Totalitarismo y selectividad de la accin judicial.

El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios bsicos del constitucionalismo moderno como garanta del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias tanto del poder poltico como de poderes fcticos, nacionales o internacionales. El refuerzo de las condiciones de ejecucin de esos principios se da a travs de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonoma administrativa y financiera. Sin embargo, en una sociedad democrtica, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalizacin y sin que exista un sistema de contrapesos. El proceso Lula da Silva evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento est en curso. He aqu dos ejemplos. Existe una clara disyuncin entre el activismo judicial contra Lula da Silva de forma rpida, eficaz e implacable en la accin (Srgio Moro decret la detencin de Lula escasos minutos despus de notificrsele la decisin de desestimar el hbeas corpus, que an era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecucin de la pena transcurrieron menos de 2 aos) y la lentitud de la accin judicial contra Michel Temer y otros polticos de la derecha brasilea. Y no puede invocarse el argumento de que esa inaccin fue bloqueada por maniobras del poder poltico porque no se conoce igual activismo del poder judicial en la denuncia de esas maniobras y en procurar superarlas.

El segundo ejemplo es la restriccin totalitaria de derechos y libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrtico de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de profundizacin de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitucin brasilea determina que nadie se considerar culpable si no es en virtud de una sentencia condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso. La Constitucin portuguesa tiene una norma similar. Y es inimaginable que el Tribunal Constitucional portugus determinara que una persona fuera encarcelada con su proceso de apelacin en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto es lo que la mayora de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileo hizo: restringi derechos y libertades constitucionales al determinar que, aun no teniendo el caso sentenciado, Lula da Silva poda comenzar a cumplir pena. Cul es la legitimidad social y poltica del poder judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados? Cmo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce? Qu confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares que amenazan con un golpe si la decisin no es la que prefieren, o a presiones extranjeras, como las que estn documentadas de interferencia del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos en el sentido de agilizar la condena y ejecutar la pena de prisin de Lula?

Falta de garantas del proceso penal.

El debate meditico en torno a la prisin de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia que no solamente confirm su condena, sino que adems agrav la pena. Este agravamiento obligara a una justificacin adicional de culpabilidad. Desgraciadamente, la hegemona ideolgica de derecha que domina el espacio meditico no permite un debate jurdicamente serio al respecto. Si ello fuese posible, se comprendera cun importante es cuestionar las pruebas materiales, las pruebas directas de los hechos en los que se asent la acusacin y la condena. Esas pruebas no existen en el proceso. La acusacin y condena a 12 aos de prisin de Lula da Silva se funda, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delacin premiada y en presunciones. Adems, las condiciones de recoleccin y validacin de la prueba difcilmente pueden ser examinadas, dado que quien preside la investigacin y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigacin no puede juzgar el caso, permitiendo, as, un verdadero escrutinio de la prueba. El dominio del proceso por un juez en la fase de investigacin y de juzgamiento le confiere un poder susceptible de manipulacin y de instrumentalizacin poltica. Se comprende la magnitud del peligro para la sociedad y para el rgimen poltico en caso de que este poder no se autocontrole.

Instrumentalizacin de la lucha contra la corrupcin.

El debate sobre el Caso Lula protagonizado por un sector del rgano judicial polariza el combate contra la corrupcin, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, atribuyndoles el combate intransigente contra la corrupcin, y del otro a todos aquellos que cuestionan los mtodos de investigacin, atropellos a los derechos y garantas constitucionales, deficiencias de la prueba, actitudes totalitarias de los tribunales, selectividad y politizacin de la justicia. Esa polarizacin es instrumental y busca ocultar justamente varios atropellos del rgano judicial, tanto cuando acta como cuando se rehsa a hacerlo.

El guion meditico de la demonizacin del PT es tan obsesivo cuanto grotesco. Consiste en la siguiente ecuacin: corrupcin=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupcin es endmica, alcanza a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la Repblica. El Estado de So Paulo del 7 de abril es paradigmtico al respecto. Concluye el guion con la siguiente diatriba: al igual que lo que sucedi con Al Capone, el clebre gnster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasin de impuestos, el caso del trplex [1], que provoc la orden de prisin contra Lula, est muy lejos de resumir el papel del expresidente en el petrolo [2]. Esta narrativa omite lo fundamental: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasin de impuestos, en tanto que en el caso de Lula da Silva, los tribunales no probaron la adquisicin del departamento. Por increble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presuncin y conviccin de los magistrados. Las campaas antipetismo hacen recordar las campaas antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar.

Los demcratas y muchos magistrados brasileos que con probidad cvica y profesional sirven en el sistema judicial sin servirse de l, tienen una tarea exigente hacia adelante. Cmo salir con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? Qu reforma del sistema judicial se impone? Cmo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras democrticas contra la viscosa propagacin de un fascismo jurdico-poltico de nuevo tipo? Cmo reformar la enseanza del derecho a fin de que las perversidades jurdicas no se transformen, por su recurrencia, en normalidades jurdicas? Cmo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo en el sistema judicial? La tarea es exigente, pero contar con la solidaridad activa de todos aquellos que en todo el mundo tenemos los ojos puestos en Brasil y nos sentimos involucrados en la misma lucha por la credibilidad del sistema judicial como factor de democratizacin de las sociedades.

Notas de los traductores

[1] Segn el caso conocido como trplex de Guaruj, Lula supuestamente acept que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guaruj, en la costa de So Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueo ni residi en el departamento.

[2] Petrolo es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupcin y desvo de fondos que ocurri en Petrobras, la mayor empresa estatal brasilea.

Traduccin: Antoni Aguil y Jos Luis Exeni Rodrguez, para Pgina 12.