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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-02-2018

El "socialicidio" colombiano

Jos Antonio Gutirrez D.
Rebelin


 La situacin de derechos humanos que atraviesa Colombia es extraordinariamente preocupante. En lugar de abrir las puertas a la paz y la esperanza, el post-acuerdo con las FARC-EP aparece como un perodo plagado de incertidumbre y violencia. Mientras se hacen cuentas alegres sobre la reduccin de muertes violentas de miembros de la Fuerza Pblica, desde la vereda de las organizaciones y los movimientos populares y de izquierda, la realidad es aterradora. La guerra sucia contina y va en aumento. Escasamente pasa un da sin que asesinen a un dirigente popular. Slo en Enero del corriente ao, 27 dirigentes sociales han sido asesinados, prcticamente uno por da. Huelga aclarar que el epicentro de esta guerra sucia se encuentra en el suroccidente colombiano, que es, a su vez, el escenario ms lgido que ha tenido el conflicto social y armado en el pas. Los mapas de una y otra violencia se sobreponen, revelando as el vnculo ntimo que les une.

Todo esto ocurre bajo las narices de las fuerzas represivas del Estado, que tienen un despliegue en todo el territorio nacional sin precedentes. Esas fuerzas, tan efectivas para combatir los brotes de insurgencia, se muestran impotentes ante el avance del paramilitarismo y el sicariato. No es en realidad impotencia, sino falta de voluntad, pues la alianza perversa entre paramilitarismo y fuerza pblica no ha sido desmantelada. Ni siquiera ha sido reconocida, pues el gobierno sigue negando lo evidente: que el paramilitarismo existe y se fortalece en todo el territorio nacional. Esto es como el alcoholismo. Si usted quiere superar su problema, primero debe reconocerlo. La negativa del Estado para reconocer el problema paramilitar es la prueba fehaciente de la falta de voluntad poltica para frenar esta masacre preventiva. Digo preventiva, porque la direccin con la que se est desarrollando esta matazn parece dirigida hacia evitar cualquier avance, por pequeo que este sea, de fuerzas polticas y sociales alternativas al bloque oligrquico en el poder. Dentro de este orden de ideas, el asesinato de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos es el elemento clave de este tipo de violencia de los poderosos contra quienes cuestionan su poder y sus privilegios.

Es hora de asumir este problema en su real magnitud y comenzar a pedir algo ms que castigo para los responsables intelectuales y materiales de este autntico genocidio en curso. Es hora de entender la gravedad particular de estos crmenes sistemticos y exigir un tratamiento diferencial para este tipo de violencia. Aclaro, de antemano, que no soy un experto en derecho ni nada que se le parezca, pero creo que debemos comenzar a llamar las cosas por su nombre. As como el asesinato sistemtico de mujeres en el marco de relaciones de gnero asimtricas y desiguales ha sido llamado feminicidio, para resaltar el carcter particularmente grave de este tipo de violencia letal, es hora de que comencemos a hablar de socialicidio. Esto es, del asesinato sistemtico de dirigentes sociales y de defensores de derechos humanos como una estrategia para evitar cualquier clase de cuestionamiento al orden social vigente.

Este tipo de crimen merece un tratamiento especial porque es particularmente grave y tiene un efecto multiplicador sobre la sociedad, creando apata y terror. Eso lo saben bien las fuerzas siniestras que jalan del gatillo, que estigmatizan a las potenciales vctimas desde los medios y desde las instituciones del Estado, que facilitan esta masacre desde los organismos de inteligencia y desde los organismos represivos. Por eso lo aplican de manera tan entusiasta. Ellos saben que usted mata a un dirigente social y aterroriza a una comunidad entera de cientos, sino de miles de personas. El asesinato selectivo es tan eficaz como las masacres paramilitares de comienzos del milenio. Paraliza, silencia, amordaza, desmoviliza. Es por eso que este tipo de crmenes no pueden seguir siendo tratados de la misma manera que se trata un asesinato por una pelea de borrachos, o para utilizar al lenguaje oficial, como un mero lo de faldas. El asesinato de un dirigente social debe ser tratado con mucho mayor rigor, pues cada asesinato a un lder o a un defensor equivale a asesinar a cien personas. Es ms, el problema es an ms grave que el clculo cuantitativo: se trata, en realidad, de matar el tejido social a travs del asesinato del dirigente.

Este castigo ejemplar debe ser aplicado no slo a las fuerzas materiales detrs de esta sangra interminable: debe tambin aplicarse a los autores intelectuales y a las fuerzas que desde los medios de comunicacin incitan a esta cultura de la violencia en contra de los contradictores del establecimiento. Es hora de coger al toro por las astas. Lo primero, es reconocer la excepcionalidad de esta ola de crmenes que sacude a Colombia y que, a falta de un mejor nombre, llamara un socialicidio, pues estamos ante el intento de suprimir violentamente a un sector de la sociedad y todo el tejido social alrededor de ste, mediante la supresin letal de sus representantes visibles. Debemos sacudir la indiferencia y esa cultura en la cual se ha normalizado el asesinato de los nuestros. No estamos ante una serie de asesinatos y crmenes inconexos: estamos ante una masacre sistemtica, de varias dcadas, propiciada por un ambiente hostil en el que desde los medios se exacerba el odio y se normaliza la muerte. La gravedad de la situacin amerita medidas igualmente excepcionales.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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