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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-11-2017

Negociando el fin de la impunidad de las transnacionales

Adoracin Guamn
CTXT

Relato desde dentro de la tercera ronda de conversaciones en la ONU para aprobar el tratado que vincula a las multinacionales con el respeto de los derechos humanos


Manifestacin para exigir la compensacin a las vctimas del desastre de Bhopal (2010).YANN

El 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de 27 toneladas de gases letales en la planta de fabricacin de pesticidas de la empresa Union Carbide India Limited, situada en Bhopal (India), que convirti a la ciudad en una cmara de gas. Las cifras de muertos y heridos son escalofriantes. Segn fuentes del gobierno del Estado, murieron 5.200 personas y hubo varios miles de heridos, muchos de los cuales presentan discapacidades parciales permanentes. Otras investigaciones apuntan a 8.000 vctimas mortales y al menos 150.000 heridos; la International Campaign for Justice in Bhopal sostiene que desde aqul momento han muerto por causas relacionadas con la fuga de gas ms de 22.000 personas.

El 24 de abril de 2013 el desplome del Rana Plaza, de ocho plantas, en Daca (Bangladesh) se sald con la muerte de 1.129 personas, en su mayora obreras textiles de grandes marcas internacionales de moda. El edificio estaba construido para albergar un centro comercial y no las cinco fbricas de ropa que alojaba dentro. El uso inadecuado provoc el rpido deterioro de la infraestructura y las miles de muertes.

La lista de casos en los que ciertas empresas y dirigentes han obtenido beneficios con la reduccin de medidas de seguridad en la produccin o con el empeoramiento de las condiciones de trabajo -- violando los derechos humanos de personas y comunidades-- es interminable. En la gran mayora de ocasiones, los culpables de estas tragedias no han sido condenados; tampoco ha existido una efectiva reparacin a las vctimas y a sus familiares.

Estos casos demuestran cmo las Empresas Transnacionales (ETN) se han convertido en una suerte de entidades intocables, en organizaciones descentralizadas, deslocalizadas, ramificadas en largas cadenas de suministro en las que se diluye la responsabilidad y se multiplican y diversifican las formas de explotacin, relocalizacin, evasin y elusin de normas laborales o fiscales. Adems, a travs de la llamada captura corporativa (las formas y vas por las que la lite econmica controla las decisiones de los Estados en su propio beneficio) estas empresas estn consiguiendo que se adopten normas que les aseguran derechos especficos (los tratados de comercio e inversin por ejemplo, y una prueba de ella es el CETA, aprobado el viernes en el Senado) y que les permiten eludir las leyes estatales y escapar de la justicia.

Como sealan numerosos expertos en la materia, y muy particularmente el profesor Juan Hernndez Zubizarreta y el Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL), se ha conformado una arquitectura jurdica de la impunidad que acta como una armadura casi inquebrantable para blindar a estas entidades. En este sentido, el caso Chevron/Texaco sigue siendo uno de los ejemplos ms paradigmticos de cmo una empresa transnacional puede destrozar una parte de la Amazona, ser condenada en un proceso ante la jurisdiccin del Estado donde se cometi el delito y escapar impune del cumplimiento de la sentencia.

Es posible poner fin a esta impunidad? Puede perforarse la armadura jurdica de las transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y responder ante mecanismos efectivos de recurso y reparacin de las vctimas? Centenares de organizaciones sociales, miles de activistas y un buen nmero de pases, encabezados por Ecuador, afirman que s.

El lunes 23 de octubre comenz el tercer grupo de trabajo sobre este tema en las Naciones Unidas, en el marco de la Resolucin 26/9 aprobada en 2014. Esta Resolucin estableci el mandato de elaborar un instrumento jurdicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con actividad transnacional en el Derecho Internacional de los derechos humanos. El borrador de la Resolucin fue redactado por Ecuador y Sudfrica y cont con 20 votos a favor, 13 abstenciones, y 14 en contra. Todos los pases de la Unin Europea, as como Japn y Estados Unidos, votaron en contra en 2014. El objetivo de la misma es la consecucin de un Instrumento internacional que establezca los mecanismos necesarios para conseguir que las actividades de las empresas transnacionales (y otras empresas con actividad transnacional) respeten los derechos humanos y que las vctimas de violaciones de los mismos tengan acceso a la justicia y reciban la reparacin adecuada.

Este objetivo no es en absoluto novedoso. La necesidad de contar con este instrumento vinculante para proteger de manera efectiva los derechos humanos frente a las actividades de las transnacionales y sobrepasar as las normas basadas en la voluntariedad, y en particular los Principios Rectores de 2011, ha sido reivindicada desde hace dcadas. La Resolucin cristaliza as un largo proceso de movilizacin y luchas, del trabajo de cientos de organizaciones sociales y miles de activistas que llevan muchos aos peleando por la necesidad de acabar con la impunidad de las transnacionales y por la defensa de los derechos humanos. Hoy todo ese esfuerzo se aglutina en coaliciones de movimientos como son la Treaty Alliance y la Campaa Global, verdaderas almas del proceso actual, que mantienen la movilizacin ao tras ao con la presencia de centenares de activistas en las reuniones de trabajo en Ginebra.

Las dos primeras sesiones del Grupo creado por la Resolucin 26/9 tuvieron lugar en 2015 y 2016 y se dedicaron a mantener deliberaciones constructivas sobre el contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro instrumento internacional. Ambas fueron presididas por la ahora Ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, y entonces embajadora, Mara Fernanda Espinosa, que tambin intervino en la tercera sesin con una contundente defensa de la necesidad de un tratado para garantizar el fin de la impunidad de las transnacionales. La tercera reunin, celebrada en octubre de 2017, ha tenido una importancia fundamental porque se ha debatido sobre un texto con propuestas concretas preparado por la presidencia del grupo, que sigue encabezando Ecuador, a efectos de recoger los insumos que conduzcan a la redaccin de un texto ya articulado sobre el cual se centrar la negociacin en la prxima sesin de trabajo de 2018.

La experiencia de los aos anteriores ya daba una idea de que la tarea en esta ocasin no iba a ser fcil. El proceso de elaboracin de este Tratado ha desatado todas las alarmas, porque su objetivo es evitar que las empresas transnacionales se beneficien a costa de vulnerar los derechos humanos, incluidos expresamente los laborales y ambientales.

La importancia del momento quedaba ratificada por la presencia en el debate de delegados 101 pases y una abrumadora presencia de la sociedad civil. La dificultad del objetivo se evidenci desde el inicio de los debates, que han reflejado con claridad la existencia de una oposicin frontal entre quienes consideran innecesaria la aprobacin de normas vinculantes para la proteccin de las vctimas frente los intereses de las empresas transnacionales y aquellos que sostienen la necesidad inmediata de poner fin a la impunidad de estas y de alcanzar la aprobacin un instrumento internacional con los objetivos sealados.

En un extremo del discurso se han situado actores de fundamental importancia como la Unin Europea y sus pases aliados como Noruega, Australia, Mxico o, en esta ocasin, Rusia. En el otro, Ecuador ha contado con el apoyo permanente de Sudfrica y el conjunto de los pases africanos, de numerosos pases de Latinoamrica y Asia, as como de las ms de 200 personas acreditadas en representacin de otras tantas entidades y movimientos sociales de hasta 80 pases, que han mantenido presente la lucha de las vctimas por la justicia. Adems, el proceso de negociacin ha recibido el apoyo de una Declaracin de la Treaty Alliance, firmada por 921 organizaciones, de un llamamiento firmado por 268 parlamentarios de todo el mundo -- en concreto 48 eurodiputados de 5 grupos polticos distintos--, y de una carta enviada por 28 miembros del Parlamento Europeo a Jean-Claude Juncker y Federica Mogherini en el momento final de las negociaciones, exigiendo que la Unin Europea abandonara la postura obstruccionista.

Qu ocurre con la UE? Por qu no apoya un instrumento que establezca los mecanismos para que las empresas tengan que respetar los derechos humanos en sus actividades transnacionales?

Las razones que ha sealado la UE para justificar su oposicin al proceso en su conjunto as como al contenido del documento son fundamentalmente dos. En primer lugar, afirma que ya existen normas suficientes y que no es necesario un tratado como el que se propone. En concreto, la Unin defiende la total suficiencia de los llamados Principios Rectores, adoptados en 2011, que se basan en la peticin a las empresas de un compromiso poltico de respetar los derechos humanos, combinado con actuaciones de diligencia debida y prevencin fundamentadas en su propia voluntad. Como han puesto de manifiesto numerosos expertos en la materia, y como demuestra la persistencia de violaciones de derechos humanos cometidas con impunidad por las transnacionales, se trata de unos principios de carcter voluntario y totalmente insuficientes, en cuya implementacin se est invirtiendo adems un enorme presupuesto y que estn siendo utilizados como excusa para evitar un avance hacia normas vinculantes y efectivas.

En segundo lugar, la UE considera que el mbito de aplicacin del futuro tratado es inadecuado. La UE afirma que el tratado debera de abarcar a todas las empresas, incluso a las PyMEs, y no slo a las empresas con actividad transnacional. En este caso, se trata de una objecin con una voluntad ms de obstruccin que de conviccin. De hecho, existen normas diferentes sobre la cuestin en la UE y en distintos estados miembros, como Francia, que limitan su mbito de aplicacin a determinadas empresas de gran entidad o actividad transnacional. Sin embargo, la UE pretende cambiar sobre la marcha el mismo objetivo de la Resolucin 26/9, que no es otro que establecer normas adecuadas para acabar con la impunidad que se deriva de la estructura descentralizada y deslocalizada de las transnacionales y de su capacidad de movimiento a nivel internacional.

Evidentemente, estas lagunas jurdicas no existen respecto a las empresas cuya actividad se desarrolla en el exclusivo mbito nacional donde, como regla general, las mismas responden directamente a las obligaciones que establecen los ordenamientos estatales y su responsabilidad se establece y controla por jurisdicciones nacionales. La inclusin en el mbito del nuevo tratado de todas las entidades empresariales desvirtuara y hara imposible el cumplimiento del objetivo del Instrumento. Consciente de esto, la UE ha insistido en cada una de las sesiones en establecer como condicin para entrar a negociar la ampliacin de los debates al tratamiento de todo tipo de empresas, lo que ha provocado una serie de situaciones de friccin y enfrentamiento, que fueron especialmente graves en el inicio la sesin de 2017.

El lunes 23 de octubre, en el comienzo de la tercera sesin, la Unin Europea bloque durante ms de dos horas la aprobacin del programa de trabajo y el inicio de los debates por las razones antes explicadas. Las intervenciones de Sudfrica, Cuba, Brasil, Egipto, Nicaragua, Bolivia, Argelia, entre otros pases, apoyaron a la presidencia del grupo, ocupada por Guillaume Long, embajador ecuatoriano ante Naciones Unidas, que en aras del consenso incluso haba concedido a la UE la inclusin en el programa de un espacio para hablar, de nuevo, de los Principios Rectores. En cambio, Noruega, Australia y Mxico apoyaron a la Unin Europea, que no tuvo suficiente con la concesin y que lleg incluso a acusar a Ecuador, y en particular a Sudfrica, de romper un compromiso previo.

En realidad, como inform la Presidencia del Grupo, el compromiso lo haba alcanzado la UE consigo misma exigiendo la aceptacin total de su propuesta sin ceder nada a cambio. Esta curiosa nocin de compromiso, basada en la aceptacin sin condiciones de la propia postura, ha sido la dinmica mantenida por el representante de la Unin Europea a lo largo de las negociaciones. Tras un pulso intenso entre la Presidencia y la UE, con centenares de ONGs y movimientos en la sala presionando para que la Unin no bloqueara el proceso, el embajador Long afirm su voluntad de no ceder ante la exigencia europea, pidindole a la UE un "acto de sabidura" o, directamente, un paso al lado. Jrme Bellion-Jourdan, negociador por parte de la Unin, acept finalmente el programa, pero dej claro que a partir de ese momento la UE no lo iba a poner nada fcil. Y as fue, hasta el punto de hacer peligrar de manera seria la continuidad del proceso en el momento final del cierre de la sesin de trabajo, el viernes 27 de octubre.

Pero no adelantemos acontecimientos porque la semana tuvo momentos cuya narracin es importante. Entre el lunes y el jueves se desarrollaron las negociaciones siguiendo el texto del documento de elementos y a travs de 10 paneles con la participacin de expertos, personas afectadas y representantes de organizaciones diversas, entre los que se haba invitado tanto a los sindicatos como a la Organizacin Internacional de Empleadores. Merece la pena comentar que esta organizacin lleg a afirmar que, en su opinin, es imposible establecer responsabilidades directas a las empresas respecto a los derechos humanos, afirmando que este tipo de iniciativas poda acabar con la competitividad y la inversin extranjera. En sentido contrario, diversas delegaciones y actores de la sociedad civil recordaron que ya existen normas que reconocen derechos especficos a las transnacionales, como los tratados de inversin, y que si estn de acuerdo en tener derechos, no deberan rechazar las obligaciones, ms an cuando est generalmente aceptado que los marcos internacionales de derechos humanos deben ser respetados por actores pblicos y privados.

Adems, uno de los argumentos repetidos fue la necesidad de extender los esfuerzos nacionales, como por ejemplo las normas del Reino Unido (Modern Slavery Act), de California (California Transparency in Supply Chains Act, de 2010) o de Francia (Loi sur le devoir de vigilance), respeto del establecimiento de responsabilidades a las empresas en materia de derechos humanos. Un instrumento como el que se propone tendra la virtud de universalizar esas experiencias nacionales y crear un marco internacional de igualdad, con mecanismos compartidos, con responsabilidades comunes y con obligacin de colaboracin permanente, donde no se puedan evadir las responsabilidades por la violacin de derechos humanos y donde prime el derecho de las vctimas a proteccin y reparacin.

Los debates tuvieron momentos particularmente intensos, como la intervencin de la eurodiputada Lola Snchez, que remarc que el Parlamento Europeo ha elevado la voz en ms de nueve resoluciones e informes afirmando que la Unin Europea debe apoyar el proceso hacia el Tratado y que exigi a la representacin de la Unin un comportamiento constructivo en la defensa de los derechos humanos. Adems, durante los debates se trataron cuestiones especialmente discutidas por estados como Rusia o China y por la Unin Europea, como la atribucin de obligaciones directas a las empresas concernidas por el instrumento; el establecimiento de obligaciones extraterritoriales respecto del control y sancin de las actividades de las empresas que den lugar a violaciones de los derechos humanos; la afirmacin de la prioridad del respeto a los Derechos Humanos frente a los tratados de comercio e inversin y la inclusin de las entidades financieras dentro del mbito del instrumento, etc.

Tal y como remarc Ecuador, apoyado por otros estados, ninguna de las anteriores cuestiones es una novedad jurdica, dado que existen ya experiencias normativas en el plano internacional que fueron sealadas y debatidas. Por aadidura, la participacin de las vctimas, tanto desde la sala como en el panel que se dedic a sus experiencias, fue fundamental para dejar claro a los estados la magnitud del problema que se trata y la necesidad de superar los problemas tcnicos mediante la clara voluntad poltica de proteger los derechos humanos.

Sin embargo, a medida que se acercaba el fin de la reunin fue quedando claro que el contenido de lo que se debata y el sufrimiento de las vctimas no era lo ms importante para algunos de los estados all presentes que, encabezados por la UE y sus aliados, tenan el objetivo de bloquear o poner en cuestin la continuidad del proceso en s mismo en la sesin de cierre. Y as fue.

Como regla habitual, las sesiones de trabajo acaban con un informe del contenido de la sesin, unas conclusiones del Grupo de trabajo y unas recomendaciones de la Presidencia del Grupo, siempre en el marco del mandato de la Resolucin 26/9. Es importante recordar que este mandato es claro, el Grupo debe seguir trabajando hasta conseguir la elaboracin de un instrumento jurdicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Resolucin de 2014 enmarc el que deba debatirse en las tres primeras sesiones y dej abierto el contenido a tratar en las siguientes, Sin embargo, esta inconcrecin del procedimiento a seguir a partir de la tercera sesin ha sido la excusa utilizada por algunos estados, de manera abierta o en la negociacin entre bastidores, para cuestionar la continuidad del grupo y la pertinencia de convocar la sesin de 2018.

La actividad diplomtica y el cabildeo de la sociedad civil para evitar este bloqueo alcanz un nivel febril entre el jueves y el viernes. Por un lado, la Unin Europea se reuni con las organizaciones sociales para criticar el proceso y a la Presidencia del grupo y para afirmar su compromiso de seguir apoyando a las vctimas con el desarrollo de los Principios Rectores; por otro lado, Ecuador dej clara su total voluntad de seguir adelante con el proceso y de convocar una cuarta sesin en el 2018, presentando adems como contenido para el debate un texto articulado (un borrador cero) donde se recogera todo lo trabajado hasta el momento.

Adems de las reuniones pblicas, en la negociacin se celebraron encuentros bilaterales donde se buscaron diversas propuestas para intentar el consenso, fundamentalmente con la UE respecto al informe y las conclusiones finales. La postura de Brasil y de Rusia iba a ser crucial para decantar la balanza. Mientras, la Unin Europea hizo una exhibicin de fuerza, consiguiendo que en la reunin del viernes estuvieran presentes las delegaciones de 22 de los 28 estados miembros, algo inaudito en el Grupo de trabajo.

Y lleg el viernes. Una hora antes de la adopcin del informe final tuvo lugar una reunin previa para negociar las conclusiones. En ella, apareci un actor que haba estado totalmente ausente en los trabajos del Grupo y que pidi que estos concluyeran, afirmando que as el objetivo de la Resolucin 26/9 acababa en la tercera sesin. Evidentemente, este actor fue Estados Unidos. La contestacin fue clara, desde la Secretara del Consejo de Derechos Humanos se inform pblicamente de que la interpretacin oficial de la Resolucin es que los trabajos del Grupo no deben acabar hasta que se cumpla el mandato, es decir, la consecucin del tratado. De esta manera, quedaba asegurada la continuacin de los trabajos, pero la Unin Europea no dio su brazo a torcer y centr sus reticencias en la cuestin del procedimiento a seguir, cuestionando la posibilidad de convocar la cuarta sesin en 2018.

El final fue ciertamente de infarto. Ecuador se mantuvo en las recomendaciones de la Presidencia y no slo se comprometi a la convocatoria de la cuarta reunin de trabajo en 2018, tambin a presentar el borrador cero. En una dura negociacin, se lleg al acuerdo con la UE de no mencionar la cuarta reunin en las conclusiones pero tampoco cuestionar el mandato de la Resolucin, indicando que la Presidencia se comprometa a celebrar reuniones informales con los Estados y partes interesadas para ver cmo se continuaban los trabajos hacia la consecucin del instrumento vinculante. Quedaba claro que la voluntad de la Presidencia de convocar la cuarta sesin ser el marco en el cual se desarrollarn estas reuniones informales y que no hay ninguna duda de la continuidad del proceso.

A pesar del compromiso alcanzado, la presin de la UE, que se negaba a la aprobacin por consenso, continu hasta el momento final, con un pulso negociador que se cerr cuando la Presidencia desafi a la UE a manifestar en la sala su oposicin al texto de manera expresa. Ante el pulso directo, la duda de la UE durante varios segundos fue suficiente, el martillazo de la Presidencia anunciando el consenso puso fin a los trabajos del Grupo y abri la puerta a la continuidad de los mismos. El estallido de alegra de los cientos de representantes de la sociedad civil, las lgrimas de las vctimas y las caras de alivio e ilusin de los delegados de los pases que apoyan a Ecuador en este proceso iluminaron la sala. Acogiendo las palabras de Gonzalo Berrn, miembro de la Campaa Global, podemos afirmar que estamos vivos, s, pero la lucha va a ser ms dura que nunca.

No cabe duda de que va a ser as, la Presidencia del grupo se va a enfrentar a retos enormes en los meses venideros. La elaboracin del borrador cero del texto articulado y del programa para la cuarta sesin se debern hacer en un entorno marcado por la permanente reticencia de la Unin Europea y otros estados, pero tambin bajo la mirada atenta, vigilante y alentadora de miles de personas y organizaciones que son el alma y la fuerza de este proceso.

Esta sesin de trabajo ha dejado claro a todos los Estados, y en particular a la UE, que el sujeto protegido por la norma, las vctimas, se ha empoderado y que la sociedad civil ha desbordado el propio procedimiento, convirtindose en protagonista del proceso e impulsando la continuidad de los trabajos. La convocatoria de la cuarta sesin es, en s, un triunfo. Sostener la movilizacin y llegar a esta sesin con la presin social y diplomtica suficiente para que los trabajos continen hasta la consecucin de un Instrumento jurdicamente vinculante que acabe con la impunidad es el reto al que nos enfrentamos.

Adoracin Guamn asisti a las reuniones de Ginebra como miembro de la delegacin de Ecuador. Es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de Valncia, investigadora del programa Prometeo en Ecuador y autora del libro El fin de la impunidad. La lucha por un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos junto con Gabriel Gonzlez (Icaria, 2017).

Fuente: http://ctxt.es/es/20171101/Politica/15885/impunidad-violacion-derechos-humanos-transnacionales-ONU-Adoracion-Guaman-ctxt.htm



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