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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-03-2018

Guerra contra la corrupcin o contra las alternativas al neoliberalismo?

Silvina M. Romano
Alai


El problema de Amrica Latina es la corrupcin, pero no la corrupcin a secas, sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o posneoliberales1. Lo aseveran los think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que sucede en la regin2. Lo adverta John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump3. Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economa y revalorizaron lo pblico, con el nico objetivo de saquearlo luego. Privilegiaron la utilizacin de influencias y fondos pblicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendicin de cuentas. Desde esta perspectiva, los funcionarios y polticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero, son por definicin corruptos y adems ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economa y (supuestamente) del Estado en su totalidad4. Esta serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido comn reproducido por las derechas y la prensa hegemnica desde hace varios aos y que ha contribuido al menos a dos fenmenos: el primero y de corto-mediano plazo, es el de la judicializacin de la poltica desde arriba; el segundo es el de la despolitizacin de la poltica, el desprecio por lo pblico y el prejuicio respecto de lo estatal como ineficiente.

El hecho de que este relato haya devenido en sentido comn, de que haya calado profundo en la opinin pblica, no es fruto de una campaa meditica particular, o el resultado inminente del retorno de gobiernos de derecha. Tampoco obedece nicamente a factores coyunturales. Por el contrario, forma parte de un proceso histrico que encuentra parte de sus races en el ajuste estructural implementado en Amrica Latina a partir de la dcada de los 80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La modernizacin del Estado, que tena por objetivo una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la corrupcin y el favoritismo, fue argumento clave para el adelgazamiento/desaparicin y desprestigio de lo pblico en virtud de lo privado. El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematizacin de tales premisas como lineamientos para la accin de gobiernos dedicados a procurar que el Estado se subsumiera a las necesidades del sector privado. La empresarializacin del Estado5.

Las reformas judiciales

Uno de los sectores en los que se intervino tempranamente para la modernizacin del Estado fue el judicial. Tuvieron especial protagonismo los organismos de asistencia para el desarrollo bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.6 Este asesoramiento en la transformacin de los aparatos judiciales constituye un eslabn ms en una cadena de relaciones dependientes y asimtricas establecidas por la dinmica y normativas inscritas en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la Guerra Fra hasta la actualidad)7. El objetivo era lograr la buena gobernanza por medio de una reorganizacin del Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales que permitieran el flujo de inversin extranjera directa y el acceso a mercados sanos. Deba garantizarse un buen funcionamiento de las instituciones para garantizar el desarrollo8.

Guatemala fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron asesores, recursos para infraestructura e informtica y el know how de la experiencia en pases centrales, particularmente en EEUU9. El resultado fue una reforma superficial, en el plano de lo tcnico, con una fuerte dependencia de la asesora y fondos provenientes del extranjero. Los avances a partir de la creacin de la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde el juicio al dictador Ros Montt hasta el Caso la Lnea)10 se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que en trminos generales representa los intereses de una minora privilegiada (tanto la vieja oligarqua como los nuevos empresarios) asociada directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado ausente en materia de bienestar socio-econmico para las mayoras, que nunca fue refundado11. Un Estado que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos, recomendaciones y financiamiento del sector pblico-privado estadounidense y las agencias de asistencia para el desarrollo de otros pases centrales. Guatemala es un pas condenado por la opinin pblica internacional debido a la corrupcin y la violencia, pero de ningn modo se lo coloca como el peor caso. Por el contrario, la corrupcin es particularmente grave en aquellos Estados donde hubo o estn vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos posneoliberales, notndose una mayor presin local e internacional para una judicializacin de la poltica desde arriba.

Un caso clave es el de Bolivia, pas que recibi un importante flujo de asistencia de la USAID en los 80 y 90, entre otros rubros, para la reforma judicial. Estos fondos tendieron a beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemticamente en desmedro del bienestar de las mayoras12. Con la llegada del MAS y la refundacin del Estado, se llevaron a cabo reformas estructurales, incluida la democratizacin del aparato judicial: es el nico pas de Amrica Latina donde los representantes judiciales son elegidos en las urnas. Sin embargo, sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National Endowment for Democracy (NED) en el rubro de reforma jurdica a travs de fundaciones13.

Una de las ltimas campaas desatadas contra el MAS, previa al referndum de febrero de 2015, se centr en la difamacin y desmoralizacin del gobierno de turno por corrupcin y trfico de influencias, sin pruebas fehacientes. Sin proceso legal adecuado, se manufactur el caso Zapata. La red de intereses tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas hicieron campaa destacando la corrupcin como principal atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostr que las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso Zapata influy para que buena parte de la ciudadana se inclinara por el NO al momento del referendum14. Se desvi la batalla poltica al campo judicial.

Brasil es sin dudas el paradigma de la judicializacin de la poltica desde arriba, como parte de una campaa meditica, poltica y empresarial orientada (aparentemente) a combatir la corrupcin, pero que tiene por objetivo destruir la imagen del Partido de los Trabajadores y expulsar de la poltica a sus principales lderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, lder del Lava Jato, fue uno de los mejores alumnos de los cursos de capacitacin realizados por el Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios judiciales latinoamericanos en el 2009, en el marco del programa Puentes15. Tcnicas de recoleccin de informacin como la delacin premiada, as como el espionaje (intervencin de lneas telefnicas, mails, etc.) a funcionarios pblicos o burs privados de abogados, parecen formar parte del know how adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra: considerando el modo en que apresuraron su expediente frente a otros casos, la ausencia de pruebas y la campaa meditica que lo cubri16, da cuenta del modo en que EEUU y las derechas de Amrica Latina estn recurriendo a la justicia como arma para una guerra librada contra la poltica de gobiernos y procesos progresistas. Es lawfare, la guerra jurdica17.

Lucha contra la corrupcin

Esta guerra contra la corrupcin se equipara a la guerra librada contra las drogas (ntimamente vinculadas a los intereses del sector pblico-privado de EEUU): ms all de los protocolos y discursos polticamente correctos, apuntan a aniquilar sectores, grupos, lderes y procesos que disputan con mayor o menor fuerza y/o xito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan el flujo de combustibles y materiales estratgicos, que amenazan el acceso a mercados y la rentabilidad de las inversiones). Para ello, se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la anulacin de lo poltico, la despolitizacin del Estado, evitar ante todo su intervencin en la economa, lograr que devenga en un ente tcnico subsumido a las reglas del mercado. Se promueve que sea dirigido por tecncratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberana, apartarlo de la causa de las mayoras. Hacerlo ms eficiente para el sector privado.

Este es el objetivo de la lucha contra la corrupcin librada desde los medios hegemnicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la inclusin poltica, econmica, cultural y social de mayoras histricamente postergadas. Es la democracia de una clase media (imposible de ser definida) cuya nica causa sera la de instituciones transparentes, ndices de violencia cero y crcel para todos los corruptos, para todos los polticos. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada por empresarios y tecncratas que no tengan nada que ver con la poltica. As, en los discursos contra la corrupcin, la delincuencia y los criminales, se va reforzando la urdimbre de la ideologa dominante, alimentada por la frustracin generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado en Amrica Latina, que garantiza la salud de los mercados y la profundizacin de la miseria, injusticia y violencia y quin se atrevera a afirmar que ese rumbo (ya transitado!) est exento de corrupcin?


Notas

1  IMF blog: http://bit.ly/2lbvsfe

2  The Economist: http://econ.st/2CFixsX

3  http://csis.org/multimedia/leading-nexus-development-and-defense

4  En informe reciente, asesores del FMI advierten que en los gobiernos donde ha habido un giro a la derecha, la economa ha retomado el rumbo correcto http://bit.ly/2BD06YV

5  Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP

6  Global Studies Law: http://bit.ly/2GH44if

7  UNAM: http://bit.ly/2oouBud

8  http://www.oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm

9  Wilson Center: http://bit.ly/2FqbreL

10  Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP; CICIG - http://bit.ly/2cbQ6Wd

11  Ver por ejemplo el vnculo entre elites y crimen organizado InSight Crime: http://bit.ly/2F2KX5d

12  Tellera, Loreta y Gonzlez, Reina (2015). Hegemona territorial fallida. Estrategias de control y dominacin de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

13  https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/bolivia-2016/

14  https://www.youtube.com/watch?v=GbFvWnGU72U

15  https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html

16  Sotelo Felipe, M. (2018) Lawfare, this crime call justice.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula . CLACSO: http://bit.ly/2EOAzPm

17  CELAG: http://bit.ly/2onhxVM


Silvina M. Romano es doctoa en Ciencia Poltica. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas en el Instituto de Estudios de Amrica Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires.

Artculo publicado en la Revista de ALAI Amrica Latina en Movimiento 531, marzo 2018 La corrupcin: Ms all de la moralina

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/191549



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