidad.

Los miembros del Govern encarcelados son presos polticos. Qu si no? Polticos presos, como se repite machaconamente en los medios de comunicacin y desde los cargos del gobierno? Ignacio Gonzlez es un poltico que est preso por corrupcin. l no llevaba la corrupcin en su programa electoral, no rob lo que rob por mandato de sus votantes y sus votantes es de imaginar no se corresponsabilizan de esos actos delictivos. Los miembros del Govern que han sido detenidos, cumplan sin embargo un mandato electoral y sus votantes s que se corresponsabilizan de sus actos. Se corresponsabilizan as de un delito y, si no se les detiene a todos y cada uno de ellos es tan slo porque el voto en este pas an es (por el momento) secreto y eso hace a la justicia impotente para llegar hasta el final (lo que muchos portavoces del a por ellos ya empiezan a desear abiertamente)?

Si un cargo electo con unos cuantos centenares de miles de votantes detrs roba o desfalca es un delincuente comn, porque sus votantes no se corresponsabilizaran de su delito. Pero si unos cuantos centenares de miles de votantes se corresponsabilizan de lo que ha hecho un poltico y ese poltico acaba en la crcel, es un preso poltico, mxime si incluso ha ganado las elecciones. Despus se pueden hacer todas las matizaciones que hagan falta y se supone que la ley tiene los medios para hacerlas. Entre preso poltico y poltico preso hay muchos casos hbridos e intermedios. No es lo mismo saltarse una ley que se considera justa (como cuando un poltico roba desde su cargo pblico) que hacerlo porque se considera injusta y te han votado precisamente para modificarla en aras de un ordenamiento legal ms justo (supuestamente). En este caso, suele ocurrir que siempre hay de por medio un conflicto de legitimidades que, desde luego, no puede ser resuelto con la aplicacin del mero Cdigo Penal. Son situaciones de gran confusin legal, una confusin que, por ejemplo, ha sido magnficamente descrita por Ignacio Escolar. Siempre habr recursos legales y polticos para hacer frente a esa complejidad, pero unos lo sern ms que otros y es en esa cuestin de grado donde hay que poner el acento. Si el entero ordenamiento constitucional se pone manos a la obra de tal modo que la nica salida es encarcelar a los cargos electos que representan a la mitad de los votantes, eso debe ser considerado un sntoma fatal, un fracaso flagrante de la legalidad vigente. Tal y como ha dicho el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis una Constitucin en la que se encarcela a cargos electos que persiguen pacficamente una agenda poltica no puede ser democrtica.

El panorama penal en el que hemos desembocado est muy lejos de ser un xito, es el sntoma de un inmenso fracaso, no slo poltico, sino tambin legal. Hay demasiadas matizaciones que eran necesarias y que se han arrojado al cubo de la basura. Todo esto no demuestra ms que el hecho de que la ley est mal construida. Y este tipo de constataciones no suelen acabar bien. Es obvio que desde hace aos se ha estado apagando el fuego con gasolina y hoy nos encontramos en esta situacin excepcional y delirante. Maana, sin duda, tendremos otras ms graves an. En otro artculo anterior ya insist en que el axioma platnico-socrtico de que la ley slo se puede cambiar legtimamente por medios legales, vale en tanto y cuanto sea posible demostrar que existen esos cauces legales. Ni ms ni menos. Y si surge la duda o se plantea un conflicto al respecto no hay otra manera de resolverlo que ofrecer esos cauces legales, y si no estn claros, clarificarlos, y si no existen, inventarlos, lo ms deprisa posible, adems (en este caso, un referndum pactado, habra sido, sin duda, una idea pasable). Esa es la nica va saludable por la que la poltica se relaciona con un ordenamiento legal. Todo lo dems es un fracaso y un calvario de aporas que tarde o temprano te estallan en la cara. Que es lo que, desdichadamente va a ocurrir. Los que estamos en contra de la independencia de Catalua, los que, adems, nos hemos sentido hastiados frente a toda esta insensatez que no ha servido ms que para ocultar y silenciar los verdaderos problemas de este pas (incluida Catalua), contemplamos atnitos cmo se van sentando todas las bases para un conflicto terrible que terminar, desdichadamente, con la independencia. Es muy pesimista verlo as, pero, por estos procedimientos penales, es muy de temer el resultado.

Esta aplicacin de la legislacin vigente a la que estamos asistiendo avivar el fuego en lugar de contribuir a apagarlo. Pero es que, adems, y por el otro lado, contribuye a sembrar una sospecha que mina algo que siempre es necesario en un Estado de Derecho: la confianza de la poblacin respecto a su ordenamiento legal. Cuando la legalidad no resuelve los problemas con sensatez poltica, se levanta la sospecha de que algo est mal ah. La aplicacin de la ley tiene que producir efectos pacificadores, no sacar de quicio los conflictos. Porque hay una posibilidad que siempre est sobre la mesa, la posibilidad de que la ciudadana empiece a desconfiar de su legalidad, en lugar de estar orgullosa de ella. La ley tiene que demostrar a diario que es la ley y no la voluntad de una casta mafiosa y corrupta. Esta casta mafiosa, lo sabemos, hace ya mucho tiempo que la tenemos encima. Pero an no sabemos si ser capaz de secuestrar por entero el edificio de la legalidad en su provecho y este es el clavo ardiendo al que se ha agarrado Podemos desde el principio. Sin embargo, la utilizacin del Poder Judicial a conveniencia como bien han expuesto Ignacio Escolar y Rodrigo Tena Arregui, minando la separacin de poderes, anulando el derecho al juez natural y desviando la competencia judicial, probablemente de manera ilegal, hacia la Audiencia Nacional, no augura nada bueno.

Si el PP (con el apoyo del PSOE y de Cs, por una parte, y el entusiasmo de muchos jueces que a su vez son del PP, por la otra) se apropia polticamente de la legalidad, se terminar por perder la ltima confianza en el ordenamiento legal y ser la ley de la selva. El PP es un partido en s mismo imputado y con centenares de cargos imputados o presos por corrupcin. No puede presumir demasiado de ser portavoz de la legalidad. En verdad, el PP tena que haber sido ilegalizado hace ya muchos aos por la Ley de Partidos, por su apoyo terrorista a la banda de las Azores, causante de un desastre internacional en el que han muerto millones de personas. Pese a ello quedaba un rescoldo de legalidad. Y aunque, por ejemplo, las demandas para encarcelar a Aznar por crmenes contra la humanidad no tienden a prosperar porque, en efecto, hay cosas que a la legalidad vigente le vienen demasiado grandes, de todo modos, la poblacin que en el 15-M declar haber perdido su confianza en el bipartidismo, an conservaba alguna confianza en la Constitucin y en las instituciones. Pero eso tambin puede cambiar. Vamos de cabeza a la ley de la selva. Y si la armas y el ejrcito hubiesen estado medio repartidas, como en la antigua Yugoslavia, estaramos al borde de la guerra civil. Es difcil presentar esta situacin como una victoria de la legalidad y del Estado de Derecho.

El mismo proceso judicial que se est llevando a cabo para detener a los miembros del Govern, podra acabar en juicio por prevaricacin contra la jueza de la Audiencia y el fiscal general, o por lo menos, tal y como muy bien ha explicado Carlos Enrique Bayo, en la nulidad de toda la causa una vez que sea revisada por los tribunales europeos que, para empezar, tendrn que decidir sobre el caso Puigdemont. Lo ltimo es bastante probable. Lo primero sera bastante justo, pero algunos lo consideramos muy improbable, precisamente porque no tenemos esa fe ciega en los automatismos de la justicia, que sabemos muy bien que son finitos y precarios y se deben siempre a decisiones polticas de mucho ms peso que la justicia procedimental. De modo que, probablemente, a Maza y a Lamela les pasar como a Aznar, que nunca respondern por sus actos frente a la justicia, por mucho que sus actuaciones hayan causado daos personales y polticos de extrema gravedad.

El escritor Jorge Alemn acaba de colgar un comentario que creo que resume perfectamente la situacin. No me resisto a citarlo: La poltica se invent porque el Derecho no es un automatismo que funciona solo. Existe siempre una brecha irreductible entre legalidad y legitimidad que siempre sobrevuela la historia de las naciones. El gobierno espaol, de procedencia franquista, se ha querido pertrechar con la Justicia procedimental para atropellar la Democracia. No soy independentista, pero al fascismo, aun cuando est disfrazado de Estado de Derecho, siempre lo considero lo primero a tener en cuenta como adversario. No a los presos polticos en Espaa.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2017/11/04/carlos-fernandez-liria-justicia-cataluna-detenciones-govern-presos-politicos/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter