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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-03-2018

Enseanzas de las consultas contra proyectos extractivos

Mario Sosa
Rebelin


La consulta asamblearia y la decisin colectiva han sido una prctica histrica en las comunidades de ascendencia maya y xinca y en no pocas mestizas. Sin embargo, las consultas contra los proyectos extractivos de los ltimos tres lustros han constituido un hecho histrico de relevancia nacional.

Como continuidad a un artculo anterior, titulado La disputa por la consulta comunitaria [1], en esta ocasin pretendo analizar algunos elementos importantes y aleccionadores sobre las consultas comunitarias contra proyectos extractivos.

La primera consulta de esta trascendencia fue protagonizada por el pueblo sipakapense el 18 de junio de 2005. Organizaciones sociales y autoridades comunitarias, en su mayora de origen sipakapense y algunas mestizas, llevaron a cabo una consulta para determinar su acuerdo o desacuerdo con relacin al proyecto de la mina Marlin. La decisin fue abrumadora en contra de este proyecto impuesto, a pesar de la campaa poltica y meditica implementada por la empresa transnacional y el Gobierno central y de la ambigedad proclive al proyecto minero del alcalde municipal. Esta consulta fue el inicio de un proceso en el cual cerca de 100 pueblos a lo largo del pas se han pronunciado en contra de proyectos extractivos (mineros, hidroelctricos y agroindustriales) catalogados como de muerte. [2]

Es indudable que consultas como esta han sido profundamente legtimas y que quienes las impulsan han recurrido a bases legales incuestionables. Son legtimas porque han sido realizadas por pueblos a los cuales la legislacin nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen como sujetos de este y otros derechos, en especial tratndose de pueblos indgenas; porque se han erigido en la respuesta a la imposicin de proyectos e ideas de desarrollo que atentan contra las condiciones de vida de tales comunidades y pueblos, al mismo tiempo que permiten la acumulacin de riqueza en manos de empresas locales y transnacionales, y porque han sido ejercicios democrticos y autogestionados por el sujeto de la soberana, como pocos registrados en la historia del pas. Su carcter legal ha estado fundamentado en el Convenio 169 de la OIT, en el Cdigo Municipal y en la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

La consulta comunitaria ha sido una forma a travs de la cual comunidades y pueblos indgenas y mestizos han emergido y se han constituido en sujetos ante el Estado y el capital. Y lo han hecho con la exigencia de serlo en la determinacin del tipo de desarrollo de su preferencia y dentro de sus territorios, en la crtica fundamentada y profunda a la idea falsa de desarrollo que acompaa los proyectos extractivos y en la propuesta del Buen Vivir (Utzilj Kaslemal), que constituye una concepcin alternativa, potente, renovada y aleccionadora en la bsqueda de otro paradigma para el logro del bienestar, la felicidad humana y la preservacin del ambiente.

En su lucha, estas comunidades y pueblos han hecho emerger la reivindicacin sobre sus territorios, los cuales histricamente han sido mbitos de reproduccin colectiva y los espacios multidimensionales de apropiacin no solo en lo econmico, sino tambin en lo social, poltico y cultural. Y no solamente han subsistido, sino al mismo tiempo han trascendido en su heroica resistencia y lucha: una lucha constante frente al despojo permanente por parte de las clases dominantes, cuyos intereses son gestionados ideolgicamente a travs de la estrecha y destructiva idea que asume los territorios como simples reservorios de recursos a ser explotados y como delimitaciones sobre las cuales solo puede decidir esta forma de Estado-nacin, que gestiona intereses y proyectos que continan llevndonos al despeadero [3].

A travs de este tipo de consultas, los pueblos indgenas, especialmente, nos aportan otra manera de entender el mundo y la vida (otra epistemologa), en la cual el ser humano y la naturaleza (la madre tierra) tienen una relacin indisoluble de vida y, por consiguiente, en la cual ambos resultan sujetos de derechos. Contribuyen con una mirada de vida potente, objetiva y realista para detener la destruccin que ocasiona el proyecto extractivo y, ms all, el modelo de acumulacin imperante.

Con estas prcticas y concepciones, los pueblos originarios de estos territorios nos aportan contenidos nodales para salvar nuestro planeta.

 

Notas

[1] https://www.plazapublica.com.gt/content/la-disputa-por-la-consulta-comunitaria

[2] Para ampliar, vase en entre otros estudios: Mario Sosa (Coord.), Gestin ambiental y gobernabilidad local (Guatemala: IARNA-INGEP, URL, 2009).

[3] Para ampliar sobre el territorio como una construccin multidimensional, vase Mario Sosa, Cmo entender el territorio? (Guatemala: Editorial Cara Parens, URL, 2012)

www.plazapublica.com.gt


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